Por: Juan Alejandro Echeverri, con el apoyo en la reportería de Karen Cabrera
Cuando caía la tarde del jueves 8 de mayo en la seccional Palmira de la Universidad del Valle, Brayan Tovar, antiguo estudiante que desertó de las carreras de ingeniería eléctrica y contaduría, disparó un arma en la cafetería del campus. Sirley Vanesa López Loaiza, estudiante de octavo semestre de literatura y una de las dos jóvenes heridas en el ataque, murió el domingo 11 de mayo.
La fatalidad del acontecimiento provocó el revuelo que no han tenido otros hechos de violencia en la institución. “Hay muchas cosas que no se dicen. Otras que se saben, pero no se denuncian por el miedo que hay dentro de la Universidad”, asegura Berenice Celeyta, defensora de derechos humanos.
Nomadesc, la organización de la que hace parte Berenice, sufrió esa beligerancia que se apoderó de la sede principal en Cali. Para el 3 de octubre del año pasado, tal como lo hacen cada año, Nomadesc y otras organizaciones departamentales y nacionales tenían preparado un acto de memoria en conmemoración de Jhonny Silva Aranguren, estudiante de química asesinado por el ESMAD el 22 de septiembre de 2005 en la sede Meléndez. Berenice y sus demás compañeras llegaron temprano al campus central para preparar la logística, hacer una mándala, y encontraron la universidad cerrada y todas las puertas custodiadas por algunos estudiantes encapuchados. Por lo general, cuando hay manifestaciones o “tropeles” en la Universidad, son de público conocimiento sus razones. Esa mañana no entendieron muy bien lo que estaba pasando, en su análisis posterior concluyeron que la finalidad era impedir la actividad de memoria y exhibir el control y la fuerza de los grupos paramilitares al interior de la institución:
“Entendemos que desde hace algunos meses, Univalle viene siendo controlada por grupos vinculados a expresiones paramilitares urbanas y al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Grupos que han amedrentado a los estudiantes con amenazas directas y otras por escrito, también en las paredes, en los baños. Adicionalmente han vandalizado murales, por ejemplo, el de Johnny Silva. Son actos de borrar la memoria y reprimir cualquier posibilidad de juntar expresiones de la comunidad universitaria y del movimiento social”, explica Berenice.
La defensora de derechos humanos asegura que los hechos registrados en la Univalle están ligados al incremento de la conflictividad en la macrorregión del Suroccidente, que también sacude al departamento del Cauca, la ciudad portuaria de Buenaventura y municipios del centro del Valle del Cauca, donde operan grupos armados que se autodenominan de diferentes formas, pero hacen parte de una misma estructura paramilitar cuya finalidad es una sola: acallar las voces disidentes, imponer un pensamiento, generar miedo, silencio e inmovilidad en el movimiento social. “No es una cosa que haya aparecido de la noche a la mañana, es el reflejo de una transición de un conflicto armado que deviene en unas estructuras como las disidencias Jaime Martínez o Dagoberto Ramos, entre otras que muestran que la acción paramilitar está cada vez más viva en el territorio”.
Acallar el sindicato universitario
El pasado 27 de febrero, en horas de la tarde llegó un sobre a la oficina de la seccional Valle de Sintraunicol (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia). Estaba firmado por el Frente Jaime Martínez de las Disidencias de las FARC. Declaraban como objetivo militar a la mesa directiva y les instaban a que dejaran de participar en actos públicos y manifestar su apoyo a la reforma laboral y de salud impulsada por el actual Gobierno, además de reivindicar los derechos de los trabajadores y la educación pública. “Ese fue el hecho que marcó un antes y un después al interior de la organización y de la Universidad”, afirma Edison Méndez Giraldo, presidente de la subdirectiva.
Sintraunicol, organización con 62 años de existencia y uno de los sindicatos con mayor músculo organizativo de Cali, ya había recibido amenazas: en su momento de las Águilas Negras, también de las Autodefensas Gaitanistas, por primera vez de las Disidencias de las FARC. En su análisis de la situación, Edison dice que la convivencia en la Univalle ha ido de mal en peor desde el 2016. A la presencia de los grupos armados, el sindicalista le suma la falta de cohesión del movimiento estudiantil, puesto que existen facciones universitarias afines a grupos de poder como el Partido de la U, cuya cabeza es Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del departamento. La infiltración de la politiquería tradicional en la agenda estudiantil, plantea Edison, ha relegado a un segundo plano el pensamiento crítico y el debate sobre los problemas estructurales de la Universidad en materia de financiación, bienestar, calidad educativa, autonomía y dignidad laboral: “Las discusiones se circunscriben a temas de orden coyuntural y a escenarios previos a elecciones para representaciones estudiantiles”.
