Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 79)
Por: Caribe Investigación
- El precio del mañana
En la película In Time o El precio del mañana (2011), dirigida por Andrew Niccol, las personas deben pagar con tiempo de vida como moneda. La película describe una sociedad donde los ricos viven eternamente mientras los pobres luchan diariamente para sobrevivir. Una existencia miserable en la que el tiempo se convierte en la moneda definitiva y el recurso más valioso, reflejando metafóricamente el funcionamiento de una sociedad capitalista extrema marcada por el uso de la Inteligencia Artificial.
Ese mundo distópico lo tenemos a la vuelta de la esquina. La precarización del trabajo y de la vida es una de las principales apuestas del capitalismo, y no se limita a las llamadas películas de “ficción” como la mencionada.
Al estilo de El precio del mañana, y ante el fracaso como operador de energía en el Caribe, la empresa Afinia lanzó la propuesta de “energía prepago para controlar el consumo excesivo y la evasión de pagos”, según reseñó Guatapurí Radio.
Alegando falsamente que el problema en el Caribe no es el valor de la factura, sino el porcentaje del consumo, Afinia asegura que la apuesta es implementar esta metodología que “le permite al usuario comprar por anticipado solo la energía que pretende usar y, de esa manera, optimizar el servicio, las finanzas familiares y, de paso, reducir el margen de pérdida en la factura”.
El adorno con que describen la propuesta esconde la falla estructural del servicio de energía en el Caribe: el modelo privatizador que se instauró en la década de 1990, que desplazó al Estado como ente ejecutor del servicio porque supuestamente el sector privado era más eficiente.
Han transcurrido casi tres décadas desde la privatización del servicio de energía en el país, y el Caribe ha sufrido varias transiciones negativas. Este modelo, lejos de entregar un servicio eficiente, ha empeorado con el transcurrir de los años, porque ni siquiera pueden hablar de una inversión en infraestructura como para sentirnos orgullosos.
Pedirle a una ciudadanía pauperizada que ahorre energía porque son “consumistas” o despilfarran energía es un insulto a la inteligencia y a la sabia paciencia de un pueblo que no ha desembocado en un estallido social que hiciera saltar por los aires a toda esa burocracia corrupta llamada Air-e y Afinia.
Con esta metodología, Afinia pretende garantizar un porcentaje de recaudo en una región donde el servicio es pésimo desde siempre, con gente obstinada en vivir en el dilema de “comer o pagar la factura de energía”.
La propuesta de dar crédito para servicios básicos como agua o energía no es nueva, tampoco es democrática ni significa que las empresas prestadoras de servicios tengan una inclinación social. Simplemente es una forma de garantizar el cobro de un derecho básico fundamental mercantilizado.
Es simple: como el Gobierno Nacional no le ha pagado la cuota correspondiente a la energía subsidiada, buscan otras formas de recaudo. Pero, repetimos, no es altruista esta metodología.
Lo de Afinia es una trampa que puede crear una carga financiera a largo plazo, especialmente si en el futuro la clase política corrupta de este país, y sobre todo del Caribe, le aprueba a los operadores tasas de interés excesivas o condiciones de cobro más draconianas de las que aprobó la administración Duque.
- Incumplimientos y amenazas
Las comunidades campesinas organizadas en la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios se movilizaron masivamente en el departamento del Cesar para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.
Desde hace más de un año, el Ministerio del Interior no convoca la Mesa de Interlocución Regional, pactada desde 2022 con la Comisión, cuyo propósito era encontrar soluciones a las demandas sobre el acceso y uso de la tierra, o la protección de los liderazgos amenazados por el paramilitarismo.
Queda claro que esta movilización se da en medio de un contexto institucional complejo para el Gobierno, como la misma Comisión reconoce, y que las organizaciones que forman parte de ella apoyan los esfuerzos de Petro y reconocen los avances en el tema de tierras en el Cesar.
Sin embargo, resaltan que la reforma agraria “no puede limitarse a entregar predios sin materializar al mismo tiempo políticas agrarias integrales que den sostenibilidad al proceso, reconociendo y fortaleciendo la autonomía de las organizaciones campesinas y, al mismo tiempo, generando garantías de seguridad para las vocerías, liderazgos y comunidades que estamos al frente de la lucha por la tierra en la región”, reseñó el centro de investigación Kavilando.
