Por: Natalia Bedoya Alcaraz
El jueves 14 de mayo, Mandinguilla, corregimiento de Chimichagua, César, estaba a unos 36 grados. Mientras montaban el escenario y las carpas en la plaza central, la Junta de Gobierno del Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) de la ciénaga La Zapatosa inició la reunión previa a la audiencia pública de formalización, reconocimiento y constitución de la primera territorialidad campesina de este tipo en el Caribe colombiano. En ella hicieron la primera exposición de su Plan de Vida Digna frente a las y los representantes del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su Unidad de Gestión Territorial, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), la Unidad Solidaria, la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, y el SENA.
Posteriormente, se desarrolló el evento oficial al que asistieron alrededor de 700 campesinas y campesinos de procesos recogidos en la propuesta, liderada y formulada por la Comisión por la vida digna, la tierra y los territorios y el Coordinador Nacional Agrario (CNA). Dicho plan fue construido colectivamente por las comunidades a través de diversas estrategias propuestas por la Comisión, que incluyeron talleres, grupos focales, fichas socio-productivas, encuestas comunitarias y recorridos territoriales en 2024 y lo que va del 2025.
“No fue fácil, a mí a veces me daba hasta pena con la gente cuando hacíamos la exposición porque me decían «eso es mentira», por el engaño que traemos desde atrás, desde nuestros tatarabuelos, de los gobiernos diciéndole a la gente que sí, y nunca nada. Pero hoy el 80% de esta comunidad tiene conocimiento, usted le pregunta aquí a un niño, y si quieren hagan el ejercicio, qué es el TECAM y todo el mundo lo conoce”, expresó uno de los voceros de la junta para la reunión.
De esta manera se le dio forma a la propuesta, hoy conformada por 60 procesos organizativos presentes en 9 corregimientos de los municipios de Chimichagua y Astrea, divididos en 7 zonales: Zona Céntrica, Zona Cítrica, Zona La Montaña, Zona Playón 1, Zona Playón 2, Zona de las recuperaciones y la lucha campesina, y Zona de Astrea. En ellos convergen 33 Juntas de Acción Comunal (JAC), 26 asociaciones de familias campesinas recuperadoras de tierra, campesinado sin tierra, afrodescendientes, víctimas y mujeres y un comité comunitario, que hacen de la territorialidad un mapa de aproximadamente 47.871,4 hectáreas alrededor del complejo cenagoso La Zapatosa, uno de los más grandes e importantes a nivel continental.
Según Nadia Umaña, coordinadora nacional del equipo TECAM, el propósito de la reunión previa y la audiencia pública fue avanzar en acciones concretas para la materialización del plan mencionado, que, como está definido en la legislación colombiana, es el instrumento de planificación y organización a partir del cual las comunidades planean garantizar la permanencia en el territorio, la soberanía alimentaria, el cuidado y conservación del patrimonio cultural y ambiental, la transformación de conflictividades rurales y la superación de necesidades a corto, mediano y largo plazo.
En el caso del primer TECAM del Caribe, está dividido en cuatro ejes centrales: derechos para la vida digna, protección de la naturaleza y los bienes comunes, tierras y economía campesina y pesquera y, por último, organización comunitaria, autonomía y gobierno campesino. En este plan de vida se expone grosso modo programas y proyectos para cada eje, que están, en algunos casos, relacionados con iniciativas gubernamentales como el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina y programas como “Producción para el Bienestar”, “Fertilizantes para el Bienestar”, “Bienpesca”, entre otros.
Las necesidades más urgentes, según los argumentos expuestos durante el evento, tienen que ver con la garantía de derechos como la educación con enfoque agroecológico, la vivienda, la salud y saneamiento básico y el mantenimiento y adecuación de las vías terciarias. Las comunidades denuncian que una de las problemáticas más preocupantes es el poco acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y alcantarillado. Además, necesitan centros de salud eficientes y ubicados estratégicamente en sus territorios para no tener que desplazarse a los municipios principales, así como vías adecuadas para la comercialización de productos como la yuca, el mango, el plátano y el mafufo que se producen por toneladas y, según ellos, significan millones de pesos perdidos cada año porque no pueden ser comercializados ni transformados por ellas mismas.
“Les quiero manifestar a ustedes, representantes de las instituciones y de los diferentes ministerios, que nosotros aquí en el Territorio Campesino Agroalimentario estamos listos, todo depende de las instituciones, de las ayudas para empezar a producir. ¡Empecemos!”, expresó alguien en la reunión.
