Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 104)
Por: Caribe Investigación
Corrupción a la vista
La Unidad Investigativa de la Revista Raya publicó un reportaje el pasado 18 de enero que señala al senador Efraín Cepeda de recibir una coima de 300 millones de pesos por una serie de contratos vinculados a la segunda administración de Alejandro Char, en Barranquilla.
A nadie sorprende, la región Caribe ha estado inmersa en casos de corrupción de todo tipo, en los cuales las élites económicas y políticas han asaltado el erario durante décadas. Esto forma parte de una cultura propia de la estructura política, económica y social, en la que sectores políticos regionales de poder controlan y usufructúan la institucionalidad.
El presidente Petro se pronunció al respecto, aunque no atinó a describir con exactitud la magnitud del problema. En su red social X escribió: “Toda la policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos, muchos coinciden con integrantes de organizaciones mafiosas… Por eso el paramilitarismo narcotraficante dominó de manera tan pavorosa el territorio caribeño, no solo porque asesinó en masacres a decenas de miles de campesinos, sino porque casi todo el poder político a través de la compra de votos”.
Primero, no sabemos cuál será el criterio para que la Policía Nacional persiga a los compradores de votos; segundo, la compra de votos va mucho más allá de los operadores políticos de mediano y bajo rango, los que llaman operadores visibles; tercero, el clientelismo y la corrupción en el Caribe -como ya dijimos- responde a una cultura del asalto del erario que a su vez se soporta en una estructura económica, política, social y hasta electoral diseñada para tal fin, en la que ciudadanos forman parte de un circo electoral cada cierto tiempo, pero no tienen la más mínima participación en asuntos de contraloría, diseño y elaboración de planes ni toma de decisiones.
Lo último tiene que ver con la responsabilidad del paramilitarismo en la configuración de una maquinaria de control absoluto del Estado a partir de la década del 2000, en la cual la compra de votos se convirtió en parte de su quehacer narco criminal en alianza con sectores políticos y económicos de la región. Pero en esto falla el presidente Petro: no fue por la compra de votos que el paramilitarismo dominó el Caribe desde el punto de vista político.
Con el Pacto de Chivolo de 2001, las AUC firmaron un acuerdo secreto con más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre senadores, representantes, concejales y alcaldes, para un proyecto que prometía “refundar” al país. Fue el primer laboratorio estructurado de la parapolítica y ciertamente la compra de votos fue el menú principal visible.
Pero este pacto, o la parapolítica como tal, no se concretó por la ejecución masiva de compra de votos. Se fundamentó a partir del poder que los paramilitares lograron gracias a la doctrina militar que ha regido en Colombia durante las últimas décadas; gracias al Plan Colombia iniciado por Pastrana y continuado y profundizado por Uribe, que apuntó no solo a exterminar a las guerrillas, sino a desaparecer el tejido social en todas las regiones del país, lo que ocasionó una crisis de derechos humanos en el Caribe colombiano y todo el país.
La parapolítica es hija predilecta de la doctrina del enemigo interno y no el resultado de la compra masiva de votos. Por lo tanto, más allá de la indignación y condena pública por el caso de Efraín Cepeda, lo que corresponde es transformar la Constitución y la institucionalidad colombiana, de lo contrario, el clientelismo y la corrupción seguirán formando parte del proyecto político de élites locales, regionales y nacionales.
Impacto de las extorsiones
El investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, advirtió al diario El Tiempo que las extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana tienen un impacto directo en el cierre de las tiendas de barrio y pequeños comercios, no solo desde el punto de vista económico, sino en el tejido social de lo que implica el entramado de la economía popular.
“Cuando una tienda cierra, no se pierde solo un negocio; se desarticula la vida comunitaria de un sector popular”, precisó Trejos. El diario agrega que “en los barrios, la tienda de la esquina funciona como referencia geográfica, como espacio de socialización y como punto vital de abastecimiento. En ellas, los tenderos, muchos de origen santandereano o antioqueño, han construido arraigo en comunidades del Caribe, convirtiéndose en parte de su identidad colectiva”.
