Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 43)
Por Caribe Investigación
- Barranquilla y los 3 billones.
Nada sorprende el descaro de la derecha barranquillera (charista). La semana pasada, 19 de los 21 concejales le aprobaron a la Alcaldía de Alejandro Char $3 billones de pesos sin mayor discusión, como bien señalaba el director del Foro Costa Atlántica, Diógenes Rosero en su cuenta X.
“Más que salir a defender a Alejandro Char deberían cumplir su función constitucional de control político y estudiar lo que se tramita en el Concejo de Barranquilla”, reclamó Rosero.
La billonaria deuda compromete los próximos cuatro años de gestión, pero en el futuro los intereses recaerán sobre la ciudadanía.
Esto sin tomar en cuenta la deuda pública que adquirió la pasada gestión de Jaime Pumarejo por 2,7 billones de pesos.
Los concejales y la administración Char saben que ambas deudas comprometerán los recursos disponibles para el futuro, ampliaría el déficit fiscal de la ciudad, sin embargo, aprobaron en tiempo récord los 3 billones de pesos al heredero de la mafia Char.
- La violencia en Valledupar.
Aunque no compartimos el enfoque que el periodista Jacobo Solano le da al tema de la violencia en Valledupar, recomendamos ampliamente su última columna titulada “Valledupar y el vallenato, en manos del narcotráfico”.
El artículo lo escribe a propósito de la masacre registrada en el Valle el pasado 26 de enero, donde murieron dos capos del narcotráfico luego de un asalto, tipo comando, con fusiles de largo alcance.
“Se ha formado una cadena asqueante: los traquetos financian lanzamientos musicales para lavar dinero y que los mencionen en discos, en aras de encontrar aceptación social”.
Una cultura traqueta y criminal se viene imponiendo, de eso no hay duda.
Más allá de la narrativa narcotráfico y violencia y estructuras multicrimen, se debe ahondar hoy en cómo el paramilitarismo se viene expandiendo y consolidando en las áreas rurales de Valledupar y el Cesar.
Basta con revisar las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante 2023 sobre la presencia de las AGC en Valledupar y Cesar, señaladas como responsables del reclutamiento de jóvenes, anuncios de limpieza social y amenazas contra delegados defensores en el departamento.
- Autocrítica.
Queremos hacer dos aclaratorias sobre la edición pasada (42).
La primera tiene que ver con los desplazamientos registrados en el sur de Bolívar, que han sido sistemáticos por lo menos desde el año pasado.
Afirmábamos que los desplazamientos eran producto del enfrentamiento entre el ELN, las AGC y disidencias de las Farc. Esto no es del todo cierto y contradice lo que hemos afirmado en otras ediciones.
Desde de 2023, organizaciones sociales del sur de Bolívar —y también del sur de Córdoba— han denunciado la connivencia entre paramilitares y fuerzas del gobierno para penetrar en la región.
Las AGC han confinado comunidades enteras, amenazan a líderes, irresponsablemente señalan a las organizaciones sociales de ser aliadas de la guerrilla. Se traduce en una sentencia de muerte.
Hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido incrementar el pie de fuerza en la zona, aunque la crisis humanitaria se mantiene intacta.
Las denuncias hechas por la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle y otras organizaciones del sur Bolívar y el sur de Córdoba, no han sido tomadas en cuenta por el gobierno.
El título de la edición anterior también confunde: “Urge un proceso de paz en el Caribe para frenar la violencia”.
El título es ambiguo y no es coherente con lo que se desarrolla en el contenido, tampoco forma parte de nuestra línea editorial.
Compartimos la postura de que el proceso de paz en Colombia debe ser nacional, y no por regiones como actualmente intenta hacer el gobierno.
La Paz Total tiene varias limitaciones, y una de ellas es pretender desescalar el conflicto en algunas regiones, tener un acumulado de paz por territorios, sin que esto incida en lo nacional.
Un proceso de paz por regiones puede incidir en la vida y tranquilidad de las poblaciones y territorios, pero no tendría un alcance integral en el país ni sería sostenible en el tiempo.
Esto supondría una paz fraccionada. Fortalecería a grupos, organizaciones o estructuras armadas en unos territorios, implicaría la mutación o desmovilización de otros.
En conclusión, la paz debe ser nacional, y debe contar con la participación de la sociedad para evitar el desmantelamiento de lo acordado, como sucedió con el Acuerdo de La Habana.
- Ambigüedades de la paz.
Preocupante la sistemática ambigüedad en las comunicaciones de las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN con respecto a una posible prórroga del Cese al Fuego.