Por otro lado, se planteó la urgencia de otras iniciativas en el corto plazo relacionadas con la autonomía económica para las mujeres campesinas y el fomento de su participación política y decisoria. Con ellas se aspira aumentar el porcentaje de mujeres en las directivas de las JAC del TECAM, que por ahora es del 15%; así como el porcentaje de mujeres en las directivas de las asociaciones campesinas mixtas del TECAM, que es del 28%. Para esto proponen ejercicios pilotos de cajas de ahorro de mujeres y comprometen a entidades como el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Agricultura, la ADR, el SENA y los respectivos gobiernos locales.
Así como lo expusieron las vocerías femeninas: “Las mujeres tenemos derechos también y hemos sido atropelladas por la violencia. Cada día solamente se escucha por las noticias feminicidio por aquí, feminicidio por allá. ¿Por qué? Por la dependencia que muchas de nosotras tenemos hacia los hombres; pero nosotras también tenemos iniciativa. ¿Dónde están las mujeres empoderadas? Están aquí. Si el Gobierno nos apoya con proyectos productivos, créalo que vamos a brindarle a nuestras familias un mejor futuro y que va a cambiar ese estilo de vida de ruina que llevan las familias y las mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado.”
El acceso a tierras, por supuesto, fue un punto crucial en los encuentros. Como último eje del plan de vida, resuena en los oídos de campesinos y campesinas que, en muchos casos, son también recuperadores y recuperadoras de tierras como La Oficina, Santo Domingo y Nuestra América. La audiencia, de hecho, fue escenario de festejo al recibir la noticia de que estos tres predios fueron ganadores de la convocatoria “Sembrando vidas” de la ANT que pretende incentivar proyectos productivos dentro de estos territorios y que les promete 2.100 millones de pesos representados en insumos, semillas, asistencia técnica y empresarial Así mismo, la Comisión anunció y celebró el avance en la adjudicación definitiva de dos de los predios en cuestión, lo que significa un paso adelante para convertir a sus comunidades en dueñas legítimas y legales de la tierra.
Sin embargo, más allá de las buenas nuevas, en la reunión previa con la junta, quedaron claras ciertas demandas sobre el tema:
“La Agencia Nacional de Tierras habla del acceso a tierras, pero nosotros le complementamos: acceso a tierras que no genere conflictos. Precisamente para el TECAM lo más fundamental es la tierra, porque si no hay tierra no se puede sembrar (…) Nos parece fundamental que las instituciones entiendan, porque el campesinado sí lo entendió. El campesinado se organizó antes de que llegara este Gobierno, y cuando llegó el Gobierno del cambio le apostamos a ese cambio, porque creímos en eso, entonces, ¿cómo es posible que la ANT demore más de un año, dos años, tres años para entregarle una escritura al campesino? Eso no permite que la ADR invierta en esos predios, entonces terminamos los campesinos recibiendo actas de entrega provisional que nos limitan y de alguna manera nos obligan a sostener un predio de 2.000 o 3.000 hectáreas. Esto no cabe en ninguna mente racional. Al liderazgo campesino de todos los territorios terminan victimizándolo. Esto tienen que entenderlo las instituciones del Estado, tiene que haber inversión y tiene que haber celeridad en los procesos de entregas de tierras, más allá de entrega de titulación, para que pueda venir la inversión.”
Según los campesinos y campesinas el acceso a tierras, en muchos casos, no ha llegado hasta la formalización y, en otros, se dan situaciones como la adjudicación de un mismo predio a dos comunidades distintas. Así, proponen una lectura profunda de lo que esto significa dentro del plan de vida, que incluye una atención comprometida de parte de las autoridades competentes, pero también darle un lugar a su idea de Plan de Ordenamiento Territorial alrededor del agua. Para ellos y ellas, la posibilidad de tener predios adjudicados se convierte también en la posibilidad de la recuperación, el cuidado y la preservación de los ecosistemas diversos que habitan, entre los que hay bosques, playones y ciénagas.
Respecto a esto, señalaron que es necesario que se reactiven los Comités de Reforma Agraria y que las entidades las y los tengan en cuenta antes de entregar cualquier predio. De esta manera, la petición pasaría por dichos comités y las juntas de gobierno de los municipios en los cuales hacen presencia, “porque quien conoce la necesidad real y la ubicación real del campesinado en el municipio es el campesinado que está en el municipio”.
Por su parte, además de sus firmas en el acta, los y las funcionarios de las instituciones no fueron más allá de intervenciones predecibles y en apoyo a la causa. Aun así los líderes y lideresas lo dejaron claro: “En este Gobierno se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, y qué bien por nosotros, ¿verdad? Pero como sujetos de derechos, nosotros necesitamos que esos derechos no queden solamente en el papel, sino que se ejecuten.”
