Por: Juan Alejandro Echeverri
Fotos: cortesía de Human Conet
CAJIBÍO, Cauca. Si el Gobierno y las instituciones del Estado no hubieran ignorado el llamado, la misión de verificación realizada el pasado 6 de junio en zona rural de Cajibío se hubiera desarrollado antes.
Las organizaciones que convergen en el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural (TEVIC) acudieron a las entidades responsables —en especial al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y la Procuraduría— luego de lo sucedido el 29 de marzo, cuando unidades del Batallón de Infantería N°7 del Ejército abrieron fuego contra un grupo de campesinos recuperadores de tierras que estaban por iniciar una jornada de corte de árboles en la finca La Juliana, ubicada en la vereda La Venta del municipio caucano.
En la arremetida militar, aproximadamente a las 7:20 am, una de las balas hirió a una persona que transitaba por el lugar. En el centro médico donde fue atendido, 10 militares lo presionaron para que se autoincriminara, declarando que hacía parte de un grupo armado ilegal. También inspeccionaron las pertenencias del motociclista que trasladó al herido, y lo hostigaron para que declarara en contra del afectado. Además, varias mujeres de una vereda cercana que se trasladaban hacia el lugar de los hechos en una chiva, fueron retenidas e intimidadas por un grupo de soldados que hizo disparos al aire.
En varios medios de comunicación y en las redes sociales propias de la institución castrense, se difundió sin mayores pruebas que el ataque a las comunidades recuperadoras se trató de una confrontación con la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Dado el desinterés estatal, la autoridad indígena Nasa de Path Yu, integrantes del Coordinador Nacional Agrario y autoridades indígenas del Pueblo Misak —las tres organizaciones que componen el TEVIC— se vieron obligadas a desmentir esa versión en un informe sobre lo ocurrido, el cual fue socializado ante una funcionaria del Ministerio del Interior, delegados de la Defensoría del Pueblo, representantes de la ONU y habitantes del territorio en dicha misión de verificación; para justificar su inasistencia, la Procuraduría invocó una circular institucional que les prohíbe a los funcionarios salir a campo debido a la conflictividad que sufre el departamento.
Durante la actividad, uno de los abogados de la organización de derechos humanos Nomadesc dijo que “estamos convocados a una misión de verificación. Yo he verificado la escasísima voluntad del Gobierno nacional y del Estado colombiano de verificar. En segundo lugar, comprobamos que lo que aquí sucedió no fue un error operacional, fue un ataque en contra de sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario”.
“Queremos que no haya impunidad, que haya consecuencias para el Estado por lo sucedido, en este caso para las fuerzas militares que atacaron y dijeron que los campesinos hacían parte de un grupo armado”, manifestó durante la misión Marylen Serna, lideresa del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Luego de más de dos meses, quienes participaron en la actividad pudieron comprobar que el rastro de los disparos está intacto. En el tronco de algunos eucaliptos sembrados en uno de los predios de la vereda La Venta, son evidentes los orificios y las fibras de madera despicada; testimonios silenciosos de lo que podría provocar un disparo en la carne humana.
Son precisamente esos eucaliptos plantados en masa, los que las comunidades recuperadoras han decidido tumbar para tener un pedazo de tierra donde sembrar comida, y así ganarle terreno de manera progresiva a la multinacional que ha inundado la zona con vastos cultivos de pino y eucalipto.
En Cajibío, como en otras partes del Cauca y de Colombia, está latente un conflicto por la tenencia y la redistribución de la tierra. De un lado, la empresa irlandesa Smurfit WestRock, que hasta el año pasado, antes de fusionarse con la compañía WestRock, se llamaba Smurfit Kappa; del otro lado, 1.415 familias indígenas y campesinas que se niegan a tener que levantar su descendencia en predios que a lo sumo llegan a una hectárea, mientras la empresa extranjera es dueña de 2.900 hectáreas y tiene contratos de alquiler en otras 600.
A diferencia de otros casos en los que hay desencuentros y discordias sectoriales, el pueblo Nasa, los indígenas Misak y el campesinado del CNA han logrado materializar la unidad en la acción. La variedad de colores y simbologías que representa a cada organización, contrasta con la monotonía empalagosa del monocultivo de pino y eucalipto. Mientras de camino al lugar de los hechos se ven bosques multiformes de varias tonalidades y colores, en los predios de Smurfit WestRock el horizonte solo admite una sola especie, que además no es propia del territorio. Mientras las personas nativas quieren sembrar yuca, café, maíz y otros cultivos, como símbolo de la vida y la diversidad abundante que componen un verdadero ecosistema, la multinacional insiste en mantener en pie lo sembrado y expandir cuanto puedan esas plantaciones que solo pueden convivir con malezas rastreras; la superioridad que da el poder representada en naturaleza muerta.
En 1969, la transnacional que cuenta con más de 500 plantas y 100.000 empleados en 40 países, compró sus primeras tierras en el Cauca. Su principal centro de operaciones en Colombia está localizado en ese departamento y su vecino Valle del Cauca, pero también está presente en Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima. El negocio de Smurfit WestRock consiste en la producción de materias primas, en este caso pinos y eucaliptos, para luego transformarlos en productos de papel. Además de comprar y alquilar tierras, la empresa recurre a contratos de participación que le permiten explotar parcelas sin ser jurídicamente responsables de su impacto.
Casquillo de bala encontrado en el punto donde atacó el ejército.
