Por: Caribe Investigación
1. Apagones y protestas
La tormenta por la crisis eléctrica se ha desatado en la región Caribe colombiana. Mientras el país entero eleva la mirada hacia los embalses ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad —con probabilidades de 82% para el trimestre mayo-junio-julio y hasta de 96% para finales de año, según el Ideam—, en ciudades y localidades como Santa Marta y Minca (Magdalena), Valledupar, Codazzi y Curumaní (Cesar), la crisis golpea la cotidianidad de la gente.
La semana pasada, la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Juan del Cesar requirió formalmente a la empresa Air-e por las constantes fallas e interrupciones del servicio eléctrico en varios municipios del sur de La Guajira, fallas que han provocado inconformidad en la gente, bloqueos viales y afectaciones a usuarios residenciales, comerciales, educativos e institucionales.
Según reportes de varios medios regionales y nacionales, a diario se viven apagones de hasta cinco horas, fluctuaciones que dañan electrodomésticos, pérdidas millonarias para el comercio y bloqueos de vías que paralizaron la movilidad regional y nacional la semana pasada.
El fenómeno climático, que por sí solo pondría en jaque al sistema hidroeléctrico del país, es un agravante de un mal mucho más profundo, sobrediagnosticado: la debacle financiera y operativa de las empresas distribuidoras Air-e y Afinia, una crisis que ha expuesto la fragilidad institucional y que, en plena campaña electoral por la Presidencia, se ha convertido en un termómetro de la capacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental.
La carga del tema recae sobre todo en los hombros del Gobierno de Petro, que ha intentado varias fórmulas para salirle al paso a este desastre que lleva décadas acumulándose, pero ha encontrado férrea y mezquina oposición de sectores políticos que son corresponsables de la situación actual y de sectores económicos que solo quieren seguir acumulando capital.
A pesar de que la precariedad del servicio afecta a toda la región, llama la atención que las protestas registradas la semana pasada se concentraran en varias ciudades del Cesar, casi que en simultáneo. En el contexto de la crisis, Afinia, responsable del servicio en este departamento, nunca ha asumido su responsabilidad por la falta de planificación y escasa inversión en infraestructura; al contrario, constantemente ha culpado al Gobierno, sin que presente tampoco una opción viable para resolver el problema, más allá de exigir que se le cancelen los subsidios adeudados.
Las protestas registradas recientemente son totalmente legítimas, y siempre hemos apoyado este derecho por encima de cualquier lógica mercantilista de los medios y sectores económicos que intentan imponer una matriz para deslegitimar las luchas sociales. Pero en el contexto electoral actual, sospechamos que el tema será utilizado por la prensa para afectar o influir en los resultados electorales del próximo domingo. Es el tema de la electricidad, junto con el de la seguridad, uno de los más importantes de los últimos años para esta región.
La situación
Air-e, la empresa que presta servicio a cerca de 1,5 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, acumula deudas que, según los gremios, oscilan entre 2,1 y 3,9 billones de pesos. Su déficit operativo mensual ronda los 60.000 millones de pesos, y su nivel de pérdidas de energía —por conexiones ilegales y falta de pago— supera el 31%. Desde que fue intervenida por el Estado en septiembre de 2024, ha tenido cinco interventores, y sus deudas con los generadores pasaron de 500.000 millones a 1,7 billones de pesos.
A esta situación se suma la decisión de Termocandelaria, una de las mayores termoeléctricas del país, de demandar al Estado colombiano ante el CIADI por 198,4 millones de dólares ante el impago de la energía suministrada. Mientras tanto, Afinia, que cubre Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar, enfrenta un déficit acumulado que superaría los 1,5 billones de pesos en 2026, lo que ha llevado a comunidades como las de Valledupar, Codazzi y Curumaní a bloquear vías nacionales y a sus propios alcaldes a exigir respuestas en redes sociales.
La respuesta del Gobierno nacional, lejos de calmar los ánimos, ha abierto nuevos frentes de controversia. Ante el ahogo financiero de Air-e, el Ministerio de Minas y Energía propuso una sobretasa nacional de 8 pesos por kilovatio-hora para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, con el fin de recaudar unos 235.000 millones de pesos.
Según la versión de los que se han opuesto a todas las iniciativas del Gobierno, esta medida es inconveniente porque trasladará la “ineficiencia estatal” a las tarifas de millones de hogares en todo el país. Llamemos a las cosas por su nombre. La ineficiencia de la que ellos hablan está bastante mal contada porque la crisis fue provocada por las medidas adoptadas por la administración Duque, apoyado por los sectores políticos tradicionales de la costa Caribe, y los pasivos financieros, laborales y de inversión los arrastran Afinia y AIR-E desde que iniciaron las operaciones.
