Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 96)
Por: Caribe Investigación
- Corrupción e impunidad: pobreza
En un artículo firmado por Luis Alfonso Colmenares, publicado el pasado 24 de septiembre en el portal Las 2 Orillas, nos encontramos con una realidad que se viene repitiendo años tras años en La Guajira, pero que debe ser recordada y debatida a cada momento: la corrupción institucionalizada y la impunidad siguen siendo el combustible que profundiza la pobreza y el hambre en este departamento.
En un ejercicio de control fiscal, Colmenares resume las graves irregularidades en el manejo de fondos públicos en La Guajira. Los hallazgos más significativos son:
En 2024, se detectaron problemas en proyectos por un valor de más de $223.646 millones. Este no es un caso único, ya que entre 2023 y 2025, las auditorías a proyectos por más de $20 billones encontraron irregularidades específicas en los fondos “OCAD PAZ” por la enorme suma de $339.668 millones. También se hallaron problemas por $19.000 millones en proyectos destinados a agua potable, energía solar y desarrollo productivo.
Estos proyectos presentaban fallas estructurales y carecían de sostenibilidad, lo que cuestiona su utilidad y permanencia. En resumen, el texto revela un patrón de mal manejo de billones de pesos en fondos cruciales para el desarrollo del departamento, con proyectos ejecutados de forma deficiente y con graves indicios de irregularidad.
Más adelante, el articulista detalla el panorama de la impunidad, principal motor de la corrupción y la pobreza en el departamento. “La Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló la magnitud del problema: entre 2010 y 2023 se registraron 922 delitos contra la administración pública en La Guajira. Solo 16 % terminó en capturas y apenas 2 % en condenas. Esto significa que más de 97 % de los casos permanecen en impunidad absoluta: 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación, 899 sin condenas.
Coincidimos con Colmenares en la interpretación de lo que sucede en La Guajira. La corrupción y la impunidad forman parte de una estrategia de inestabilidad institucional que les permite grupos políticos mafiosos regionales controlar el erario y enriquecerse a costa del sufrimiento de los guajiros.
2. ¿Integración o justicia territorial?
Una propuesta legislativa que busca unificar las tarifas de transporte de gas natural en todo el país ha encendido un intenso debate, al enfrentar la visión de una equidad nacional con los derechos territoriales de la región Caribe. El proyecto, impulsado por el senador conservador Miguel Ángel Barreto, plantea la creación de una “estampilla nacional” con el objetivo declarado de garantizar el suministro durante crisis como el fenómeno de El Niño, reducir la volatilidad del mercado y proteger a los usuarios más vulnerables del interior del país.
Desde la Costa Caribe la iniciativa se percibe como una medida que penaliza su ventaja geográfica. Actualmente, por su cercanía a los campos de producción y al puerto de Cartagena, los usuarios de esta región pagan en promedio USD 1,54 por millón de BTU, una tarifa significativamente menor a los USD 5,46 que puede alcanzar en el interior. La estampilla nacional, que fijaría un precio único de USD 2,70, representaría un aumento del 76% para el Caribe, mientras que el interior del país se vería beneficiado con reducciones de hasta el 50%.
El Comité Intergremial del Atlántico calificó la propuesta como un “exabrupto” que elimina una de las pocas ventajas competitivas de la zona. Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, afirmó al diario El Tiempo: “No se puede castigar a quienes están cerca de la fuente”. Adicionalmente, han alertado que el incremento tendría un efecto dominó en el costo de la energía eléctrica y golpearía la competitividad industrial y comercial de toda la región.
El proyecto, que aún se discute en la Comisión Quinta del Senado, se puede convertir en un polémico pulso entre la integración nacional y la justicia territorial.
3. Falsos Positivos en el Caribe
La región Caribe fue una de las más golpeadas por el conflicto social y armado en la década de 2000. El contexto era complejo, pero se puede resumir de la siguiente manera: se comenzaba a consolidar el Plan Colombia durante el gobierno de Uribe y, por lo tanto, gracias el crecimiento del pie de fuerza militar y policial y la alianza entre el Estado y el paramilitarismo, las AUC terminaron de coronar su proyecto de expansión territorial en toda la región norte.
El patrón común en todo el país: las regiones más golpeadas en la década del 2000 fueron las periféricas, rurales y con alta riqueza en recursos naturales o valor geoestratégico para la guerra; también la de mayor resistencia social y alternativa al Estado paramilitar imperante. En ese contexto, sobre todo de connivencia narco paraestatal, surgieron los mal llamados falsos positivos en el país: los homicidios de inocentes presentados por miembros de la Fuerza Pública como bajas en combate para mostrar resultados en la guerra contra la guerrilla.
De los 6402 homicidios que estipula la JEP se ejecutaron durante los dos periodos de Gobierno de Uribe (2002-2008), casi 10 % se cometieron en la región Caribe, según testimonios de 25 uniformados ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad.
“Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano. Estas conductas también constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra, según el Estatuto de Roma”, reseña El Heraldo citando a la JEP.
4. Contrabando en Cesar
El departamento del Cesar enfrenta una crítica situación fiscal y un riesgo latente para la salud pública, derivados del masivo consumo de productos de contrabando, que deja una alarmante brecha de aproximadamente 42 mil millones de pesos en ingresos no recaudados, mientras que el recaudo legal por el impuesto al consumo apenas alcanza la insignificante cifra de 76 millones de pesos, según reveló a El Pilón la líder de la Oficina de Gestión de Rentas del Cesar, María del Pilar Betancourt Osman.
