Por: Juan Alejandro Echeverri
Ella estaba concentrada en las labores domésticas, la voz de su hija apareció repentina en la escena: “No me hable así, que me asusta”, la reprendió. Al igual que los dos hombres de chaleco verde que están en uno de los salones contiguos a la sede de la Asojuntas de La Gabarra, la mujer que confiesa la anécdota hace parte de la dirigencia comunal que hoy ni en su casa puede esconderse del temor a ser asesinada.
La escalada armada, que inició el 16 de enero con la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las Disidencias de las FARC, se ha colado en la intimidad de los hogares del Catatumbo. El nuevo capítulo violento, que vuelve a manchar las tierras de la región nortesantandereana, se desarrolla con metrallas y artefactos explosivos en veredas remotas y centros poblados dispersos, también con técnicas de terror psicológico que se esparce sin control. En grupos de WhatsApp, videos de TikTok y perfiles de Facebook se han difundido fotografías y montajes en los que se señala a hombres y mujeres de ser integrantes o cabecillas del ELN; el término “paraelenos”, pronunciado por el presidente Gustavo Petro en sus alocuciones y pronunciamientos en redes sociales, se ha convertido en la expresión utilizada para inmiscuir en un conflicto ajeno a quienes hacen hasta lo imposible por solucionar los problemas con la escuela, el centro de salud o la carretera.
Más de 30 líderes y lideresas que hacen parte del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISA), del Movimiento Social Festival del Río, de Juntas Unidas de Tibú, Sardinata y El Zulia, dirigentes de otros procesos, de asociaciones de víctimas, el defensor regional de pueblo para Ocaña, un diputado y otros pobladores, han sigo estigmatizados y amenazados en los montajes y panfletos que se propagan por las diferentes redes sociales. Esta fue una de las denuncias más reiteradas durante la comisión de verificación “abracemos al Catatumbo”, la cual visitó el municipio de Tibú, su corregimiento La Gabarra, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caño Indio, y las veredas Kilometro 25 y Caño Negro para documentar las afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que desde enero ha padecido la población civil.
“Estos falsos perfilamientos han generado un ambiente de estigmatización, no solo contra los dirigentes sino contra sus familias y procesos sociales, generando que muchas de estas personas se vean obligadas a restringir su movilidad o desplazarse de la región. Además, se pretende romper con el tejido comunitario generando un ambiente de desconfianza”, manifestó uno de los líderes del Movimiento Social Festival del Río, durante su intervención en La Gabarra.
“Desde los 14 años hago parte de la Junta de Acción Comunal. Nunca me he prestado ni para un lado, ni para otro. A mí me sacaron en esas fotografías que hoy en las redes están corriendo. Será que lo hacen porque nosotros, los presidentes de junta, nos paramos donde sea y reclamamos los derechos. Si uno habla de estas cosas, es posible que de aquí a mañana lo vayan a asesinar en la calle o en los caminos. Somos campesinos, queremos trabajar por el beneficio de la región. Me quedaré en el Catatumbo porque soy hijo del Catatumbo, no debo nada y no tengo por qué esconderme”, aseguró otro líder comunal en ese mismo corregimiento.
Los panfletos, le dijo a Periferia un líder del CISCA, son una estrategia para justificar el “aniquilamiento de una persona”. También para que sientan temor y se marginen de los procesos. Los presidentes, secretarias y delegadas de las Juntas de Acción Comunal son las neuronas humanas que mantienen vivo el tejido organizativo de las comunidades, son quienes desarrollan labores humanitarias en veredas que, quizás, ni aparecen en las cartografías oficiales de todas esas instituciones que componen aquello que llamamos Estado ausente. Son algunos presidentes, por ejemplo, los que han tenido que entregar el cuerpo de los asesinados a sus familiares, pese a que no sea su responsabilidad y pueda ponerlos en la mira de alguno de los bandos. O en el caso de la secretaria de junta citada al inicio de este texto, es ella quien recibe llamadas de personas desplazadas que le preguntan si pueden regresar, paisanos suyos que quieren volver a su tierra, pero cargan el lastre de ser señalados como trabajadores de algún grupo.
