Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 82)
Por: Caribe Investigación
1. Solidaridad con Sumain Wayuu
La vulneración de los derechos humanos en Colombia no se limita a las infracciones cometidas por el Estado o los grupos armados ilegales contra comunidades y liderazgos sociales y ambientales. Otras violaciones quedan al margen de las estadísticas, como sucede hoy con la comunidad Sumain Wayuu, asentada en la zona rural de Riohacha.
El pasado miércoles 7 de mayo quedó sin efecto la orden de desalojo que llevarían a cabo el Distrito y la Policía, gracias a un auto proferido unas horas antes por la Corte Suprema de Justicia. Esta ordenó suspender el proceso para garantizar los derechos humanos de más de 600 familias wayuu (1.200 mujeres y 620 menores de edad), mientras se resuelve de fondo la titularidad de un predio de cuatro hectáreas donde está radicada la comunidad indígena.
No se trata de un caso aislado. Hasta octubre de 2024 se habían ejecutado 14 órdenes de desalojo en otras comunidades vecinas, lo que provocó manifestaciones y movilizaciones de líderes comunitarios y comunidades en el municipio de Riohacha. Además, consiguió la solidaridad, el acompañamiento y la denuncia del senador Robert Daza, quien se ha pronunciado varias veces sobre el caso.
El pasado miércoles, el senador del Pacto Histórico hizo público en su red social X un comunicado de apoyo a la comunidad Sumain Wayuu y resumió lo que vienen denunciando los líderes de este proceso: la zona en conflicto es apetecida por poderes locales con el objetivo de desarrollar proyectos urbanos en áreas rurales, pasando por encima del derecho de familias indígenas, víctimas del conflicto armado y migrantes venezolanos, es decir, familias vulnerables.
El actual defensor del pueblo de La Guajira (e), el abogado Juan Camilo Morales Salazar, declaró la semana pasada que la comunidad en ningún momento ha desconocido el derecho de propiedad que tiene la ciudadana Idania Mindiola (titular del predio en disputa), pero enfatizó que “junto con su derecho a conservar y proteger la propiedad privada, hay otros derechos: los de esta comunidad que lleva muchos años asentada en la zona y que, además, ya había solicitado formalmente hace años la titularidad legal del territorio (desde 2024), sin obtener una respuesta favorable”.
Por último, rechazamos categóricamente el histrionismo del alcalde Genaro Redondo Choles y la falta de objetividad de medios locales y nacionales, que la semana pasada armaron todo un espectáculo en torno a este caso con la noticia del arresto de diez días ordenado por el Juzgado Tercero Penal Municipal contra el alcalde por presunto desacato a un fallo de tutela relacionado con la comunidad Sumain Wayuu.
Según el relato de la prensa, Redondo Choles es un buen hombre que no quiso respaldar la orden de desalojo por empatía con las familias afectadas. En realidad, desde 2024 ha sido uno de los artífices de los desalojos, como han denunciado los líderes indígenas tanto en la prensa como en la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República.
2. Informes sobre violencia
Todos los informes relacionados con la violación de los derechos humanos durante el primer trimestre de 2025 coinciden en describir un panorama bastante sombrío en amplias regiones del país, sobre todo en subregiones y en las principales ciudades del Caribe.
No hace falta detallar lo que está bien descrito en los informes o denuncias de la Defensoría del Pueblo, Indepaz, la Fundación Cordobexia, Caribe Afirmativo, PDHAL Sierra Nevada, la Revista Noche y Niebla del Cinepp, la plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, entre otros.
En un artículo publicado por El Espectador el pasado 8 de mayo, titulado Crímenes imperceptibles y paz territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta, firmado por el Grupo de Berlín (GIFK), se plantea una lectura que bien puede explicar lo que está sucediendo en el Caribe:
“Los investigadores del conflicto armado en el Caribe colombiano están llegando a la conclusión de que territorios como Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Fundación (todos del Magdalena) han vuelto a 1998 con la conformación del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Norte”.
Esta conclusión no es exagerada. Lo hemos advertido en varios análisis y artículos, como el publicado por Periferia Prensa. Lo cierto es que el ambiente de zozobra y temor en el que viven comunidades y líderes, tanto en zonas rurales como en ciudades, lamentablemente nos conduce al contexto del creciente paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2000, donde el control social y territorial fue el principal objetivo del Estado y las AUC, más allá de la supuesta lucha contrainsurgente.
En este sentido, resulta esclarecedora la edición 70 de la Revista Noche y Niebla, publicada hace apenas una semana. En su introducción, el investigador y defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno recuerda que el paramilitarismo actual no es más que la continuación del viejo proyecto paramilitar de décadas pasadas:
“Con su desaparición mediática, el paramilitarismo, lejos de desaparecer, se ha fortalecido fuertemente. Cuando se dieron las desmovilizaciones de estructuras guerrilleras (FARC), el paramilitarismo fue copando los antiguos territorios insurgentes”, escribe Giraldo.
