Tres relatorías de las Naciones Unidas han llamado la atención al Gobierno colombiano por el incumplimiento de las órdenes sexta y octava de la Sentencia T-622 de 2016, que hacen referencia al control de la minería ilegal en la cuenca del río Atrato y a la problemática de salud asociada al uso de mercurio, respectivamente.
En el documento, manifiestan una grave preocupación por el aumento en esta actividad y el uso de metales pesados, que ha generado una crisis de salud pública y ambiental que afecta de manera directa a las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región. Los datos citados por los relatores muestran un panorama alarmante: el 34,6% de las personas mayores de 15 años en la cuenca del Atrato presentan niveles de mercurio en sangre superiores a los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, señala la ONU que menos del 20% de las personas afectadas por exposición a mercurio han recibido atención médica y no existe una estrategia sanitaria integral ni infraestructura especializada en la región.
El comunicado conjunto AL COL 4/2025, suscrito por Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre Sustancias y Desechos Peligrosos; Bina D’Costa, Presidenta-Relatora del Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes; y Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, constituye una respuesta formal a la solicitud presentada por el Centro Sociojurídico SIEMBRA y el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato (CCGA). En esta, ambas organizaciones alertaron sobre la falta de control estatal y expansión acelerada de la minería ilegal en la cuenca del Atrato.
“Es profundamente preocupante que años después de la expedición de la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos y ordenó la protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas que habitan su cuenca a una vida digna, a un ambiente sano, a la salud y a la alimentación, el cumplimiento de esta sentencia siga siendo gravemente deficiente”, expresan los relatores.
Además, instan al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes, integrales y participativas para detener la contaminación y proteger la vida de quienes habitan y defienden el río Atrato. También, aseguran que es necesario llevar a cabo procesos disciplinarios por corrupción dentro de la Policía y el Ejército, dado que, según la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, posiblemente la fuerza pública habría facilitado la persistencia de la minería ilegal mediante filtración de información y pagos a organizaciones criminales.
Asimismo, el comunicado AL COL 4/2025 confirma las preocupaciones expresadas por SIEMBRA y el CCGA ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia de seguimiento a la sentencia el pasado 19 de septiembre. En esta, advirtieron que nueve años después del fallo, el fenómeno de la minería ilegal no ha sido contenido. Desde 2016, el área afectada por minería aluvial aumentó en más de 5.037 hectáreas, alcanzando 33.052 hectáreas en 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Nueve años después, la minería ilegal sigue expandiéndose en el Atrato
El Ministerio de Defensa, responsable de cumplir la orden judicial, se ha limitado a realizar operativos militares para la destrucción de maquinaria, sin atacar a los verdaderos responsables, así lo informó Rodrigo Rogelis, investigador de SIEMBRA: “La minería ilegal no está siendo controlada bajo una estrategia efectiva. Se requiere pasar a un abordaje macrocriminal del fenómeno, que permita desmantelar las poderosas redes detrás del negocio que están lejos de los territorios y que cruzan las fronteras nacionales”.
La economía ilegal del oro en el Chocó es multimillonaria, según cálculos del investigador, la producción en el departamento alcanzaría al menos 2,4 billones de pesos en el 2023, pese a los altos subregistros. Sin embargo, la investigación penal está enfocada únicamente en el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, dejando de lado delitos como concierto para delinquir, lavado de activos, fraude fiscal, financiación de terrorismo, entre otros. Esto ha llevado a la concentración del accionar en los pequeños mineros u operarios en las zonas de explotación, omitiendo la desarticulación de las redes criminales.
SIEMBRA y los Guardianes del Atrato solicitan que el plan ‘Yo me comprometo con el Atrato’, presentado por el Ministerio de Defensa en 2017 en el marco de la sentencia, sea actualizado. “El crecimiento desmedido de la minería ilegal desde la sentencia señala su ineficacia”, sostiene Viviana González, apoderada de los guardianes. “A su limitado enfoque operacional se suma la falta de indicadores claros y precisos para hacer evaluación y seguimiento, la ausencia de medidas de carácter preventivo que impidan el ingreso de la maquinaria y los insumos a las zonas de explotación, así como medidas para detectar y sancionar la corrupción institucional”, continuó la abogada de SIEMBRA.
Comunidades piden atención médica por contaminación por mercurio
El pasado mes de julio, luego de seis años de haberse tomado las muestras del estudio toxicológico ordenado por la sentencia, se socializaron los resultados, los cuales revelan una contaminación por mercurio concentrada principalmente en la cuenca media y baja del río Atrato. Según explicó González durante la audiencia del pasado 19 de septiembre, esto podría estar relacionado con la acumulación del metal en los sedimentos que transporta el río y que se depositan en esas zonas.
Frente a esta problemática, se solicitó a la magistrada que ordene, en primer lugar, la implementación de campañas de prevención en salud orientadas a reducir y tratar la exposición al mercurio. Asimismo, se pidió poner en marcha una ruta de atención para las personas con altos niveles de este metal, dirigida especialmente a la población más vulnerable: mujeres embarazadas y niños entre 0 y 5 años. González llamó la atención sobre el hecho de que, desde 2020, la Secretaría de Salud del Chocó recibió la información de los participantes del estudio que presentaron altos niveles de mercurio, pero aún no ha iniciado procesos de atención.
El guardián del Atrato, Bernardino Mosquera, reafirmó que “la salud de las comunidades es inseparable de la salud del río. Se debe controlar el comercio del mercurio (prohibido desde el 2018) evitando que llegue a nuestros territorios”. Por ello, es prioritario detener el avance de la minería ilegal, que continúa operando impunemente.
Se espera que luego de la audiencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la magistratura refuerce las órdenes para el cumplimiento de la sentencia T-622, en sintonía con los llamados hechos desde Naciones Unidas, y así que se puedan recobrar los derechos del río y de sus comunidades.
