Con dolor, zozobra y preocupación, los habitantes de las comunas 5 y 6 de la zona noroccidental de Medellín enfrentan día a día el conflicto entre grupos armados delincuenciales.
La tensa situación sigue en aumento.
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En un recorrido por el barrio La Esperanza, Comuna 5 (Castilla), efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía, fuertemente armados, hacen un reten para registrar a todo motorizado que pase por allí, registran la identificación y luego permiten la ida de las personas requisadas. De este punto, subiendo 4 cuadras por una calle empinada, una tienda recibe la visita de 4 jóvenes pertenecientes a la banda ‘los Machacos’, quienes reclaman el pago mensual de 80 mil pesos por concepto de “seguridad”, aparte de otros 5 mil pesos que cobran semanalmente. La señora que atiende le da el pago por esta extorsión, afirmando “que es mejor así a que no la dejen trabajar”. Ese temor es compartido por muchos/as vecinas/os del barrio que pagan estas extorsiones, quienes aseguran que varias personas se han negado al pago de estas extorsiones, pero el precio de tal osadía es poner sus vidas en peligro, ser robadas o desterradas del barrio.
Precisamente, la señora de la tienda contó que su cuñado, quien también vivía en este barrio, salió hace aproximadamente dos meses para su pueblo natal porque estas “vacunas” le quebraron la licorera de la cual él y su familia sobrevivían. Esta familia había llegado del corregimiento de San Antonio de Prado –al sur de Medellín-, luego de la muerte de un hijo a manos de un combo armado de la zona. Este joven, según contó la señora de la tienda, había sido parte de este combo, pero por petición de su familia se alejó y tenía pensado ingresar a la policía. “Ese fue el motivo por el que lo mataron, porque pensaron que él iba a convertirse en un sapo”. Esta señora no ha denunciado ante las autoridades sobre la extorsión a la cual es sometida y no tuvo conocimiento si su cuñado denunció.
Datos de Medicina Legal señalan que entre enero y julio de 2011, en las comunas 5 y 6 se han presentado 142 homicidios; los enfrentamientos se dan casi a diario en algunos barrios y 4 masacres se han registrado en lo corrido del año. Asimismo, 12 líderes de la Mesa de derechos Humanos de la comuna 6 están amenazados por los combos que operan en la zona, y actualmente cuentan con esquemas de protección del Ministerio del Interior. Después de la muerte de Ana Fabricia Córdoba, el pasado 7 de junio de este año, han sido asesinados 5 líderes en Medellín.
Por donde se camine en estas comunas, uno se puede encontrar con personas que te cuentan cómo han sido víctimas de este conflicto. Te cuentan con la impotencia que desgarra su tranquilidad, cómo son víctimas de atracos, de ‘vacunas’, de asesinatos a seres queridos, de los robos, de las amenazas, las desapariciones forzadas, el desplazamiento, en fin, violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados, tanto de los combos como de la fuerza pública. La sensación que perciben muchas personas del sector es que la agudización del conflicto continúe con fuerza, como ha sucedido en estos últimos meses, pero tal vez lo que termina de rebasar la copa es que el Estado sea cómplice y generador de dicha situación, hecho que redunda en la pérdida de confianza y reconocimiento de las comunidades hacia la institucionalidad.
Carlos Arcila, Coordinador de la Mesa de Derechos Humanos y Convivencia de la comuna 6 de Medellín y uno de los líderes amenazados, comprende que la desconfianza de estos barrios está motivada en gran parte por hechos de corrupción, complicidad y omisión de varias autoridades estatales. Reconoce que con el aumento de pie de fuerza en la zona se ha reducido en algo los asesinatos, pero insiste en que ésta no es la solución al problema, “ya que las causas del conflicto, los enfrentamientos debido a quién se hace al control del territorio, siguen allí, a pesar de la presencia masiva de efectivos. Más bien creemos en una estrategia integral con oportunidades”.
