Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 75)
Por: Caribe Investigación
- Victoria por la Vida
Una noticia que alienta la esperanza de la lucha campesina por la recuperación de tierras fue la victoria jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adquirir el predio Las Américas en Chimichagua, Cesar.
Se materializó luego de una larga disputa en la que estuvieron involucrados la poderosa familia de ganaderos del Cesar de apellido Rodríguez —vinculados al paramilitarismo—, la ANT y la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios.
Esta importante victoria es de carácter jurídico, político y al mismo tiempo simbólico porque contó con el respaldo del Gobierno, además porque antiguamente fungió como símbolo del poderío paramilitar en el centro del Cesar. No fue fortuito que casi 600 campesinos la rebautizaran “Nuestra América”.
El jefe de la familia Rodríguez, Hugues Rodríguez o ‘Comandante Barbie’ está condenado por promover el paramilitarismo en la región y contaba con el respaldo del alcalde de Chimichagua y la clase política tradicional del municipio, razón por la cual se negaron a entregar el predio a pesar de la sentencia de un tribunal en 2023 que ordenó devolver la tierra al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
No culminará el proceso con la entrega formal del predio porque los campesinos vinculados a la recuperación han recibido varias amenazas y el año pasado vieron a hombres encapuchados rondando la zona, según testimonios de líderes citados por el diario El País de España, en un reportaje publicado en diciembre de 2024.
Esta batalla se ha dado en el contexto de una lucha por la recuperación de tierras tanto en el centro como en el sur del Cesar, amenazas y asesinatos de líderes sociales y campesinos y la expansión de las AGC por el Magdalena Medio.
En abril del año pasado, las comunidades campesinas y recuperadoras de tierras realizaron la Movilización por la Vida, la Tierra y el Territorio en Tamalameque para demandar del Estado el cumplimiento de acuerdos sobre tierras y garantía para la vida de líderes sociales y campesinos.
- El germen paramilitar
A propósito de la victoria de Nuestra América, persiste en los medios regionales una peligrosa narrativa que criminaliza y estigmatiza las luchas agrarias, a la vez que santifica los “frentes solidarios ganaderos”.
En nota de prensa publicada por Radio Guatapurí el pasado 14 de febrero, el representante de los ganaderos del Cesar ante Fedegan, Óscar Daza Laverde, aseguró que la ganadería ocupa actualmente segundo lugar en el ranking de inventario de ganado en pie en el Caribe.
Daza Laverde también detalló sobre los obstáculos que sigue enfrentando la ganadería del departamento. Y es aquí donde debemos poner la lupa: “El año pasado implementamos un plan para la extorsión, el abigeato y también para la invasión de tierras, esos son los frentes solidarios de seguridad y paz que a través de Fedegan y de sus comités hicimos unos chats de seguridad que nos permiten en tiempo real reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en las fincas, en las invasiones estamos actuando con las brigadas solidarias”.
Con estas afirmaciones Daza Laverde reproduce la narrativa de Fedegan: estigmatiza los procesos de recuperación de tierra del departamento y los equipara con el abigeato y la extorsión, adicional a ello glorifica a los “frentes solidarios ganaderos”.
Esta figura de frentes solidarios comenzó a promoverla Fedegan en cabeza de José Félix Lafaurie a finales de 2023. Provocó un enorme rechazo en la opinión pública por los antecedentes de las Convivir y la vinculación de los ganaderos con el paramilitarismo en la década de 1990, sin embargo, siguen promoviéndola como iniciativa de seguridad independiente del estado.
- Acceso al agua
Uno de los temas que mayor conflictividad provoca en el Caribe colombiano está relacionado con el acceso al agua o el servicio de agua potable y alcantarillado. Dos noticias nos ayudarán a comprender lo que sucede.
El diario El Tiempo reseñó que Barranquilla fue una de las ciudades con mayor robo de agua al año en Colombia, mientras que Radio Guatapurí reportó que 24 corregimientos de la ciudad de Valledupar viven una crisis de agua potable sin soluciones a la vista.
Ambas noticias guardan relación. Primero porque parte del servicio de agua potable y alcantarillado en Colombia y el Caribe fue privatizado en la década de 1990, lo cual dejó al Estado como un espectador fiscal y regulador, mas no determinante y responsable para garantizar este servicio.
Los resultados no han sido iguales en todas las ciudades y regiones, de hecho las zonas rurales siguen rezagadas en cuanto al acceso al servicio, como sucede en los 24 corregimientos de la capital del Cesar o, con mayor impacto, en la Alta Guajira, donde mueren niños de sed. Tampoco han sido óptimos en términos de infraestructura y calidad.
En los cordones de miseria que se han levantado en las ciudades del Caribe es más notoria esta tragedia, lo que evidencia una contradicción mayor: un amplio sector de la población no solo es vulnerable económica y socialmente, sino que queda al margen del circuito de planificación urbana y, por lo tanto, del acceso al agua potable.
Contradicción que se acentúa aún más cuando vemos instalaciones como la del Cerrejón en La Guajira, que tragan 30 millones de litros de agua al día en promedio en un territorio semidesértico, en perjuicio de la población Wayúu, negra y campesina, y en detrimento de ríos y arroyos.
- ¿Agua para la IA?
Hablando de contradicciones en torno al acceso al agua, llamó poderosamente la atención el anuncio del presidente Petro sobre la inversión de Emiratos Árabes en un megacentro de inteligencia artificial (IA) en Santa Marta, capital del departamento Magdalena.
Sobre todo, por la construcción de un “sistema de desalinización de agua para mantener la refrigeración de los supercomputadores de última tecnología que ocuparán más de 30 hectáreas”, según explicó el Mandatario.
