Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 116)
Por: Caribe Investigación
1. La paradoja del bloqueo
La reciente suspensión de operaciones de Cerrejón, después de un bloqueo de varios días a su línea férrea en Albania, La Guajira, revela la extrema fragilidad del modelo socioeconómico y la institucionalidad en el departamento. Mientras la empresa califica estos paros como un “cuello de botella” que afecta su cadena productiva y amenaza con suspender contratos de más de 13 mil trabajadores, la realidad muestra el descontento acumulado por décadas de explotación y saqueo, décadas de injusticias, pasivos ambientales y fracturación del territorio y su tejido social.
La versión que se lee en la prensa local o regional, casi siempre al servicio del Cerrejón, muestra apenas una parte del problema y apela a la victimización del Cerrejón. Sin embargo, las recientes protestas resignificaron una lucha de más de dos décadas: El despojo de Tabaco o cuando el desarrollo y el progreso se convierten en destrucción. Vale recordar brevemente cuál es la historia de este pueblo para concluir que el Estado abandonó a La Guajira y que la protesta es legítima y justificada.
La comunidad de Tabaco significa la cara más brutal del extractivismo en Colombia. Fundado en 1780 por afrodescendientes, este corregimiento agrícola fue destruido en agosto de 2001 cuando la empresa Cerrejón, con apoyo de la fuerza pública, arrasó las viviendas de aproximadamente 1.200 personas. Fue un desalojo premeditado, alevoso y criminal: cortaron los servicios públicos, desviaron el agua del río, quemaron el cementerio y las casas de quienes se negaron a aceptar compensaciones miserables.
Dos décadas después, el fallo de la Corte Suprema de 2002 que ordenó la reconstrucción de Tabaco sigue sin cumplirse. ¿Y aun así pretenden que la gente acepte su penoso destino y deje intacta la locomotora de la muerte? Las familias desplazadas viven hacinadas en casas a la orilla de la vía que conduce a Hatonuevo, mientras su territorio ancestral está literalmente enterrado bajo escombros y maquinaria pesada. Esta es la esencia de un modelo que concibió a La Guajira como territorio desechable y destruible.
El Cerrejón hoy se victimiza y amenaza con suspender totalmente sus operaciones, incluso promovió el levantamiento de la toma de la semana pasada manipulando a un sector de Albania, pero sigue sin responder por todos los delitos cometidos durante décadas: desvío y contaminación del río Ranchería y todo el impacto social, ambiental y socioproductivo que dejó la desaparición de arroyos y el aprovechamiento indiscriminado de todo tipo de fuentes de agua en detrimento de un territorio árido que padece por la falta de agua potable. Mientras Cerrejón traga millones de litros de agua para sacar el carbón, el departamento padece sequía, hambre, desnutrición y no tiene posibilidad de recuperar territorios que en el pasado se dedicaron a la agricultura.
Son innumerables las violaciones cometidas por el Cerrejón y, sin embargo, amenazan con parar sus operaciones al tiempo que criminalizan no solo a los líderes de Tabaco, sino a todas las comunidades que los últimos tres años vienen ejecutando tomas en distintos sectores de la línea férrea para exigir derechos básicos.
La suspensión de operaciones por bloqueos recurrentes (80 en lo que va del año) refleja el hartazgo de una población que vive en la pobreza extrema a pesar de estar sentada sobre una de las minas de carbón más grandes del mundo. Mientras la empresa advierte sobre el “impacto negativo en la economía” por los bloqueos, las comunidades afectadas, como Roche y Patilla, siguen esperando proyectos productivos autosostenibles, pues fueron reubicadas en terrenos infértiles que las condenaron a la dependencia y a perder su identidad agrícola.
2. Crisis hídrica en Santa Marta
La declaratoria de alerta amarilla por parte de Essmar, sumada a las recientes protestas en barrios como Ciudad Equidad y Los Almendros, evidencia que la crisis del agua en el Magdalena no es un problema que se puede seguir postergando. La planta de Mamatoco pasó de recibir 750 litros por segundo a solo 560, mientras que la captación en El Roble cayó de 500 a 450 litros por segundo.
Detrás de estos números hay personas que pasan días sin una sola gota de agua, que agotan sus reservas en baldes, que destinan sus escasos ingresos a comprar agua en carrotanques y que, pese a no recibir el servicio, siguen pagando facturas. La reacción ciudadana —protestas, bloqueos, reclamos frente a las instalaciones de Essmar— no es capricho, es el estallido social ante un derecho fundamental que el Estado no ha garantizado durante décadas.
Al igual que el tema del servicio eléctrico en el Caribe, el acceso al agua potable se ha convertido en prioritario en la agenda pública en la región, aunque sigue siendo Santa Marta -junto con La Guajira- uno de los más afectados.
En este contexto de emergencia, la declaratoria de reserva permanente en la Sierra Nevada de Santa Marta emitida por el Gobierno Nacional adquiere relevancia clave. La Sierra es el principal regulador hídrico y climático de toda la región Caribe. Sus páramos, bosques y ecosistemas de alta montaña captan, almacenan y distribuyen el agua que abastece a ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha, con una demanda superior a los 3.000 litros por segundo. Los estudios técnicos advierten que la degradación de este sistema podría reducir la oferta hídrica en más de 60% en algunas subzonas.