Para ello, Carlos y los líderes de la Mesa han pregonando que es la ciudadanía quién debe ser la protagonista y no los actores armados. Sin embargo, Carlos advierte que la ciudadanía debe ser activa y no dejar que la problemática siga transcurriendo: “Es necesario que el ciudadano sienta que la administración le está resolviendo de manera eficiente sus problemas, y para ello tiene que exigir. Si eso no ocurre, el actor armado te resuelve el conflicto familiar, el de los servicios públicos, el del mercado, el de la movilidad; entonces lo que necesitamos es que el Estado retome esa obligación y capacidad para hacerse a cargo. En ese proceso vamos de manera articulada con la iglesia, el gremio transportador, la empresa privada, las organizaciones sociales del barrio… para plantear propuestas como actores sociales que incidamos en esos cambios”.
Una de las tareas que realiza la Mesa es incentivar a la comunidad que denuncie ante las autoridades, con acompañamiento de asesoría jurídica a los procesos de investigación que permita constatar que se brinde la atención adecuada a las víctimas y que se cumpla con la reparación administrativa. Sin embargo, nuevos casos de corrupción y omisión por parte de la policía y la poca efectividad del sistema judicial para detener la ola de violencia se ven cada día.
En este sentido, el comandante de la policía Metropolitana, general Yesid Vasquez, ha anunciado constantemente que se han hecho destituciones de aquellos miembros a los cuales se les ha comprobado incumplimiento de su deber. Pero en muchos de los casos, como lo afirma Carlos, sólo se quedan en las investigaciones administrativas y en materia penal los procesos se estancan. (Cabe recordar que en la edición 64 se publicó en un artículo como a unas cuantas casas de la subestación de policía la María, en el barrio Francisco Antonio Zea de la comuna 5, funciona un expendio de drogas sin que hasta ahora se haya realizado alguna intervención).
Del mismo modo en que se refleja la desconfianza a la acción policial, también sucede con la justicia. En un caso expuesto por varios vecinos de la comunidad de Castilla han manifestado que “poco sirve colaborar con la justicia, ya que en ocasiones anteriores se han denunciado asesinatos y testificado en juicios contra los autores materiales de los hechos, quedando libres estos últimos y algunas familias tuvieron que salir de su barrio por temor a represalias”.
Carlos ha señalado con mucha preocupación la poca efectividad de la justicia, que si bien las capturas si se están llevando a cabo, se caen en las audiencias de garantías. “Se caen en su mayoría por procedimientos mal hechos, hay una rigurosidad en los procedimientos y en eso la policía está fallando”. Un ejemplo que expuso Carlos para retratar esta situación, es el fenómeno que según él viene ocurriendo dentro de la policía: “Actualmente la policía es muy presionada para que las cifras de homicidios no suban. Es por eso que a veces en el lugar de los hechos recogen a los heridos -a veces no tan heridos- y se los llevan inmediatamente junto a las evidencias, y por ende la investigación judicial se cae ¿Por qué? Porque no pueden hacer eso, no es su facultad. Esto le corresponde a la fiscalía… Y a la fiscalía le falta mucha capacidad para investigar. Hace un año, desde un taxi dispararon e hirieron a seis niños y no hubo noticia criminal. Tuvimos que hablar con una de las mamás, cuyo hijo quedó en discapacidad, para ir a poner la denuncia a la fiscalía porque por oficio no la habían hecho. La policía lo registró pero la fiscalía no hizo la noticia criminal, es decir, sin la denuncia el hecho no existiría jurídicamente, no se hubiera abierto una investigación, no se habría asignado un fiscal para investigar y encontrar a los culpables. Si éste es un hecho de mil que pasan, entonces ¿Qué pasa con la fiscalía?”
De todas maneras, si de algo está muy convencido Carlos Arcila es que el conflicto no sólo se resuelve con una política criminal sino además atacando la raíz del problema: el narcotráfico, el comercio de armas, la desigualdad social y económica, entre otras.