Es más, la crisis actual es un acumulado de conflictos que dejó la antigua Electricaribe, empresa pública que fue privatizada para supuestamente modernizar el servicio. El resultado se resume en acumulación de millonarias pérdidas, falta de inversión, robo de energía, cartera morosa y reclamos por la calidad del servicio. Es decir, por la mala administración que el sector privado hiciera de Electricaribe.
Y esto cambia todo. De fondo, lo que debería discutirse es el modelo de prestación de servicio, porque en la década de 1990 se nos vendió la idea de que el Estado debía delegar en privados algunos sectores esenciales como el de la energía eléctrica. Lo que se impuso fue la lógica de acumulación de capital. Entonces, el problema de raíz es la ineficiencia y corrupción al interior de las empresas y operadores privados, no propiamente del Estado, que quedó como regulador, pero ha estado controlado por mafias y politiqueros que durante años no ejercieron los controles pertinentes.
Volviendo al tema de las trabas al Gobierno, previo a la propuesta de la tasa nacional para soliviantar la situación de Air-e, la Corte Constitucional frenó un decreto de emergencia que buscaba financiar a la empresa con aportes de las generadoras, una decisión que el ministro Edwin Palma calificó como un riesgo para la continuidad del servicio.
En medio de este complejo escenario, el ministro ha defendido su gestión y ha dejado en manos de la Superintendencia la decisión sobre una eventual liquidación de Air-e. Los gremios, por su parte, advierten que la falta de contratación de energía a largo plazo por parte de Air-e (apenas 70% de lo recomendado) podría generar nuevas deudas mensuales de 100.000 millones de pesos durante El Niño, lo que se traduciría en un aumento directo de las tarifas.
Así las cosas, el panorama que enfrenta la región Caribe es el de una crisis simultáneamente climática, financiera, operativa y política. Mientras los termómetros suben y los cortes de luz se multiplican en Minca, Santa Marta, Valledupar y Codazzi, la discusión sobre las soluciones se enreda entre medidas judicializadas, propuestas de cobro nacional, demandas internacionales y una intervención estatal que, tras año y medio, no ha logrado estabilizar el servicio.
En plena campaña presidencial, el manejo de esta crisis energética se perfila como un tema de primer orden, no solo por su impacto en la calidad de vida y la economía de millones de colombianos, sino por lo que revela sobre la capacidad del Estado para gestionar un servicio público esencial en una de las regiones más vulnerables y estratégicas del país. La pregunta que queda en el aire, mientras los habitantes de la Costa bloquean las vías y los embalses siguen bajando, es si el país logrará encontrar una solución estructural antes de que la tormenta se convierta en un apagón definitivo.
2. La paradoja de la “Línea Negra”
La firma del nuevo decreto que protege la Línea Negra y los 348 sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue presentada por el presidente Gustavo Petro como un triunfo histórico para los pueblos indígenas y un blindaje jurídico contra las amenazas mineras, extractivas y urbanísticas. Sin embargo, la lectura paralela del análisis crítico escrito por el columnista José D. Pacheco Martínez, cuyo artículo advierte sobre las vulnerabilidades del proyecto de resolución “Corazón del Mundo”, revela una tensión estructural que el anuncio del Gobierno omite: el nuevo acto administrativo podría estar reproduciendo, con idénticos vicios de origen, la misma fragilidad jurídica que llevó al Consejo de Estado a anular el decreto anterior en febrero de 2026.
Pacheco Martínez documenta —a partir de los documentos oficiales— que las comunidades afrodescendientes y campesinas no fueron incluidas en la mesa de construcción de la reserva, sino apenas mencionadas en los diagnósticos técnicos. Días atrás, dirigentes wayuu también se pronunciaron desde Riohacha porque el decreto aborda zonas de La Guajira, sin que los propios wayuu hayan sido consultados al respecto.
Habría que agregar que la deriva del Gobierno con respecto a este decreto se debe más bien a prácticas y vicios enquistados en el Estado, donde las consultas previas se han convertido en procedimientos burocráticos manipulables y amañados, muchas veces en colusión entre la institucionalidad y las transnacionales en detrimento de comunidades y territorios.
