Por: Yelitza Osorio Urrea
Al inicio de la escritura de este texto, el 17 de marzo, fue asesinada la lideresa número 33, Carmelina Yulé Paví, en el municipio de Toribio, Cauca, en un ataque de las Disidencias de las Farc. Al término del mismo, el día 21 de abril, fue cegada la vida del líder número 51, Narciso Beleño, en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, como consecuencia de la avanzada paramilitar en la región.
Aquí la lucha tendrá voluntad de triunfo cuando la falta de garantías para la protección de la vida no sea una constante, porque “no es lo mismo morirse, a que a uno lo maten”, expresa Jairo* en las afueras de su casa en algún lugar del Pacífico. Lideresas y líderes que defienden y cuidan la vida desde sectores como el ambiental, el social y el comunitario nos hablan hoy para exponer el panorama actual de sus experiencias e implicaciones desde los lugares que habitan.
La situación para los líderes sociales en el país poco o nada ha cambiado durante los últimos dos años. En Colombia cada dos días asesinan a un líder social, según cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo en su informe anual. Entre enero y diciembre del 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. A hoy, según el seguimiento que ha realizado el Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el 2024 han sido asesinados 51 líderes en el país.
De los 181 crímenes que en 2023 tuvieron lugar en 123 municipios de 25 departamentos, la mayoría de estos se concentraron en 80 municipios, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos donde hubo más asesinatos. A estos le siguieron Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Bolívar y Bogotá.
La difícil situación de garantía de derechos humanos y protección de la integridad física y emocional para quienes han puesto el cuerpo y las ideas a la construcción de otros escenarios posibles, de manera que florezca la vida en comunidad, no es más que el resultado de la inoperancia de las instituciones, la agudización del conflicto armado y las disputas territoriales entres diferentes actores, los atropellos a las comunidades por parte de las empresas multinacionales y el Estado, cuya presencia se traduce en la militarización con fines muy específicos, poco o nada en medidas efectivas para la protección de las vidas. Lo anterior se ve aunado a la falta de presupuesto que manifiestan las instituciones, y las respuestas que no son pertinentes territorialmente ni consecuentes con las necesidades y particularidades de los líderes y lideresas, ejemplo de ello es una entidad como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El 19 de abril de 2023, fue presentado ante el Comité contra la Tortura en Ginebra, Suiza, el sexto informe periódico por parte de la Unidad Nacional de Protección, donde expuso que, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2023, en Colombia 49.734 líderes y lideresas han realizado diferentes solicitudes en el marco de la salvaguarda de sus derechos humanos. A este organismo “le corresponde la misionalidad de proteger la vida y la integridad de las personas que por su cargo o posición se encuentren en algún tipo de riesgo comprobado”. Además, está encargado de “realizar la Evaluación de Nivel del Riesgo de manera oportuna, eficiente, eficaz y con un enfoque diferencial, a quienes soliciten protección, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el marco jurídico vigente”.
Es así como sus obligaciones y funciones se quedan en el papel, en horizontes que se trazan para ser desdibujados cada que una vida se pierde. Estos datos, los cuales se presentan como desconcertantes por expresar en números la magnitud de un problema que no halla respuestas ni soluciones, nos ubica en la necesidad de trascenderlos a las voces que se consolidan en los relatos de dos líderes y dos lideresas que viven en diferentes lugares del país y que hicieron parte de esta conversación.
Plegarias inaudibles
El chaleco antibalas estaba colgado en una pared de la casa de Jairo, un líder social que hace 37 años ejerce su palabra y acción en el sector comunitario a lo largo del Pacífico Colombiano. Sobre canoa, a pie, en avión o en bus, ha recorrido diferentes lugares del país en los que comparte la experiencia de un trabajo maratónico en su comunidad, con el fin de generar condiciones de vida digna para todas y todos aquellos con quien comparte ese pedazo del mundo en el que existe. A hoy, Jairo está amenazado por parte de diferentes grupos armados que se disputan el territorio y que siguen ganando terreno en escenarios estratégicos de la región. Para él, ser líder social no es algo que está determinado a hacerse solamente en el lugar en el que habita, sino que “eso es algo que me acompaña a donde quiera que vaya”.
