Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 49)
Por Caribe Investigación
19-03-24
- La Paz con las AGC
Desde Apartadó, Antioquia, justo antes de iniciar la jornada de gobierno con el Pueblo desde el Caribe, el presidente Petro se volvió a pronunciar sobre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El presidente anunció que le planteará a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, los caminos para un “acogimiento a la justicia” de las AGC.
A finales de febrero pasado el presidente le dio un ultimátum a las AGC, luego de que estas asesinaran a cuatro militares en una emboscada en el municipio Segovia, Antioquia.
“Si no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”, sentenció Petro en aquel momento.
Si bien Petro tiene razón al asegurar que el uso del nombre de Jorge Eliécer Gaitán por parte de las AGC es errado y no se corresponde con su accionar, ¿hacía falta llamarlos traquetos?
Lo mismo hizo en octubre de 2023 con las disidencias de las FARC agrupada en el Estado Mayor Central: “No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos”.
Al Ejército de Liberación Nacional (ELN) también le tiró un sablazo en mayo de 2023 al tildar a esta organización de narcotraficante.
Las declaraciones de Petro —altisonantes e innecesarias— no contribuyen a tender puentes o establecer un mínimo de confianza para sentar las bases de un diálogo-negociación que ayude a construir una alternativa de paz con las AGC.
Petro incurre en este error discursivo continuamente. Limita la visión que tiene sobre la guerra —y la apuesta por la Paz Total— al tema del narcotráfico, propio de la doctrina antidrogas de Estados Unidos.
Olvida Petro que las AGC, además de dedicarse al narcotráfico y a otras economías lícitas e ilícitas, nacionales o con conexión internacional, ejercen un control social y territorial, practican una gobernanza criminal y violenta en amplias zonas del país, sobre todo en Urabá, Magdalena Medio y el Caribe.
Las AGC, que ahora intentan lavar su nombre o deslindarse del paramilitarismo autodenominándose Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), no le perdió el pulso a las declaraciones del presidente y emitió un comunicado.
“Aceptamos la invitación hecha por el señor Presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones donde hacemos presencia”.
Un baldazo de agua fría para Petro, ya que de antemano rechazan de manera indirecta un “sometimiento a la justicia”.
El comunicado de las AGC en general es descarado y elude la responsabilidad de esta organización con la violencia desplegada por ellos en los territorios donde hacen presencia.
En el Caribe
El contexto de violencia que encabezan las AGC en el Caribe colombiano es el siguiente:
Disputa militar con el ELN en el sur de Bolívar (existen reiteradas denuncias de connivencia entre las AGC y las fuerzas militares); control absoluto en Córdoba, Sucre y Montes de María; impacto en la región del Magdalena Medio (centro de Cesar y sur de Magdalena); confrontación y disputa con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y sus zonas colindantes.
Si se compara el mapa de conformación, crecimiento y expansión de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el de las AGC, encontramos similitudes, al menos en lo que se refiere al Urabá, Córdoba y Magdalena Medio como génesis de ambos proyectos.
A finales de la década de 1990 y principios de 2000, las AUC fueron posicionándose y controlando el Caribe colombiano, en un contexto de exterminio social, violación de derechos humanos, aniquilamiento y/o desplazamiento de las FARC y el ELN del territorio.
Hoy, la casi nula presencia del ELN y de las FARC en el norte del país, la inoperancia y permisividad del Estado, hace que la incursión de las AGC en el Caribe sea casi que incontestable.
- Sur de Bolívar: Emergencia Humanitaria
La avanzada paramilitar de las AGC en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño no se detiene.
Así lo denunció este lunes 18 de marzo en su cuenta X la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La corporación alertó sobre hechos violatorios de los derechos humanos que vienen ocurriendo en el corregimiento San Lorenzo, específicamente en las veredas El Porvenir, Lejanías, La Concha Alta, La Floresta, La Concha Baja (Yondó), La Esperanza, El Cagui, Caño Seco, Alto Paraguas, Patio Bonito, Buenos Aires, Las Nutrias, las Pozas, y lo que se conoce como la zona alta que pertenece al municipio Cantagallo, sur del departamento Bolívar.
“Hoy se encuentran en zozobra, desplazándose de sus territorios, y buscando resguardar su vida, debido a la avanzada paramilitar” de las AGC, reza el comunicado.
Señalan que la estrategia de copamiento se viene ejecutando desde inicio de marzo de 2024 cuando las AGC llegaron a la vereda El Porvenir y sus alrededores. En total, la Corporación Jesús María Valle Jaramillo registra más de cinco hechos violatorios de los derechos humanos en la región.
