Por: Caribe Investigación
1. Los vulnerables
Ante la impotencia de familias enteras, se está consolidando un patrón de violencia contra tres sujetos vulnerables del departamento Atlántico: mujeres, jóvenes y tenderos; en medio de un contexto de incremento de la violencia criminal que desborda cualquier respuesta institucional, alarma o informe de derechos humanos.
De manera vergonzosa, el Atlántico arribó al Día Internacional de la Mujer Trabajadora con 18 mujeres asesinadas en apenas 67 días del 2026, según el consolidado recopilado por el diario El Tiempo y cifras emitidas por las autoridades. De los 18 casos, cuatro eran menores de edad (actualizado hasta el 15 de marzo).
Puntualmente, las mujeres del Atlántico se encuentran a la deriva por no existir un mecanismo efectivo de prevención y atención de casos de violencia en su contra, o más bien fallas graves en las rutas de atención y protección, así como impunidad y reincidencia de agresores.
Voceras de la Red de Mujeres del Atlántico cuestionan de nuevo “la tendencia a separar homicidios de mujeres y feminicidios como si lo primero restara gravedad al fenómeno, y advierten que esa distinción terminológica puede diluir la urgencia de la protección”, precisa El Tiempo.
En su primer informe de 2025, la Defensoría del Pueblo advertía que Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca encabezan la lista de territorios con mayor número de casos de amenazas graves contra mujeres. El cierre de ese periodo no es nada alentador para el país, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación, se registraron 696 feminicidios y 409 tentativas.
Menores de edad
Desde el año pasado, se viene alertando sobre el reclutamiento e instrumentalización de menores de edad por parte de grupos criminales que operan en el Atlántico, principalmente ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. El pasado 14 de marzo, la Fiscalía lideró una reunión interinstitucional donde ratificaron este problema, que ya no solo se limita a Barranquilla, sino a otros municipios del área metropolitana y del departamento como Malambo, Soledad y Juan de Acosta.
“Entre los delitos en los que están siendo utilizados los menores se encuentran homicidios, extorsiones, amenazas, distribución de panfletos intimidatorios y tráfico de estupefacientes”, reseñó La FM.
También en el año 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, a través de la cual confirmó el reclutamiento de menores a cargo de grupos delictivos en la ciudad, alerta que fue reiterada en el año 2020.
Y no se limita el reclutamiento de menores a la instrumentalización para cometer delitos. De ser rechazadas las propuestas de ingresar a organizaciones delictivas, son amenazados de muerte ellos y sus familiares. El reclutamiento se dirige, sobre todo, a jóvenes en condición de vulnerabilidad económica y en los barrios de mayores necesidades básicas insatisfechas en la ciudad.
Tenderos
Mayor visibilidad ha tomado en los últimos años (por lo menos desde 2020) la extorsión de la que son víctimas tenderos y pequeños comerciantes de Barranquilla y el Atlántico. No solo son víctimas de llamadas extorsivas desde las cárceles, sino que tienen que soportar la presencia física de los verdugos y ataques armados que los obligan a pagar o cerrar indefinidamente sus locales comerciales.
Y este problema se repite en todo el Caribe colombiano con dos elementos que debilitan aún más la permanencia de los tenderos y pequeños comercios en los principales barrios caribeños, y con ello toda una cultura comunitaria de cercanía e intercambio solidario: la competencia desleal y las cargas tributarias a las que son sometidos. Grandes capitales extranjeros como la multinacional Bimbo o cadenas de supermercados como D1 y Olímpica están copando espacios a los negocios tradicionales con precios irrisorios, cadenas que cuentan con una estructura financiera tan robusta que imposibilita a las redes de economía popular permanecer en el tiempo. El otro punto crítico tiene que ver con el acoso que sufren los pequeños comercios por parte de la DIAN, y es que el sistema tributario no está hecho para que los tenderos sobrevivan económicamente.
A nuestro juicio, estas son las tres poblaciones que mayor violencia vienen sufriendo en el departamento del Atlántico en los últimos años. Temas que deberían ser prioritarios en las mesas de diálogo sociojurídico que lleva adelante el Gobierno con los principales actores armados denominados Los Pepes y Los Costeños.
Ahora bien, en el caso concreto de las mujeres y jóvenes, preocupa la postura que han tenido las autoridades a la hora de abordar cada caso. Las víctimas resultan revictimizadas cuando las autoridades, por pereza, inercia o desdén, sostienen que los casos de menores de edad o jóvenes muertos están relacionados única y exclusivamente con “guerra entre bandas” o “ajuste de cuentas” (en febrero pasado se dio un caso concreto de una mujer víctima y las autoridades zanjaron el asunto afirmando que estaba vinculada a una estructura delincuencial).