Y vale aclarar que de esa “desaparición mediática” participaron agentes del Estado, medios tradicionales, políticos y analistas del conflicto armado. Pero el sol no se puede tapar con un dedo, ni se puede seguir maquillando la realidad con categorías absurdas que perpetúan la impunidad de los actores en el conflicto, incluyendo al Estado.
Al referirse al paramilitarismo de otras décadas, Giraldo explica: “Los más profundos analistas descubrieron que el objetivo central, al adoptar la estrategia paramilitar, era tener acceso a un instrumento ágil para aplicar los métodos más brutales del terrorismo de Estado sin que la responsabilidad de los actores deslegitimara al Estado.” ¿Acaso no aplica este mecanismo hoy?
Mientras amplios sectores del Estado y la sociedad, del poder mediático y académico asumen la tesis del paramilitarismo “como práctica del pasado, ya no vigente, sus objetivos y estructuras básicas persisten, y sus estrategias sofisticadas lo han hecho más invasivo y poderoso aún”, concluye Giraldo.
3. Tasa de seguridad
Muchas veces las pequeñas victorias saben a gloria. Desde el martes 6 de mayo el pago de la tasa de seguridad en las facturas de energía en el Atlántico será opcional por parte de los usuarios, de acuerdo con la empresa Air-e Intervenida.
Era un clamor ciudadano por dos razones. En primer lugar, por el desahucio que siente la gente desde hace más de dos años con los altos costos de la energía, y, en segundo lugar, porque desde sus inicios el cobro de la tasa de seguridad en el recibo de energía en el Atlántico fue rotundamente rechazado por la ciudadanía.
El vocero de la familia Char, el gobernador Eduardo Verano, no perdió tiempo y denunció que demandará la decisión de AIR-e intervenida. Y es que la recaudación de la tasa de seguridad se convirtió en un negocio porque, al menos en la realidad, no ha tenido ningún impacto positivo en uno de los departamentos más violentos e inseguros del Caribe y del país.
4. País rico, pueblo pobre
Como sucede con el resto de América Latina y del mundo, los beneficios de la economía llegan a pocas manos mientras la mayoría sobrevive en condiciones de precariedad.
La empresa barranquillera Tecnoglass reportó resultados récord durante el primer trimestre de 2025 y se consolidó como principal empresa exportadora. Los ingresos fueron de $222,3 millones de dólares, con un aumento del 15.4 % interanual.
La prensa lo celebra, mientras tanto, el Caribe sigue siendo, junto con el Pacífico, una de las regiones más pobres del país.
5. El apagón
Sorprendido debió quedar más de uno con la solicitud que hiciera el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para que Superservicios los ayudara financieramente para evitar un colapso energético en los departamentos Atlántico, Magdalena y La Guajira, debido a la deuda acumulada de AIR-e por 1,3 billones de pesos con las generadoras de energía.
Desde principios de año, el gremio de energía, el gobernador del Atlántico y alcaldes de varias ciudades de los departamentos mencionados, emprendieron una campaña de zozobra anunciando un “apagón energético” si el gobierno no cancelaba la deuda.
Lo que parecía un chantaje por parte del gremio se consumó en una súplica de salvación por parte del ministro y la agente interventora Diana Bustamante. Mientras el Gobierno sigue ensayando salidas, la incertidumbre crece en torno a AIR-e; para este año se estima un déficit de 2,8 billones de pesos, acompañado de una exposición en bolsa superior a 70 % para 2026.
En su carta, Palma también alertó sobre el posible incumplimiento en la senda de reducción de pérdidas eléctricas, lo que puede traducirse en una pérdida de ingresos estimada en más de 500 mil millones de pesos entre 2026 y 2029.
En definitiva, la intervención actual no logró revertir la crisis de AIR-e, que a su vez heredó una crisis acumulada por años de Electricaribe. Fue una pésima decisión. Pero hay que ser claros y recordar que el modelo de prestación del servicio actual es una trampa diseñada en la década de 1990.
Los operadores privados capitalizan las ganancias, el Estado regula (cuando lo hace o lo dejan hacer), la gente paga los platos rotos, y el Estado de nuevo (para eso sí reconocen su rol) debe asumir el desastre ocasionado por la empresa privada.
6. Gamarra
La justicia colombiana es selectiva e hipócrita. Se conoció la noticia sobre la condena a 60 años de prisión para los tres responsables del ataque incendiario a la Registraduría de Gamarra, Cesar, hecho ocurrido en octubre de 2023.
Y no negamos que se deba hacer justicia. Marca un precedente y eso es importante. El asunto es que la violencia política y los delitos electorales están suficientemente documentados y los responsables siguen detentando el poder como si nada. La impunidad es la reina de la justicia en Colombia, esa es la triste verdad.