Ahora bien, como lo expone Pacheco, el núcleo del problema radica en la argumentación jurídica que sustenta la nueva normativa, y en este punto el análisis es claro: la Memoria Justificativa fue elaborada “de manera conjunta entre el Ministerio y el Consejo Territorial de Cabildos indígenas”, sin que aparezca un segundo interlocutor. El documento técnico de soporte identifica 10 Consejos Comunitarios de comunidades negras en el área de estudio, pero la Memoria Justificativa “no las menciona ni una sola vez”.
El argumento del gobierno para no consultarles, según asegura Pacheco Martínez, es geométrico: “No se registran consejos comunitarios al interior del área de reserva”. Frente a ello, el columnista advierte que la jurisprudencia constitucional no exige que las comunidades estén dentro del polígono exacto, sino que puedan ser afectadas por la medida. Y concluye: “Decir lo contrario no es un argumento técnico: es una ficción jurídica construida sobre una decisión cartográfica”.
El Decreto 1500 de 2018, que operó sobre el mismo territorio, fue anulado por el Consejo de Estado porque su proceso de formación no garantizó la participación de todos los sujetos colectivos con derechos territoriales en la Sierra Nevada. La advertencia del Pacheco es clara: si el nuevo decreto se expide como está -con la centralidad indígena exclusiva y la ausencia demostrable de consulta a afrodescendientes y campesinos-, “cualquier Consejo Comunitario puede llevarlo al contencioso administrativo con ese fallo en la mano. Y ganaría”.
La paradoja final, planteada por Pacheco, es ineludible: “Proteger la Sierra Nevada excluyendo a la mitad de quienes la habitan no es conservación, es una forma más sofisticada de despojo”.
3. Sincelejo: violencia territorial
La historia reciente de la seguridad en Sincelejo presenta una curva dramática que el arquitecto y articulista Carlos Paternina analiza con lupa crítica. En 2023, la guerra entre las AGC (autodenominada EGC) y Los Norteños disparó los homicidios de 89 a 154 casos, convirtiendo a la capital sucreña en una de las ciudades más violentas del Caribe colombiano y de América Latina, con una tasa cercana a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, apunta que dio un giro: “En julio de 2025, por primera vez en varios años, Sincelejo no registró homicidios durante un mes completo, y para finales de 2024 acumuló una reducción del 78. Paternina advierte que estas cifras requieren una lectura alternativa: “La reducción de los homicidios no es resultado de una derrota del crimen organizado, sino de su consolidación”. Las AGC se impusieron territorialmente, y Sincelejo pasó de ser un campo de batalla a ser “una plaza trofeo gobernada por el vencedor”.
El artículo describe al detalle cómo operan “las estructuras criminales: controlan el territorio, la comercialización de droga, la extorsión generalizada (hasta los carretilleros pagan), el reclutamiento de jóvenes y la penetración del microtráfico en entornos escolares”. Carlos Paternina cita el especial de Testigo Directo con Rafael Poveda, donde jóvenes hablan de enfrentarse a machete por el control de una esquina, y lo interpreta como “la imagen más cruda de una fractura territorial que se ha ido documentando durante años: la ciudad que no llegó a esos barrios, y el crimen que llegó primero”.
Paternina explica que el control criminal no puede analizarse solo desde la seguridad, sino como “un problema estructural de ordenamiento territorial y de economía política”, donde los grupos armados “no solo ocupan geografía: reorganizan el uso del suelo, distorsionan los incentivos productivos y sustituyen la autoridad institucional por un régimen paralelo de regulación y coerción”.
La periferia informal de Sincelejo —barrios sin titulación, sin parques, sin empleo formal, sin transporte, con altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas— es, en palabras de Paternina, “el ecosistema donde el crimen organizado prospera”. Y concluye: “Esos barrios no son el escenario de la violencia: son su condición de producción”. La reducción de homicidios es “un logro real pero frágil”, que descansa sobre la consolidación del Clan del Golfo, no sobre la recuperación del Estado. Porque, como sentencia el autor, “donde el Estado no ordena, otros ordenan”.
4. Barranquilla y la crisis de la salud
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2026, la Personería Distrital de Barranquilla registró 4.514 atenciones por dificultades en el acceso a servicios de salud. De estas, 2.683 fueron gestiones administrativas ante EPS y otras instituciones, mientras que 1.831 correspondieron a atenciones presenciales. Los principales reclamos se concentran en servicios esenciales como entrega de medicamentos, autorización de procedimientos, asignación de citas, transporte de pacientes y provisión de cuidadores, evidenciando fallas recurrentes en la oportunidad y continuidad de la prestación básica del sistema.