La semana pasada la corporación había exhortado al Gobierno nacional a intervenir urgentemente para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas de Villa Doris y Vida Tranquilidad y las Brisas de Tiquisio en el sur de Bolívar.
Ambas comunidades tenían programadas diligencias de desalojo para este mes, sin que el Gobierno haya presentado una alternativa para garantizar la vivienda digna de estas comunidades.
Terrible que contra una organización paramilitar como las AGC el Estado colombiano haya dejado hacer y pasar durante tanto tiempo, y contra comunidades pobres sea tan diligente.
- Barranquilla contra la extorsión
Para este martes 19 de marzo, estaba prevista en Barranquilla una movilización de comerciantes y tenderos para protestar contra la extorsión, uno de los principales flagelos que azota a la capital del Atlántico. Comerciantes y tenderos son víctimas de amenazas, extorsiones y asesinatos, lo que ha obligado a muchos de ellos cerrar sus locales “porque no aguantan más las extorsiones y prefirieron cerrar antes que perder sus capitales o sus vidas”, reseña el diario El Universal.
Rcecientemente, Barranquilla fue catalogada como una de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, correspondiente a 2023. Esta ONG mejicana clasifica en un listado de 50 ciudades del mundo las más violentas según la tasa de homicidios. El racking incluye a ocho ciudades de Colombia, cuatro de ellas pertenecen al Caribe. Barranquilla ocupa el peor puesto (49) con 733 homicidios entre 2.291.114 habitantes, una tasa de 31,99 homicidios.
Solidaridad con los comerciantes, tenderos y ciudadano del común de Barranquilla.
- Tarifas de energía
Uno de los principales temas de preocupación para la ciudadanía en el Caribe tiene que ver con el desproporcionado aumento de las tarifas de energía. No es exagerado afirmar que los sectores más pobres se debaten entre pagar el recibo o comer, como bien lo ha registrado la prensa regional y nacional en distintas ocasiones.
Es un tema sobre el cual se han pronunciado distintos sectores. Mucho ruido se escucha también cuando se trata de presentar propuestas o soluciones, sobre todo al descontextualizar el asunto. Como señala La Silla Vacía en un análisis publicado el pasado 18 de marzo, “pese a los diálogos entre el gobierno y distintos sectores, la solución está estancada y lejana”.
Nos referiremos a varios puntos que plantea La Silla Vacía porque son cruciales para entender el problema; estos puntos son frecuentemente obviados por gobernadores y alcaldes, tan activos y altivos para reclamar y responsabilizar al gobierno nacional.
“El principal agravante que tiene la tarifa en el Caribe es que funciona con un régimen transitorio especial, que hace que los usuarios paguen altos costos por el componente de “pérdidas”, aquellas que se dan por robo de energía y por fallas en las redes eléctricas”, precisa el análisis.“En el resto del país la mayoría de esas pérdidas las asumen las empresas, pero en el Caribe son los usuarios. Esto ha dado pie a un círculo vicioso, en el que las altas tarifas incentivan más robos, y entre más robos hay más sube la tarifa”, agrega.
Recuerda La Silla que en 2020 el expresidente Duque vendió la operación de la “fallida y liquidada Electricaribe con unas condiciones muy favorables para los compradores. Unos de esos endulzantes para la venta fue el régimen transitorio especial”. Sobre esto las casas políticas que dominan el escenario en el Caribe no dicen absolutamente nada, no protestaron cuando Duque apoyó esa movida.
Además, el sistema eléctrico del Caribe presenta fallas y deficiencias en infraestructura que se vienen acumulando desde la administración de Electricaribe. Es reiterado el llamado del sector gobernante regional al gobierno nacional para que salve el sistema eléctrico del Caribe con inversiones en infraestructura y subvenciones a las tarifas. Recientemente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le propuso al gobierno nacional que se le entregue la administración de la energía a la región Caribe: zorro cuidando gallinero. Con esta, propuesta Alejandro Char y demás gobernadores disimulan también su permanente cuestionamiento a Petro por este asunto, sin aportar soluciones ecuánimes y reales que favorezcan a la ciudadanía.
Acertada la respuesta del ministro de Minas, Andrés Camacho, a las propuestas de los gobernantes regionales: “Que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando empresas, hay que salvar a la gente”.
Otra de las trabas para encontrar una solución tiene que ver con la responsabilidad y funcionalidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El presidente intentó vía decreto asumir las funciones de la Creg, pero fue tumbado por el Consejo de Estado. La Creg es una comisión “a la que el gobierno Petro tiene sin dientes porque solo está nombrado uno de los seis expertos que la conforman, lo que impide el quórum para tomar decisiones”, argumentó La Silla.