Esto le ha expuesto a violencias, señalamientos y, sobre todo, a agresiones institucionales por parte del Estado, a causa de sus inoperantes y poco funcionales mecanismos de protección, debido a lo que él como líder social vive en la ruralidad de una región catalogada como zona roja. En diversas ocasiones ha solicitado protección al Estado, al igual que otros de sus compañeros y compañeras, sin embargo, la solicitud no ha sido oportuna, pues la burocracia, que se traduce en el tiempo que tardan los trámites y la exigencia de requisitos para procesar las solicitudes, llegan tarde, si es que llegan, o, en su defecto, llegan cuando ya no sirve de nada.
Dos veces Jairo ha solicitado ante la UNP protección. En su relato nombra todo aquello que lo ha atravesado en la penosa búsqueda de tranquilidad, esa que el Estado aún hoy no ha podido garantizarle: “La UNP se supone que ha sacado ese programa de protección especial a líderes sociales. La primera vez que yo solicité protección me asignaron un celular y un chaleco antibalas. La segunda vez me entregaron un chaleco, un celular y un subsidio de transporte. La mayoría de las veces la SIM card que le entregan a uno, no funciona para nosotros que somos de zona rural, y el solo hecho de tener un chaleco antibalas, y que los actores armados que se mueven en el territorio lo vean a uno con eso, lo que dicen es: ¿y ustedes por qué cargan un chaleco antibalas?
También en la UNP le dan a uno un papel, que, si a uno se le pierde, eso lo pone a uno más en riesgo. Entonces, cuando me entregaron el chaleco, me dijeron que me ponían a una persona para que me custodiara, pero dígame ¡yo qué voy a cargar un escolta aquí en el territorio! Sabiendo que estamos rodeados de diferentes actores, eso es para poner más la vida mía en peligro, la de mi familia y la de la persona que me pongan. Yo por eso digo que son pañitos de agua tibia. Incluso comunidades que han optado por medidas de protección colectivas, han estado devolviendo esas medidas, porque no se cumple con una medida de protección acorde a las necesidades del protegido. Yo personalmente le solicité a la UNP que por protección y por seguridad, me pusiera a escoger a mi escolta, pero no me lo aceptaron. Por ejemplo, los compañeros indígenas en eso tienen una ventaja, y es que ellos pueden buscar su esquema de seguridad, que son personas de mucha confianza, y eso, aunque a veces no resuelva muchas cosas, a uno le da más tranquilidad. Pero al final, ninguna de estas medidas cumple con las expectativas ni las necesidades reales de nosotros los líderes sociales. Hoy, la seguridad para nosotros los líderes está bastante jodido, porque corremos peligro en todas partes”.
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El escapulario con el Corazón de Jesús en el centro rodea el cuello de Alfredo*, esa entidad que espera que lo proteja de aquello que las instituciones no han podido. Sabe que una solución inmediata tendría lugar, sin embargo, su operación es ineficiente, así habla de la UNP. También reconoce que como líder podría ser perseguido por cielo y tierra, y que no hallaría un lugar para escapar de las sombras que aniquilan a quien ha decidido incomodar a través de la transmisión de otros mundos en el oficio educativo. “Un líder o lideresa es la piedra en el zapato de muchos políticos, también de los grupos de derecha o de izquierda”, lamenta en esta sentencia.
En esa incomprensión de lo que es “el objetivo de la labor social y de la acción pedagógica”, ha sido sujeto de violencias por parte de grupos armados. Hace poco tiempo fue extorsionado por llevar la minuta para el programa de alimentación escolar de los estudiantes y el combustible para la Institución Educativa en la que trabaja. Alfredo añade con una voz débil: “Creo que los bandidos y los grupos nos tienen identificados a todos los docentes y líderes del territorio, y aunque seamos muy carismáticos o amables, nadie debe confiarse de quien no tiene buenos pensamientos o sentimientos en su mente y corazón”.
En su narración, coincide con los demás testimonios en que pedir protección a la UNP no es una opción, puesto que sólo agudiza los riesgos a los que ya se encuentra expuesto, toda vez que no existe certeza de que será cuidada su vida. “Mientras esté en el territorio trabajando, no pediré ningún tipo de protección porque sería demasiado visible y llamaría más la atención, ponerme más en peligro no es una opción”.
