Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (XXXVI)
Por Caribe Investigación
- La paz en el centro del debate.
Sacar un país de la guerra y de la violencia significa una continua batalla de corto, mediano y largo aliento, y para lograrlo se necesitan cimentar bases firmes que puedan resistir dificultades. En tiempos de crisis, lo sabio es vencer los obstáculos con diálogo y más diálogo.
El secuestro del padre del futbolista Luis Díaz por parte del ELN fue el detonante que hizo estallar el proceso de diálogo entre esta guerrilla y el Gobierno, que, como hemos señalado en otras ocasiones, ha sorteado varias dificultades y violaciones del cese al fuego bilateral.
Ambas partes han violado el cese según hechos denunciados públicamente. Sería pertinente que la Misión de Verificación le dé el tratamiento correcto para evitar futuras violaciones y perturbaciones en los avances logrados.
De no abordarse este tema, la mesa terminaría con las patas quebradas. Los notables avances cosechados corren el riesgo de ser invizibilizados.
El quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN estará caliente. El primer comandante de la agrupación guerrillera, Antonio García, ha denunciado que existe una cadena de violaciones al cese al fuego por parte del gobierno y que ellos nunca han pactado en la mesa finalizar los secuestros.
En el marco del caso del padre de Luis Díaz, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, reclamó al ELN sobre este tema. Rueda no solo condenó el secuestro de “Mane” Díaz, sino que exhortó a la guerrilla a liberar “a todos los secuestrados y proscribir el secuestro en las prácticas de ELN”.
Un empantanamiento parecido sufre el proceso entre el Gobierno nacional y las llamadas disidencias de las Farc, cada cual se acusa de incumplimientos y las declaraciones de los voceros de ambos actores (incluyendo las de Petro), no contribuyen con un ambiente de confianza y respeto.
Con las agrupaciones de marcado acento paramilitar y delincuencial los avances son casi nulos, pues no existe continuidad en los esfuerzos. Además, estas agrupaciones incrementaron sus acciones militares en varias regiones, lo que complica aún más el delicado panorama de derechos humanos.
Uno de los escenarios más complejos tomando en cuenta la diversidad de actores y sujetos y de intereses que están en juego, y el creciente control militar y social que vienen acumulando, especialmente en el Caribe.
Escollos, retrocesos, retos que van más allá de lo interno de cada proceso y/o de los actores vinculados a ellos. Porque los enemigos de la paz también están a la orden del día.
El fiscal Francisco Barbosa, en su persistente y solapada carrera a la presidencia, propuso la semana pasada un plebiscito nacional para refrendar lo que se acuerde con el ELN o las disidencias.
Esto sería como meterle un barril de pólvora a los esfuerzos de paz de todos los involucrados: sociedad, gobierno y actores armados. Peligrosa fórmula, la misma que hizo colisionar el proceso de paz Santos-Farc.
Muy clara fue la respuesta del senador y miembro de la Delegación de Paz, Iván Cepeda Castro, quien manifestó en su cuenta X: “De todas las infamias que se producen a diario en el país, una de las peores es intentar que se frustre un proceso de paz. Un hecho todavía más execrable si lo realiza un servidor público de alto nivel. Fiscal Francisco Barbosa, querer que luego de 60 años continúe la guerra entre el Estado colombiano y el ELN demuestra su desprecio por la vida, por los millones de vidas que ha dejado el conflicto armado, y por la posibilidad de construir la reconciliación entre los colombianos. Es un crimen contra la paz y usted su promotor”.
La derecha está aprovechando las fragilidades del proceso de paz para continuar su ofensiva política y mediática de deslegitimación del gobierno.
El 6 de noviembre fue citado a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el comisionado Danilo Rueda. Éste defendió una vez más la paz total y aseguró que la salida militar nunca ha funcionado en el país.
Recordó que fue la propia Comisión de la Verdad en su Informe Final la que recomendó “negociar con todos los grupos armados ilegales y criminales del país”.
La complejidad actual es innegable debido al acumulado de violencia y guerra de décadas. Todos debemos persistir en construir la paz. Por ello reiteramos que lo sabio es vencer los obstáculos. Es un camino nuevo y complejo con tantos actores y organizaciones político militares.
La participación de la sociedad en el proceso de paz y el mandato que recibió el gobierno no pueden echarse por la borda, esto aplazaría indefinidamente la paz para un sufrido pueblo.
- El Darién como negocio.
Según el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo se ha lucrado en los últimos años con la trata de personas en la Selva del Darién, negocio violatorio de los derechos humanos que les ha dejado unos 57 millones de dólares en ganancias.
El informe titulado “Este infierno es mi única opción”, detalla cómo opera esta red extorsiva y de trata de personas en el paso de los inmigrantes hacia el norte, replicando el modelo de los carteles de la droga mexicanos en la frontera con Estados Unidos.
Cobran por seguridad en el trayecto hacia la frontera con Panamá, imponen los medios de transportes acuáticos a los inmigrantes, controlan las casas de alojamientos, la provisión de alimentos, imponen un tributo a los guías.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, citado por HRW, cada persona que utiliza la ruta estaría dejando al Clan del Golfo la suma de 125 dólares.