El directivo de Sintraunicol y las demás personas consultadas para este artículo coinciden en que la Universidad del Valle está sometida a los intereses del poder político regional, pese a que de los más de novecientos mil millones de pesos del presupuesto, el gobierno local aporta un porcentaje ínfimo. “Históricamente, quienes han controlado la administración municipal y departamental han controlado los cargos directivos [en la Universidad]. Se viven situaciones de corrupción histórica, como contratos a profesores que nunca han pisado la Universidad, pagos onerosos a investigadores que no se sabe ni su nombre, ni cuáles son sus productos de investigación. Son cargos o prebendas que se le dan a quienes han conseguido los votos para que estos gobernadores o alcaldes salgan electos”, plantea Berenice Celeyta, quien agrega que mientras las comunidades del departamento esperan conocimiento y ciencia en favor de los territorios, esa manipulación política y los pagos de favores se ven reflejados en informes técnicos y científicos hechos por la Universidad que avalan proyectos que afectan a las comunidades, como la minería, los puertos de aguas profundas, o el posicionamiento del monocultivo de caña como eje de desarrollo del Valle del Cauca.
Hace dos años, el sindicato decidió preservar su autonomía y no apoyar a ningún candidato en las elecciones a la rectoría. Por negarse a participar en las prácticas clientelares ya normalizadas, Sintraunicol dice haber sufrido la animadversión de la actual administración, así como de sindicatos minoritarios y grupos estudiantiles de extrema derecha que tienen acuerdos políticos con la actual directiva. Según Edison, secundados por la rectoría, estos grupos han desplegado narrativas de desprestigio en redes sociales, las cuales no responsabilizan a las directivas de los problemas estructurales que padece la institución, sino que señalan al sindicato como el culpable de que se rompa un tubo o que la atención en salud para los trabajadores sea deficiente.
“Somos conscientes de que nosotros no podemos hacer aseveraciones hasta tanto no tengamos las evidencias respectivas, sin embargo, estos comportamientos de ataque nos obligan a tener indicios de que puede existir una estrategia para debilitar a Sintraunicol y querer fortalecerse otros grupos. Por eso no descartamos que estos panfletos puedan estar también enmarcados en ese enrarecimiento y en querer limitarnos a nivel interno”, asegura Edison.
Unas semanas antes de que habláramos, la consejera presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se reunió con Guillermo Murillo Vargas, rector de la Univalle. La funcionaria le solicitó que implementara una estrategia de prevención para evitar que el clima de odio y de violencia se perpetuara y escalara a hechos fatales como el que ocurrió en la sede de Palmira. Aunque la rectoría tomó una serie de medidas ante lo suscitado por la amenaza a Sintraunicol, para Edison sigue siendo limitada la estrategia de convivencia y construcción de paz en la institución.
Marlene Alegría, fiscal de la subdirectiva del sindicato, también manifiesta su preocupación y recuerda que en 2023, por las épocas en las que estaban negociando un pliego de peticiones con las directivas, un grupo de encapuchados intentó tomarse la oficina del sindicato, ubicada en la sede Meléndez, donde también se encuentran las instalaciones administrativas de la Universidad. Teme que ahora, que también están negociando y su pliego ha sido difundido y mancillado en redes sociales, pueda ocurrir lo mismo.
Su temor no es solo por lo que pueda pasarles a ellos, sino también por las agresiones contra los vigilantes, especialmente a altas horas de la noche. Hace dos meses, cuenta, uno de ellos fue atacado con un casco: “Y nadie dijo nada, nadie hizo nada […] Yo voy a cumplir 30 años acá, y la situación en el campus Meléndez y San Fernando se volvió invivible, da miedo estar acá en la Universidad, uno viene porque la quiere mucho”.
Mural en homenaje a Jhonny Silva y el busto de Camilo Torres en el campus de la Universidad del Valle.
Los “anticapuchos”
Ad portas de cumplir sus 80 años de existencia, el aniversario de la Univalle y las actividades preparadas pasaron a un segundo plano porque las diferencias ideológicas no se saldan en los salones de clase sino con gestos simbólicos de odio. Hace aproximadamente un mes, algunos estudiantes encontraron vandalizados el busto de Camilo Torres y un mural del “Che” Guevara. El acto fue ejecutado por la “unidad anticapuchos”, expresión clandestina conformada por estudiantes con posturas de extrema derecha, que desde principio de año han perfilado y macartizado líderes estudiantiles a través de videos en Instagram y TikTok.
Valentina Azcarate, estudiante de sociología e integrante del colectivo de comunicación La Incendiaria, afirma que “nosotros teníamos conocimiento de que existen grupos estudiantiles que responden a la derecha, y sabemos que hay vínculos directos de grupos estudiantiles con el Partido de la U. Pero nunca habían sido acciones simbólicas tan violentas. Se habían presentado algunas discusiones en espacios asamblearios, pero de la manera y de la forma en la que se están organizando en este momento, no”.