Es decir, permitir nuevas concesiones mineras o contratos de hidrocarburos en este territorio equivaldría a destruir la principal fuente de agua de millones de personas. La medida del Gobierno, solicitada por los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, no es un capricho ambientalista: es una necesidad estratégica para la supervivencia hídrica del Magdalena.
Ahora bien, se suma al debate sobre el acceso al agua en Santa Marta la demanda de los productores bananeros. El presidente Petro propuso reducir la producción bananera para garantizar agua para consumo humano y el sector estalló. Como siempre, se pone en la balanza elementos económicos: el sector bananero mueve cerca de 800.000 millones de pesos anuales en salarios, pero también es un consumidor intensivo de agua.
Frente a esta tensión, la reserva permanente en la Sierra debe operar como una herramienta de prevención: impedir que nuevas actividades extractivas —minería e hidrocarburos o agrícolas— compitan por el agua en el ecosistema que la origina. El debate hoy debe centrarse en la protección de las fuentes hídricas inmediatas, no en la afectación a la producción agrícola o industrial, porque lo contrario sería hipotecar el agua y la vida de miles de personas. La medida es clara, cierra la puerta a nuevos proyectos que, como ha ocurrido históricamente, terminan contaminando y desviando fuentes hídricas.
3. Crisis energética y protestas
Como advertimos hace dos semanas, los constantes apagones y las fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de las empresas Air-e (La Guajira, Atlántico, Magdalena) y Afinia (Cesar, Magdalena) seguirán encontrando bloqueos y protestas en distintos puntos de la región, esto sin contar la entrada inminente de El Niño de mayor magnitud e impacto que el de años anteriores.
Un tema que heredará el próximo gobierno y que se ha convertido en uno de los más convulsos de la región. Son años de decisiones erradas, de pasivos heredados, pillaje empresarial para no invertir en infraestructura y colusión entre las clases políticas tradicionales del Caribe y las operadoras para eludir lo más mínimo de responsabilidad.
4. Muertes violentas en Atlántico
Según el Sistema Civil de Alertas Tempranas, en mayo de 2026 se registraron 108 muertes violentas en el departamento del Atlántico, lo que representa un aumento de 36 casos frente a los 72 del mismo mes de 2025. Del total, 93 ocurrieron en el área metropolitana de Barranquilla: 50 en Barranquilla, 31 en Soledad y 12 en Malambo. En el resto del departamento se presentaron 15 casos, con reducción frente a abril, distribuidos en Sabanalarga (7), Baranoa (4), Sabanagrande (2), Tubará (1) y Campo de la Cruz (1). Galapa y Puerto Colombia no reportaron homicidios.
De estas muertes, 91 fueron por sicariato, 2 por baja policial, y hubo una víctima por desmembramiento, una por tortura y otra por linchamiento. Se reportaron 4 mujeres asesinadas y 32 víctimas no fatales en medio de acciones sicariales. El informe no incluye muertes por accidentes de tránsito ni suicidios.
5. Degradación en Magdalena
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), alertó sobre la degradación de la violencia en la zona rural de Magdalena, donde “primero llega la muerte” y después el Estado. En una nueva escalada de violencia registrada en el municipio Pivijay, tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas, entre ellas un menor de edad.
“En varias zonas rurales del departamento, la ausencia de una respuesta efectiva de las autoridades ha llevado a que sean los propios familiares quienes deban recoger y trasladar los cadáveres hasta las cabeceras municipales para acceder a los procedimientos judiciales y forenses exigidos por la ley”, precisa el portal El Callejero.
Para el director de PDHAL, Lerber Dimas, la situación de violencia en estas regiones del Magdalena sigue aumentando y a la vez “reproduce expresiones de las violencias paramilitares del pasado. Lo que está ocurriendo no solamente es grave por los asesinatos, sino por la manera en que el Estado está respondiendo a ellos”, expresó al medio.
También se conoció la denuncia expuesta por el presidente de la Asamblea del Magdalena, Amed José Zawady Pupo, quien recibió una llamada telefónica con intimidaciones directas contra su vida. El hecho provocó el rechazo de distintos sectores políticos y ciudadanos. Ya no solo son amenazados los liderazgos sociales del territorio.
6. Entrega de tierras en Córdoba
Sigue siendo el Caribe colombiano escenario de reparación a campesinos afectados por el desplazamiento forzado durante el paramilitarismo de las décadas pasadas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó 1.254 hectáreas a más de 600 familias campesinas del municipio de Montelíbano (Córdoba), reagrupadas en ocho asociaciones civiles, tras más de tres décadas de espera.
Se trata de la primera adjudicación de tierras realizada por la ANT en ese municipio, mediante el mecanismo de compra por venta voluntaria, transformando predios privados en activos sociales para la producción de alimentos en el marco de la reforma agraria del Gobierno nacional. La gran mayoría de los beneficiarios son víctimas de desplazamiento forzado, y el acceso formal a la propiedad representa para ellos el cierre de un ciclo de desprotección institucional. El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que estas tierras tienen condiciones agronómicas excepcionales y capacidad productiva para contribuir a la seguridad alimentaria y restaurar la dignidad del campesinado.
