Texto: Natalia Bedoya Alcaraz
Fotos: David Alejandro Pérez
El viernes 10 de mayo, la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO) inició una serie de 15 talleres preparatorios programados para llevarse a cabo en varias subregiones del país. Estos tienen como objetivo recoger un diagnóstico territorial y unas propuestas de transformación política, social, ambiental y económica en las comunidades, que serán llevadas a conversación en cinco asambleas regionales y discutidas en concreto durante la III Asamblea Nacional por la Paz, convocada para el mes de noviembre en Bogotá.
La Asamblea Nacional por la Paz es una iniciativa política que viene haciendo el sindicato desde el año 1996 con la intención de contribuir a la construcción de paz en el país. Esta ha tenido dos ediciones anteriores, la 1era Asamblea Nacional por la Paz: Petróleo, paz y progreso para la nación (1996), que alistó las condiciones para la apertura de los diálogos del Caguán en 1999 y abrió el debate para que la industria petrolera, las comunidades y sus trabajadores no se vieran afectados por el conflicto armado colombiano. Y la 2da Asamblea: Territorios con energía, construyendo paz para la nación (2015), que se dio durante el desarrollo de las conversaciones de paz en la Habana, en la que se trabajaron tres ejes: política minero-energética, desarrollo regional y construcción de paz, y cultura de paz y post-acuerdos. Esta última fue la primera en tener registro, realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
La tercera convocatoria, citada para noviembre de este año, nace a partir de la Convención Colectiva de Trabajo USO – ECOPETROL (2023-2026) en la que se acordó financiar una nueva versión del evento como un ejercicio de continuidad y proyección que promueva un diálogo plural, participativo y vinculante entre las comunidades, priorizando temas como la política minero-energética, la transición energética justa y con enfoque de género, y los derechos humanos.
Según Juan Carlos Aguilar, miembro del Comité Nacional de Participación (CNP) y Comisionado Nacional de Derechos Humanos de la USO, el sindicato ha considerado importante este periodo de vida política del país, en el que el Gobierno nacional le está dando apertura a nuevos diálogos de paz, para convocar la tercera asamblea. “Consideramos que teniendo nosotros una capacidad logística y política que poner al servicio de la sociedad, es un momento que debemos aprovechar para poder encontrarnos nuevamente con más tranquilidad que en otros gobiernos”, expresó.
Por otro lado, Olimpo Cárdenas, asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO, también resalta que la asamblea que viene es resultado del esfuerzo del sindicato en sus más de cien años por posicionar una visión integral en el país, que plantea que la paz “no se trata únicamente de resolver el problema de las armas, sino que es una visión en donde se le invita a la sociedad a hablar de sus problemas sociales, económicos, políticos y ambientales, con un poco de énfasis en este último, pues la USO es el sindicato de la empresa más grande y más importante del petróleo de este país, y por supuesto tiene qué decir alrededor de la explotación minero-energética, y su impacto en todas las regiones”.
De esta manera, la agenda comprende 15 talleres preparatorios que se realizarán durante el año en distintas subregiones del país para identificar y gestionar un espacio de encuentro entre distintos sectores institucionales, empresariales, sociales, juveniles, diversos y demás representaciones existentes en los territorios, de cara a trabajar en propuestas para la transformación y la solución del conflicto.
Los dos primeros talleres iniciaron en los municipios de Tibú y Ocaña (Norte de Santander) el viernes 10 de mayo. Las discusiones allí planteadas se encontrarán en la primera asamblea regional planeada para hacerse en Cúcuta; después vendrán otras cuatro en Arauca, Cali, Barranquilla y Barrancabermeja que recogerán experiencias de Yopal, Villavicencio, Apartadó, Quibdó, Sincelejo, Neiva, Bucaramanga, entre otras ciudades y municipios más. Finalmente, según Juan Carlos, para noviembre se estima contar con la participación de 1.200 personas en la III Asamblea Nacional por la Paz en Bogotá.
El principal reto identificado por la USO en términos de participación en el proceso, son las garantías de seguridad y libre expresión, y el compromiso de parte de del gobierno local, departamental y nacional para resolver esa necesidad. Nadia Umaña Abadía, vocera del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y secretaria técnica en los talleres, aporta a este llamado diciendo que “ese es el reto que fundamentalmente tenemos y su comprensión varía de región en región, hay unas en las que podemos identificar confrontaciones entre distintos actores, que están ligados a los intereses que existen sobre el territorio. En otras vemos la consolidación del proyecto político, militar y económico del paramilitarismo, entonces, ¿cómo desde los procesos podemos ir exigiendo esas garantías al Gobierno nacional que nos está convocando a pensar la paz total en medio de la avanzada del paramilitarismo y de la consolidación de la guerra?”.
Un día antes a la jornada de apertura del primer taller en Tibú, el jueves 9 de mayo, fue asesinado Jhon Jarry Vargas Sarabia, miembro afiliado de la USO en el municipio. Aunque no se conoció la razón del asesinato, el movimiento sindical manifestó su rechazo a este hecho:
“Como organización sindical y como comisión de Derechos Humanos de la USO rechazamos el asesinato del trabajador Jarry Vargas, un trabajador contratista en el Municipio de Tibú al servicio de Ecopetrol. Exigimos que se investiguen, porque no aceptamos que ningún trabajador sea víctima de un hecho violento en ningún tipo de circunstancia. Creemos que la construcción de paz pasa por las garantías y el respeto por la vida”, Manifestó Juan Carlos Aguilar.
