Por Caribe Investigación
En el Caribe colombiano se ha desatado el crecimiento de lo que bien podríamos denominar “paramilitarismos”, y este fenómeno no es aislado del acontecer nacional. Con lo sucedido en Tierralta va quedando claridad sobre cuáles poderosas fuerzas y actores económicos y políticos provocaron lo sucedido. A contramano, en las recientes audiencias celebradas en la JEP, militares responsables de crímenes de lesa humanidad detallaron cómo se desarrolló la Doctrina de Seguridad Nacional (Seguridad Democrática) en Casanare.
- Avanzar hacia la paz. Desmantelar el paramilitarismo.
Se reafirma en el país la exigencia de conocer toda la verdad sobre el surgimiento del paramilitarismo en épocas pasadas y su vinculación con el presente. Queda ampliamente demostrado que esta política de Estado no acabó con la desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia.
Los resortes fundamentales del paramilitarismo (económicos, políticos, militares) quedaron intactos, funcionando y desatando su accionar de control territorial en el Caribe y toda Colombia.
Para que avancemos en la paz es necesario que todo el país conozca al detalle el entramado político, económico, social, militar y estatal que sostuvo y aún sostiene este instrumento de terror denominado paramilitarismo, hijo de la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual nacieron los mal llamados “falsos positivos” de la era de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez, que no son otra cosa que auténticos crímenes de lesa humanidad.
Las declaraciones dadas en la JEP por parte del general (r) Henry Torres Escalante, ex-comandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional, son escalofriantes pero a la vez portadoras de una parte verdad de lo que sucedió en Casanare y el país.
Torres Escalante reconoció su participación en más de 300 asesinatos de personas indefensas, haciéndolas pasar por guerrilleros entre diciembre 2005 y junio de 2007, en el marco de la política de la Seguridad Democrática del Gobierno Uribe.
Torres aseguró que sus actuaciones habían sido orientadas por el general Mario Montoya, por entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, y por el mayor general (r) Guillermo Quiñones quien para el momento era coronel y se desempeñaba como comandante de la Cuarta División del Ejército.
A pesar de estas confesiones, y de otras que se han dado en las audiencias de la JEP, queda en el país el sinsabor de se trata de una verdad a la cual le falta un pedazo, verdades a medias.
Pero se dan estas declaraciones a la vez que se conocen los detalles sobre la incursión militar en Tierralta, y la decisión del Gobierno de castigar a los responsables y no tolerar ningún acto agravio y/o atropello a la población.
Es por ello que la Inspección General del Ejército exigió retirar al comandante de la Brigada 11, el coronel José Edilberto Lesmes, por la responsabilidad en lo ocurrido, lo cual es un paso importante pero no suficiente, dado que hay que llegar al fondo de la realidad y destapar todos los engranajes que le dan aliento y sustento a tanta criminalidad dentro de las Fuerzas Armadas.
Para entender lo sucedido en Tierralta, contextualizar aún más la actuación criminal de militares en Casanare durante la administración de Uribe, y comprender por qué el paramilitarismo de las AUC mantuvo sus resortes intactos hasta hoy, queremos recomendar un artículo -poco difundido y debatido- publicado por El Espectador el pasado 18 de septiembre:
“A propósito de Tierralta, por qué persiste el paramilitarismo?”, titula El Espectador este invaluable análisis.
Acierta el trabajo al afirmar que “un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento”.
Muy claro. Sin esto, sin develar el entramado, engranaje y relaciones de complicidad, no es posible avanzar por caminos certeros hacia una Colombia con perspectivas de paz.
Sin desmontar la doctrina de seguridad nacional, que asume al pueblo y sociedad -por distintos y disidentes del Establecimiento- como enemigos del orden establecido, y por tanto los mata y despedaza no es posible acariciar otra Colombia potencia de la vida.
Un ejemplo de estas contradicciones lo encontramos en la noticia sobre las amenazas de muerte que recibió la semana pasada el magistrado Gustavo Roa, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
El magistrado había pedido a la Fiscalía investigar a los socios de las empresas Camagüey y Palmeras de la Costa, Rafael Antonio Matera y Alfonso Macías Vargas por presuntamente haber servido como financiadores de la extinta AUC.
