Por: Camilo Gómez y Jonathan Camargo.
La aprobación en el Congreso de la República de modificaciones puntuales a la Ley 30 de 1992 han sido presentadas por sectores del Gobierno y del progresismo institucional como un hito histórico en la financiación de la educación superior pública. El relato oficial habla de “recursos suficientes”, de “corrección de una deuda histórica” y de un “cambio estructural largamente esperado”. Sin embargo, una lectura crítica acerca de lo aprobado obliga a bajar el tono del triunfalismo y a volver sobre una verdad incómoda: lo aprobado es un ajuste parcial al mecanismo de financiación, y está lejos de llegar a una reforma integral del sistema de educación superior.
Celebrar eufóricamente esta reforma no solo resulta apresurado, sino políticamente problemático. La historia reciente del movimiento estudiantil colombiano 2011 (MANE), 2013, 2018 (ENEES) fue clara en sus consignas: ni reforma a la Ley 30, ni Ley 30. La disputa en ese entonces no era únicamente presupuestal. Era y sigue siendo por financiación suficiente, pero, sobre todo, por democracia y autonomía real, bienestar universitario, vocación científica y un proyecto de universidad pública al servicio de las clases populares del país y no del mercado internacional.
Más recursos no equivale a transformación
Es cierto que la reforma introduce cambios relevantes en los artículos 86 y 87 de la Ley 30, superando parcialmente el criterio del IPC como único referente para el crecimiento presupuestal. Este ajuste era necesario y responde a una demanda histórica de universidades públicas, rectores, profesores y estudiantes. En ese sentido, el cambio no es despreciable y constituye un logro intermedio.
No obstante, como lo han señalado reiteradamente colectivos universitarios y asociaciones profesorales, “modificar la fórmula no garantiza resolver el problema de fondo si el Estado no define fuentes estructurales y sostenibles de financiación”. La experiencia de las últimas décadas demuestra que los déficits acumulados no se explican solo por una mala fórmula, sino por una decisión política sistemática de subfinanciar lo público.
De acuerdo con el análisis del Sistema Universitario Estatal (SUE), la brecha histórica entre los recursos transferidos por la Nación y los costos reales de funcionamiento, inversión e investigación de las universidades públicas supera ampliamente la capacidad de corrección que pueda tener una reforma parcial. La desfinanciación no es coyuntural: es estructural.
No puede hablarse de los avances en financiación sin recordar el costo humano y político que han tenido conquistas mínimas como la matrícula cero. Antes de convertirse en una política parcialmente institucionalizada, la gratuidad fue arrancada a pulso por estudiantes que llevaron su cuerpo al límite, mediante huelgas de hambre en universidades públicas de distintas regiones del país. En claustros como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander y universidades regionales golpeadas por la desfinanciación y mercantilización, jóvenes estudiantes ayunaron durante días y semanas para exigir lo elemental: el derecho a estudiar sin endeudarse ni abandonar la universidad por falta de recursos. Colectivos estudiantiles han insistido en que “la matrícula cero no fue una concesión generosa del Estado, sino una respuesta tardía a una presión social extrema”. Invisibilizar estas huelgas de hambre en el relato oficial no es un simple olvido: es una forma de borrar la dimensión de sacrificio, organización y conflicto social que hizo posibles los avances más básicos que hoy algunos presentan como logros técnicos de gobierno.
La trampa fiscal: sin reforma tributaria, y sin fondos públicos, no hay garantía.
Uno de los puntos más débiles y menos discutidos de la reforma es su desconexión con una estrategia fiscal sólida. La educación superior pública no se financia con voluntad política abstracta, sino con recursos concretos del presupuesto nacional. Sin una reforma tributaria progresiva y estable, cualquier promesa de sostenibilidad queda en entredicho.
Desde distintos espacios académicos se ha advertido que “no puede hablarse de fortalecimiento estructural de la universidad pública en un escenario de fragilidad fiscal y de bloqueo sistemático a reformas tributarias que graven a los sectores de mayores ingresos”. En otras palabras: sin tocar el modelo tributario, y sin garantizar una economía de fondos públicos que apalanque el aparato científico, tecnológico, académico e investigativo, los anuncios presupuestales corren el riesgo de ser papel mojado.
Este vacío resulta aún más preocupante en un contexto en el que el propio Congreso ha cerrado la puerta a reformas fiscales profundas, trasladando la carga del ajuste a recortes, endeudamiento o reasignaciones que terminan enfrentando derechos sociales entre sí.
Inequidades que la reforma no toca
La narrativa oficial insiste en que el fortalecimiento financiero permitirá ampliar cobertura y cerrar brechas. Pero los datos y la experiencia territorial muestran que el problema del acceso y la permanencia no se resuelve únicamente con más presupuesto institucional.
