Por: Juan David Acevedo
Han pasado las semanas y aún continúan latentes los debates y las discusiones sobre la derrota del progresismo colombiano en las pasadas elecciones ejecutivas, donde la presidencia de la República la ganó la extrema derecha en cabeza de Abelardo de la Espriella. Se culpa a la campaña, a la inteligencia artificial, a las fake news, a los medios corporativos y políticos de la derecha con su campaña de desprestigio y mentiras, a TikTok, a la fórmula vicepresidencial y a errores de comunicación.
Todos estos factores existieron y tuvieron incidencia. Sería ingenuo negarlo. Pero concentrar allí la explicación es quedarse en la superficie de un problema mucho más profundo.
Las derrotas políticas como la reciente no se producen en meses de campaña. Se van acumulando año tras año. En esta última en particular, durante los últimos 4 años. El verdadero interrogante no es por qué se perdió una elección, sino qué se hizo —o qué se dejó de hacer— durante los cuatro años en que el campo popular tuvo la oportunidad histórica de gobernar.
La principal equivocación estratégica del progresismo fue confundir la llegada al gobierno con la conquista del poder: Se asumió que haber llegado por primera vez a la administración del Estado constituía el objetivo final de la lucha política –o de clases, si se quiere– cuando en realidad debía ser apenas un medio para construir una correlación de fuerzas favorable y fortalecer un sujeto popular organizado capaz de ir cultivando y sostener con el tiempo las transformaciones estructurales que necesita toda la clase trabajadora, más allá de un período presidencial o la consecución de curules en el órgano legislativo.
O, quizás, se creyó que por haber ganado las primeras elecciones en la historia republicana, haber alcanzado algo más de 9 millones de votos e ir ganando cada vez más favorabilidad a costa de las reformas, las próximas victorias electorales estaban ya, por sí solas, garantizadas.
El gobierno no era el fin en sí mismo; era apenas el medio, el instrumento
La tradición revolucionaria ha sido insistente en esta distinción. Gobernar no equivale a ejercer el poder en toda su dimensión. El Estado es tan solo un escenario de disputa, pero no el único ni el más determinante. La estabilidad de un proyecto político depende de su capacidad para construir hegemonía, es decir, para convertirse en la dirección política, moral y cultural de amplios sectores de la sociedad, en su gran mayoría de clase trabajadora, capaz de sostenerse en el tiempo.
Y esto fue exactamente lo que no hizo el Pacto Histórico, al limitarse al plano institucional y abandonar las demás formas de luchas, complementarias y necesarias para continuar con el proyecto político.
En primera medida, el Pacto Histórico limitó el enfoque de su proyecto político y de gobernanza a reformas sociales, intervenciones asistencialistas y focales, en lugar de organizar el capital humano y militante que se recogió alrededor del Pacto Histórico y los partidos y organizaciones que le rodean, y dejar un pueblo movilizado alrededor de esos programas sociales, avances y reformas. Había que aprovechar el recurso institucional, la capacidad de llegar al territorio y el capital político que se tenía para organizar, para acumular y estrechar vínculos con la clase trabajadora. Sobre todo con aquella aún no organizada ni militante.
Retomando algunos aportes de autores como Antonio Gramsci, ninguna transformación profunda en la sociedad puede sostenerse únicamente desde los aparatos estatales. La hegemonía se construye a partir de la consolidación de trabajo de masas, trabajo de base y, por supuesto, desde lo ideológico.
El gobierno del Pacto privilegió la lógica gobiernista sobre la lógica de la organización popular. Mientras tanto, el movimiento social fue perdiendo protagonismo, la formación política dejó de ocupar un lugar importante y la movilización popular pasó a depender cada vez más de las coyunturas convocadas desde la institucionalidad y, muchas veces, vaciadas de sus contenidos, de su esencia, de sus reivindicaciones históricas, para pasar a ser meros desfiles de aplausos en favor del progresismo, como ocurrió muchas veces con las fechas conmemorativas de la clase trabajadora.
No se trata de desconocer los avances del gobierno. Sería un error afirmar que nada cambió. Hubo reformas importantes, ampliación de derechos, recuperación de la agenda laboral, avances en materia pensional, dignificación a través de políticas sociales y una apertura democrática frente a sectores históricamente excluidos. Esas conquistas existen y deben ser defendidas.
Pero las reformas institucionales, por sí solas, no transforman la correlación de fuerzas. No crean conciencia colectiva, ni conciencia de clase, no organizan, no movilizan, no forman, no cualifican. Las leyes pueden modificarse. Los decretos pueden derogarse. Los programas pueden desfinanciarse. Lo único verdaderamente difícil de vencer es un pueblo organizado y consciente.
