Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 120)
Por: Caribe Investigación
1. ¿Ciudad Sustentable?
En el Caribe colombiano, el poder político y económico sigue vendiendo espejitos de colores para consolidar planes de infraestructura que, en el fondo, provocan impactos ambientales, territoriales y de movilidad que quedan sepultados por titulares grandilocuentes de los medios aliados al poder.
El caso más reciente está relacionado con el reconocimiento que la ONU hiciera a Barranquilla como Ciudad Modelo y Ciudad Piloto de la iniciativa global Generation Restoration 2023-2025, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) e ICLEI –Gobiernos Locales por la Sostenibilidad–. Como era de esperar, los medios locales y nacionales le dieron amplia cobertura a la noticia.
El reconocimiento destaca el megaproyecto de Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, entre otras obras. Sin embargo, una parte de la ciudad queda silenciada porque no se contrasta el premio con la realidad ni las denuncias del impacto ambiental y social que arrastra esta obra. A pesar de haber sido presentado como una apuesta de sostenibilidad, el territorio enfrenta tres retos críticos: contaminación de cuerpos de agua, gentrificación, estrés hídrico y urbanización.
La Ciénaga de Mallorquín ha sufrido históricamente por la acumulación de plásticos, residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales provenientes de la ciudad, como documentó un reportaje de El Espectador. Dos nuevos elementos terminarán de condenarla: el ecoparque y la Ciudad de Mallorquín, según han venido denunciando desde 2020 comunidades, académicos, investigadores y defensores ambientales. Extrañamente, la ONU expide esta certificación cuando existe una tensión latente entre el agresivo modelo de expansión inmobiliaria de la ciudad y la conservación de sus reservas ambientales.
Mallorquín es un ecosistema conformado por una barrera natural de manglares que evitan o ralentizan la erosión costera y purifican el agua del estuario; sin embargo, tanto la ciudad (impulsada por el grupo Argos) como el ecoparque desarrollado por el distrito ponen en duda la certificación de ciudad modelo sostenible.
Desde una perspectiva ambiental, la principal preocupación radica en la fragmentación del ecosistema y la alteración de los flujos hídricos que alimentan la ciénaga porque la densificación urbana en las zonas de amortiguación no solo destruye hectáreas de bosque seco y manglar, satura los cuerpos de agua con sedimentos.
Por otro lado, está el impacto social, que expone una marcada desigualdad en la planificación del territorio, donde se invirtieron miles de millones de pesos en construcción de infraestructura turística en torno a la ciénaga, pero se dejan al margen o se desaloja a las comunidades locales de su territorio ancestral, lo que amenaza las actividades de autosustento como la pesca. Un verdadero ecocidio y proceso de gentrificación al que hoy la ONU le lava la cara.
Gran Malecón del Mar
El caso de Barranquilla no es único; se repite en todo el Caribe colombiano. En nombre del progreso, se prioriza el desarrollo urbano, de infraestructura y turístico en detrimento del ambiente y de las comunidades, como viene sucediendo con la Avenida del Río (Valledupar) y el Gran Malecón del Mar (Cartagena). Ambos proyectos están en fase de desarrollo y también han sido criticados por el impacto ambiental y social que dejarán.
Comunidades de la Ciénaga de la Virgen han denunciado la inconveniencia del macroproyecto del Gran Malecón del Mar (en específico del Malecón Ciénaga de la Virgen) porque repiten las profundas tensiones históricas del Caribe colombiano, donde las grandes obras de infraestructura en torno al agua o territorios estratégicos condicionan y afectan el tejido social de los barrios tradicionales.
Comunidades de La Boquilla, Vía Perimetral y zonas como Olaya Herrera, Fredonia y Nuevo Paraíso temen ser desplazadas o indirectamente por lo que implicaría la revalorización de la zona, la presión inmobiliaria o el aumento de los costos de vida, sobre todo porque carecen de titularidad que les permita exigir indemnización o reubicación digna.
Ciénaga la Virgen es para las comunidades raizales y afro un complejo de vida que determina sus relaciones económicas y sociales. El avance del concreto terminará por limitar o seccionar el acceso al agua y la pesca de las comunidades locales, como también viene sucediendo en torno a la Ciénaga de Mallorquín.
Avenida del Río
La misma suerte corren las comunidades de la margen derecha del río Guatapurí (Valledupar), donde la Gobernación del Cesar desarrolla el ambicioso proyecto Avenida del Río, que comprende 9 kilómetros aproximados de concreto.
