Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 69)
Por: Caribe Investigación
- Contrabando de combustibles
El contrabando de combustibles desde Venezuela hacia Colombia ha sido un problema histórico, aunque las décadas de 2000 y 2010 fueron las de mayor impacto para la economía de ambos países y las dinámicas sociales y de seguridad de los corredores Táchira-Norte de Santander, Zulia-La Guajira.
En septiembre de 2023, advertimos que el aumento paulatino de los precios de la gasolina en Colombia incidiría en la reactivación del contrabando de combustible desde Venezuela hacia los estados fronterizos, como detallamos en este artículo. Reportes de la prensa regional dan cuenta de la reactivación del contrabando de combustible desde el primer trimestre de 2024.
En lo corrido de 2024, solo el Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros D’acosta, con injerencia en Maicao, Albania y Uribia, ha incautado más de 14.000 galones de hidrocarburo entre gasolina y ACPM; otras instituciones como la Policía Nacional o el CTI de la Fiscalía también han dado golpes al contrabando, aunque no se conocen detalles del total de las incautaciones.
Implicaciones
En la actualidad, el galón de gasolina en Colombia tiene un costo promedio de 16.000 pesos, al cambio de la moneda sería un (1) dólar por litro de combustible; en Venezuela el costo actual es de $0.5 por litro, mientras que el ACPM o diésel sigue siendo subsidiado en su totalidad. Este diferencial es el principal incentivo para la reactivación del contrabando desde Venezuela hacia Colombia.
Mientras las autoridades venezolanas parecen no enterarse de la situación, la prensa regional en el Caribe colombiano asegura que prevalece, en parte, el mito de que el combustible venezolano es de mejor calidad que el colombiano, aunque el diferencial de precios indica que prevalece el ánimo de lucro y las rutas-proximidad del carburante venezolano.
Lo cierto es que el contrabando impactará en las dinámicas fronterizas de La Guajira, incluso del Cesar, por la vinculación del tipo comercial, económica y social que mantienen las poblaciones de ambos lados. Las estaciones de servicio de La Guajira han expresado malestar las últimas semanas porque el contrabando perjudicará el flujo de caja de las principales estaciones del departamento.
Aumentará la conflictividad social y de seguridad en la frontera colombo-venezolana por los altos márgenes de ganancia que esta actividad ilegal deja a varios actores y sujetos: autoridades militares y policiales de ambos países, bandas organizadas y grupos armados ilegales, familias que históricamente se han dedicado al contrabando, incluso comunidades fronterizas que en poco o nada se han beneficiado del circuito comercial y económico legal de Venezuela y Colombia.
El impacto en la economía venezolana será profundo y representará un retroceso, luego de la paulatina recuperación de la producción petrolera de los últimos cuatro años. Solo el aumento de los precios de todos los combustibles en Venezuela, equiparables a los precios de Colombia, podría frenar esta actividad económica ilegal, ya que en el pasado fracasaron todas las medidas tomadas por el ejecutivo venezolano para frenar el contrabando.
Aunque el Gobierno colombiano suspendió a inicios de septiembre el aumento de los precios del ACPM, una vez retomada la medida aumentarán las ganancias del lucrativo negocio del contrabando desde Venezuela hacia la frontera, ya que el Gobierno venezolano mantiene total subsidio para el diésel o ACPM. En la actualidad, la ruta del contrabando mantiene características similares a las de cinco años atrás. Según la prensa, extraen ilegalmente gasolina y ACPM de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (occidente venezolano), lo transportan por los municipios venezolanos Mara (Carrasquero) y Guajira (Molinete y Guana) hacia el corregimiento La Majayura (zona rural de Maicao).
Sin embargo, es más compleja la dinámica tomando en cuenta los tres municipios con amplias rutas de contrabando: Albania, Maicao y Uribia, todo fronterizos con Venezuela y donde varios actores armados operan directa o indirectamente como Segunda Marquetalia, Tren de Aragua y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- Firmantes de Paz en la mira
Los firmantes de paz que viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodríguez de Pondores, municipio Fonseca, La Guajira, se encuentran en peligro inminente. En mayo de 2023, El Espectador publicó una denuncia -citando dos fuentes anónimas- sobre los peligros que corrían. Las declaraciones fueron desestimadas inmediatamente por Milton de Jesús Toncel, miembro del antiguo Secretariado de las FARC e impulsor de proyectos de reincorporación en el Caribe, según constató el medio.