Los involucrados temen además que estos montajes sean utilizados para futuras judicializaciones y capturas. Hace unas semanas, Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander, fue consultado por el medio La Opinión sobre los paquetes de imágenes difundidos por WhatsApp y Facebook, a lo que el coronel respondió: “Hemos verificado que varias de esas fotografías son ciertas, coinciden con las indagaciones que llevan nuestros investigadores sobre algunas personas, presuntamente, relacionadas con estos dos grupos armados”.
Durante la comisión de verificación, las organizaciones afectadas solicitaron que en el informe final se le exigiera a la Fiscalía investigar estos delitos informáticos y develar quienes están detrás de ellos. Una de las abogadas del Equipo Jurídico Pueblos, organización de derechos humanos que acompaña el caso de varias personas amenazadas, aseguró que en varias reuniones, ese organismo les ha dicho que no tiene capacidad para investigar esas fechorías ni para adelantar otras indagaciones en el Catatumbo, mientras que el comandante Arévalo manifestó que estaban utilizando los panfletos cibernéticos como material probatorio para los expedientes. Contrario a lo solicitado, la Fiscalía por su parte ha insinuado que los liderazgos son quienes deben darles información, obviando el peligro que para ellos puede implicar. La incapacidad confesa genera ruido en la organización de derechos humanos, pues en el pasado la Fiscalía ha recurrido a interceptaciones telefónicas, entre otras estrategias, para desarrollar investigaciones profundas sobre los actores armados y lo que ocurre en la región fronteriza. Además, la abogada señaló que la negligencia se esparce por otras instituciones. Ante los pedidos de salvaguarda para las personas en riesgo, la Unidad Nacional de Protección les ha manifestado que tampoco tiene capacidad operativa, por lo tanto, les propuso a las organizaciones priorizar casos entre aquellos que realmente hacen parte del movimiento comunal y aquellos que integran la red de los grupos armados. Pese a la gravedad de la situación, y a la preponderancia que dice haberle dado el Gobierno nacional, las instituciones del Estado siguen siendo inoperantes y vectores que alimentan la mortal estigmatización.
El abandono no lo soluciona la conmoción interior.
Más de un mes ha pasado desde que el presidente oficializó la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, desde entonces poco y nada ha cambiado. Durante la comisión de verificación realizada la semana pasada, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) ratificó su rechazo a la medida, la que para la organización es un intento desesperado por materializar las promesas hechas al inicio del mandato. El Catatumbo, sospechan, es el experimento de una estrategia que podría implementarse en otras zonas del país que sufren crisis humanitarias igual de graves.
En la región prima el desconocimiento y las tergiversaciones del decreto de conmoción interior. En La Gabarra, la cacica del Resguardo Indígena Bari Catalaura exigió al gobierno socializar y detallar, en su territorio, las implicaciones de la medida. Por su parte, los líderes comunales con los que hablamos nos dijeron que algunas Juntas de Acción Comunal no se reunían porque creían que la conmoción interior se los prohibía, cosa que no es cierta.
Otras de las razones que motiva las críticas al decreto, es el temor a que las fuerzas militares encuentren una excusa “legítima” para cometer abusos y violaciones a los derechos humanos. Los liderazgos comunales de La Gabarra y sus veredas denunciaron que el ejército ha realizado capturas, en especial de población venezolana, sin respetar las garantías judiciales; ha hecho patrullajes nocturnos con uniformes no oficiales; y ha restringido la movilidad, tanto de personas como de combustibles y otros productos.
“La mayor inversión que ha hecho el Estado es en militarización. Nosotros queremos inversión en vías, en educación, para los artistas del territorio, inversión en esa conciencia que se ha perdido por la coca. Este gobierno dijo que iba a hacer el cambio, haga el cambio, haga la inversión, pero no con militares”, dijo otro joven integrante del Movimiento Social Festival del Río.
En su defensa, Gustavo Petro ha dicho que la conmoción interior le permitirá invertir 2,7 billones de pesos, un anuncio similar hizo Juan Manuel Santos, el 16 de enero de 2013, cuando notificó en su cuenta de Twitter la firma de un CONPES que destinaba alrededor de 1.6 billones para la región; al día de hoy, nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero.
