Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 102)
Por: Caribe Investigación
Será un año difícil para Colombia en materia de derechos humanos. La tendencia de la violencia parece irreversible; la paz quedó como un discurso repleto de intenciones, con mucho eco en micrófonos y redes sociales, pero con poca voluntad por parte de los involucrados: Estado-Gobierno y actores armados.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante 2025 se registraron 187 asesinatos contra líderes sociales en todo el país, un aumento de 8 % con respecto a 2024.
A esto debe sumarse el contexto electoral del presente año, como bien advierte Indepaz, teniendo en cuenta que cada ciclo electoral viene acompañado de más violencia, donde los liderazgos quedan a merced de las amenazas y asesinatos cometidos por grupos armados ilegales.
Son varias regiones y subregiones de Colombia las que vienen siendo afectadas por la violencia, tanto en zonas rurales como en las principales ciudades del país. Por ejemplo, en el Caribe colombiano los resultados en materia de seguridad de 2025 fueron similares a los de 2024; la violencia mantuvo un comportamiento similar en ciudades como Sincelejo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Maicao, Valledupar, y se mantuvo en regiones como Sur de Bolívar, Sierra Nevada, sur de La Guajira.
Si ya son desalentadores estos resultados, se debe hacer un ejercicio de prevención por lo que pueda pasar en el futuro, tomando en cuenta los últimos pasos y anuncios del presidente Gustavo Petro.
Si bien el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa favoreció una actuación de la fuerza pública mucho más respetuosa de los derechos humanos, no se dieron cambios estructurales en la doctrina militar de Colombia. Ni Petro lo asomó en su campaña presidencial ni ha tenido intenciones de hacerlo; más allá del discurso grandilocuente, no ha tenido la correlación de fuerzas necesarias para habilitar una reforma policial y de la doctrina del enemigo interno, amparada en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos desde la década de 1960.
Lo que comenzó a preocupar a organizaciones defensoras de derechos humanos fue el nombramiento del general Pedro Sánchez en febrero de 2025, no porque fuese un militar de carrera per se, sino por el contexto de crisis humanitaria que sufría la región del Catatumbo; esta preocupación se exacerbó por las declaraciones estigmatizantes tanto de Sánchez, Petro y Benedetti contra organizaciones sociales de esta región fronteriza. Hasta hoy, ninguno de los tres funcionarios ofreció disculpas por ello y la crisis por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC sigue intacta.
Se conoció que la llamada telefónica entre los presidentes Petro y Trump se dio después de un pacto secreto: según el diario El País de España, ambos gobiernos venían negociando desde hacía un año para desescalar la guerra mediática entre ambos mandatarios. Esta información no fue desmentida por Petro en la entrevista que el mismo diario le hiciera un día después de la publicación.
Los cuatro puntos que supuestamente acordaron Petro y Trump son los siguientes: retorno de los bombardeos a campamentos de las disidencias; reanudación de la fumigación con glifosato; extradición de un narcotraficante; cambio de estatus político de las disidencias de las FARC y del ELN, para reclasificarlos como organizaciones narcotraficantes.
Todo, según El País, fueron exigencias hechas por el gobierno Trump a la administración Petro. Si bien los bombardeos y la fumigación son temas sensibles para la izquierda o progresismo en Colombia, como señala El País, lo que más preocupa del trasfondo de este acercamiento es la política de seguridad que asumirá el gobierno colombiano los últimos meses, y el impacto que esta pueda tener en los territorios y los derechos humanos, sobre todo en la frontera con Venezuela. Es decir, respuesta militar en alianza con Estados Unidos, paz total para el recuerdo.
Un día después del discurso de Petro en la Plaza Bolívar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió a través de su cuenta de X: “Otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones en contra del ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”.
Si ya no se tenía esperanza de que se retomaran los diálogos con esta guerrilla, las declaraciones de Petro y la afirmación de Benedetti terminan de enterrar una posibilidad de puente con esta organización, que también ha sido esquiva a retomar los diálogos con el Gobierno.
