Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 81)
Por: Caribe Investigación
- La Paz “no da espera”
Organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron este 29 de abril “la grave situación que enfrenta la región Caribe, especialmente por el incremento de ataques contra liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos”, se asegura en un comunicado emitido en el portal de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
El exhorto de esta plataforma se da en medio de un contexto de degradación y vulneración sistemática de la seguridad de los liderazgos de la región. En menos de una semana fue asesinado Walberto Quintero Medina, vicepresidente de la Subdirectiva Cesar de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y directivo departamental del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal); también fue víctima de estigmatización y hostigamiento el defensor de derechos humanos José Humberto Torres, acusado de ser “enemigo de la paz” por el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La amenaza contra Torres ocurre luego de que este denunciara “los crímenes cometidos por dicha estructura armada contra las comunidades locales. Este tipo de señalamientos pone en riesgo su vida y constituye una afrenta directa al derecho a defender derechos”, advierten.
Suscrito por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y el Programa Somos Defensores, el comunicado precisa que “el Caribe colombiano continúa siendo una región históricamente olvidada por el Estado, con una limitada presencia institucional y una respuesta predominantemente militarista a problemáticas que exigen transformaciones sociales profundas, justicia territorial y garantías para la participación ciudadana”.
Desde Caribe Investigación acogemos cada línea, cada denuncia y demanda de este comunicado. Todos debemos trabajar por la defensa y el respeto de la vida como principio fundamental para el libre desenvolvimiento de los procesos sociales e individuales de los territorios, en paz y con justicia social.
Hace una semana advertíamos estamos ante la profundización de “un modelo de control social violento que lentamente se ha ido consolidando en el Caribe porque impacta no solo los liderazgos sociales y ambientales de territorios rurales, oprime, persigue, perfila, condena y amenaza a los sujetos sociales más vulnerables de la región: mujeres y jóvenes, tenderos, pequeños comerciantes, transportistas, líderes comunales, comunidades indígenas y afro”.
- Estigmatización
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron al ministro de Interior, Armando Benedetti, por acusar públicamente al personero de Ocaña, municipio de Norte de Santander, de ser sospechoso de ayudar a la insurgencia por cuestionar los impactos de las operaciones militares y del decreto de Conmoción Interior para el Catatumbo.
Este es el tercer señalamiento que un funcionario del Gobierno Petro (incluyendo al propio presidente) hace en contra de liderazgos, movimientos sociales y/o defensores, lo que limita las garantías y seguridad para el ejercicio de la defensa del territorio y de los derechos humanos.
Peligroso incluso que hasta la fecha ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni el de Interior se hayan retractado de sus señalamientos.
- Diálogo entre Kankuamos y Arhuacos
Lamentable y grotesca la agresión que sufrió el pueblo indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta a manos de unas 500 personas del pueblo indígena Arhuaco, que tuvo lugar en el predio Monte Sión, zona rural de Valledupar, en lo que se ha denominado una disputa por el territorio en cuestión.
La prensa registra la detención arbitraria de 20 personas (incluyendo niños) del pueblo kankuamo, y la destrucción de viviendas donde vivían más de 100 desplazados.
Todas las organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos e instituciones del Gobierno deben volcarse a atender esta situación y tender puentes entre ambos pueblos, que prevalezca el diálogo y el respeto mutuo como forma de resolución de conflictos, territoriales o de gobernanza.
- LGBTIQ+, vulnerables
Inició otra semana de dolor e indignación para la comunidad LGBTIQ+ con el asesinato del defensor de la fauna en Cartagena (Bolívar), Guillermo Arturo Galviz, quien fue atacado a disparos por un motorizado según testigos del hecho citados por Caribe Afirmativo.
“Este sería el caso número 34 de una persona LGBTIQ+ asesinada en Colombia durante 2025, y el cuarto en el departamento de Bolívar”, según registros del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo.
Si se compara con los asesinatos de líderes sociales reportados por INDEPAZ durante el año en curso (56), los casos de la comunidad LGBTIQ+ representan más de la mitad con un alarmante 60%.
Junto con las mujeres y jóvenes, es una de las poblaciones más vulnerables del Caribe colombiano.
- Solidaridad con los migrantes
Sorprende la falta de solidaridad expresada por Colombia con los cientos de casos de venezolanos deportados de manera ilegal e inhumana desde Estados Unidos, y posteriormente secuestrados en una cárcel de El Salvador.
Hoy la realidad nos da una bofetada, y también le hace un llamado al Gobierno de Petro, que guardó silencio cuando el atropello contra los venezolanos era más que evidente.
En el programa de televisión Señal Investigativa, conducido por Señal Colombia y Revista Raya, revelaron testimonios de venezolanos y colombianos presos en El Salvador bajo el régimen de Bukele.
Como se advirtió desde que comenzó la política migratoria de Trump, no solo los venezolanos serían víctimas de la xenofobia, el apartheid y la persecución, sino toda la comunidad migrante de la región, por lo que urgía que todos gobiernos del continente denunciaran la violación de derechos humanos en curso.
Enhorabuena, el presidente Petro solicitó al gobierno de Bukele devolver a sus países de origen a todos los migrantes secuestrados. El caso más atroz se conoció hace unos días, cuando la administración Trump secuestró en un centro de acogida a la bebé Maikelys Espinoza, de dos años, cuyos padres fueron deportados de Estados Unidos.
Los gobiernos de la región no deben esperar que la política migratoria de Trump trastoque los derechos de sus connacionales para reaccionar. Recordemos que en la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos, junto con la Iglesia católica y cubanos exiliados, llevaron a cabo la operación Peter Pan, con la cual robaron más de 14 mil bebé, niñas y niños de Cuba.
- Plan Pistola
No agregaremos mucho sobre el macabro “Plan Pistola” emprendido por la agrupación paramilitar AGC contra la fuerza pública en todo el país, con varios uniformados asesinados tanto en el Caribe como en el resto del país.
Con ello consolidan una política de terror que vienen sembrando en toda Colombia, lo que les hace más fácil seguir con su plan de expansión y control territorial, y limita las denuncias de violación de derechos humanos por autocensura o amenazas directas contra los denunciantes.
Asestan un golpe a la debilitada Paz Total del presidente Petro. Con ello logran posicionar la matriz de opinión de la derecha fascista colombiana: “mano firme, corazón grande”. Apuntan a la desesperanza de la gente para que el retorno de la seguridad democrática sea un hecho en las elecciones de 2026.
Ahora la gobernadora del Cesar, Elvia Milena, expresa casi de manera histriónica su preocupación por el Plan Pistola: “no podemos permitir que el pánico se apodere” del departamento, dijo hace unos días.
Desde hace rato las AGC operan en amplios territorios del departamento, incluyendo la zona rural de Valledupar.
- AGC en la Alta Guajira
Se conoció que el Grupo de Caballería Blindado Mediano Matamorros desmanteló este 28 de abril un campamento que presuntamente pertenece a las AGC en zona rural de Uribia, La Guajira.
Por denuncia de comunidades se sabe que las AGC intentan consolidar un corredor en la Alta Guajira, utilizando como fuerza tercerizada a la banda delincuencial Tren de Aragua, esto no solo complejiza la situación de vulnerabilidad del pueblo wayuu ante la incursión e imposición de los parques eólicos y de bandas de carácter narcoparamilitar, que van minando poco a poco la tranquilidad de todo el corredor fronterizo norte y de la ciudad de Maicao.