Totalmente de acuerdo con la tesis planteada por Trejos. Sin embargo, queremos reiterar un planteamiento que hemos hecho en otros artículos. La extorsión se convirtió en un fenómeno que no solo destruye el tejido social de las tiendas de barrios, sino que le dio puerta de entrada a las grandes cadenas de tiendas en los sectores populares.
Entonces, las tiendas de barrios en Barranquilla y el Caribe enfrentan una realidad dura y compleja. Por un lado, sufren las actividades extorsivas de bandas criminales y agrupaciones paramilitares; por el otro, ven cómo su modo de economía local se ve afectado por los precios insuperables que colocan las cadenas de tienda, sobre todo de los productos de consumo básico y cotidiano.
Las tiendas de barrios y comercios pequeños, dada la informalidad en la que se han levantado y la falta de apoyo del Estado y de la banca, difícilmente podrán competir con los precios, ofertas y variedades que ofrecen las grandes cadenas. La ventaja social y comunitaria de las tiendas de barrio (cercanía geográfica e identitaria, punto de encuentro y conversa, fiado solidario para el sostenimiento de los que viven del rebusque) se ve truncada por la violencia extorsiva de los grupos armados.
Como explicamos en otra ocasión, “después de la pandemia, Barranquilla y su área metropolitana se convirtió en un hervidero con altos índices de extorsión, sicariatos, guerra entre bandas y masacres, panorama que se asemeja al de la incursión de las AUC en la década de 2000 en el departamento. Es notoria la arremetida contra los sectores populares y más vulnerables, que va acompañada de una política de gentrificación y desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que han ido desplazando comunidades: APP del Río Magdalena, puerto de aguas profundas, metro ligero, la vía Barranquilla-Ciénaga, Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, entre otras obras (A pesar de los esfuerzos del Gobierno, los retos en el Caribe son complejos – Periferia).
Por lo tanto, no solo se trata de una guerra entre bandas por el control del microtráfico, la extorsión y las rutas de narcotráfico, que afecta indudablemente la economía del barrio y su forma solidaria de organización e intercambio, sino de una política de gentrificación y desplazamiento violento que de a poco va acabando con el tejido social en amplios territorios netamente urbanos con el fin de darle paso a capitales privados y del Estado para el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Y eso sucede en Barranquilla, el casco histórico de Cartagena, la ribera del río Guatapurí en Valledupar y otras zonas y ciudades del Caribe.
Lanchas ambulancias
La prensa bogotana, por lo general, tiene una mirada despectiva y discriminatoria sobre el resto del país. Muchas veces por superioridad cultural velada, ignorancia o ataque a una figura política. Hace pocos días, un periódico de la capital cuestionó que el Gobierno haya entregado dos lanchas ambulancia al Hospital de Maicao (tierra firme sin lago, río o mar).
El redactor seguramente no conoce otra geografía que la de Bogotá. Ignoró por completo que el hospital de Maicao tiene dos centros pivote en la Alta Guajira (Puerto Estrella y Bahía Honda), y que la vialidad que conecta esta subregión a Maicao es prácticamente rural, lo que dificulta el traslado terrestre de pacientes. Por lo tanto, las lanchas ambulancia son dotaciones oportunas para atender la salud de las comunidades de la Alta Guajira.
Esta visión de la periferia del país tiene su origen en la composición política, administrativa, económica y social de la colonia, que se mantiene hasta ahora. La discriminación, el racismo, la superioridad étnica, cultural, el elitismo y el centrismo bogotano son coloniales: lo diferente no es asumido como alteridad, sino como distorsión del deber ser normado por el establecimiento, por lo tanto, merece condena, exclusión, discriminación y hasta burla.
“Lo que parece ser un simple error de un periodista que no hizo bien la tarea es, realmente, la manifestación de un problema más serio: los medios de comunicación, que se dicen nacionales, pero están en el interior andino, pretenden informar sobre un país que desconocen”, escribió el historiador Orlando Deavila Pertuz en su red social X.
Reclutamiento de menores
La Defensoría del Pueblo presentó su informe anual sobre el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales durante 2024 y 2025. El documento destaca una preocupante expansión geográfica de este delito hacia la región Caribe, donde los departamentos de Magdalena y La Guajira aparecieron por primera vez en los registros oficiales durante 2025. Mientras en 2024 solo se había reportado un caso en el Cesar, al año siguiente esta cifra aumentó a siete en ese departamento, además de dos casos en La Guajira y tres en Magdalena, confirmando una clara tendencia de crecimiento del fenómeno en el norte del país.
