Por Caribe Investigación*
La agenda pública del Caribe colombiano parecía invariable las últimas semanas. La deportación a Colombia de la ex senadora Ayda Merlano rompió el molde y provocó un sismo político de alcance nacional, pues sus declaraciones sobre compra de votos y corrupción en el Atlántico y Bolívar, conocidas públicamente desde 2020, comprometen la estabilidad del clan mafioso Char, de los Gerlein y el megacontratista Faisal Cure, por mencionar los más conocidos.
A esto debe sumarse la publicación de un audio en la Revista Semana donde queda claro que Alex Char favoreció la compra ilegal de acciones de la Triple A de Barranquilla, a la vez que favorecía al “Yuyo” Daes con contratos para la
instalación de luminarias en la capital atlantiquense. Corrupción y clientelismo en todo su esplendor.
La primera noticia tiene varias lecturas. Es el avance positivo de las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿habrá reciprocidad con la solicitud de extradición del opositor Julio Borges, investigado por la justicia venezolana
por participar en el intento de golpe de Estado contra Maduro en 2019? Sobre lo segundo, en general se tiene la percepción en el Atlántico y el Caribe de que por fin los clanes mafiosos serán castigados por sus delitos. Lo tercero, es un pataleo bochornoso del partido Cambio Radical (del charismo), que se declaró oficialmente como opositor al gobierno de Petro; y es que recibieron doble golpe: ni hubo mermelada ni le taparon el escándalo con Merlano.
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Toda la región caribeña está afectada hoy por una ola de violencia que viene
creciendo en los últimos diez años. Las principales ciudades del Caribe encabezan los índices de inseguridad, lo que demuestra que el modelo de
gestión y gobernanza de los clanes políticos tradicionales ha fracasado.
Predominan los asesinatos, el sicariato, las extorsiones a los más vulnerables de la pírrica economía (transportistas, comerciantes minoristas, vendedores
informales), la desigualdad social y la pobreza no descienden, el desempleo
sigue en ascenso, mientras que el narcotráfico y el micro tráfico se instalaron en la cotidianidad del Caribe -con los jóvenes como principales víctimas-.
Cartagena es hoy la segunda ciudad más violenta de Colombia, seguida de
cerca por Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. Mientras que el departamento de Sucre va liderando la lista de homicidios, un reportaje de El Tiempo da cuenta de una guerra entre bandas que se ha cobrado la vida de 65 personas en lo que va de 2023, más de la mitad registrados en Sincelejo.
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Como si lo anterior fuera poco, el PAE sigue siendo uno de los principales
focos de corrupción en el Caribe. Un atentado contra la dignidad humana.
De ahí el pronunciamiento de la Procuraduría sobre los retrasos en el
servicio en los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico, Sucre y
Bolívar.
Sumemos otro elemento que golpeará la economía familiar: el aumento del
impuesto predial y el ya costoso y deficiente servicio eléctrico en el Caribe.
Es indigno que 14,2 % de los micronegocios del país se financien con
los inhumanos gota a gota, como revela un estudio de Asomicrofinanzas. Y es el gota a gota la guillotina de las familias pobres del Caribe en los últimos tiempos.
No todo es desolación. En el Caribe la movilización social es de diverso calibre
y reclama una vida digna. En especial las movilizaciones de la Nación wayuu
que en general parten de la defensa de la cultura propia y del territorio
ancestral. Ha ganado visibilidad la lucha de siete comunidades asentadas en
territorios ancestrales no resguardados de Riohacha, víctimas de una orden de desalojo dictada por las autoridades municipales.
La apropiación del capital nacional e internacional de lo público pretende
seguir su dinámica de despojo, en tanto las comunidades indígenas, negras,
afrodescendientes y urbanas se mueven en oposición. Una clave importante para frenar la locomotora minera extractivista.
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Crece el debate acerca de la transición energética en la región Caribe, con proyectos que ganan en dimensión e inversión como la granja solar recién inaugurada en el departamento del Atlántico, o los ya conocidos parques
eólicos de La Guajira. Estos últimos se levantaron durante la gestión de Duque en contra de la voluntad y el derecho a la autodeterminación del pueblo wayuú.
Pero los grandes ausentes de esta política siguen siendo las comunidades
y los trabajadores. Este debate viene siendo secuestrado por los voceros del
capital nacional y transnacional, quienes se apropian del concepto colocando el remoquete de “justa”, pero de fondo defienden la lógica de acumulación del capital sin tomar en cuenta ni los derechos de los seres vivos, ni los límites biofísicos y bioquímicos de la madre tierra, ni las experiencias comunitarias en torno a nuevas formas de organización, autogobierno y uso alternativo de las energías.
*caribeinvestigacion@gmail.com