Sí, la Inteligencia Artificial es el presente de la dinámica mundial en todos los órdenes, pero Santa Marta enfrenta una crisis hídrica desde hace más de 40 años. Esto no significa que el Gobierno desatienda esta crisis, pero sí debe establecer prioridades y darle seguimiento a las promesas que hace.
Recordemos que, en noviembre pasado, durante una reunión celebrada en la Casa de Nariño con el Emir de Qatar, el presidente Petro le propuso a su homólogo estudiar la construcción de una planta desalinizadora de agua potable en Santa Marta. Y este anuncio se dio en el contexto de una crisis sanitaria por el rebosamiento del alcantarillado en la zona céntrica de la ciudad.
Para este último caso, el viceministro de Agua, Edward Libreros, y el alcalde, Carlos Pinedo acordaron la asignación de 31 mil millones de pesos para la optimización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (Ebar) Norte.
El Gobierno enfrenta dos problemas entonces: primero, hacerle seguimiento a las promesas y recursos asignados para resolver la crisis de servicio de agua y alcantarillado en la ciudad samaria; segundo, establecer prioridades en cuanto a los planes que se diseñen para la ciudad.
- El chantaje
Algunos gobernantes del Caribe se han convertido en unos chantajistas y vendedores de humo, solo así se explica el arrebato del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien anunció recientemente la polémica propuesta de “independizar” a la región Caribe.
Pote de humo u oferta electoral engañosa porque plantea este referendo de cara a las elecciones generales de 2026 con doble propósito: ocultar la complicidad de los dirigentes regionales en la crisis de Air-e y la crisis de seguridad que golpea a varias ciudades de la región.
Sobre ambos temas tienen responsabilidad compartida gobiernos locales, regionales y nacional, pero en el tema de las altas tarifas de energía los dirigentes actuales fueron cómplices de la administración Duque para que Air-e estafara a millones de usuarios; ocultaron y avalaron el negocio redondo que provocó la crisis actual.
En cuanto al tema de seguridad, la casa Char, con casi dos décadas detentando el poder en Barranquilla y el Atlántico, es corresponsable de la crisis de violencia que golpea fuertemente al área metropolitana de la capital.
El segundo propósito está relacionado con ambos temas. Están construyendo la narrativa de un Gobierno débil ante el crimen, a la cual presentan una solución (el retorno de política de seguridad democrática o mano dura de Uribe); y al mismo tiempo la del Gobierno ineficiente, mientras impulsan agendas ocultas para acentuar la privatización del servicio eléctrico y perpetuar la impunidad de Ríos Revilla, empresario antioqueño dueño de varias empresas de servicios públicos, entre ellas Air-e, intervenida por su inoperancia en el servicio eléctrico del Caribe
En sincronía con el anuncio del referendo por parte de Verano, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana pidió públicamente la cooperación de sus homólogos en Atlántico y Magdalena para financiar de manera conjunta los estudio de factibilidad del Tren Regional del Caribe.
El presidente Petro les mordió el anzuelo al responder en su cuenta X: “Con mucho gusto lo licito y dejo financiado su construcción”.
- SOS Sur de Bolívar
La crisis humanitaria en el sur de Bolívar sigue empeorando. Los enfrentamientos entre grupos armados provocaron el desplazamiento y confinamiento en 12 veredas de los municipios Montecristo y Santa Rosa, según una alerta reciente emitida por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Entre el 16 de enero y el 7 de febrero salieron desplazadas 754 personas, mientras que otras 667 se encuentran confinadas, según reseñó El Espectador al citar la alerta de OCHA.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta similar para los municipios Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde la última semana se han librado enfrentamientos entre disidencias, el ELN y las AGC, con cuatro desplazamientos y cinco poblaciones confinadas registradas durante 2025.
A pesar de la constante denuncia de las organizaciones sociales, dirigentes y líderes de la zona, el Gobierno Nacional no ha garantizado la seguridad para comunidades y liderazgos, ni mucho menos ha atendido las acusaciones de complicidad entre la fuerza pública y las AGC.
Durante 2023 los casos de desplazamiento y confinamiento se duplicaron, en 2024 casi se triplicaron, según reveló a la prensa el secretario de Víctimas de la Gobernación de Bolívar, Iván Sanes.
El caso de mayor impacto se registró en abril de 2024 cuando paramilitares asesinaron al dirigente campesino y presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Narciso Beleño, lo que provocó el rechazo de la comunidad defensora de derechos humanos del país y del mundo, y la denuncia del plan de incursión y control territorial de las AGC en esa región.
- Ola de inseguridad
Situación similar a la del sur de Bolívar viven las principales ciudades del Caribe, en lo que va de 2025 se siguen incrementando los niveles de violencia. Delitos como la extorsión y el sicariato están a la orden del día.
Por ejemplo, docentes del suroccidente de Barranquilla denunciaron intimidación y cobros extorsivos parte de una banda armada local, mientras que habitantes del barrio El Recreo de Cartagena bloquearon la Troncal de Occidente durante la noche del 12 de febrero para exigirle al gobierno local y departamental medidas urgentes para enfrentar la creciente ola de robos que amenaza la tranquilidad de los residentes.
Se lee también en El Universal de Cartagena que en cinco años se octuplicaron las extorsiones en Barranquilla, es decir, se multiplicaron por ocho, según datos recogidos por el Sistema Estadístico Delictivo de la Policía. Durante 2018 se reportaron 106 casos de extorsión, mientras que en 2023 se registraron 877 casos, esto sin tomar en cuenta los casos que no se registran por temor.