Son comunidades asentadas en sectores populares y de alta vulnerabilidad como El Paraíso, Pescaito y Nueve de Marzo, que recientemente denunciaron al medio Radio Guatapurí el impacto social del trazado y están exigiendo procesos claros, justos y transparentes. Mientras la Gobernación planea la legalización de terrenos y la reubicación de al menos un millar de familias en zonas de alto riesgo, los afectados denuncian que las socializaciones iniciales no han sido claras respecto a los metros que ocupará la vía ni sobre el destino de sus viviendas.
El temor a ser desplazados guarda el mismo sustento de las comunidades de Cartagena. Al estar ubicados en asentamientos subnormales que limitan las compensaciones por el valor total de la propiedad, la comunidad exige justicia en las indemnizaciones económicas, garantías reales para evitar el desarraigo y el despojo de familias que han habitado el sector por décadas.
Otro punto que preocupa en torno a la Avenida del Río es la grave falta de planeación técnica e hidrológica, y la afectación directa a un ecosistema de reserva, según han denunciado en diversas ocasiones la Sociedad de Ingenieros del Cesar, quienes advirtieron en septiembre de 2025 que el proyecto pondría en riesgo 279 hectáreas destinadas para el Ecoparque Lineal del río Guatapurí.
Otra de las críticas señala que técnicamente el diseño inicial dejó por fuera las bocacalles y las conexiones indispensables para que la avenida operara con el sistema vial de la ciudad (como el acceso por el sector de la calle 44); el estudio de los suelos no fue el más apropiado, ya que luego de las excavaciones se logró constatar que la vía contenía altísimos niveles de materia orgánica y basura acumulada por años.
Es el mismo patrón en Cartagena, Barranquilla o Valledupar. El poder político apostando por el desarrollo de infraestructura sin escuchar a las comunidades, sin atender las recomendaciones y advertencias de expertos, ingenieros, académicos, ambientalistas, sin entender los límites físicos de zonas y ecosistemas frágiles. Con resultados similares: riesgo e impacto ambiental y gentrificación de comunidades vulnerables en nombre de ciudades y proyectos sostenibles o verdes.
2. El panfleto y los bloques de defensa
El fin de semana pasado circularon panfletos y amenazas en Barranquilla y Soledad que casi que paralizaron la dinámica comercial de ambos municipios, lo que provocó la caída del 60 % de las ventas comerciales, según estimaciones de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro).
La violencia en Barranquilla y su área metropolitana es real. Pero la parálisis de los días 4 y 5 de julio tras la circulación de varios panfletos, de los cuales ha sido verificada su autenticidad, sirvió de pretexto para el lanzamiento de una política de seguridad que ocupará el escenario político del país los próximos cuatro años: la creación de los “Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana” anunciada por el gobierno entrante.
Inmediato al escenario de temor y parálisis tras la circulación de los panfletos, De La Espriella comunica esta política de seguridad que tendrá como epicentro, entre otras ciudades, la capital del Atlántico. Es decir, fue como el combustible justificante para hacer semejante anuncio.
Hasta hoy nadie sabe cómo funcionarán, aunque llovieron críticas y advertencias al comparar los bloques con las Convivir de las décadas de 1990. Lo cierto es que esta circunstancia nos permite hacer un paralelismo: el fracaso de los diálogos del Caguán le permitió a Uribe vender su política de Seguridad Democrática, que coincidió con el inicio del Plan Colombia y el ascenso del paramilitarismo en amplias regiones del país.
Hoy, el gobierno De La Espriella tiene su propio Caguán, como bien explica el investigador Juan David Velasco en entrevista con El País. Hoy la paz total de Petro se convierte en el Caguán de De La Espriella, un ensayo que nadie sabe qué resultado tendrá, pero ya en campaña advirtió que pediría a Estados Unidos apoyo para el lanzamiento de otro Plan Colombia. No es muy difícil imaginar cómo será.
3. Los fachos de Valledupar
Indignación y rotundo rechazo provocó la caravana que el pasado 7 de julio recorrió las calles de Valledupar izando banderas rojas con esvásticas (símbolo nazi). El mismo día, el reconocido integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Naín Pérez, recorrió las calles de Riohacha en caravana de motorizados, desafiando una vez más al Estado.
Preocupantes este tipo de manifestaciones, tomando en cuenta que el presidente electo dijo abiertamente que estripará a la izquierda y se ha encargado de perseguir judicialmente a periodistas que lo han expuesto por casos de corrupción.
Aunque lo de Naín Pérez tiene un elemento más inquietante. Se ha convertido en referente mediático para jóvenes de La Guajira, de allí su espectacularidad al momento de hacer y publicar vídeos.