Esta situación se repite en La Guajira, Magdalena y Atlántico, donde las arcas públicas dejan de recibir recursos vitales para inversión social, infraestructura y servicios, profundizando las desigualdades existentes. Tres elementos agravan la situación desde hace años: la evasión fiscal que comporta el contrabando golpea la competitividad del comercio regional y de la industria; el consumo de productos ilegales también implica riesgos elevados de salud pública al no cumplir con especificaciones técnicas y de control sanitario; y el contrabando está liderado por mafias con ramificaciones en sectores políticos y de Estado. Todas las iniciativas tomadas desde los departamentos intentan acortar la brecha, disminuir el impacto, pero de fondo este lucrativo negocio del contrabando sigue llenando bolsillos de criminales y funcionarios.
5. Atlántico y la crisis de Seguridad
Barranquilla enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con la extorsión y el homicidio como los delitos de mayor impacto. Las alarmantes cifras superan con creces los promedios nacionales, encendiendo las alertas entre autoridades, sectores gremiales y la ciudadanía. Según Lucía Avendaño Gelves, directora de Barranquilla Cómo Vamos, la extorsión se ha multiplicado por ocho en los últimos cinco años, mientras la tasa de homicidios se mantiene persistentemente por encima de la media del país, exigiendo estrategias definitivas para contener esta ola delictiva.
El fenómeno extorsivo ha experimentado un crecimiento devastador: de 108 casos reportados en 2018, se disparó a 877 denuncias en 2023, un incremento superior al 700%. Aunque las autoridades reportan una leve disminución en el primer semestre de 2025, expertos advierten sobre un grave subregistro, ya que el miedo paraliza a las víctimas. El delito se manifiesta en dos modalidades principales: la extorsión “clásica”, ejecutada físicamente por bandas como Los Costeños y Los Pepes; y la digital, donde criminales utilizan llamadas y redes sociales para suplantar a grupos armados y exigir pagos mediante transferencias bancarias.
Paralelamente, la violencia homicida marca una tendencia ascendente y preocupante. Entre 2018 y 2023 se registraron 2.123 asesinatos, siendo 2023 el año más violento. Investigadores como Janiel Melamed atribuyen esta ola a la disputa entre actores criminales por el control de economías ilícitas y corredores estratégicos, donde bandas locales son tercerizadas por estructuras de alcance transnacional. Un factor que agrava el panorama es el reclutamiento de adolescentes por parte de estos grupos, lo que genera un problema social simultáneo que requiere caracterización urgente.
Frente a esta crisis, la respuesta estatal se ha centrado en operativos y capturas, con 235 detenciones por extorsión en 2025, la mayoría relacionadas con las bandas antes mencionadas. Complementariamente, se han realizado inversiones históricas en tecnología e infraestructura de seguridad. No obstante, expertos y analistas insisten en que las medidas reactivas son insuficientes. Se requiere una estrategia integral que combine la persecución penal con la prevención social, la educación, la protección de víctimas y la recuperación de la confianza ciudadana para lograr un impacto duradero en la seguridad de la capital del Atlántico.
6. Benedetti en el limbo
El ministro de Interior, Armando Benedetti, parece vivir en el limbo. A pesar de la cruda realidad que vive el Atlántico en materia de criminalidad, afirmó a la prensa la semana pasada que el pacto entre bandas criminales ha generado beneficios iniciales para una reducción de crímenes en Barranquilla.
Es apresurado, si no torpe, aventurarse en esta afirmación tomando en cuenta los detalles del informe de Barranquilla Cómo Vamos y todas las alertas y análisis publicados los últimos meses. Los homicidios van en ascenso, la extorsión también.
Otra cosa muy distinta es la expectativa que se tenga acerca de la materialización de una tregua entre las bandas del departamento, sobre todo por la reunión pautada en la en las próximas horas en la cárcel de La Picota entre Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, jefes de las organizaciones criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Reunión tutelada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Pero esto apenas es exploratorio, no de negociación como tal. Por lo tanto, desde el Caribe todas las voces y sectores políticos y sociales deben abogar por el éxito de unas posibles negociaciones y esto lo debe terminar de entender el Gobierno Petro: sin la participación de la gente será imposible revertir el crimen en el Atlántico.
7. Limpieza social de las AGC
La ola de violencia en el principal balneario del Golfo de Morrosquillo escaló a niveles críticos esta semana, luego de que dos personas fueron asesinadas a plena luz del día en la terraza de una vivienda del barrio San Felipe, en el municipio de Tolú. Los hechos, atribuidos por las autoridades a las AGC (autodenominadas EGC), han encendido las alarmas ante lo que la comunidad teme sea el inicio de una mal llamada “limpieza social” en la zona turística.
Con estos dos homicidios registrados en menos de 24 horas, la cifra de violencia letal en Tolú alcanzó los 22 casos en lo que va del año 2025, situando a este destino playero como el municipio con el mayor número de asesinatos en el departamento de Sucre.
En el corazón del problema se encuentra su valor geoestratégico para todo tipo de economías, lícitas o ilícitas, extorsión, microtráfico. El Golfo es un corredor crucial para el narcotráfico y el contrabando de armas, con una costa que ofrece salidas al Mar Caribe hacia Centroamérica y Norteamérica. El control de estas rutas, así como de los puntos de embarque y recepción, representa un botín millonario por el que compiten grupos armados, principalmente las AGC.