Solo la movilización permanente y la reactivación de la Mesa de Interlocución podrán allanar el camino para una reforma agraria popular, y esto mantendrá viva la esperanza de cientos de campesinos que históricamente han sido atropellados en el Cesar, especialmente los campesinos sin tierra de los municipios de Bosconia, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, Astrea y San Martín.
- ¿Adiós Cerrejón?
Tras 50 años de explotación y saqueo de carbón en La Guajira, la empresa minera Cerrejón, perteneciente a la suiza Glencore y dirigida por Claudia Bejarano, anunció que, a partir de marzo, reducirá su producción anual entre 5 y 10 millones de toneladas, hasta alcanzar aproximadamente 10 millones de toneladas anuales, lo que representa una disminución cercana al 50 %.
En 2024, la compañía produjo 19 millones de toneladas, una cifra que supone un 13 % menos en comparación con el año anterior.
La minera atribuye la reducción a varias razones de peso: los precios insostenibles del carbón térmico transportado por vía marítima hacia los mercados asiáticos, la disminución de la demanda en Europa y los frecuentes bloqueos en sus operaciones.
Solo en 2024 se registraron 333 bloqueos, lo que resultó en 135 días de interrupción, un aumento considerable comparado con los 60 bloqueos ocurridos en 2021, sumados a varios ataques con explosivos contra su línea férrea. Además, los trabajadores hicieron una huelga el año pasado, que finalmente se resolvió con resultados favorables para ambas partes.
Es importante resaltar el poder e impacto que la movilización indígena ha tenido en los últimos años sobre la línea férrea y la producción del Cerrejón; con estos registros, queda en evidencia que los bloqueos se convirtieron en la principal herramienta de lucha de las comunidades Wayúu para reclamar por diversos temas.
El presidente Gustavo Petro ha buscado, desde 2023, una salida concertada con la minera, así como la limitación de sus proyectos de expansión, que seguirían impactando el ambiente y la movilidad en el territorio.
Sin embargo, es necesario hacer una reflexión, al igual que se hizo con la salida abrupta de la minera Prodeco en el Cesar: ¿Se trazó una hoja de ruta para que los trabajadores del sector puedan transitar hacia nuevas formas de economía? ¿Qué actividad económica reemplazará los aportes fiscales que hacía la minera? ¿Quién paga por los pasivos ambientales, territoriales y sociales dejados por El Cerrejón?
- Frente 33, responsable
Según la investigación adelantada por la SIJIN para esclarecer la masacre de la familia Lora Rincón, ocurrida en el municipio de Aguachica, Cesar, las muertes fueron ordenadas por alias ‘Jhon Mechas’, líder de la disidencia del Frente 33 que opera en Norte de Santander y la región del Catatumbo.
Las autoridades indican que el ataque iba dirigido a Zaida Andrea Sánchez Polanco, excompañera sentimental del narcotraficante Alexander González Pérez, asesinado el 26 de diciembre de 2024 en El Banco, Magdalena.
Las muertes fueron ordenadas, según la Policía Nacional, porque González Pérez y Sánchez Polanco se robaron al menos $5.000 millones producto del narcotráfico que pertenecían a Jhon Mechas.
Como fuere, la masacre de la familia Lora Rincón dejó una profunda preocupación en los habitantes de Aguachica, ya que en el territorio operan varios grupos armados ilegales.
- Paro de arroceros
Arroceros de La Mojana denunciaron el pasado 26 de marzo que el Gobierno incumplió con lo acordado al presentarse en la mesa de diálogo con un funcionario sin poder de decisión, por lo cual amenazaron con irse a paro si no son atendidas sus demandas en un plazo de ocho días.
El Gobierno había denunciado que el paro de arroceros estuvo dirigido por una clase dirigente con intereses económicos bien definidos. Sin embargo, esto permitió visibilizar un problema mayor con el tema de la siembra, cosecha y comercialización del arroz: dos empresas monopolizan el acopio, empaquetado y distribución del arroz; no existen programas de financiamiento para el sector ni bancos de semillas nacionales; los precios del arroz importado destruyen la estructura de costos del arroz nacional.
Si estos temas formaran parte de la mesa de diálogo, otra perspectiva tendría la negociación.