La trazabilidad del problema permite descartar la hipótesis de que la profanación de símbolos representativos para el movimiento estudiantil, son hechos aislados. En marzo del año pasado, después del lanzamiento de la primera revista del colectivo al que pertenece Valentina, en las paredes del campus central aparecieron mensajes anónimos que señalaban a sus integrantes como miembros de la guerrilla del ELN.
A la par, el actual alcalde Alejandro Eder y concejales del Centro Democrático azuzaron los ánimos posicionando una narrativa según la cual debían recuperar Cali de los vándalos y los encapuchados de la Univalle. Desde hace un buen tiempo, en la Universidad se sabe que los jueves posiblemente haya enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los “capuchos”. Eder intentó reprenderlos, a todos los y las estudiantes por igual, cerrando desde temprano las estaciones del sistema de buses públicos Mio aledañas al campus, incluso a veces lo aplicó los miércoles y los martes, dejando sin movilidad a miles de estudiantes. La estigmatización contra la Universidad caló incluso en las directrices del centro comercial Unicentro, ubicado al frente de una de las entradas principales de la sede principal. Según Valentina, los estudiantes han denunciado que los vigilantes de Unicentro persiguen y sacan del establecimiento a los jóvenes solo por ser estudiantes de la Univalle.
Las directivas de la institución también caldearon los ánimos. Luego de que fuera quemado un bus del Mio y se desarrollara una manifestación al interior del campus el pasado 18 de marzo, Valentina asegura que “por primera vez en la vida, el rector saca un comunicado rechazando la existencia de grupos clandestinos dentro de la Universidad”. Días después, el Consejo Académico también se pronunció incitando a que la comunidad universitaria tomara acciones contra los encapuchados.
En los primeros meses del año, El País ha hecho eco de los planteamientos según los cuales la Universidad vive un estado de ingobernabilidad a causa de los “capuchos”. Un profesor que pidió reservar su nombre le dijo al principal medio de Cali y del departamento que entre los encapuchados había personas vinculadas a milicias y disidencias. Esa construcción del enemigo interno al interior de la Univalle, cuenta Valentina, se refuerza en el aula con los comentarios de profesores que celebran y aplauden la existencia de la “unidad anti capuchos”. “Nosotros ahora le encontramos más sentido con lo que está pasando, y es que hay un profesor que se llama Álvaro José Pretel Meneses, él está dando clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, y además es subsecretario de seguridad de la Alcaldía. Nosotros ahí vemos un signo de alarma y de preocupación”, dice la integrante del colectivo de comunicación La Incendiaria.
Aunque aseguran que su propósito es erradicar los encapuchados de la Universidad, la nueva “unidad anti capuchos” y los grupos de extrema derecha han aprovechado el clima de repudio para señalar y arremeter contra el grueso del movimiento estudiantil de izquierda. Respecto a los grupos clandestinos que recurren a la acción directa como método de protesta, Samuel Henao, otro de los integrantes de La Incendiaria, plantea que si bien su ejercicio ha perdido fuerza en términos organizativos y pedagógicos, la vigencia de esa expresión está ligada a conservar en la memoria fechas históricas como la del estudiante caído, entre otras: “Que estas expresiones hoy en día sigan siendo parte de nuestro cotidiano, significa que aún existen muchos cuestionamientos que deben hacerse a nivel estructural, tanto a la institución universitaria como a las situaciones que pasan a nivel ciudad. Lo que está pasando tiene que ver con que todos los músculos políticos universitarios, incluyendo los que salen a la acción directa, están volviendo a reorganizarse y tratando de construir una coordinación universitaria. Eso es lo que empieza a generar estos signos de acciones violentas […] Porque no solamente es un sector universitario que está cumpliendo un papel para generar una opresión de estigmatización sistemática, sino que esto está siendo el puente entre las disputas nacionales y locales. Por ejemplo, María Fernanda Cabal [senadora del Centro Democrático] ha aprovechado para hacer campaña política dentro de la universidad, promoviendo su discursiva de “jóvenes cabal” y de derecha”, complementa el estudiante de biología y representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
Berenice Celeyta coincide con las motivaciones electorales que explican parte de lo que hoy está sucediendo en la Univalle. La defensora de derechos humanos señala que no solamente en el Suroccidente, sino en todo el país, la época preelectoral trae consigo un escalamiento de los diferentes repertorios de violencia. Una de las instituciones de educación superior con mayor número de estudiantes, dice ella entonces, no podría ser ajena a ese temporal, sobre todo cuando en los últimos años floreció una narrativa epistémica en favor del cambio social y todas las iniciativas que en parte dieron origen al actual Gobierno: “Esos estudiantes no se ven como el futuro de Colombia, sino como votos posibles, entonces tienen que llegar a ese gran universo de personas para cambiarles su forma de pensar o su forma de participar políticamente […] Quienes están interesados en recuperar el poder que han perdido, tienen una única manera de actuar, y su única manera es a través de la amenaza, la persecución y finalmente la ejecución de acciones que debilitan cualquier movimiento social”, anota Berenice.