4. Extorsión vs. homicidio
En el Magdalena, la extorsión se ha consolidado como la principal amenaza económica y social, superando incluso al homicidio. Las denuncias apuntan a cobros forzados de las ACSN que asfixian al sector bananero y turístico, afectando 95% de los prestadores formales en la zona de Tayrona y Palomino. La crisis escaló a niveles críticos tras denunciarse que las intimidaciones ya alcanzaron al personal médico y trabajadores sanitarios del hospital de Pivijay. Ante esto, autoridades y gremios económicos celebraron la primera Cumbre Global de Seguridad del Magdalena en Santa Marta para articular estrategias, donde la gobernadora Margarita Guerra destacó una inversión de $33.000 millones para fortalecer a la Fuerza Pública.
5. ACSN subestimadas
El poder de las ACSN fue subestimado. Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) describe el crecimiento territorial de las ACSN en Magdalena, Cesar y La Guajira, sustentado en el narcotráfico y extorsiones que les generan ingresos de hasta $7.000 millones mensuales. El informe detalla que el número de integrantes de grupos ilegales creció un 23,5% en 2025 y advierte que la respuesta estatal sigue siendo reactiva.
Paralelamente, la violencia azota los hogares de la región. En Aracataca (Magdalena), un ataque sicarial en el corregimiento de Buenos Aires dejó dos personas muertas —una mujer y su pareja venezolana— y una joven herida. El crimen, ligado a disputas por economías ilícitas, eleva la preocupación en un departamento que acumuló 261 homicidios en el primer semestre de 2026.
6. Vulnerabilidad en Córdoba
La violencia política y de género también muestra un deterioro alarmante en el sur de Córdoba. La organización Cordoberxia denunció ataques directos contra el activista LGBTIQ+ Abel Barros Manjarrez en Ayapel, cuya vivienda fue vandalizada. También contra el líder comunal Óscar Melendres Garcés en Buenavista, quien fue atacado a tiros en su residencia. Las agresiones son atribuidas a las AGC (autodenominadas EGC) en su búsqueda de control territorial y rechazo a los diálogos de paz.
7. Peaje Cartagena-Barranquilla
Un hito administrativo clave se registrará el próximo 22 de julio cuando el corredor de carga Cartagena–Barranquilla (Proyecto IP–Autopistas del Caribe) finalice su etapa de concesión y sea transferido oficialmente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS). La ANI, la interventoría y el concesionario iniciarán el proceso de liquidación del contrato, mientras que INVIAS asumirá el control de la infraestructura vial y la administración de las seis estaciones de peaje del corredor.
A pesar de ser una decisión gubernamental, se debe recordar la lucha que usuarios, ciudadanos, comerciantes y transportadores han dado los últimos años para eliminar lo que se considera con agravio y cercenamiento contra la libre movilidad… y un atraco al bolsillo.
8. Servicios en crisis
Hemos advertido en varias ocasiones que las conflictividades asociadas a los servicios de agua y energía seguirán afectando la cotidianidad de la región Caribe. La semana que cierra no ha sido diferente. Es por ello que en Magdalena la situación de los servicios públicos se debatió en una mesa estratégica liderada por el Comité Intergremial, donde el gerente de la intervenida Air-e admitió pérdidas de energía cercanas a 33% debido a fraudes y conexiones ilegales, con un recaudo crítico de apenas 4,6% en los barrios eléctricamente subnormales. En el mismo espacio, directivos de la empresa Atesa expusieron problemas en la recolección de aseo en Santa Marta debido a la mala disposición de residuos y agresiones contra los operarios.
La escasez prolongada de agua potable desató masivas protestas ciudadanas y bloqueos en vías nacionales de la región. En Baranoa (Atlántico), habitantes del sector Ciudadela La Paz bloquearon la vía La Cordialidad con quema de llantas para rechazar el deficiente servicio prestado por la empresa Triple A. Denuncian que desde hace dos meses solo reciben agua entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m., mientras las tarifas siguen en aumento.
En San Jacinto, Bolívar, la comunidad completó más de seis días de bloqueos intermitentes en la principal carretera nacional debido a una crisis de desabastecimiento de casi tres meses sin bombeo por parte del acueducto regional. Los manifestantes acusan a la empresa operadora Servimaria por la falta de suministro
Luego de 28 años de espera, la Alcaldía de Santa Marta inauguró la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Norte, una infraestructura vital para optimizar el sistema de alcantarillado en la zona norte de la ciudad. El alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció que esta obra lidera un plan maestro de saneamiento integral que incluye inversiones por $50.000 millones en colectores sanitarios para barrios vulnerables como Pescaíto, el colector pluvial de la calle 22 y, a mediano plazo, la construcción de una planta de tratamiento de agua potable valorada en $890.000 millones, financiada con recursos propios de la ciudad.
