Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 41)
Por Caribe Afirmativo
- Con “La Gata” murió la verdad.
Con la muerte de Enilce “La Gata” López quedó enterrada parte de la verdad sobre el conflicto armado en el Caribe colombiano.
Como toda Colombia sabe, la “dama del chance” combinó en su trasegar criminal paramilitarismo, parapolítica, despojo de tierras, sicariato y financiamiento ilegal a campañas políticas.
Lamentablemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó en diciembre pasado la solicitud de sometimiento a esta instancia, hecha por Enilce López en 2018.
A finales de marzo de 2023, López no compareció a una audiencia pública, única y definitiva de verdad para que esclareciera su relación con grupos paramilitares, parapolíticos y su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado.
“La Gata” fue aportante a la campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002. Como otros alfiles o amigos del ex presidente, se lleva la verdad a la tumba. Mucho sacrificio para proteger a un criminal de guerra.
2. Pobreza eterna, violencia imparable.
En una columna publicada por El Espectador este domingo 14 de enero, el articulista Indalecio Dangond afirmó que “cada vez que el Dane revela una estadística de impacto social y económico, las ciudades y municipios de la región Caribe ocupan los primeros lugares del podio”.
Registramos en pasadas síntesis las estadísticas e informes de 2023 y, ciertamente, las ciudades del Caribe, y también del Pacífico, ocupan primer lugar en los indicadores negativos de pobreza, desempleo, costo de vida, inseguridad y violencia.
Aunque da unas pinceladas para describir las razones de esta tragedia social, se queda corto en materia de seguridad. No ahondaremos en ello, pero el informe de Indepaz de 2023 es desalentador.
De los 188 homicidios de líderes en 2023, 38 se cometieron en Cauca, 17 en Nariño y 16 en Valle (tres de los cuatro departamentos del Pacífico), sumados a Antioquia las cifras hablan de una concentración de 55 % del total de víctimas.
Con respecto a las masacres, los departamentos con mayores casos fueron Antioquia (12 ), Valle (13) y Cauca (9). La región Caribe registró 26 masacres del total de 93, es decir, 28 % de las masacres cometidas en Colombia.
Esto sin mencionar la consolidación o expansión del paramilitarismo y la violencia asociada a bandas y narcotráfico en las principales ciudades del Pacífico y el Caribe. Una especia de violencia y paramilitarismo generalizado en lo urbano, ya no solo en lo rural.
¿Qué importancia tienen estos datos y cuál es su relación con la crisis social y económica que describe Dangond? Ambas regiones guardan similitudes en cuanto a la formación social y económica. Falta de acceso a la tierra, nulos incentivos económicos y financieros, altos índices de corrupción, desempleo galopante, y una masa juvenil sin oportunidades de ningún tipo.
Esto último es lo más preocupante. Jóvenes sin oportunidad de estudio, de empleo, sin esperanza de vida digna terminan engrosando las filas de la violencia.
Caribe y Pacífico son las dos regiones donde Gustavo Petro ganó por amplia mayoría durante las presidenciales de 2022, gracias a un mensaje de esperanza y de cambio que el hoy mandatario supo conectar con la gente.
Aunque este Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por revertir esta realidad, falta mucho por hacer en un país estructuralmente desigual y excluyente
3. Reforma agraria.
Un halo de esperanza se asoma en el horizonte. La Región Caribe y el Magdalena Medio serán priorizadas en la reforma agraria este 2024. Cerca de 80 mil familias campesinas, afro e indígenas recibirán 800.000 hectáreas de tierra fértil este año, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La agencia también estima formalizar un millón de hectáreas de tierras en 2024, es decir, entregar títulos de tierra a las familias que ocupan predios para que éstas puedan recibir créditos agrarios para consolidar sus proyectos productivos.
4. Movilización social en Riohacha.
Comunidades wayuu asentadas en territorios ancestrales de la zona rural del Distrito Riohacha vienen luchando contra los desalojos encabezados por las autoridades municipales desde 2022.
Desde entonces, líderes han sido perseguidos para que abandonen sus territorios. Han resistido órdenes de desalojo ejecutadas por la Policía y amenazas de grupos armados no identificados.
El Movimiento Social Sumainwayuu ha sido fundamental en las movilizaciones de estas comunidades, y desde Caribe Investigación hemos acompañado esta causa como propia por la justeza de la lucha y por la probidad de los compañeros de Sumainwayuu.
Para esta semana Riohacha será epicentro de varias movilizaciones pacíficas encabezadas por comunidades wayuu de Potrerito, Wayucaso, Tuc Tuc, Santa Clara, entre otras, con el objetivo de alertar al Gobierno nacional sobre el incumplimiento del municipio con respecto a la suspensión de los desalojos.