Lo más paradójico de todo es que quienes señalaron a Samuel de ser reclutador del ELN durante las elecciones estudiantiles del año pasado, fueron estudiantes que antes habían hecho parte del movimiento estudiantil y fueron cooptados por la administración actual y los intereses políticos que ella representa. Además de ver pintado su nombre en las paredes, ser perfilado a través de videos en redes sociales, el representante estudiantil ha sufrido agresiones físicas de mujeres que son instrumentalizadas por los instigadores del odio.
Hoy Samuel es blanco de ataques por las denuncias que osó hacer, tanto para salvaguardar su buen nombre como para develar la corrupción en la Universidad. Según sus pesquisas, el actual rector hizo un acuerdo político con un sector estudiantil: a cambio de votos, les entregó alrededor de 90 monitorias, violando la normativa institucional que reglamenta cómo es que deberían ser otorgadas.
Mientras que el alcalde Alejandro Eder insiste en que el ingreso de militares y policías al campus universitario soluciona todos los problemas de la Univalle, y la rectoría se desentiende del clima de odio que ronda por las instalaciones, colectividades como La Incendiaria insisten en que se solucionen problemas estructurales democratizando los espacios decisorios y de poder, tanto estudiantiles como administrativos, que han estado mediados por agendas políticas paralelas de los partidos políticos tradicionales; dándole viabilidad a los miles de millones con los que podrían mejorarse los laboratorios y las instalaciones que los estudiantes habitan todos los días; y ampliando un comedor universitario colapsado, que funciona en las mismas condiciones de hace 20 años, donde hoy “la gente está peleando por quién entra a comer primero”.
Denunciarlo, aun con miedo
Existen razones suficientes para preocuparse. Samuel es consciente de que su integridad, como la de otras personas, incluso la de sus familias, se pone en riesgo a consta de posicionar narrativas y candidaturas políticas conservadoras de extrema derecha. “Creemos que no nos van a dejar hacer política electoral, así como se hizo hace cuatro años. Todas estas acciones van encaminadas a imposibilitar que las organizaciones estudiantiles y populares tengan la capacidad de seguir ocupando escenarios de poder institucional […] No queremos que la narrativa siempre termine siendo que el aparato de poder nos persigue y nos estigmatiza. Los estudiantiles de izquierda seguimos trabajando, contraponiéndose al terror que vienen construyendo. Seguimos respondiendo con arte, cultura, articulación, movilización y pedagogías populares, esa seguirá siendo nuestra bandera de lucha para el contexto actual y los que vengan”, asegura el integrante de La Incendiaria.
Por su parte, Berenice Celeyta también reconoce que la situación es “crítica”. Entre febrero y marzo pasado, no solo recibió amenazas Sintraunicol, también los trabajadores sindicalizados de la Empresa de Servicios Públicos EMCALI, quienes han denunciado por años la corrupción de la empresa, especialmente en el sector energético; también la subdirectiva de Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINAILTRAINAL), quienes han padecido las consecuencias de protestar contra la violación a los derechos de asociación por parte de la multinacional Nestlé; incluso Nomadesc recibió mensajes intimidantes.
La amenaza, plantea ella, no distingue sectores. Todo el movimiento social, entonces, debe anticiparse a la violencia innata de las épocas electorales, en especial ahora que los sectores populares han ganado espacios de participación política. La respuesta al riesgo no debe ser la inmovilidad. Berenice plantea que las colectividades y organizaciones deben invertir energía en la exigibilidad y construcción de estrategias de protección y autoprotección, además de darle continuidad a los mecanismos jurídicos y políticos, pero, sobre todo, “elevar una gran voz nacional. Identificar que hay un modus operandi, que todas las organizaciones de alguna manera estamos padeciendo la misma situación por parte de los mismos actores, y que detrás de eso hay unas formas que se están aplicando tanto en La Guajira, como en el Amazonas, en Arauca, en Nariño o el Suroccidente […] Una herramienta del movimiento social y de las organizaciones de derechos humanos siempre ha sido levantar su voz, movilizarse, y develar lo que está sucediendo; develar esas estructuras, ponerles nombre, decir donde están y quiénes son aun con todo el miedo que ello implica,”.
*Periferia envió un cuestionario a la Rectoría de la Universidad del Valle, pero hasta el momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.