No solo revictimiza a las víctimas, sino que imposibilita la creación o fortalecimiento de rutas de atención para prevenir la violencia contra las mujeres, menores de edad y jóvenes; invisibiliza y distorsiona las causas u origen de esta violencia sistemática; condena a las víctimas a un silencio pétreo y consolida la impunidad de los victimarios.
2. Cartagena, percepción y persecusión
El balance de seguridad de 2025 para Cartagena, analizado por el programa Cartagena Cómo Vamos, reveló recientemente que, aunque los hurtos disminuyeron, “el miedo nunca había sido tan palpable”, según reseñó El Tiempo.
Cartagena hoy enfrenta una de las tasas de homicidios más altas del país. A la par, más de la mitad de los cartageneros (53%) afirmó sentirse inseguro. Pero un dato revela un patrón que se repite en Atlántico y otras ciudades del Caribe: los homicidios están concentrados en sus ciudadanos más jóvenes.
Otra vez los jóvenes no solo son víctimas de los principales homicidios de la ciudad, sino que son foco de persecución de la política de seguridad del alcalde Dumek Turbay, cuyo Plan Titán ha sido criticado por militarizar Cartagena, mientras les niega los espacios públicos a las comunidades locales, estigmatizándolas y criminalizándolas.
¿Dónde se ha concentrado este fracasado Plan Titán? En zonas donde las comunidades negras conforman la mayoría de la población: los barrios Villas de La Candelaria, La Troncal, El Pozón, Henequén, Nelson Mandela, Olaya Herrera, Blas de Lezo y San José de los Campanos.
Será imposible que mejore la percepción de seguridad mientras la política del Distrito tenga un doble rasero: se dedica a proteger el turismo mercantilizado del Casco Histórico (destinado exclusivamente para los turistas y negado para los originarios), mientras reprime y persigue a las comunidades pobres de su entorno y se practican detenciones arbitrarias basadas en la apariencia física o la orientación sexual de las personas.
Una política de seguridad racializada como la que se ha venido aplicando en Cartagena, a duras penas podrá presentar unas cifras de reducción que nada tienen que ver con una transformación integral del territorio. Por el contrario, las comunidades marginales y marginalizadas quedan condenadas a la exclusión ante políticas superficiales de narrativas “contundentes”.
“La violencia en Cartagena no nace en los cuerpos negros. Nace en la desigualdad estructural, en la exclusión económica, en la precarización laboral, en la falta de oportunidades y, por supuesto, en el abandono estatal, el cual ha marcado la vida de muchos de estos territorios. Lo alarmante es que se normalice que una persona negra sea tratada como un riesgo latente, mientras se pasa por alto su dignidad humana; esta normalización hace que parezca “natural” que toda una población deba vivir bajo la sospecha constante y que la vigilancia se imponga por encima de los derechos”, reflexiona el editorial de la Corporación Justicia y Democracia, basado en denuncias del Colectivo Comunitario Antirracista Contextos y el Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas de Cartagena.
Ni siquiera estamos ante un problema de percepción, sino ante una política sistemática de exclusión y marginación estructural de las comunidades pobres, negras y afro que componen todo el cordón que bordea e integra el Casco Histórico.
3. El retorno y protección de los arhuacos
En un llamado urgente, la Defensoría del Pueblo instó al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Unidad para las Víctimas a articular de manera inmediata y efectiva la entrega de ayuda humanitaria para las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwanawimaku (Aracataca), en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Desde el pasado 6 de marzo, más de 465 familias (2.581 personas) permanecen en confinamiento forzoso debido a los enfrentamientos armados entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). A pesar del acompañamiento permanente de la entidad en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, así como la reciente distribución de ayuda material en coordinación con el Cabildo Gobernador Arhuaco y la Gobernación del Magdalena, la situación sigue siendo crítica y el flujo de víveres resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.
Las cifras revelan una dramática parálisis en la logística humanitaria: de las cerca de 48 toneladas de alimentos programadas para atender la emergencia, únicamente 8,55 toneladas han logrado ser distribuidas por vía terrestre en Gunmaku. Mientras tanto, 15 toneladas permanecen retenidas en la base militar de Tucurinca a la espera de transporte aéreo, y otras 24 toneladas continúan almacenadas sin fecha de traslado en la casa del adulto mayor de Aracataca.