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Carmen* es una mujer afrodescendiente que lleva 6 años ejerciendo como líder comunitaria en zona rural del Pacífico. Allí, se ha movilizado en defensa de la vida, la soberanía y la seguridad alimentaria desde una organización de mujeres y el Consejo Comunitario al cual pertenece. Por no quedarse inmóvil ante alguna injusticia o necesidad de su comunidad, se ha expuesto a amenazas de grupos paramilitares y guerrilleros: “Muchos me ven como una piedra en el zapato, una mala influencia para la comunidad, porque por lo que uno hace, los grupos armados siempre lo tienen en la mira a uno”. Desde su experiencia, resalta la inoperancia de entidades como la Defensoría del pueblo o la Personería: “Hemos tenido muchos casos de confinamiento y amenazas, y nosotros no hemos visto que ellos nos presten la atención debida a nuestros líderes y lideresas, a la comunidad en general. Allí no vemos respuesta alguna”.
Para ella no ha sido fácil ejercer su palabra y hacerse un lugar como mujer dentro de un mundo mayoritariamente masculino y en un territorio en el que triunfa el reinado del olvido. Tiene claro que, aunque no le guste escucharlo o pronunciarlo, está constantemente expuesta a las amenazas, a la muerte, al desplazamiento forzado y al confinamiento, siendo este último el que han vivido como comunidad casi a diario en los últimos años. Carmen manifiesta que se sienten “encerrados en nuestro propio territorio, porque no podemos desplazarnos con libertad a las labores ancestrales que siempre realizamos, porque ya ahí está la zozobra, está el temor constante que está ligado a las extorsiones, que por el hecho de uno ser líder o lideresa creen que uno está consiguiendo dinero, lo cual hace que muchos entonces dejen sus territorios por el miedo”. En su defensa, dice que el silencio y la quietud para ella no ha sido una opción, porque a veces vivir con estos es matarse en vida: “Vivimos porque nuestra esperanza y alegría es el sentido de unidad”.
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María José, una mujer de voz firme e ideas claras, es defensora de la vida y el territorio en el Suroeste Antioqueño. Habla con las manos, sostiene el fuego sobre ellas y camina con la convicción de que la vida merece estar en el centro de la esperanza. Nunca ha solicitado protección al Estado, sin embargo, en el camino de defender lo que es de todas y todos, se ha visto expuesta en dos ocasiones a ser querellada por la minera de cobre Quebradona SAS, filial de la multinacional minera AngloGold Ashanti. Esa ha sido la respuesta de la empresa ante las acciones de resistencia campesina, entre las que destacan la desinstalación de una plataforma para la exploración minera que fue puesta a espaldas de la comunidad.
La última querella data del 21 de diciembre de 2023. Junto a 60 personas más, entre las que se encuentran campesinos y campesinas, líderes sociales y ambientales, artistas y una religiosa de la comunidad de las Lauritas del municipio de Jericó, fue señalada por “perturbación por ocupación de hecho”. Asimismo, ha sido víctima de la estigmatización y perfilamiento por parte de trabajadores y simpatizantes de la multinacional de origen sudafricano que hace presencia en Colombia.
Por su liderazgo la han privado de participar en espacios de decisión y planeación, minimización y exclusión en los espacios de diálogo, tratos como “niña”, o el nulo acatamiento de sus locuciones, que demuestran lo que se ha configurado social y culturalmente en la historia como la asignación de unos lugares determinados para las mujeres en la esfera de lo público.
Tampoco ha sido legitimada su labor como comunicadora en medio de coyunturas del conflicto socioambiental por el cual se ha visto atravesada la subregión. Teniendo en cuenta que no hay un abordaje diferenciado de su lugar y ejercicio, sino una criminalización de estos. El acoso y el señalamiento en redes sociales también se vinculan a las múltiples violencias que ha tenido que sortear en la búsqueda de salvaguardar aquello que es más importante que el oro. Frente a la situación de los líderes y lideresas en el país comparte que: “Estos dos últimos años es un tema al que le hemos restado importancia en términos de opinión pública, sin embargo, por algunas noticias y organizaciones que reconozco, la violencia no ha cesado. No he sido consciente de nuevas estrategias o respuestas por parte del Estado para la protección de la vida de los y las lideresas sociales”.
