Por Caribe Investigación
- La Guajira, epicentro de lucha
La Guajira se ha convertido en uno de los epicentros de lucha del Caribe colombiano. Entre el 27 y 30 de marzo, sin embargo, protagonizó uno de los paros más controvertidos de los últimos meses. Voceros exigieron al Gobierno el cumplimiento de la Sentencia T-302 y la superación de la crisis humanitaria que vive el departamento. Analicemos el contexto.
En el país se viene cocinando un golpe blando contra Petro, una estrategia de campaña de la derecha cuyo objetivo radica en confrontar-deslegitimar las propuestas de cambio del Pacto Histórico e influir en millones de colombianos, desesperanzarlos, para justificar el retorno de la “mano firme, corazón grande”.
Por legítima que pueda ser toda manifestación, debemos aclarar que no todo lo que brilla es oro. La Sentencia T-302 (2017) fue emitida durante el gobierno de Santos, quien incumplió su ejecución; Duque la ignoró olímpicamente mientras la desnutrición aumentó de forma dramática. Reclamarle a Petro su incumplimiento -en ocho meses de mandato- es un descaro toda vez que por primera vez en seis años se incluye en Presupuesto Nacional recursos para cumplir con las demandas centrales de la sentencia.
Los voceros principales de este paro (Irama Gámez, Armando Pulido, Oscar Pérez, Zoila Brito, Edwin Ceballos, entre otros), o bien son de la cuerda del clan del senador Alfredo Deluque o han tenido -en el pasado reciente- contratos directos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el PAE.
Deluque apareció como el intermediario redentor en este paro, el hilo detrás del poder. Recordemos que hace apenas un mes logró que la ex secretaria de su UTL, Diala Wilches Cortina, fuera nombrada como gobernadora encargada, pero los hilos son movidos también por Tina Soto y Juan Loreto Gómez, representantes tradicionales del Partido Conservador en La Guajira.
A pesar de ello, la población viene liderando otras luchas genuinas contra la explotación minera, defendiendo el agua, la vida y el territorio como sucede con el manantial Cañaverales (San Juan del Cesar) y el Arroyo Bruno (Albania); luchas que buscan frenar los desalojos inhumanos auspiciados por las autoridades municipales de Riohacha o Maicao en contra de comunidades wayuu, o para exigir el respeto a la consulta previa y participación en los proyectos de parques eólicos en la Alta Guajira, entre muchas otras.
A propósito de lo anterior, la Corte Constitucional hizo una inspección judicial a principios de semana en el Arroyo Bruno, que es el eje de una fuerte disputa entre las comunidades y la empresa Carbones del Cerrejón, ésta última quiere apropiarse del caudal de agua para operaciones de exploración y extracción carbonífera.
- Inseguridad
Alrededor de la captura de las rentas ilegales en el Caribe se han desatado violencias de todo tipo. Un paralelismo nos ubica en la época de violencia de la bonanza marimbera de los años 70 y 80, seguida por el Terrorismo de Estado-parapolítica de los 90. Mencionaremos dos casos puntuales.
La expansión paramilitar en el Caribe le permitió a las AUC instaurar un régimen criminal en la década del 2000 en Barranquilla y su Área Metropolitana, donde se respiraba un ambiente similar al que se vive hoy. En los Montes de María, habitantes de 15 de municipios de los 18 que conforman esta región están siendo asediados por el terror paramilitar; solo en 2022 se registraron 102 homicidios, y seguirá subiendo este año ya que con ello presionarán el voto a favor de los partidos mafiosos del establecimiento.
- La derecha quiere para mantener el poder.
La mafia mueve sus hilos para conservar el poder de cara a las elecciones regionales de octubre. Por ahora, mencionaremos dos casos que disparan las alarmas, porque de forma pretenden confundir al electorado.
La mafia derechista desplazada de la Gobernación del Magdalena lanzó una candidata aprovechando la inestabilidad política y el asedio al gobernador Carlos Caicedo. La candidata es la diputada del partido de la U, Elizabeth Molina, quien es de la cuerda del exsenador Eduardo Pulgar. En el acto de presentación de la candidatura estuvo presente Dilian Francisca Toro y demás representantes de esa colectividad con amplia trayectoria de “mafiapolítica”.
Mientras que los clanes mafiosos de Córdoba hicieron algo similar; Milena Flórez, esposa del exsenador y confeso corrupto Musa Besaile, arrancó la campaña a la Gobernación de Córdoba. Esta vez lo hará con el apoyo del recién creado partido político Fuerza de Paz que lidera el presidente del Congreso, Roy Barrera.
Lo que debate la opinión pública del país y el Caribe es que Fuerza de Paz hará lo mismo que el Partido de la U hace 20 años, cuando era liderado por Santos: reencauchar a una vasto sector de parapolíticos y mafiosos.
Tanto de La U como Fuerza de Paz, y demás partidos y clanes tradicionales del Caribe, pretenden colarse y jugar con el prestigio acumulado por el Pacto Histórico. Esperemos que el Pacto Histórico –como reiteró hace poco- escoja candidatos a las distintas corporaciones a través de consultas populares y democráticas, sino terminará siendo puente de los clanes mafiosos de siempre.