La Defensoría ha denunciado que esta acumulación de insumos sin entrega efectiva profundiza la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la seguridad alimentaria, la salud y la libre movilidad, pese a los avances en la inclusión de comunidades como la vereda Palestina en los censos oficiales.
En medio de la disputa territorial entre estos dos actores armados, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a ambos para que respeten estrictamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), absteniéndose de utilizar a la población civil como escudo o de exponerla a las hostilidades como viene sucediendo las últimas dos semanas. Asimismo, exigió al Estado fortalecer su presencia en el territorio y ejecutar de manera integral las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025.
4. ¿Apagón técnico?
No es la primera vez que el sector energético colombiano emite una alarma sobre un posible apagón técnico en Colombia. En ocasiones, esta denuncia suele tener una carga política bastante confrontacional que cuestiona la capacidad del Gobierno en esta materia. Sin embargo, no se debe perder de vista el tema por la ocultable realidad financiera y de infraestructura que enfrenta el sistema eléctrico del Caribe colombiano.
Según denuncias recientes, el sistema energético colombiano enfrenta una crisis debido a un déficit financiero de $9,2 billones que tiene al borde del colapso los servicios de electricidad y gas. Este hueco fiscal se compone de cuatro factores críticos: $3,5 billones en subsidios de estratos 1, 2 y 3 que el Gobierno no ha girado a las empresas; $2,2 billones en deuda congelada por la opción tarifaria de la pandemia; $2,1 billones por el colapso de la comercializadora Air-e en la Costa Caribe, que genera un riesgo sistémico; y $1,4 billones en deudas oficiales morosas.
Los gremios del sector advierten que las empresas están financiando la política de subsidios con su propio patrimonio y endeudamiento privado, una situación insostenible que ha llegado a su límite. Según XM, el operador del mercado, el margen de seguridad entre la oferta y la demanda ya es negativo, con un déficit de energía proyectado del -2% para 2026 que empeorará al -3,5% en 2027.
La situación se agrava por la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño, la caída del 57% en las reservas de gas natural en la última década y un riesgo de desabastecimiento de gas que alcanza el 53% en 2026 y el 70% en 2027.
Sabemos que los intereses de los líderes gremiales (Andesco, Asocodis, Naturgas, Acolgen y Andeg) se centran en el giro de los subsidios adeudados, pero la deuda por la opción tarifaria y las condiciones precarias de la infraestructura de electricidad en el Caribe es una realidad, y la situación de vulnerabilidad y poca maniobrabilidad de la Air-e tiende a agravarse.
Esta situación pone de relieve dos hechos: el modelo de gestión de la energía en Colombia, privatizado en la década de 1990, dejó de ser funcional y sobrecargó al Estado de deudas y pasivos que debieron asumir los operadores que, de saquear los bolsillos de los ciudadanos, dejaron un cascarón vacío en cuanto a infraestructura, deudas, pasivos laborales y huecos financieros, como ha sucedido en el Caribe las últimas dos décadas.
Lo otro es que sigue postergado y maniatado el debate de lo que hoy debe ser considerado como un derecho fundamental, y no un negocio en el cual se lucran intermediarios y operadores. Debe ganarse en la opinión pública y en la próxima legislatura del Congreso para lograr un modelo que garantice, bajo el control del Estado, servicios eficientes y de acceso universal de electricidad, agua y gas en todo el país.
5. Exinterventores de AIR-e imputados
La crisis institucional de Air-e se profundiza, esta vez por un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía tenía programada para el 19 de marzo la audiencia de imputación de cargos contra Diana María Bustamante y Nelson Javier Vásquez, dos de los cinco interventores que han pasado por la compañía desde que el Gobierno asumió su control. Ambos exfuncionarios enfrentarán acusaciones por el delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano.
Según las investigaciones, la conducta ilícita se originó en la reiterada negativa de los interventores a entregar información detallada sobre la administración de la empresa durante el periodo de intervención. Los exfuncionarios desatendieron incluso un fallo del Consejo de Estado que les ordenaba suministrar dichos datos a los accionistas de Air-e. De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 48 meses de prisión.
Desde que se dio la intervención de AIR-e, diversas voces de la región advirtieron que el Gobierno tendría en sus manos uno de los temas más sensibles del Caribe. No solo Petro ha fallado en una medida concreta y estable para salirle al paso a este problema; su administración ha sido atacada por distintas instancias del Estado que limitan las pocas medidas que se han adoptado.