Vivir para cuidar; cuidar para vivir
Aquellas voces de montaña, río, mar y selva, viven para cuidar y cuidan para vivir. Esto no supone un tránsito armónico entre el mundo real y los anhelos que tejen los sentidos de vida, a los cuales se aferran para que algún día no nos sigan proscribiendo las ideas que se mueren con los líderes y lideresas cuando se les apaga la vida, porque “si se calla el cantor, se calla la vida, muere la rosa”[1].
Para Alfredo, “ser un líder o lideresa social implica no tener vida familiar. Se corre el riesgo de ser secuestrado, torturado o desaparecido, dejando a su familia y a su comunidad a la deriva. Al ser acallado la comunidad queda sin dolientes”; para Jairo, “ser líder me ha implicado muchas cosas, además de exponer mi vida por mi comunidad, he expuesto a mi familia, he descuidado mi hogar, he perdido cosas materiales, mi trabajo, familiares y amigos”; para Carmen, “contra todo pronóstico me ha implicado una lucha constante por ver mi territorio libre para movernos con libertad y garantizar nuestros derechos como comunidad, siempre buscando que se nos respete la vida”.
Por último, María José plantea que las implicaciones van desde la dedicación de la mayor parte de su tiempo a las causas sociales, políticas y ambientales, la lucha con la exposición pública, los señalamientos, la carga emocional y las tensiones que derivan de sus procesos de participación. La pregunta por ¿quién cuida a los que cuidan? Siempre ha estado presente en las reflexiones sobre ese camino que multinacionales, grupos armados y el Estado se han encargado de romper desde diferentes esferas, ese mismo camino que sabemos seguirán rompiendo desde todas las aristas que les sea posible.
Ante la ausencia del Estado, otras formas de cuidado
Los mecanismos de autoprotección han sido formas contempladas y construidas por las mismas comunidades, lideresas y líderes. Hacer como pueden ha sido una constante a la hora de articular sus procesos sociales y permanecer con vida en medio de las políticas de la muerte. Alfredo evita ingresar al territorio por el sector que esté más peligroso, y, como los grupos armados se alternan, cuando hay alertas que ponen en riesgo su integridad, él se abstiene de ingresar. Sin embargo, esto supone también el destierro y la reconfiguración de los espacios vitales en lugares que no sienten como suyos:
“Los mecanismos de protección que la comunidad emplea para la protección de la vida es desplazarse a la ciudad o la comunidad más grande, y esperar a que el Estado brinde las garantías para el retorno. Algunas comunidades no han regresado y algunos jóvenes no pueden volver a sus territorios y les toca reorganizarse en otro espacio”.
De esta manera, Jairo se las ha ingeniado con los años, identificando escenarios de riesgo en los que cuenta que: “En algunos momentos me ha tocado abandonar la comunidad por algún tiempo para proteger mi vida. En otros que me han venido a buscar miembros de los grupos armados, la comunidad me ha negado, les dicen que no estoy, y también la misma comunidad en ciertas situaciones me ha hecho acompañamiento a algunos lugares a los que he necesitado ir”. Por su parte, María José ha recurrido a acciones como alertas tempranas de derechos humanos, la construcción de liderazgos colectivos y conscientes en el territorio, y la solicitud para que hagan presencia diferentes instituciones y organizaciones para evaluar las vulneraciones de derechos humanos que se han presentado.
Todas las voces coinciden en su reclamo para que los gobiernos municipales, departamentales y el Gobierno nacional generen un sistema de protección que tenga efectos reales y sea acorde a las necesidades y el contexto de los protegidos. Además, que la protección sea indefinida, pues Jairo predice que “los riesgos para los líderes y lideresas no se terminan o desaparecen en un país como este, por ello pedimos que se den respuestas pertinentes y oportunas”. Seremos entonces aquellas que insisten por la vida y así seremos vengadoras de la muerte. Nuestra presencia no será silenciada, acallada o querellada mientras desnudemos la tierra con las palabras para echar a brotar otras semillas.
*Los nombres de algunos líderes y lideresas fueron cambiados por solicitud de estos como medida de cuidado y seguridad
[1] Fragmento de la canción “Si se calla el cantor” de Horacio Guarany.