Colectivos estudiantiles han insistido en que “las universidades públicas siguen siendo profundamente desiguales en su capacidad de atender a estudiantes rurales, indígenas, afrodescendientes y de sectores populares”. Las tasas de deserción, las condiciones de bienestar, el acceso a vivienda, alimentación y transporte continúan siendo barreras estructurales que esta reforma no aborda de manera integral.
A esto se suma la precarización laboral docente, una realidad ampliamente documentada por asociaciones profesorales: contratación temporal, sobrecarga académica, debilitamiento de la carrera profesoral y reducción de tiempos para investigación. Sin una reforma que aborde estas condiciones más allá de una óptica presupuestal, hablar de excelencia académica resulta vacío.
Clientelismo y captura regional: un riesgo real
Uno de los puntos más sensibles y menos discutidos públicamente es el impacto territorial de un aumento de recursos en contextos marcados por el clientelismo electoral. A nivel general, en el escenario local, en donde clanes clientelares regionales controlan la contratación y la burocracia educativa, más recursos sin reformas profundas que garanticen decisiones democráticas y populares pueden traducirse en más poder para las maquinarias y, por ende, en desvío o subutilización de recursos.
Como lo han advertido organizaciones universitarias regionales, “sin mecanismos fuertes de control democrático, transparencia y participación real de la comunidad universitaria, los recursos adicionales pueden terminar fortaleciendo redes políticas locales antes que proyectos académicos”. Este riesgo no es hipotético: responde a prácticas históricas ampliamente documentadas en el sector educativo.
El peligro de la mercantilización
Otro riesgo de fondo que persiste es que el fortalecimiento financiero se traduzca en una mayor subordinación de la universidad pública a lógicas de mercado. La promoción de alianzas público–privadas, la financiación condicionada a indicadores de productividad y la priorización de proyectos con rentabilidad económica inmediata pueden erosionar la función crítica y social de la universidad.
Desde espacios académicos críticos se ha señalado que “cuando la financiación se ata a criterios de mercado, la investigación incómoda, el pensamiento crítico y las ciencias sociales suelen ser las primeras en perder”. Una universidad pública sin autonomía intelectual es incompatible con cualquier proyecto democrático.
Reconocer que la reforma a los artículos de financiación de la Ley 30 es un avance parcial no implica desconocer el esfuerzo político que la hizo posible. Pero convertir ese avance en un relato triunfalista y clausurar el debate es una forma de desactivar la lucha histórica por una reforma integral de la educación superior, una práctica común en el hegemonismo conciliacionista que, por ejemplo en Chile, ha llevado al debacle no solo de la Constituyente, sino en general de las reformas y del mismo proyecto de “gobierno popular” que allí se planteó con Boric.
La universidad pública colombiana necesita más recursos, sí. Pero también necesita democracia interna, autonomía real, justicia laboral, pertinencia social y un proyecto político que la piense como bien común y no como engranaje del mercado o botín regional; decir ello es mantener vigentes las banderas históricas de un movimiento estudiantil, universitario y educativo que ha construido pliegos históricos, programas mínimos, formas organizativas diversas y movilizaciones contundentes en donde ha dejado vidas y libertades, no solo por reformar dos artículos, sino por mucho más que eso.
Mientras esos debates sigan ausentes, y busquen ser archivados, en muchos casos por los mismos sectores que dicen abanderar los cambios, cualquier reforma parcial corre el riesgo de ser presentada como punto de llegada, cuando en realidad debería ser apenas un punto de partida.
El reto de la organización y la movilización.
Ante este panorama, las fuerzas que coinciden en la necesidad de profundizar las transformaciones, llaman a la organización y la movilización. Pero hablar de esto en el movimiento estudiantil, universitario, educativo y social abre otros interrogantes: sobre la unidad, ¿en torno a qué?; la organización, ¿bajo qué criterios?; y la movilización, ¿para lograr cuáles objetivos? Allí es donde las posturas se tensionan, si es que, como hoy, persisten apuestas impositivas del oficialismo que quieren unidad en torno al vaivén parlamentario; organización bajo el criterio del afán electoral; y movilización con las formas, los métodos o los objetivos que el presidente, el candidato, o algunos funcionarios del mismo, impongan.
Si esto es así, se mantendrán las mismas fórmulas del gatopardismo, según las cuales hay que luchar fuertemente por lo poco, así se pierda lo mucho, dejando aplazadas de manera indefinida las banderas de transformación estructural, desmovilizando a los sectores populares, cooptando liderazgos territoriales e institucionalizando las luchas populares bajo un pretendido manto de lucha por cambios desde adentro, que a fin de cuentas, como lo ha demostrado este gobierno y en general las apuestas reformistas, se agota en el marco de una limitada institucionalidad, diseñada y sostenida en contra de los cambios y la democracia popular.