¿Qué significa esto más allá de la evidente tensión y guerra de acusaciones entre el ELN y Petro? Que el Gobierno colombiano no solo endurecerá su política de seguridad —hace suponer un alejamiento definitivo a sus postulados de paz total—, sino que pretende involucrar a un actor extranjero como los Estados Unidos en el conflicto interno colombiano.
Desde el año pasado comenzó a coordinar con el gobierno venezolano operativos de seguridad en territorios fronterizos, sobre todo después de la crisis del Catatumbo. Y el Gobierno Petro nunca ocultó que lo hacía para golpear al ELN.
Adicional a lo anterior, y retomando a su manera los fundamentos de la Gran Colombia, Petro hace un llamado a la unión de los ejércitos latinoamericanos para combatir el narcotráfico y exhorta en específico al Gobierno interino de Venezuela para trabajar en pos de este objetivo. Es decir, invita a su vecino país, golpeado militarmente por Estados Unidos el pasado 3 de enero bajo la excusa de narcotráfico, a que una sus fuerzas para combatir el narcotráfico (aunque el real interés es para combatir al ELN y las disidencias).
La preocupación por este planteamiento de Petro radica en la similitud que guarda con el relato de la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos; ninguno de los dos coloca en el centro del debate el fortalecimiento de los derechos humanos, hacen hincapié en políticas policivas y de persecución sin tocar problemas de fondo: desigualdad, soberanía, derechos humanos.
Tampoco prevé el Gobierno Petro que una alianza con Estados Unidos para supuestamente combatir a la guerrilla del ELN o las disidencias de las FARC, lo que haría es reavivar el fantasma del Plan Colombia en todo el país y empeoraría o comprometería la estabilidad de Venezuela, amenazada desde hace seis meses por la fuerza naval de Estados Unidos y por la agresión del pasado 3 de enero.
Es un manejo maniqueísta lo de la Gran Colombia. Primero lo expuso a su conveniencia y en el contexto de agresión imperialista contra la región, en el cual vio amenazada su seguridad. Una vez consumado el pacto con Trump o superada la amenaza para Petro, ahora el presidente lo asoma como alianza militar para combatir el narcotráfico y la insurgencia.
Petro está buscando ser mediador entre Venezuela y Estados Unidos. Venezuela, sin dudas, se sentó a negociar con EE.UU. bajo la amenaza de otra invasión militar. Si el Gobierno de Venezuela cede a la perspectiva de Petro y de Trump, se sumaría entonces a un escenario de combate a los grupos armados ilegales que cohabitan en la frontera.
¿A quién beneficia esto? ¿En qué momento hablarán de derechos humanos como eje fundamental de la política de drogas? ¿Acabarán con la crisis humanitaria del Catatumbo? ¿Qué incidencia tendrá en la crisis de seguridad que atraviesa el Caribe colombiano y otras regiones del país?
Otro escenario queda al margen de los últimos anuncios de Petro. ¿Cómo tramitará la negociación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tomando en cuenta que uno de los puntos acordados se refería a la suspensión de órdenes de captura y extradición a los miembros de esta organización? Hasta ahora, el pacto Trump-Petro solo habla de una extradición puntual, con nombre y apellido. ¿Se mantendrá así o peticiones futuras podrían afectar lo hasta ahora acordado con las AGC?
Esto también debe aclararlo el Gobierno porque es inocultable el poder e incidencia que tienen las AGC en el territorio nacional. Aunque no hay resultados concretos que hablen de un desescalamiento del conflicto en regiones donde actúa esta agrupación paramilitar, cualquier paso en falso en este acercamiento a Trump, sobre todo en materia de seguridad, puede minar lo logrado hasta ahora y serán las comunidades las condenadas a seguir sufriendo los infortunios de la guerra.