La pérdida de biodiversidad es el daño más evidente del monocultivo, pero, en cuanto a la dimensión ambiental, las comunidades afectadas también han denunciado la contaminación de fuentes hídricas por el uso de agroquímicos y la reducción de la disponibilidad del agua para los acueductos. Aunque Smurfit WestRock se ufana de generar empleabilidad y progreso, suele omitir que los empleos son tercerizados, temporales y exclusivos para perfiles masculinos, dejando a las mujeres subordinadas al salario de los hombres. Además, denuncian los implicados, los desiertos verdes de pino y eucalipto han provocado fracturas en el tejido social y desencadenado en diversas formas de represión contra sus opositores.
El conflicto actual inició en 2021, en la coyuntura del Estallido Social que removió el país entero. Las organizaciones articuladas en el TEVIC coincidieron en que las vías de hecho era una opción legítima para lograr el reconocimiento de sus derechos, recuperar tierras acaparadas gracias a las dinámicas del conflicto armado, pervivir en el territorio, y proteger el agua, el suelo y los bosques. Sin embargo, en Cajibío las disputas sociales por la tierra se remontan a la década de los 60. Varias familias de las veredas que colindan con los predios de la empresa tienen hoy un pedazo de tierra porque lograron arrebatárselo a los terratenientes de la época. 40 años después, las comunidades desarrollaron un paro cívico municipal contra la expansión de la multinacional. Producto de la movilización se desarrolló un espacio de diálogo en el que se acordó cesar el crecimiento del monocultivo; acuerdo que luego fue incumplido.
Desde la conformación del TEVIC en 2021, han atentado contra un líder de la comisión política del proceso, asesinaron al sabedor indígena Juvencio Cerquera Manquillo, y otro joven murió producto de un ataque del Esmad; han recibido amenazas y agresiones físicas por parte de trabajadores de la empresa; y han destruido los ranchos y los sembrados de los recuperadores.
Al Gobierno nacional le ha faltado contundencia para dirimir el conflicto. De la alcaldía local y la corporación ambiental del departamento esperan poco en el territorio, pues las vocerías de las organizaciones aseguran que son aliados estratégicos de Smurfit WestRock. Por su parte, en caso de que la empresa aceptara ofertar las tierras, el Ministerio de Agricultura se comprometió a comprarlas y luego adjudicarlas a las familias que hoy pelean por ellas. La multinacional, en diferentes espacios de interlocución, ha manifestado que no venderán las parcelas.
El TEVIC apela a la acción directa, también ha recurrido a la concertación. En septiembre de 2024, varios liderazgos viajaron hasta Dublín, la capital de Irlanda, para escalar al más alto nivel las conversaciones con la empresa y explorar una posible negociación. “En esencia, nos dijeron lo mismo que nos han dicho los directivos acá en Colombia, y es que ellos no van a ofrecer las tierras. Que ellos contribuyen al empleo, al apoyo económico de las comunidades, que por ellos hay una mejor vida en los territorios. Nosotros les planteamos que desarrollo no es que 100 personas tengan empleo, sino que más de mil familias tengan su tierra, porque no ganamos nada con que 100 familias tengan un empleo, pero que mil o más personas tengan que irse del territorio porque no hay condiciones económicas para permanecer en él”, planteó Marylen Serna sobre los resultados de aquella reunión.
La lideresa contó además que la empresa les propuso coexistir en el territorio, y ofreció apoyo económico para algunos proyectos. Como los directivos decían no entender por qué el interés del TEVIC justo sobre esas tierras —habiendo tantas en Cajibío—, propusieron otra solución: poner de su parte para que el proceso adquiera 8.500 hectáreas del municipio, que según ellos no están cultivadas.
“Nosotros les hemos dicho: ‘pero dónde están’. Nos han llevado unos mapas con un montón de punticos verdes, nos imaginamos que es una hectárea aquí, otra hectárea más allá… obviamente para nosotros eso no es una solución. Les respondimos que si había 8.500 hectáreas, se fueran a sembrar pino allá y nos entregaran las que ellos tienen. Nosotros mantenemos el diálogo con la empresa, pero no hay avances. La salida es la misma: la ocupación de las tierras, el fortalecimiento de los procesos, sembrar, tener casitas… Yo la verdad no tengo expectativas en que, desde otro espacio que no sea la misma comunidad, se logre la liberación de estas tierras, del monocultivo, del uso de agroquímicos, y pase realmente a buenas manos”, complementó Marylen.
Al cierre de la misión de verificación, uno de los integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, proceso que acompaña la recuperación, dijo que el corte de árboles y las mingas iban a continuar. Eso, bien lo saben las diferentes organizaciones, significa que probablemente ocurran nuevas arremetidas militares, más querellas policivas y órdenes de desalojo. La actividad tenía también ese propósito: advertir a las instituciones sobre lo que en un futuro podría ocurrir; invitarles a que no esperen una tragedia para que le presten atención al conflicto que vive un municipio donde 11.000 propietarios poseen el 39,24 % del área total, divida en microfundios que no superan las 10 hectáreas, mientras que 500 propietarios son dueños de predios que superan las 30 hectáreas y representan el 38,26 % de la superficie municipal.
Cuando regresamos hacia Popayán, la capital del departamento, vi un aviso de la empresa que decía: “Estas plantaciones generan empleo para las comunidades de la zona. ESTA PROPIEDAD NO ESTÁ EN VENTA”. En ese potrero vacío donde estaba clavado el anuncio —donde las comunidades habían tumbado un buen número de árboles antes—, tres caballos pastaban serenos como quien no tiene nada que ver con el asunto.