El gobierno apunta, sin embargo, a solucionar este problema por dos vías. Primero, incentivar y desarrollar las energías renovables para obtener mayores ofertas de servicio. Segundo, reformar la ley de servicios públicos para garantizar una evaluación periódica de las tarifas de energía a favor de los usuarios y no de los operadores, algo a lo que los sectores de poder se opondrán sin ninguna duda.
- Israel y su obra de caridad
Con bombos y platillos anunciaron la visita del embajador de Israel, Gali Dagan, al departamento de La Guajira. Durante la visita el embajador se reunió con el gobernador del departamento, Jairo Aguilar, con el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, y con otras autoridades locales.
No es la primera vez que Israel, a través de su embajada, dona equipos para el tratamiento del agua en La Guajira, generadores de alta tecnología para captar agua de la atmósfera, biodigestores o plantas desalinadoras.
Aunque tampoco estamos ante una obra de caridad sin ningún interés de por medio. Recordemos una entrevista que le hiciera El Heraldo a Dagan en diciembre de 2022, donde se refirió a las tierras del departamento del Atlántico y a la posibilidad de desarrollarlas con tecnología israelí. “El Atlántico tiene todo, hay un suelo perfecto que cuenta con disposición de agua, cuenta con salida al mar”, expresó el embajador a El Heraldo. “Con el trabajo que se va a realizar y el interés que tienen estas empresas en el Atlántico, seguramente se va expandir el éxito en cada uno de ellos y llegarán más empresas israelíes a manifestar su interés y trabajar no solamente en el departamento, sino en toda Colombia”, añadió el diplomático.
Negocios, nada más que negocio, y no obras de caridad.
- La Guajira y la inseguridad
Un editorial del Diario del Norte con fecha del 12 de marzo da cuenta de la grave situación de inseguridad que sufre el departamento La Guajira. En primer lugar, menciona el desplazamiento forzado que sufren más de 600 personas entre indígenas kogui, wiwas y comunidades afrodescendientes, quienes huyeron de la zona rural de Riohacha por los enfrentamientos armados registrados recientemente entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Atracos a mano armada en las precarias vías al norte del departamento, y en los límites con el estado venezolano del Zulia. El turismo, sin duda, está siendo afectado por la constante criminalidad registrada en el departamento.
- Ataque de las FARC
El relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí, aseguró el pasado 15 de marzo que la situación de los derechos humanos de los diferentes pueblos étnicos “sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante”.
No pasaron 24 horas para que este pronunciamiento encontrara eco en un ataque armado, cobarde por demás, de guerrilleros de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC a la Guardia Indígena de la comunidad nasa en la vereda La Bodega de Toribío, Cauca.
La Guardia Indígena intentaba, el pasado sábado 16 de marzo, rescatar a un adolescente secuestrado por las FARC.
El 17 de marzo se registró otro ataque de las FARC a la Guardia Indígena, hecho denunciado por la senadora Aida Quilcué y por el director del Indepaz, Leonardo González.
En lo inmediato, el presidente Petro suspendió el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC en los departamentos Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En el aire quedó la reunión que celebraban en el Cauca la delegación del Gobierno y de la disidencia para acelerar acuerdos y decisiones para disminuir, precisamente, la violencia en esta región.
A todas luces parece más un acto de provocación, arrogancia y cobardía por parte de la estructura Dagoberto Ramos del EMC, que apunta a desvirtuar lo que se ha venido negociando en la mesa con el Gobierno.
- Petro y la constituyente
No queremos cerrar esta edición sin antes mencionar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que asomó el presidente la semana pasada.
Sectores de opinión bastante cercanos al gobierno del Cambio, otros críticos a Petro, pero no de derechas, se pronunciaron en contra de la propuesta alegando varios argumentos: contexto político, tiempos, correlación de fuerzas dentro del Congreso, viabilidad jurídica.
Compartimos un mensaje del periódico alternativo Desde Abajo, posteado en su cuenta X:
La Constituyente es “una alternativa que unirá a todos los contrarios en un frente antipetro. La pérdida de esa elección sería, al mismo tiempo, el final anticipado de una esperanza, hoy menguada pero aun con potencial. Menos propaganda y más acción es el reto real”.
Compañeros de la cuenta alternativa Rueda Suelta, escribieron también en X: “Petro recoge una inconformidad explícita en el Paro Nacional. Sin embargo, su gobierno no busca romper un estado de cosas imperante, sino conciliar: respetamos tus privilegios, pero permitan unos mínimos”.
Ciertamente, el poder real en Colombia le ha cortado toda posibilidad de cambio al gobierno, lo arrincona cada día más. Lo que no calculan es que las fuerzas sociales expresadas y articuladas en el estallido social pasado siguen exigiendo transformaciones sociales urgentes.