Es una aberrante práctica de esclavización moderna que se expresa libremente ante la mirada cómplice de autoridades militares, policiales y civiles, que también se usufructúan de esta actividad.
- El berenjenal de las energías en el Caribe.
La semana pasada la Liga de Usuarios de Servicios de Energía en el Caribe, a través de un comunicado de prensa, alertó al gobierno nacional sobre el incremento del valor del kilovatio en la factura de la luz para esta región.
Según la denuncia, por primera vez el precio del kilovatio pasó los mil pesos, lo que supera la tasa de octubre que fue de 944.28 pesos.
Sistemáticamente las empresas prestadoras de energía trasladan todo el costo de la energía a los usuarios, lo que empobrece aún más los bolsillos de los sectores populares.
Lo más grave es que la antigua Electricaribe, según un informe de la Contraloría divulgado la semana pasada, se robó los subsidios destinados a los sectores pobres. El presidente Petro denunció la situación a través de su cuenta X.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta denunció también que las hidroeléctricas del país estarían “botando agua”, mientras que el precio de la energía aumentó hasta en un 20% en el Caribe colombiano.
Según Acosta, el nivel de los embalses es cercano a 85% de su capacidad, por lo que no se explica técnicamente el aumento del precio del kilovatio.
“Se da en momentos en que las hidroeléctricas, para efectos de no ser despachadas, ofertan precios muy altos y al ofertar precios muy altos, lleva al administrador del sistema, en este caso XM a despachar plantas térmicas. De tal manera que las energías que están dejando de generar las hidroeléctricas, supuestamente para guardar agua para cuando venga la etapa más difícil del fenómeno del niño, está llevando a que la generación térmica del país esté presionando el alza de los precios y en última instancia, las tarifas de energía”, concluyó Acosta.
Inaudito que mientras los embalses se encuentran en buen nivel, las hidroeléctricas hayan tomado semejante decisión para encarecer el kilovatio / hora.
Se mira siempre el negocio y no el servicio social a la población. Quien pierde siempre es el país y los usuarios. Dar vida a una empresa nacional eléctrica es el camino, al tiempo que se avanza hacia la transición energética justa, protagónica y participativa.
- Atraco al erario.
La semana pasada trascendió, según denuncia de la Contraloría General de la Nación, que en el departamento del Atlántico hay 15 proyectos registrados como elefantes blancos, obras inconclusas y otros proyectos en estado crítico por el valor de $87.548 millones.
El sector con mayor cantidad de recursos comprometidos, según el diagnóstico, es agua potable y saneamiento básico, seguido por educación y cultura.
Con mayor cantidad de proyectos y recursos dilapidados tenemos el Distrito de Barranquilla, donde fueron identificados 5 proyectos por un total de $37.533 millones.
La Contraloría General de la Nación también informó la semana pasada sobre una actuación especial en los recintos penitenciarios de Barranquilla, donde encontraron hallazgos fiscales por un valor total de $25.038 millones.
Lo anterior sin mencionar la crisis financiera y de corrupción que atraviesa el Transmetro de Barranquilla, y el embargo de parte de los recursos girados por el Gobierno nacional para inyectarle liquidez a este sistema de transporte.
En otra diligencia, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la excontralora municipal de Valledupar, Mary Flor Teherán Puello, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades, y contra doce concejales del municipio por elegir a Puello sin que se cumplieran los requisitos legales.
Corrupción, alianzas mafiosas, atraco a los dineros públicos inventándose obras no necesarias, malversación fondos… una larga historia de la corrupción en el Caribe donde se enriquecen empresas contratistas allegadas o filiales de los clanes políticos en el poder.
- Violencia y violación de DD.HH.
No paran las amenazas contra líderes sociales en el departamento de Bolívar. Asciende a 28 el número de líderes amenazados, siete casos más en comparación con 2022.
En Sucre, durante 2023 fueron asesinados cuatro miembros de la comunidad Lgbtiq+ en los municipios de Toluviejo, Morroa, San Benito y Sincelejo; otros cuatro fueron víctimas de amenazas de muerte y dos víctimas de desplazamiento forzado.
Los atracos en el centro de Barranquilla mantienen en zozobra a la población y comerciantes sin que las autoridades acierten en materia de seguridad, ante un contexto de enfrentamientos entre bandas por control de rutas y plazas de drogas, sicariatos, extorsiones.
El caso de Valledupar se salió de control desde hace meses. Apenas la semana pasada el alcalde de la entidad pidió auxilio al Gobierno nacional para contener la ola de criminalidad que arropa a la capital cesarense.
Para Cartagena tampoco hay pronósticos positivos. La semana pasada se reportaron tres sicariatos en contra de tres jóvenes en tres localidades distintas.
La violencia y violación de los derechos humanos en el Caribe continúa sin ningún control. Aumentó el paramilitarismo y su control territorial y social, la criminalidad está desbocada, la guerra entre bandas y el reclutamiento de jóvenes llenan los titulares de prensa.