- Diálogos con paramilitares en la Sierra Nevada.
Aunque es lento el avance de los diálogos entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Gobierno, recientemente se instaló la Misión de Paz en Puerto Nuevo, Magdalena, en donde participaron delegados del Ejecutivo, del grupo paramilitar y voceros de varias comunidades.
El miedo a hablar reina en el ambiente. Sin embargo, se conoce por distintas fuentes parte de la realidad de la Sierra Nevada y la actuación del paramilitarismo. Vamos a resaltar varios testimonios recogidos en un reportaje publicado por El Espectador el pasado 17 de septiembre.
En uno de ellos, un miembro de una Junta de Acción Comunal de la región manifestó que las ACSN “no se meten con la gente. Se encargan de mantener la seguridad” y garantizan que nadie robe o cometa cualquier otro delito.
Una segunda opinión fue la de un defensor de derechos humanos que monitorea la situación de la zona, según describió el diario. Asegura que las ACSN “ejercen el poder absoluto” en la Sierra Nevada.
“Dosifican la violencia para no llamar la atención, pero controlan todas las economías, legales e ilegales, y tienen extorsionado a todo el mundo, desde el que vende un banano hasta el dueño del hotel más grande”, precisa.
Más adelante el director de la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Lerber Dimas, explica que “el factor principal de los ingresos de este grupo provienen del llamado oro verde: el turismo. Ese motor económico, junto al control social y territorial, ha sostenido la violencia, y por eso la Sierra necesita un proceso de paz integral, o de lo contrario cualquier persona va a montar un nuevo grupo armado tan pronto desaparezcan las Autodefensas Conquistadoras”.
Otra perspectiva fue expuesta por el líder arhuaco Arukin Torres, quien se inclina porque el proceso de paz en esta región haga énfasis en los problemas ambientales:
“No son nuevos los desplazamientos, despojos, asesinatos y masacres que nos han llevado a resguardarnos para sobrevivir, pero además de esto nos preocupa mucho la política extractivista. Ahora mismo hay mucha minería, están socavando el pie de montaña de la Sierra Nevada”.
En tanto que Carlos López, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guachaca, planteó lo que otros líderes han planteado en diversas ocasiones en todo el país: “el Gobierno debe llegar con inversión social a la región, crear colegios y universidades, mejorar las vías y apoyar los emprendimientos turísticos para ofrecer alternativas de empleo”, según reseñó El Espectador.
Como podemos observar existen distintas miradas sobre el futuro de la región y el significado de una paz para la Sierra Nevada como realidad socio cultural.
El investigador Lerber Dimas concluyó diciendo que el único camino para alcanzar la paz es que se haga un proceso que resuelva los factores estructurales que han perpetuado la violencia.
“Tantos años de paramilitarismo en la región han generado negación en algunas comunidades. Se necesita que la gente deje de pensar que son ellos (paramilitares) los únicos con capacidad de solucionar los problemas del territorio, y eso solo se logra si el Estado entra a garantizar la seguridad, la salud y los servicios básicos”.
En conclusión, en torno a un proceso de paz en la Sierra Nevada las voces de las comunidades deben ser tenidas en cuenta en un acuerdo que diseñe políticas para la superación de los males estructurales de la sociedad.
- Trancazos, bloqueos y soluciones.
Las luchas de la región Caribe, expresadas en los últimos años de distintas maneras, desde bloqueos y cierres de vías, “quematón” de recibos de servicio de energía, y marchas para exigir servicios básicos dignos, encontró eco en la reciente celebración de la Primera Asamblea Caribe de Energía y Servicios Públicos”.
La asamblea contó con la participación de 1.800 personas provenientes de los distintos municipios del Caribe, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Como tarea central analizaron el tema de las tarifas de energía del Caribe, la más cara de todo el país, y la deficiencia de los servicios públicos en general. No sin antes presentar propuestas encaminadas a solucionar el déficit, a la par que se avanza en los proyectos de Transición Energética Justa.
El consenso de la asamblea apunta a cambiar la estructura tarifaria del Caribe y del país.