El tiempo se agota, la crisis humanitaria apremia, y las proclamas van quedando en letra muerta. Los efectos positivos del decreto no son comprobables en la cotidianidad catatumbera. En Tibú, municipio donde permanecen desplazadas 135 personas en dos albergues, el personero dijo que solo tenía capacidad para recibir la declaración de cuatro víctimas al día. En La Gabarra, una mujer denunció que los habitantes están recibiendo facturas de luz que superan el millón de pesos: “Un señor que vende café por la calle, pagó el mes pasado 48.000 pesos. Este mes le llegó por 650.000 pesos. Yo arriendo un local, y me está llegando el recibo por un millón de pesos, me está llegando la luz más cara que el arriendo”.
El párroco del corregimiento también lanzó sus reparos, en particular a la estrategia con la que el Gobierno pretende sustituir la mitad de las 53.000 hectáreas que, según informes de la Policía, están sembradas con coca en el Catatumbo. Para ello, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito financiará proyectos productivos y pagará durante 12 meses el 90% del salario mínimo. Las personas interesadas tuvieron hasta el 5 de marzo para inscribirse en una página web diseñada por la dependencia. El lunes 3 marzo, en su segundo consejo de ministros televisado, mientras la comisión de verificación finalizaba su primer día de recorrido, Gloria Miranda, cabeza de la dirección de sustitución, no informó cuántas personas se habían interesado en la iniciativa, pero dijo que los inscritos hasta ese momento representaban alrededor de 3.000 hectáreas sembradas. “Ellos tienen que venir al territorio a reunirse, así como lo estamos haciendo hoy; sentarse con nuestros campesinos, hacerles la propuesta y que también escuche las propuestas de ellos. Yo sé que muchos quieren, pero que el Gobierno venga y les muestre cómo es la iniciativa y cómo deben hacer eso. La directora dio la cifra de campesinos que se inscribieron, pero no sé si será verdad o será mentira, porque un campesino cómo se va a inscribir si no tiene internet en su vereda”, dijo el párroco sobre la estrategia.
La propuesta no convence, porque los números no cuadran. Con el 90 % de un salario mínimo, aseguran en la región, es muy difícil arrebatarle un campesino al narcotráfico. Tras casi 3 años al mando, el Gobierno parece no haber entendido cómo funciona el negocio.
Pese a las críticas, y a los golpes de realidad, Petro ha decidido morir en su ley. El jueves 6 de marzo, el presidente y su gabinete en pleno fueron hasta Tibú para defender el decreto de conmoción, detallar las supuestas inversiones por venir, y transmitir en vivo la firma “simbólica” del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, una hoja de ruta construida con los alcaldes, las organizaciones sociales y los diferentes sectores.
Las dos colectividades campesinas que organizaron la comisión humanitaria fueron invitadas al evento a última hora. Ese día, la ciudad amaneció plagada de armas y militares, a los que la costumbre convirtió en una parte más del caluroso y caótico paisaje. Como es tradición, Petro se hizo esperar. La agenda de intervenciones, que debió empezar a las 11 de la mañana, se retrasó dos horas más. Días antes, al cierre del consejo de ministros, Petro aseguró que las organizaciones del Catatumbo estaban permeadas y subordinadas a las armas. Tanto el CISCA como ASCAMCAT, las dos colectividades campesinas más representativas, aprovecharon el evento para rechazar esas declaraciones.
Más allá de esos y otros reproches, lo que quedará para la memoria es un hecho simbólico. Al salir, una de las personas que estuvo en el recinto donde se desarrolló el evento, me mostró una foto en la que se veían muchas sillas vacías. Tal vez, la comparación entre la imagen de ese espacio vacío y el registro fotográfico de aquella multitudinaria asamblea cocalera que presidió Petro el 16 de diciembre de 2022 en El Tarra, puede ser la señal que necesitaba para darse cuenta que corre el riesgo de perder el último y más importante fusible que le queda: “el pueblo”; puede que tal vez no.
Queda un año y algo más de mandato, pero parece que la suerte está echada. Lo único cierto y concreto es que si arrecia el verano, el estero que da nombre a la vereda Caño Negro se secará, el comercio fluvial se paralizará, y los habitantes deberán tratar de canalizar la poca agua sobrante con costales llenos de arena en ambas orillas. La región condenada a la oratoria y los diagnósticos se sintetiza en el título de un libro que le gusta nombrar al presidente en sus sermones: el Catatumbo condenado a cien años —y quien sabe cuántos más— de soledad.
*Los nombres de las personas se omiten por seguridad y solicitud de los implicados.
