Por Wilmar Harley Castillo Amorocho
En el anterior artículo se mencionaron las Reformas Agrarias de Chile y Venezuela en la década del 70, pues presentan similitudes con el contexto colombiano, en aspectos como el enfoque, la forma de materializarla y los actores que participaron. Estos casos anteponen dos resultados nefastos para el campesinado y la sociedad en general, que se deben tener en cuenta por parte del movimiento campesino colombiano en el actual periodo histórico de debates y construcción a diversas escalas de la Reforma Agraria colombiana.
Chile
El gobierno de la Unidad Popular (UP) que encabezó Salvador Allende como presidente (1970-1973), tuvo como objetivo principal la construcción del socialismo en Chile desde las vías democráticas vigentes (desde las reglas de juego institucionales, normativas y económicas burguesas chilenas). Dentro de ese proyecto nacional, se acentuó en el campo y en el campesinado la Reforma Agraria que desde el gobierno de la Democracia Cristiana (DC) dio los primeros pasos de forma superficial.
Entre 1970 y 1972 aumentó la sindicalización del campesinado en un 70%; se realizaron 1.758 huelgas, 1.272 tomas de fundos, y se formaron 186 Consejos Comunales Campesinos (espacios democráticos y decisorios locales del campesinado articulados al Consejo Nacional Campesino, órgano institucional del campesinado chileno encargado de la interlocución directa con el Gobierno Nacional). Respecto a la propiedad de la tierra, en 1965 existían 4.876 predios mayores de 80 hectáreas de riego básico (el 2% de las propiedades rurales con el 55% de la tierra productiva); y para 1972 quedaban solo 200 de esos latifundios. En el siguiente año, el Gobierno Nacional expropió 4.400 explotaciones, incorporando así casi la totalidad de las hectáreas de riego básico mayores a 80 hectáreas dentro el proyecto de Reforma Agraria.
El resultado palpable de este proceso iniciado en 1962, fue la expansión de la superficie cultivada y el aumento de la producción agrícola, así como el fortalecimiento organizativo del campesinado chileno. Las tierras donde se ubicó la primera etapa de la Reforma Agraria fueron aquellas que le sobraban al latifundio (predios recortados, mal ubicados y marginalizados), en la UP se abordaron las unidades de producción (incluyendo los latifundios) y se abordaron las dotaciones colectivas.
Lo que se resalta aquí es la manera de crear un proyecto socialista de país con vías prestablecidas burguesas, ahí está la primera contradicción. Ese modelo de sociedad no es compatible con formas contrarias a su esencia y forma. El segundo elemento a resaltar es la pretensión que tuvo el Estado durante la UP para centralizar no solo la economía en favor de las gentes, sino para el caso campesino, fortalecerlo organizativamente para tenerlo como defensa ante las fuerzas sociales-económicas-políticas contrarias a su programa de gobierno. La tercera contradicción que considero también importante es el de acabar la estructura latifundista chilena bajo la institucionalidad y normatividad que la protege y reproduce, otra pretensión infructuosa de ese gobierno confiado en las reglas de juego sociales de los ricos.
A pesar de los avances sociales y político-económicos de esta Reforma Agraria, se preveía a largo plazo inconsistencias para su integral consecución, pues así no hubiera resistido el golpe militar de septiembre de 1973, la concepción de armonización entre clases sociales a favor de la clase popular sustentada en un capitalismo de Estado, habría generado un estallido nacional entre el campesinado y el latifundio que obligaría a la sociedad chilena a tomar dos caminos diferentes, el de la Reforma Agraria o el del latifundio. Las contradicciones entre las fuerzas sociales iban agudizándose poco a poco hasta sobrepasar el molde de la democracia burguesa, de aquella sociedad que Allende y los partidos de izquierda quisieron cambiar “tranquilamente”.
Venezuela
El consenso nacional entre fuerzas sociales contradictorias (revolucionarias, reformistas y conservadoras) es la primera característica que llama la atención en este caso, pues así partió la Reforma Agraria en el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. El camino más tranquilo para entregar la tierra al campesinado es la de comprarla a los terratenientes que previamente la habían robado como parte de su estrategia de concentración y acumulación; para 1965 el Instituto Agrario Nacional (IAN) había adquirido 500 fincas con más de medio millón y medio de hectáreas, de las cuales el 55% fueron compradas, el 10% expropiados y el 19% confiscadas por enriquecimiento ilícito durante los periodos dictatoriales.
Para el campesinado ubicado dentro de estas tierras entregadas por el Estado, no hubo transformaciones sustanciales en sus condiciones de vida y producción local para abastecer de comida al país. Se presentó de esta forma un dualismo estructural representado en el avance del empresariado o sector moderno, y el estancamiento estructural del campesinado “beneficiado” de la Reforma Agraria. El mismo IAN publicó estas cifras del inventario nacional de tierras y beneficiarios de la reforma agraria en 1976: el 90% de los beneficiarios operaban en explotaciones individuales; el 72% con parcelas entre una y diez hectáreas; el 68% estaba constituido por analfabetas absolutos o funcionales; el 58.5% no había recibido nunca asistencia técnica de ninguna especie; el 51% no había utilizado ningún insumo y sólo el 28% había conocido las semillas mejoradas; el 49.3% había vendido en el comercio local o a intermediarios rurales y el 17.5% había destinado la producción a autoconsumo; el 73% eran monocultivadores de maíz, caraotas o yuca o a lo más tenían dos cultivos; y el 74% apenas obtenían ingresos anuales a nivel del salario mínimo rural.
Otro resultado de esta Reforma Agraria, sumado a la modernización capitalista de Venezuela en este periodo del Pacto del Punto Fijo, fue mantener la concentración latifundista y explotación extensiva de la tierra: el 2.2% de las explotaciones acaparaban el 78.8% de la superficie de las fincas en 1961; pero en 1971, el 3.1% conservaba el control sobre el 76.5% de la tierra.
Conclusiones
Los anteriores casos de Reforma Agraria demuestran su moldeamiento por la Alianza para el Progreso de EEUU sobre los países de Nuestra América, caracterizándose por la centralidad del Estado, la promoción y protección del latifundio, la articulación con el proceso de modernización capitalista mundial, cuyo papel de nuestras sociedades fue la de entregar a bajo costo las materias primas requeridas por las multinacionales y potencias mundiales para la producción de materias fabricadas, revendidas en nuestras sociedades tratadas como mercados en permanente expansión a través de la violencia, leyes y acuerdos binacionales.
Este contexto general ayuda a comprender la esencia y la forma de las políticas agrarias que con el nombre de Reforma Agraria, solo apaciguaron y controlaron a la gran masa campesina minifundista para seguir fortaleciendo los negocios de las multinacionales y oligarquías financieras, latifundistas, industriales y comerciantes. Pretender cambiar este paisaje bajo las mismas reglas de juego democráticas, político-económicas, jurídicas e institucionales que las promueven, es creer que el cáncer se cura con el mismo cáncer.
Este repaso histórico va dirigido al campesinado colombiano que se encuentra en un periodo histórico de cambios estructurales y formales a nivel nacional y mundial. No se pueden repetir los paradigmas que motivaron los cambios agrarios del siglo pasado a pesar de los maquillajes que el progresismo impone actualmente, por lo que la problematización de nuestras luchas campesinas pasadas y las experiencias de Reforma Agraria deben hacerse para darle un rumbo diferente a las actuales luchas campesinas por la tierra, el territorio y la vida.
