Cuaderno de Coyuntura Regional (11)
Por Caribe Investigación
Esperanza despertó el anuncio de finales de enero sobre la creación de un Observatorio sobre las formas del paramilitarismo, uno de los seis acuerdos alcanzados el pasado 17 de diciembre entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el quinto ciclo de negociaciones, celebrado en México.
El observatorio, según el documento número 17 titulado “Acuerdo sobre la creación y puesta en marcha de un observatorio sobre las formas del paramilitarismo”, tendrá como objetivo “realizar estudios e investigaciones objetivas y actualizadas” que permitan “adoptar medidas para su erradicación, superación y no repetición”.
Asoman otros detalles acerca de su responsabilidad en la producción de documentos, informes, instrumentos y análisis, y sobre quiénes lo integrarán y apoyarán.
No se conoce cuándo comenzará a funcionar, pero es positivo que ambas delegaciones hayan coincidido en este punto y mucho más que apunten a la “erradicación, superación y no repetición”.
Queda tácito, y así lo ha denunciado la delegación elena, que el paramilitarismo afecta el buen desenvolvimiento del Cese al Fuego en regiones donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha intentado desplazar a la guerrilla de territorios donde históricamente el ELN ha hecho vida política y militar.
¿Discurso encubridor?
Aunque sea un consenso casi unánime, el desmonte del paramilitarismo en Colombia tiene más trabas que caminos despejados.
El Gobierno Petro, por un lado, expresa su rechazo total al paramilitarismo, y por el otro, se niega a reconocer el estatus político de organizaciones paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Ciertamente es complicado otorgarles estatus político a ambas organizaciones porque implicaría implícitamente reconocer el relacionamiento del paramilitarismo con algunas estructuras del Estado o por lo menos del beneficio directo e indirecto que el Establecimiento recibe por el crecimiento del paramilitarismo.
A la luz de los acontecimientos de la última década, el paramilitarismo continuó por otras vías y formas, como bien lo explica el jesuita Javier Giraldo Moreno.
Se impuso la narrativa del pos conflicto (2016) con dos anclajes semánticos previos que funcionaron -y aún funcionan- como maquillaje eufemístico para lavarle la cara al Estado terrorista colombiano.
Nos recuerda Giraldo en “La democratización del Genocidio” (2019) que “desde la primera década del siglo XXI el vocablo paramilitar comenzó a incomodar a las élites, ya que los estudios y denuncias de organismos internacionales fueron sacando a la luz la estrecha coordinación de esas estructuras con la fuerza armada oficial, lo que llevó a montar una gigantesca campaña mediática para convencer al país y al mundo de que esos grupos gozaban de plena independencia del Estado y había que ubicarlos más bien en el campo de la delincuencia común”.
Fue así que nacieron con Uribe y Santos las Bacrim, las GAO, GDO y GAOR. Lo mismo se aplicó para el Acuerdo de Paz de 2016, una narrativa de pos conflicto y de “herederos del
paramilitarismo” sin que se hubiesen superado las causas del conflicto ni superado el origen del paramilitarismo.
“Pero la identificación de esas “bandas” con los paramilitares, en su ideología, su culto por los gobiernos de turno y sus fuerzas armadas, su relación y apoyo a grandes empresarios, su concepción del desarrollo y del progreso, su lenguaje militar y sus móviles de odio a las capas empobrecidas y a los inconformes, y mucho más aún a los movimientos sociales y alternativos, va delatando poco a poco su verdadera identidad”, concluye Giraldo Moreno.
La gran muralla
Para superar el paramilitarismo se debe abordar un tema espinoso: el desmonte de la doctrina militar y de la política del enemigo interno.
Por décadas, este ha sido el talón de Aquiles para la paz en Colombia y hasta hoy el Gobierno Petro no tiene ninguna intención de cambiarlo.
“La reforma de la fuerza pública, contrario al deber ser, asusta a la dirigencia del país, como si fuera una institución infalible, intocable y autónoma”, escribió sobre el tema el columnista
Ramón Jimeno en julio de 2022. Agregaba Jimeno que en el programa de campaña de Petro el tema militar y de policía pasó en blanco.
Entonces, ¿cómo abordar la superación del paramilitarismo si la doctrina militar que lo amparó sigue intacta?
Giraldo nos recuerda que al constituirse el Frente Nacional en 1958 “mediante una fusión de intereses entre fracciones de una misma casta, el Estado adquirió perfiles ideológico-políticos más definidos y reclasificó lo que cabe y lo que no cabe en su identidad y, por lo tanto, lo que debe ser eliminado por no caber allí”.
Nada ha cambiado desde entonces.
El paramilitarismo sigue operando como arma para la contención social; sus principales benefactores son los grandes poderes económicos.
¿A quién beneficia el asesinato sistemático de líderes sociales? A los grupos económicos que mueven los hilos del poder en Colombia. A menor resistencia social, mayores resultados económicos, y para esta tarea son convenientes los paramilitares.
Sin tocar la doctrina militar ni transformar el Estado, y restándoles estatus político a las actuales organizaciones paramilitares, aún más postergando los diálogos con éstas, hablar hoy de “erradicación, superación y no repetición” más que utópico suena osado.
