Por: Oficina de Prensa – Senadora Isabel Zuleta
El pasado 18 de marzo, en el municipio de Toledo, Antioquia, se llevó a cabo el segundo balance de la mesa de negociación en la que participan EPM, la Alcaldía de Medellín y las comunidades afectadas por Hidroituango, articuladas al Movimiento Ríos Vivos. Este escenario es fruto de las luchas de más de 14 años por el reconocimiento de los afectados de este mega proyecto y su reparación integral, además puede ser un referente en materia de diálogo social.
En la mesa se dio cuenta de los avances que, luego de dos años de diálogo, se presentan frente a las exigencias de las comunidades por las afectaciones de Hidroituango. Al evento no asistió la Alcaldía de Medellín, argumentando problemas de seguridad en el territorio.
La senadora y lideresa ambiental Isabel Zuleta celebró el espacio: “Ustedes no saben lo importante que es para mí ver a EPM sentado aquí. Eso fue lo que quisimos desde las primeras movilizaciones. Siempre hubo mucha desconfianza de parte y parte, pero hemos podido avanzar en la confianza, en saber que EPM tiene unos intereses legítimos, y que el Movimiento tiene unos intereses legítimos, y no por eso tenemos que dejar de conversar. No hay otra opción que el diálogo”.
La mesa de negociación cuenta con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación como garantes, y es facilitada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Infraestructura y proyectos productivos para mitigar los daños
De acuerdo al balance entregado, son cinco los puntos concertados hasta el momento, después de 14 encuentros. El primero se trata del diseño y construcción de un refugio del Movimiento Ríos Vivos en el municipio de Toledo. El segundo, es la construcción de 6 kilómetros de placa huella en la vía Miraflores – Toledo para el acceso al refugio.
El tercer punto es la puesta en marcha de proyectos productivos para las comunidades, con el fin de mitigar los impactos económicos por la pérdida de formas de vida y subsistencia. Finalmente, está la priorización en la ruta de atención a líderes y lideresas y un posible comodato de sede para el Movimiento en la ciudad de Medellín.
De acuerdo con lo expuesto por Gustavo Muñoz, vocero de EPM, fueron aprobados $7.000 millones de pesos para la ejecución de estos acuerdos, de los cuales 3mil serán destinados a obras de infraestructura (refugio y placa huella), y 4mil a los proyectos productivos, y se espera su puesta en marcha en el mes de mayo del presente año. Además, ante las situaciones de amenaza y estigmatización que ha sufrido el Movimiento, aclaró que Ríos Vivos no ha recibido ni recibirá dinero, pues las obras y proyectos serán ejecutados por terceros.
Muñoz expresó que además de estos puntos, se han implementado otras acciones en el marco de la mesa, como la visita a territorio para revisar temas de escuelas y puentes, así como el levantamiento de restricciones a la movilidad en la vía Puerto Valdivia al sitio de presa.
Milena Flórez, presidenta del Movimiento Ríos Vivos, se refirió a estos avances: “El Movimiento Ríos Vivos no solo está luchando por las comunidades articuladas al movimiento, sino que estamos luchando por un bien común de todos”. Explicó, por ejemplo, que la casa refugio será un lugar seguro para las comunidades que no puedan estar en los territorios, para que puedan seguir cultivando, teniendo tranquilidad y un sustento alimentario.
Flórez también resaltó como logro de esta mesa, que las comunidades fueran tenidas en cuenta en las evacuaciones realizadas al momento de prender las turbinas de Hidroituango, pero aclaró que “aunque lo llamaron un día de recreación, para nosotros fue un día para salvaguardar la vida”.
Situaciones de riesgo
En medio de este balance, las comunidades expusieron sus inquietudes y otras exigencias ante EPM, en su mayoría, relacionadas con infraestructura y garantía de derechos básicos en las zonas afectadas, pero además, frente a las situaciones de riesgo que prevalecen en el territorio. Una de estas fue la preocupación por la estabilidad del macizo rocoso que sostiene el proyecto, y que ha sido uno de los principales temores de los habitantes aguas abajo.
Al respecto, Robinson Miranda, Jefe Ambiental, Social y de Sostenibilidad del proyecto Hidroituango de EPM, afirmó que el macizo rocoso es absolutamente estable, sin embargo, mencionó que: “No hemos podido terminar de tapar el túnel que se destapó. No obstante, tenemos mucha instrumentación para que, en caso de que se destape, podamos dar un aviso temprano al respecto”.
