Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 117)
Por: Caribe Investigación
1. Problema estructural
La reciente inauguración de dos hospitales en los municipios Manaure y Nazareth del departamento La Guajira abrió de nuevo el debate sobre el abandono estatal al que ha sido sometido el territorio durante décadas, a pesar de ser una de las despensas energéticas del país y contar con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.
Y es que durante años el departamento ha venido arrastrando una crisis humanitaria que afecta a las poblaciones más vulnerables, sobre todo al pueblo Wayuu en lo que tiene que ver con la falta de acceso al agua potable, salud, seguridad alimentaria o participación en el diseño de políticas para superar esta crisis.
En este sentido, la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia declaró que en La Guajira existe un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la violación masiva y generalizada de los derechos fundamentales de la niñez wayuu. Esta grave crisis humanitaria, según explica la sentencia, es el resultado de fallas estructurales del Estado: ineficiencia de las políticas públicas, falta de coordinación entre el gobierno nacional y local, carencia de infraestructura básica para garantizar una vida digna a sus habitantes.
Otro componente determinante a la hora de evaluar este tema es el de la corrupción institucionalizada en el departamento, con componentes netamente regionales, donde la impunidad es clave para entender cómo han saqueado al departamento sin que casi nadie pague por ello. Vale recordar que en casi 25 años La Guajira tuvo al menos siete gobernadores condenados por corrupción, quienes en promedio solo ejercieron el cargo por dos años y medio.
Un dato adicional es revelador. El año pasado, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló la magnitud del problema: entre 2010 y 2023 se registraron 922 delitos contra la administración pública en La Guajira. Solo 16 % terminó en capturas y apenas 2 % en condenas. Esto significa que más del 97 % de los casos permanecen en impunidad absoluta: 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación, 899 sin condenas, como contamos en este artículo (Para ampliar le recomendamos leer: La inestabilidad institucional como estrategia para robar en La Guajira).
Se entiende entonces que la Corte Constitucional emitió la Sentencia T302 luego de analizar las raíces estructurales de la pobreza y la muerte por sed y hambre en La Guajira, y que superando estas con políticas públicas puede el departamento salir de ese estado oprobioso al que ha sido sometido.
¿Qué ha cambiado?
Al término del mandato de Gustavo Petro, ¿qué ha cambiado para los guajiros y los Wayuu? ¿Es posible que la percepción sobre el Gobierno Nacional y el Estado haya cambiado? ¿Cambiarán los políticos de siempre el discurso acomodaticio de condenar al Estado sin evaluar sus propias responsabilidades?
No tenemos la respuesta, y es probable que el gobierno Petro se haya quedado corto en inversiones para revertir el Estado inconstitucional de cosas; sin embargo, hagamos el ejercicio de lo que se ha hecho en los últimos cuatro años en distintas áreas.
El pasado 13 de junio, el presidente Gustavo Petro hizo entrega oficial del nuevo hospital de Nazareth, una obra que demandó una inversión aproximada de 45.000 millones de pesos. A la par, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, inauguró el nuevo hospital de Manaure donde se invirtieron 90.000 millones de pesos. Ambos hospitales están diseñados para atender a más de 100.000 personas.
Según cifras aportadas por el Ministerio de Vivienda, al corte de enero de 2026, “habitantes de los 15 municipios de La Guajira se han favorecido con las inversiones superiores a los $803 mil millones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las cuales han beneficiado a más de 213 mil personas”.
En cuanto al acceso al agua y saneamiento básico, el Gobierno ha ejecutado 264 rehabilitaciones por $87.967 millones en los municipios de Albania, Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Igualmente, se encuentran en ejecución 32 proyectos por valor total de $449.005 millones para la construcción de 10 pilas públicas, 15 rehabilitaciones, 5 acueductos y 2 alcantarillados.
A febrero de 2026, según datos aportados por el Gobierno, el departamento La Guajira pasó de registrar 96 casos de muertes infantiles por desnutrición en 2022 a 31 en 2025. Por primera vez en la historia reciente, durante el mes de enero de 2026 no se registraron muertes de niños por desnutrición en el departamento. Las muertes infantiles totales (por todas las causas) pasaron de 487 en 2022 a 276 en 2025, lo que representa una reducción del 43.3 %.
Es probable que en otras áreas el Gobierno tenga un pésimo o accidentado desempeño. Por ejemplo, los índices de inseguridad han subido y es evidente el impacto humanitario que ha dejado el trasegar y la presencia de organizaciones paramilitares y la delincuencia organizada en el departamento. En cuanto a la transición energética, Petro tampoco terminó de destrabar la conflictividad manifiesta en la Alta Guajira por cuenta de la imposición de un modelo extractivo (energías eólicas) que en nada beneficia a los Wayuu.