- Peaje de Turbaco
Este 31 de marzo vencía la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco para vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas).
Aunque inicialmente estaba programada la reactivación del cobro para el 22 de noviembre, esta fue postergada al 22 de febrero de 2025. Según la decisión del Ministerio de Transporte, la suspensión debía finalizar el 22 de febrero de 2025.
El cobro de este peaje se ha suspendido más de diez veces por la presión de las comunidades y del sector comercial y de transporte que transitan por la vía. De lejos, es el único peaje al que las comunidades hacen oposición constante.
Actualmente, varios peajes en el Caribe colombiano enfrentan problemas significativos debido a protestas de las comunidades locales relacionadas con el cobro de tarifas:
- Peaje Las Flores (Sucre): Este peaje ha sido escenario de bloqueos recientes, donde las comunidades han exigido su desmonte. Los manifestantes incluso levantaron las talanqueras en protesta contra el cobro, argumentando que afecta la movilidad y la economía local.
- Peaje de Turbaco (Bolívar): Este peaje ha generado controversia desde 2021. Las comunidades y transportadores han expresado su rechazo al cobro, lo que ha llevado a suspensiones temporales. Sin embargo, la posibilidad de reactivación ha provocado nuevas amenazas de protestas.
- Peajes en la Autopista del Caribe: Los peajes de Sabanagrande y Galapa han enfrentado bloqueos constantes, lo que ha afectado gravemente las finanzas del proyecto de modernización vial que conecta el Atlántico con Bolívar.
Impactos de los peajes
Los peajes en Colombia han tenido impactos profundos, aunque poco visibles: sociales, ambientales y en la movilidad.
Desigualdad económica: Las tarifas de los peajes representan una carga desproporcionada para las comunidades locales, especialmente en áreas rurales donde los ingresos son más bajos.
Acceso limitado: En algunos casos, los peajes dificultan el acceso a servicios básicos como educación y salud, particularmente para quienes dependen de estas vías para sus desplazamientos diarios.
Alteración de ecosistemas: La construcción de infraestructura vial asociada a los peajes no solo ha afectado hábitats naturales y biodiversidad, sino que también ha vulnerado la integridad territorial de comunidades indígenas, afro y campesinas que fueron excluidas de los proyectos de modernización vial, violando su derecho a la consulta previa.
Las tarifas de los peajes también representan una carga impositiva adicional para el transporte de carga en el país y especialmente en la región Caribe, dada su ubicación estratégica y la presencia de los principales puertos marítimos de Colombia.
- Colombia-Estados Unidos
No debería sorprender a nadie que la Cancillería de Colombia y la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos hayan firmado un acuerdo de intercambio de datos biométricos para que las autoridades “identifiquen mejor a los criminales y terroristas que intentan cruzar nuestras fronteras”, según publicó en su red social X el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
En plena persecución contra migrantes venezolanos y de otras nacionalidades —con demostradas violaciones a los derechos humanos por parte de la administración Trump —, Colombia baja la cabeza ante la visita de la secretaria Kristi Noem.
La agresión a los migrantes venezolanos busca socavar la estabilidad del gobierno venezolano, eso es evidente. Pero esta persecución, disfrazada de política migratoria, ha provocado el rechazo de importantes organizaciones y defensores de derechos humanos en Estados Unidos y la región, por representar un ataque vil contra la dignidad humana.
Ni siquiera las amenazas del secretario de Estado Marco Rubio contra Venezuela —que constituyen un riesgo directo para la paz regional— merecieron un mínimo comunicado de condena por parte de nuestra cancillería.
Al parecer, para Colombia resultó más prioritario mantener la certificación en la lucha antidrogas que denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Venezuela ha demostrado inmensa solidaridad con Colombia en múltiples ámbitos, particularmente en el proceso de paz. Nosotros hemos respondido con vergonzosa sumisión y un grotesco silencio.
Esta política migratoria, comparable a la persecución nazi contra el pueblo judío o al exterminio palestino por parte de Israel, forma parte de la estrategia geopolítica estadounidense para presionar a los gobiernos regionales —con el Comando Sur como punta de lanza— en su obsesión por contener el avance e influencia de China y Rusia en lo que consideran su “patio trasero”.