Para el Movimiento Ríos Vivos, con esta aseveración, EPM estaría asumiendo la responsabilidad del riesgo que tienen las comunidades aguas abajo.
Otra de las preocupaciones expresadas fue respecto a los cambios súbitos en el nivel del río. Jorge Eliecer Restrepo, presidente de la Asociación de Pescadores, Barequeros y Agricultores, habitante de Puerto Valdivia, dijo que: “Cuando uno menos piensa, el río se alza, y si uno no se pone las pilas le tumba la matraca y pierde el día de trabajo. Necesitamos que EPM nos diga cuándo abren compuertas a todas las comunidades”.
Al respecto, Stefano Di Ubaldo, funcionario de EPM, manifestó que: “El agua que pasa del proyecto es la misma que está llegando. El nivel del embalse es el mismo. En ningún momento se está frenando, ni cuando ponemos a generar, ni cuando dejamos de generar. El caudal que llega sale por el vertedero o sale por casa de máquinas”.
Para las comunidades, sin embargo, esta preocupación fue reiterada, pues lo afirmado por EPM no se corresponde con lo que evidencian aguas abajo, por lo que solicitaron un monitoreo permanente en el nivel del río.
La memoria colectiva y las formas de vida quedaron inundadas
Otras de las preocupaciones latentes en este territorio, son las afectaciones a la cultura, las formas de vida y de subsistencia, así como la falta de verdad y justicia en relación con los hechos del conflicto armado.
Tal como se manifestó en el Comunicado Conjunto realizado tras este segundo balance: “el Movimiento está conformado por un campesinado ancestral-tradicional inserto en el Cañón del Cauca, cuya cultura y economía se han basado en el barequeo, la pesca y la agricultura. El Cañón del Cauca, antes de ser represado, era el ecosistema vital de la cultura campesina de la gran mayoría de familias que integran el Movimiento. Esta población, afectada por Hidroituango, exige protección plena del territorio”.
En ese sentido, Rudy Estela Posada, coordinadora de la Asociación de Mujeres Amarú, manifestó que “lo que hay inundado en ese charco de Hidroituango son cuerpos, son fosas comunes, pero es también nuestra fauna, nuestro bosque seco tropical, los sitios donde trabajábamos, donde nos conseguíamos el sustento para sobrevivir. Este megaproyecto nos cambió las costumbres, y por eso decimos que Hidroituango es asesino, porque el río no nace para morir. De este río dependían muchas familias, por eso al río hoy lo lloran muchas familias. EPM nos tapó esa memoria, por eso las voces de nosotros son las voces de la memoria allá inundada, porque ella ya no puede hablar”.
Por su parte, Carlos Baena, minero ancestral y pescador de Valdivia, relató las afectaciones que han sufrido desde la construcción y puesta en marcha de Hidroituango: militarización del territorio, desplazamientos, amenazas, y la imposibilidad de ejercer sus oficios.
“Antes teníamos una vida digna y sostenible en el territorio. Teníamos esperanzas de comprar una tierrita para sembrar comida, comprar la canoa, la atarraya para poder pescar. Pero con Hidroituango se nos complicó mucho la vida en el territorio. Hasta el sol de hoy, porque no hay nada qué hacer allí, las playas están tapadas”, puntualizó Baena, quien además pidió a EPM que tenga realmente en cuenta a las comunidades, con proyectos acordes a sus formas de vida.
Ante todas estas preocupaciones y exigencias, y en medio de los significativos avances que ha representado esta mesa de negociación entre EPM, Ríos Vivos y la Alcaldía de Medellín para mitigar algunos de estos daños, la senadora Isabel Zuleta expresó que “no por tener una mesa de diálogo con la empresa a cargo, cesan las vulneraciones a los derechos humanos, y no todas esas vulneraciones son responsabilidad de la empresa, hay muchas que son responsabilidad del Estado colombiano”, e instó a buscar siempre el diálogo para resolver los conflictos sociales y ambientales que se viven en el territorio.
Finalmente, Milena Flórez, presidenta de Ríos Vivos reiteró que: “esperamos que haya una reparación integral a las comunidades afectadas por décadas, pero una reparación con justicia social, ambiental, y no repetición de más represas en el territorio”.