Ante la falta de soluciones por vía administrativa, los casos escalaron a instancias judiciales: la Personería promovió 757 tutelas, 458 incidentes de desacato y 13 impugnaciones, totalizando 1.228 actuaciones judiciales. Nueva EPS concentra el mayor número de reclamaciones con 904 casos administrativos y 513 tutelas (principalmente por demoras en entrega de medicamentos), lo que la ubica como el principal foco de quejas. El informe también reporta más de 40 órdenes de arresto contra representantes legales de Nueva EPS por incumplimiento de fallos de tutela.
El documento señala factores estructurales como la falta de convenios vigentes entre EPS e IPS, la sobredemanda de servicios frente a la capacidad disponible, la desarticulación entre aseguradores y prestadores y barreras administrativas persistentes. Ante la urgencia, se activaron 256 reacciones inmediatas. La Personería advierte que el volumen sostenido de atenciones (4.514 en menos de cinco meses) evidencia que los ciudadanos recurren cada vez más a instancias de control para resolver problemas de acceso que debieran ser garantizados por el sistema ordinario de salud.
En conclusión, el modelo de salud actual es un completo desastre y, quienes lo defienden, son copartícipes y cómplices de las irregularidades y la corrupción enquistadas en este sistema.
5. Fotomultas, el gran negocio
La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte iniciaron una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en Colombia por presuntos incumplimientos legales en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (fotomultas). Entre los departamentos más afectados por esta investigación se encuentran Magdalena (con sus municipios de Santa Marta, Fundación y Ciénaga), Antioquia (Medellín y Sabaneta), Cundinamarca (Bogotá), Valle del Cauca (Cali), Atlántico (Barranquilla y Soledad), Bolívar (Cartagena), Santander (Bucaramanga), Norte de Santander (Villa del Rosario), Cesar (Valledupar), Córdoba (Montería) y Sucre (Sincelejo). Las irregularidades detectadas incluyen que 12 organismos comenzaron a operar sin certificado de desempeño, 7 usaron certificaciones de terceros y 18 obtuvieron sus certificados técnicos después de iniciar operaciones. En total se emitieron más de 7,5 millones de comparendos, de los cuales cerca de 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, advirtió que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, mientras que el superintendente Alfredo Piñeros aseguró que se busca restaurar la confianza pública. Como resultado, los comparendos por fotodetección serán anulados y los organismos deberán restituir a los afectados el doble del valor cobrado, lo que podría representar reembolsos y sanciones superiores a los $2,1 billones. Los 6 millones de comparendos restantes (no pagados) serán revocados definitivamente, beneficiando a más de 1,4 millones de ciudadanos. Para solicitar devoluciones, los ciudadanos deben visitar las páginas web de sus respectivos organismos de tránsito.
Este panorama se complementa con la denuncia que hiciera el columinista Carlos Paternina en julio de 2025 sobre la situación en Sucre, cuando advertía que las unidades móviles de fotomultas instaladas en los corredores Sincelejo-Sampués y Sincelejo-Corozal operaban sin los permisos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sin estudios técnicos de siniestralidad y sin la señalización previa obligatoria a 500 metros, tal como lo exigen la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020. Paternina calificó esta práctica como una “trampa recaudatoria disfrazada de legalidad cuestionable” que vulnera el debido proceso, pues la Corte Constitucional, en su Sentencia C-038 de 2020, estableció que la infracción es personalísima y no puede sancionarse al propietario sin identificar al conductor infractor.
6. Inseguridad alimentaria
De acuerdo con el más reciente reporte del DANE y la FAO, Colombia logró sacar a 779.000 personas de la inseguridad alimentaria grave durante 2025, reduciendo la prevalencia de inseguridad moderada o grave de 25,5% en 2024 a 21,1% en 2025. La mejora fue más notable en zonas urbanas (donde el indicador cayó 4,9 puntos, de 23,0% a 18,1%) que en la ruralidad (donde solo bajó 2,8 puntos, de 34,2% a 31,4%).
Sin embargo, la geografía del hambre expone realidades dramáticas: Chocó (56,8%), Sucre (50,1%) y La Guajira (47,8%) consolidaron los niveles más altos de inseguridad alimentaria moderada o grave, con un preocupante repunte en Chocó, donde la inseguridad grave se disparó de 6,4% a 17,9% en un año. Las brechas también son profundas por condiciones sociales: los hogares con jefatura femenina (23,1% versus 19,4% masculina), sin ningún nivel educativo (45,7% versus 9,1% con estudios superiores), en régimen subsidiado de salud (32,5% versus 8,7% contributivo) y con déficit de infraestructura habitacional (35,6% versus 15,5%) son los más afectados.