“Estamos buscando las mejores decisiones para el país y la Costa junto al pueblo. Por eso estamos acá hoy, para escuchar y motivar el poder popular que logrará que la energía en el Caribe sea un derecho”, aseguró el jefe de la cartera de Minas y Energía, según reseña la cartera en una nota de prensa.
- Reforma agraria.
Sincelejo, capital del departamento de Sucre, departamento pionero en las tomas y recuperaciones de tierras en Colombia, con una experiencia importante del campesinado en las luchas agrarias, será la sede de la Asamblea Pro Reforma Agraria del Caribe convocada para este 27 de septiembre.
Delegaciones campesinas y populares de toda la región se movilizarán a favor de la reforma agraria y otras apuestas sociales que han sido motivo de sus luchas.
Juan Diego Gómez Vásquez, asesor del Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), detalló que participaron más de 500 campesinos de 26 municipios de Sucre durante la instalación de la pre-asamblea popular y campesina celebrada el pasado 18 de septiembre en Sincelejo.
De otro lado, campesinos de la vereda La Guitarra, corregimiento de María Angola, departamento del Cesar, marcharon encadenados el pasado lunes 18 de septiembre para exigir al Gobierno restitución de tierras y el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno de Duque y ellos.
Los acuerdos incumplidos van desde planes de mejoras de la calidad de vida de las comunidades, la restitución de tierras según sentencia del Juzgado Segundo Especializado, de los predios Los Guasimos y La Guitarra; la legalización del predio Las Delfinas y la adquisición de tierras para quienes la trabajan.
Son más de 700 familias que vienen liderado esta lucha por el acceso a la tierra.
- Tomas y bloqueos. Corrupción.
Una semana completa la toma de las comunidades wayuú del gasoducto de Promigas en zona rural de Manaure.
Según reseña del Diario del Norte, más de 20 autoridades tradicionales wayuú y miembros de la comunidad Kaisurujun, protagonizaron la toma pacífica de la estación de monitoreo del gasoducto de Promigas en la vía que conduce desde Manaure al municipio de Uribia.
Los líderes reclaman que desde hace más de 8 meses firmaron unos acuerdos con delegados de la empresa y hasta la fecha no han cumplido con ninguno. Entre las exigencias destaca las indemnizaciones a las comunidades por afectaciones ocasionadas por los trabajos de exploración y explotación del gas natural en la zona.
No es la primera vez que las empresas que operan en la región firman acuerdos con las comunidades para luego incumplirlos por toda la línea.
Lo mismo sucede con las reivindicaciones salariales de los trabajadores del Caribe, expoliadas sistemáticamente a pesar de movilizaciones y justas protestas. En casos como estos la ANDI también debería pronunciarse, y no solo cuando las protestas afectan la productividad de las empresas asociadas a este gremio.
Otro de los males que azota al Caribe es el de la corrupción, causante además de violencia y una multiplicidad de conflictos sociales. A diario se conocen de estos hechos que lesionan la dignidad del pueblo caribe.
Recientemente la Contraloría General de la República detectó 119 “elefantes blancos” en el departamento Bolívar, es decir, obras que comenzaron a construirse para ser entregadas en una fecha determinada, por un monto de dinero estipulado, y que no presentan avances de ningún tipo.
Cerca de 700 mil millones de pesos quedaron dilapidados según los hallazgos de la Contraloría, como informó desde Cartagena el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
Zuluaga detalló que de los 119 proyectos, 17 figuran como entregados.
El sector con más obras paralizadas es el de salud, con una inversión de 265 mil 104 millones en 28 proyectos; le sigue educación y transporte, con $123.361 millones y $ 94.128 millones, respectivamente.
- Ruta del cuidado.
Celebramos el lanzamiento de la Ruta del Cuidado, hecho desde el corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan de Nepomuceno, en Montes de María, tierras de cimarrones y zenúes, de luchas campesinas.
Se trata, según detalló en el acto la vicepresidenta Francia Márquez, de un plan piloto del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia, cuyo propósito será “trabajar por quienes dedican su vida a cuidar a otros, y por las personas que necesitan cuidados, como los menores de edad, las personas mayores, quienes viven con una discapacidad, o están padeciendo una enfermedad”, precisa una nota de prensa de El Heraldo.