El 16 de diciembre de 2022, las comunidades afectadas y el Ministerio del Interior suscribieron un acta de acuerdos a través de la cual quedaron suspendidas las órdenes de desalojo.
Es por ello que, en febrero de 2023, el Ministerio del Interior entregó líneas jurídicas al municipio para el tratamiento de conflictos en territorios ancestrales entre las comunidades wayuu y terceros.
A pesar de los acuerdos, los desalojos siguieron su curso durante 2023 y pusieron en riesgo los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
5. Crisis climática nuestra.
Desde Colombia se ha venido alertando desde hace años sobre el impacto de la crisis climática mundial. El presiente Gustavo Petro, con su alcance mediático nacional e internacional, ha sido un portavoz sinigual sobre este tema.
Poco se habla, eso sí, sobre la crisis civilizatoria que ha ocasionado el actual deterioro medioambiental y de vida del planeta Tierra.
Las noticias de fin de año 2023 y principios de 2024 son preocupantes, especialmente por la incidencia de la crisis climática en el Caribe colombiano.
La erosión costera se ha convertido en una verdadera amenaza para los departamentos Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira, con afectación directa a poblaciones, economía local y turística e importantes ecosistemas marinos.
Solo Cartagena ha perdido 30 metros de costa los últimos 20 años, según estudios del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), citado en un reportaje de El Tiempo.
La reducción en la producción de leche en el Caribe se siente desde hace dos meses en el Caribe por la creciente sequía en los pastos. El gremio ganadero, citado por El Tiempo, da cuenta de una reducción superior a 20 %.
¿Se pueden imaginar el impacto en los pequeños productores, con capacidad financiera limitada?
El Sistema de Alerta Temprana de Corpoguajira informó recientemente que once de los quince municipios de La Guajira se encuentran en alerta roja “por posible ocurrencia de incendios forestales”.
Esto empeora por la baja humedad, la escasa presencia de nubosidad y las altas temperaturas propias del departamento guajiro.
Con respecto a La Guajira, se combinan varios factores. El indudable impacto de la crisis climática y la falta de agua potable, la crisis social y humanitaria que padece el departamento desde hace más de dos décadas, los altos índices de corrupción y la inestabilidad institucional.
Con todo lo anterior, la Corte Constitucional no tuvo ningún escrúpulo para tumbar el año pasado los decretos de emergencia emitidos por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis humanitaria del departamento y el período de sequía que ya nos pisa los talones y amenaza con encender once de los quince municipios guajiros.
6. La crisis de Ecuador
Varios análisis se han publicado los últimos días sobre la violencia desatada en Ecuador. Queremos resaltar el artículo del constitucionalista Rodrigo Uprimny, titulado “La dolorosa crisis de Ecuador”.
La tasa de homicidio ecuatoriana, apunta el jurista, rara vez superó 10 por cada 100.000 habitantes el siglo pasado. Mientras que 2023 cerró con más de 43 por cada 100.000 habitantes.
Recoge además algunos datos de interés. El desmantelamiento de la política social, que golpeó especialmente a los jóvenes; el fortalecimiento de las bandas criminales vinculadas en el narcotráfico internacional; y el control casi total que estas bandas tienen sobre las cárceles.
Aunque no lo especifica, el periodo en el cual se logra disminuir la violencia de principios de siglo XXI coincide con el ascenso de Rafael Correa (2007-2017) y las políticas sociales implementadas por este gobierno.
El ascenso de la violencia corresponde a los últimos tres años. Otro factor que cita está relacionado con la recurrente crisis política ecuatoriana.
Las bandas criminales transnacionalizadas “enfrentan a un Estado debilitado por la inestabilidad política y el achicamiento de sus políticas sociales, con lo cual los jóvenes pueden ser más fácilmente cooptados por las bandas”, escribe Uprimny.
Sobre este último punto queremos hacer una reflexión final. No solo por la ineludible influencia del narcotráfico en la violencia, consecuencia directa de la política prohibicionista de las drogas impuesta por Estados Unidos desde la década de 1970, que tanto nos ha impactado en Colombia.
La participación de los jóvenes en las redes de narcotráfico y la violencia en Ecuador, producto del desmantelamiento de las políticas sociales, es un fenómeno que conocemos muy bien.
En las principales ciudades del Caribe y el Pacífico colombiano repuntan los últimos años los peores indicadores de pobreza, inseguridad y costos de vida.
Son nuestros jóvenes la mano de obra principal de bandas criminales, mafias, narcotráfico y paramilitarismo; esto sin mencionar la refinada cultura. Sin duda la situación de Ecuador es un espejo para Colombia y América Latina.