Ahí radica la diferencia entre administrar el Estado y construir poder popular.
Rosa Luxemburgo, por ejemplo, insistía en que las reformas en un proyecto político son valiosas cuando fortalecen la organización y la capacidad política de las masas. Cuando ocurre lo contrario y la acción institucional reemplaza la iniciativa popular, las reformas terminan absorbidas por las propias dinámicas del Estado. Dejan de ser escalones para una transformación más profunda y se convierten en logros administrativos cuya permanencia depende exclusivamente de quién ocupe el gobierno.
Ese riesgo se hizo evidente en Colombia. Muchas reformas fueron defendidas desde los ministerios, desde el Congreso y desde las redes sociales, pero no siempre lograron convertirse en procesos permanentes de organización y movilización popular.
Cuando eso sucede, la política queda reducida a una relación entre ciudadanos y gobierno, en lugar de convertirse en una relación entre un pueblo organizado y un proyecto histórico.
Toda democracia contemporánea enfrenta campañas de manipulación, operaciones mediáticas y difusión sistemática de noticias falsas. La derecha no descubrió esas herramientas ayer.
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿por qué esas narrativas encontraron un terreno tan fértil?
La respuesta no puede ser que millones de personas simplemente fueron engañadas, manipuladas o que la clase trabajadora está alienada. Si una parte considerable de los sectores populares termina votando contra medidas que objetivamente benefician sus condiciones materiales de existencia, el problema no reside únicamente en la eficacia propagandística del adversario.
También obliga a preguntarse si el campo popular disputó con suficiente profundidad el sentido común de la sociedad.
¿Y cuál es el reto y la moraleja entonces?
Si las mayorías continúan interpretando la realidad desde categorías funcionales a los intereses de las élites, entonces la tarea de organización, formación política y construcción de conciencia por parte del progresismo, el gobierno y la izquierda en general, fue insuficiente.
Nadie disputa la hegemonía únicamente desde conferencias de prensa o publicaciones en redes sociales. La batalla cultural no comienza cuando inicia la campaña electoral. Se libra todos los días.
Eso implica fortalecer sindicatos, organizaciones campesinas, colectivos juveniles, procesos de mujeres, movimientos estudiantiles, medios comunitarios y contrahegemónicos —aquí considero que debe haber una inversión y esfuerzos profundos— agitación y propaganda, movilización constante, asambleas populares, escuelas de formación política y todas aquellas formas de organización capaces de convertir a la población en protagonista y no simplemente en electorado.
La historia latinoamericana ofrece una enseñanza constante: los gobiernos populares sobreviven cuando detrás de ellos existe un pueblo organizado dispuesto a defender las conquistas alcanzadas. Cuando esa base social se debilita, incluso las reformas más avanzadas quedan expuestas a ser desmontadas con relativa rapidez, que es la latente realidad a la que nos enfrentaremos durante los próximos 4 años.
La discusión que hoy necesita el campo popular no consiste en encontrar culpables individuales ni en ajustar detalles del mercadeo electoral. Tampoco en buscar un candidato más carismático o una estrategia digital más sofisticada. El desafío es mucho más profundo: reconstruir la relación entre institucionalidad y poder popular.
¿Cuál es realmente el horizonte? ¿Cuáles son sus medios?
El gobierno debía servir para ampliar la organización, no para reemplazarla. Debía convertir cada reforma en una escuela de participación política; cada conquista social en un proceso de organización territorial, de acumulación; cada victoria institucional en un paso hacia una mayor capacidad de movilización del pueblo. En demasiados casos ocurrió lo contrario: la institucionalidad absorbió buena parte de las energías que antes alimentaban la construcción social.
La pregunta que deja este ciclo político no es únicamente por qué se perdió una elección. La pregunta estratégica es qué capacidad organizativa quedó instalada después de cuatro años de gobierno. Qué tan fortalecido o diezmado/atomizado quedó el movimiento social.
La próxima victoria electoral, si llega, será tan frágil como la anterior si vuelve a confundirse el gobierno con el poder. La tarea histórica del campo popular no consiste simplemente en regresar al Palacio de Nariño. Consiste en volver a entender que el gobierno nunca fue la meta. Era, es y seguirá siendo apenas el instrumento para construir un pueblo organizado, consciente y capaz de hacer irreversibles las transformaciones que la Colombia popular reclama desde hace décadas.