No pretendemos hacer una lista detallada de obras e inversiones recientes en La Guajira. Seguramente quedarán por fuera datos importantes, así como fallas que se siguen presentando, pero los datos y la realidad son más que evidentes: el Gobierno Nacional se volcó al departamento para tratar de revertir la crisis humanitaria declarada en 2017.
Esto sin mencionar que la Corte Constitucional, en octubre de 2023, declaró inconstitucional el decreto que declaraba el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento La Guajira, con el que el Gobierno intentó estructurar una política de atención más robusta.
2. Pobreza monetaria
Según cifras recientes del Dane, Santa Marta registró en 2025 un índice de pobreza monetaria de 28,6 %, lo que la convierte en la duodécima ciudad capital con mayor pobreza en el país, por encima del promedio nacional (28,0 %). En la región Caribe, la capital del Magdalena ocupó la segunda posición con mayor pobreza, solo superada por Barranquilla (28,4 %), y por debajo de otras capitales como Montería (30,7 %), Cartagena (34,6 %), Valledupar (40,2 %), Sincelejo (43,3 %) y Riohacha (45,4 %).
En el caso de la capital vallenata, la pobreza monetaria se ubicó en 40,2 %, lo que representa una reducción de 7,3 puntos porcentuales frente a 2024 y ubica a la ciudad como la segunda con mayor disminución en todo el país. Esto significó que 36.646 personas superaron esta condición, pasando de 238.450 a 201.804 ciudadanos en esta condición. Sin embargo, la capital del Cesar aún enfrenta un reto estructural enorme: su indicador se mantiene 12 puntos por encima del promedio nacional (28%) y es la cuarta capital con mayor pobreza del país.
3. Ecocidio en Montelibano
Un fallo de tutela emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de Montería expuso un presunto ecocidio en el municipio de Montelíbano (Córdoba), donde la administración local habría utilizado de manera irregular el Decreto Departamental de Calamidad Pública No. 00039 —expedido el 2 de febrero de 2026 por el gobernador Erasmo Zuleta debido a un atípico frente frío— para justificar obras de relleno y la destrucción de humedales urbanos sin contar con las licencias ambientales requeridas.
Las denuncias, presentadas por el líder indígena Amauris José Navarro Meza en representación de la Asociación A.M.E., advierten sobre la destrucción sistemática del humedal ‘La Candelaria 4’ y de la reserva natural aledaña a “Casa Betania”. Estas intervenciones habrían incluido rellenos con material de excavación, remoción de capa vegetal y movimientos de suelo con maquinaria pesada. Además, se construyó un muro de contención en el río San Jorge que se extendió ilegalmente a lo largo de la playa El Meneito hasta el sector Los Coches, sepultando así la fuente de sustento de más de 30 familias de areneros tradicionales. Los rellenos habrían utilizado miles de sacos de polipropileno y plásticos de un solo uso, en contravía de la Ley 2232 de 2022.
La jueza Iliana Argel Cuadrado amparó los derechos fundamentales al medio ambiente y ordenó a la Fiscalía y a la Policía Nacional dar respuesta de fondo a las denuncias que permanecían engavetadas por un supuesto “error de radicación”. En el fallo, la magistrada critica al coronel Fernando Guzmán Ramos por intentar eludir su responsabilidad argumentando que el derecho de petición no ingresó al correo oficial, y le recuerda la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-230 de 2020), que obliga a redireccionar internamente las solicitudes.
La denuncia solicita a la Fiscalía investigar el delito de ecocidio (tipificado en la Ley 2111 de 2021); a la Procuraduría, evaluar posibles faltas disciplinarias de los secretarios de Planeación e Infraestructura; y a la Contraloría, determinar un eventual daño patrimonial por la inversión de recursos públicos en obras ejecutadas por fuera de las coordenadas legales autorizadas. Mientras el muro continúa avanzando, los humedales agonizan bajo toneladas de tierra y plásticos.
4. Terror en ranchería Wayuu
Pasó inadvertido un hecho de terror que vivió una ranchería wayuu de La Guajira la noche del jueves 11 de junio. Según información publicada por el portal de noticias Guajira News, los habitantes de la comunidad indígena Santa Lucía, ubicada en el kilómetro 11 que comunica a Riohacha con el corregimiento de La Florida, denunciaron la irrupción de un grupo de hombres armados que sometieron a las familias y mataron 25 chivos.