Más preocupante aún que el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, afirmara la semana pasada desde Nariño que ya había un acuerdo de extensión de seis meses.
No hubo tal cosa. Y no es la primera vez que el gobierno anuncie decisiones que no se han acordado, el mismo presidente Petro provocó una crisis en la mesa en diciembre de 2022.
Por fortuna, ambas delegaciones anunciaron este lunes 29 de enero un acuerdo y declaración sobre el Cese al Fuego (Comunicado conjunto Nº20), que extiende el plazo hasta el 5 de febrero en las condiciones acordadas el pasado 9 de junio de 2023.
Hace un par de días el ELN aseguró que la extensión dependerá de un punto central: los operativos militares que mantienen las AGC y disidencias de las Farc en su contra, y que en algunos casos están vinculados con operativos del Ejército.
- Observatorio sobre el paramilitarismo.
Aplaudimos el anuncio de ambas delegaciones de paz sobre la creación de un Observatorio sobre las formas del paramilitarismo.
El documento número 17 está titulado “Acuerdo sobre la creación y puesta en marcha de un observatorio sobre las formas de paramilitarismo”.
Estudios, experiencias de oenegés e instituciones, informes y análisis abundan sobre todo de la perspectiva y dinámica que ha tomado el paramilitarismo en los últimos diez años.
El acuerdo dice, según reseña El Espectador, que la mesa “seleccionará a sus integrantes, garantizando una composición diversa y plural de los diversos sectores sociales, académicos, gremiales y los pueblos étnicos”.
Es un avance importante para el proceso de paz.
El mismo presidente Petro ha sido uno de los políticos que más ha denunciado el paramilitarismo en Colombia, junto con uno de sus delegados, el senador Iván Cepeda.
Recordemos también que el paramilitarismo ha sido una de las exigencias del ELN en la mesa de negociaciones para acordar una posible prórroga del Cese al Fuego.
Entonces sería un punto en común de ambas delegaciones. Aunque frenar y acabar el paramilitarismo ha sido un clamor de la sociedad colombiana.
Hoy, las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada mantienen en estado de sitio amplias zonas del Caribe colombiano, ejerciendo una gobernanza violenta y criminal sobre poblaciones enteras, amenazando la vida de líderes y defensores de derechos humanos.
Nos atrevemos a postular a una figura intachable en la defensa de los derechos humanos y la denuncia del paramilitarismo en todas sus fases: el jesuita Javier Giraldo Moreno.
Giraldo Moreno ha sido un estudioso del fenómeno paramilitar con una perspectiva de estudio alternativa, distinta a la narrativa oficial y de consagradas instituciones de paz.
- Ecuador y el Comando Sur.
La socióloga Estefanía Ciro advertía la semana pasada, que la crisis en Ecuador y el enfoque de guerra que le da el gobierno de Noboa a la lucha contra el crimen organizado tendría graves consecuencias para la región.
“¿Qué intereses tienen el Comando Sur u otras agencias internacionales que hace varios años han fortalecido sus lazos con los diferentes gobiernos de Ecuador?”, se pregunta la columnista.
De hecho, la delegación estadounidense reunida la semana pasada con el presidente Daniel Noboa, estuvo encabezada por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
En este contexto lo más alarmante es la conformación de un grupo de alto nivel de seguridad regional integrado por cuatro países andinos (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), anunciado la semana pasada.
Este grupo combatirá la delincuencia organizada transnacional, reforzará la vigilancia fronteriza, migratoria y aduanera, según lo anunciado.
Asistimos a la militarización de la estrategia de seguridad de la región, no solo de Ecuador, como afirmaba Estefanía Ciro.
Ante el fracaso de Estados Unidos en las guerras de Oriente Medio y Ucrania, es velada la reactivación de la doctrina Monroe “América para los americanos”.
El Comando Sur es su principal ejecutor y nuestros países parecen no enterarse.
- Varios para cerrar.
La semana pasada la Defensoría anunció que La Guajira fue el departamento con mayor número de muertes (70) de niños por desnutrición durante 2023.
Cesar y Magdalena siguen tercero y cuarto, con 23 y 20 muertes respectivamente.
Los mandatarios del Caribe son deshonestos e hipócritas. Con bombos y platillos anuncian cruzadas para mejorar las tarifas de energía, pero callaron cuando Petro anunció la intervención de la Creg para tratar de frenar el desproporcionado aumento.
Lamentamos la muerte del comunicador comunitario Mardonio Mejía en Sucre. Fue baleado por sicarios en la entrada de su casa,