El informe también revela cambios alarmantes en el perfil de las víctimas. Se registró un incremento significativo en el reclutamiento de población indígena, pasando de representar el 6% de los casos en 2024 al 47% en 2025, lo que evidencia una focalización desproporcionada de los grupos armados sobre comunidades étnicas. Asimismo, se produjo un giro grave en la distribución por género: en 2025, el 62% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, rompiendo con los patrones históricos que se concentraban mayoritariamente en varones adolescentes.
Ahora bien, este informe ignora por completo que las autoridades del Atlántico han denunciado el reclutamiento por parte de Los Pepes y Los Costeños de al menos 2.000 jóvenes y menores de edad, según cifras expuestas por el gobernador Eduardo Verano en julio de 2025.
“Las organizaciones de microtráfico han encontrado que el mejor vehículo para penetrar en la venta de drogas es utilizando jóvenes de 14, 15 y 16 años. Son más obedientes y útiles para sus propósitos. La cifra que manejamos hoy es de al menos 2.000 muchachos vinculados a estas bandas”, advirtió el mandatario en declaraciones al portal Zonacero.com.
Cerrejón y el bloqueo de vías
En lo que va de enero se han reportado 12 bloqueos a la vía férrea de Cerrejón en La Guajira. Solo en 2024 se registraron 225 bloqueos que impidieron el transporte de carbón durante aproximadamente 135 días, según informes de la transnacional. De enero a octubre de 2025 se contabilizaron 152 bloqueos.
Durante 2024 se registraron 200 bloqueos de vías en el departamento, según un informe publicado por la Cámara de Comercio, lo que significó un incremento de 119,8 % en comparación con el año anterior. Sumados a los 225 bloqueos en la línea férrea de El Cerrejón y 41 en las zonas urbanas.
Lo primero que exponen la Cámara de Comercio, Cerrejón y las autoridades es el impacto económico y social que dejan los bloqueos. Y son evidentes. Pero los hechos nos indican que, en un departamento con altos índices de pobreza, donde la institucionalidad ha sido saqueada y controlada durante décadas por un puñado de familias corruptas, los recursos mineros expoliados por grandes capitales y la vocación agrícola trastocada por la fiebre de la extracción, los bloqueos y protestas se convierten en la única herramienta para hacer valer derechos.
Ecuador sin brújula
El gobierno de Daniel Noboa pretende ocultar la crisis de seguridad y de derechos humanos que atraviesa Ecuador iniciando una escalada arancelaria contra Colombia, bajo la falacia de una falta de compromiso por parte del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales en la frontera común.
Justa y contundente la respuesta de Petro al orientar al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, suspender desde el jueves 22 de enero la exportación de electricidad como medida de reciprocidad a la imposición arancelaria de Ecuador. Al respecto, dos cosas.
No es responsabilidad del Gobierno colombiano la crisis de seguridad que arrastra el gobierno de Noboa, mucho menos el recrudecimiento de la violación de derechos humanos que se vive en el hermano país por la aplicación de una política persecutoria y al margen del Estado de derecho, sobre todo después de establecer una alianza “antidrogas” con el Comando Sur desde 2024.
Pero detrás de esta guerra arancelaria, dos temas quedan pivotando. En el primero, Noboa abona el terreno para salpicar a Gustavo Petro en vísperas de la reunión bilateral con su homólogo Donald Trump, con el cual discutirá precisamente temas de seguridad y narcotráfico.
Lo segundo es más complejo y se enlaza con lo primero y con los estados de opinión que la derecha radical colombiana ha intentado imponer desde el primer año de gobierno de Petro: que la guerrilla del ELN y demás grupos armados ilegales han cogobernado en Colombia. Temerosa e irresponsable esta acusación. Una cosa es que la política de paz total haya fracasado, y que nunca tuviera una metodología y hoja de ruta clara para abonar el camino de la paz, trayendo como consecuencia ensayos y fracasos en materia de seguridad, y otra muy distinta es que el Gobierno haya entregado espacios del Estado para que grupos armados ilegales los manejasen a su antojo.