“Durante el hecho, los sujetos armados habrían retenido contra su voluntad a los residentes de la comunidad, además de causar graves afectaciones a sus bienes y animales”, precisó Guajira News.
5. Crisis de orden público
La violencia sigue siendo uno de los temas más críticos en las principales ciudades del Caribe. En Soledad, dos masacres ocurridas durante el fin de semana de celebración del título 12 de Junior dejaron seis muertos, una de ellas a pocos metros de una estación de Policía.
En Barranquilla, sicarios asesinaron a Mayra Alejandra Vera Duarte, abogada y expareja del cabecilla de ‘Los Costeños’, alias ‘Castor’, quien se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. Con este crimen ya son cuatro los familiares de ‘Castor’ asesinados en tres años por la guerra con ‘Los Pepes’. Lo que implica, seguramente, el desborde de esta guerra y el trabamiento de las negociaciones, que vienen mostrando desgaste y pocos avances.
Lo más alarmante se vivió en el Magdalena, donde un panfleto atribuido a la banda “Los Primos”, que amenaza con matar “desde bebés hasta la vejez”, paralizó por completo al municipio de Fundación: comercios cerrados, calles vacías y suspensión de clases.
En la Ciénaga Grande, pescadores bloquearon la Troncal del Caribe denunciando ataques de grupos armados y exigiendo presencia permanente de la Fuerza Pública. El pasado 10 de mayo, en Palmira, hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a cinco personas pertenecientes a familias de pescadores, incluyendo un padre con dos de sus hijos y dos hermanos dedicados a la pesca. Los líderes de la protesta insisten en que el bloqueo no es por servicios públicos, sino por el miedo: aseguran que las autoridades prometieron presencia militar permanente, patrullajes acuáticos y una base del Ejército, pero esas medidas siguen sin ejecutarse mientras los grupos armados actúan con total libertad.
En la Zona Bananera del Magdalena se acumulan 26 homicidios en lo corrido del año, y la Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira (Asbama) denunció el acecho al que es sometida la región por parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, quienes han intensificado sus acciones criminales durante el primer semestre de 2026, entrando a fincas, intimidando trabajadores, hurtando motocicletas, vehículos y equipos de comunicación, lo que deja en suspenso también la producción agrícola.
Lo anterior, sin contar que las autoridades alertaron además sobre la aparición de una nueva estructura criminal denominada ‘La Oficina del Magdalena’. Las investigaciones preliminares indican que esta organización estaría involucrada en actividades ilícitas como microtráfico, narcotráfico, minería ilegal y hurto de hidrocarburos, aprovechando la ubicación estratégica del Magdalena (corredores viales, zonas rurales y puertos marítimos).
6. Santa Marta: tensión por el agua
El acceso al agua potable seguirá siendo una deuda histórica en Santa Marta. Mientras tanto, otro episodio de tensión protagonizó el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, luego de que el presidente acusara a Pinedo de estar “presionado por las mafias samarias y guajiras”. Pinedo respondió recordando que “las obras no son favores políticos; son deudas históricas del Estado con esta ciudad”. El principal punto de controversia son las dos plantas desalinizadoras promovidas por el Gobierno Nacional: Petro insiste en que deben construirse en la zona norte, mientras la Alcaldía defiende el sector sur. Ante los retrasos, Pinedo adjudicó la construcción de una gigantesca planta de tratamiento en El Curval con recursos propios, declarando que será “el alcalde que pasó de los estudios a las obras”.
Los hechos son más importantes que las palabras cuando una ciudad padece una de las crisis más importantes por la falta de acceso al agua potable.
7. ¿Corrupción en Magdalena?
Una investigación periodística del portal Opinión Caribe sobre contratos de alfabetización por más de $25.000 millones de pesos suscritos por la Gobernación del Magdalena derivó en una indagación penal de la Fiscalía contra los exgobernadores Carlos Caicedo, Rafael Martínez y la gobernadora encargada Ingris Padilla por el delito de peculado por apropiación.
Con este, suman ya cuatro casos por los que es acusado Carlos Caicedo: Coliseo de Gaira, caso de los puestos de salud (El Rodadero y otros). La Fiscalía también acusó a Caicedo por la construcción de dos CDI y tres ludotecas en Santa Marta (Bonda y Ciudad Equidad). Mientras tanto, el exgobernador sigue sosteniendo públicamente que ha sido víctima de “lawfare” o persecución política por parte de la Fiscalía y sectores de la vieja política que buscan sacarlo de la escena pública y empañar su legado como mandatario regional.