Los hechos, sin embargo, contradicen Milton de Jesús Toncel porque al día de hoy han sido asesinados tres firmantes del proceso Pondores. El primero se registró una tarde de noviembre de 2020, cuando fue asesinado Nacer David López en la ciudad de Maicao, una semana después de participar en una asamblea donde los excombatientes dialogaron sobre varios temas, entre ellos el de la seguridad. Los otros dos casos son recientes. Uno corresponde a Elider Antonio Díaz Arias, quien fue asesinado el pasado 8 de agosto cuando llegaba a su casa en el barrio San Agustín, en el área urbana de Fonseca. Testigos aseguran que dos hombres lo esperaron y al llegar a su hogar fue baleado. Más recientemente, EL 30 de septiembre, asesinaron a otro firmante de paz de Pondores en la capital guajira, Riohacha. Se trata de José Ernesto Caicedo, quien murió dentro de un taxi junto con su acompañante.
El miedo por la presencia de grupos armados en Fonseca es permanente. Las denuncias no son nuevas ni se limitan al proceso de Pondores. La primera semana de septiembre pasado, pobladores y campesinos de Conejo (Fonseca) y Cañaverales (San Juan del Cesar) denunciaron la presencia de varias personas vestidas de negro y portando armas cortas y de largo alcance en la zona.
En lo inmediato, el Ejército desplegó un operativo en la zona para verificar la denuncia, aunque sin ningún hallazgo, como detalló a la prensa el teniente coronel Estic Reyes Monsalve. El pasado 2 de octubre, la Policía Nacional informó que, en un operativo realizado en Fonseca, lograron la captura de Luis Darío Vega alias “El Pato”, presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Alias El Pato estaría implicado en la dinamización de homicidios en el sur del departamento La Guajira”, reflejó el Diario del Norte según fuentes policiales.
A esto debe sumarse que no todas las denuncias recogidas por El Espectador en mayo de 2023 fueron objetadas. En julio de 2022, por ejemplo, los firmantes fueron víctimas de un allanamiento ilegal ejecutado por el Batallón Rondón del Ejército en compañía de unidades especializadas de Fiscalía y de Policía. Ni una sola investigación se hizo al respecto.
“En Pondores no solo ha habido a lo largo de estos años intenciones de actores armados de hacer daño, sino también factores que juegan en nuestra contra, como priorizar actividades económicas externas por encima de los modos de vida locales o temas varios de implementación”, declaró en mayo de 2023 a El Espectador, Benedicto González, quien para entonces era líder de reincorporación en Pondores y vocero político ante el Gobierno.
- Lideresas de Montes de María
Las amenazas de las AGC a las mujeres lideresas no solo se limita al Chocó, como reflejaron las denuncias recientes de El Espectador y la Fundación Pares. La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, advirtió de riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos de la subregión Montes de María por la presencia del Clan del Golfo.
“La situación ha sido advertida en más de seis alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, por lo cual (la delegada Diana Yolima Niño) pidió a las autoridades del orden local y nacional adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres”, publicó el diario El Universal. Según la denuncia, “el panorama es más complejo en municipios como El Carmen de Bolívar y Marialabaja, en Bolívar; así como en San Onofre y Ovejas, en Sucre. En estos territorios se han reportado casos de extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y control territorial”.
- Gestores de paz
Fue atacado el presidente Petro por el acto de entrega de tierras en Montería, que contó con la presencia del ex comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, con quien intercambió un sombrero vueltiao como un gesto simbólico de paz.
Se le puede señalar a Petro de cometer errores en la ejecución de la paz total, en el manejo de la política de paz y seguridad en general, pero jamás se podrá decir que no ha luchado por la paz del país. Cada cual desde su perspectiva, por supuesto.
Condenar al presidente Petro por el gesto en Montería es un acto de manipulación de lo que allí sucedió. Los ataques se hicieron sin contexto alguno. Ahora bien, llama la atención lo siguiente: Petro asomó la posibilidad de nombrar a los ex paramilitares Jorge 40 y Cuco Vanoy como gestores de paz. En este punto, entendemos que esto pueda significar un desescalamiento del conflicto armado, sobre todo en las dinámicas que tienen que ver con las AGC, los Conquistadores de la Sierra Nevada u otros actores armados con incidencia en las principales ciudades del país. Sin embargo, acompañamos la preocupación de dos defensores de los derechos humanos de la región Caribe.
Por un lado, la preocupación del defensor Juan David Díaz, quien en varias oportunidades criticó el nombramiento de Mancuso como gestor de paz, toda vez que el ex jefe paramilitar no ha entregado toda la verdad sobre el conflicto. Por el otro, la del defensor Lerber Dimas, quien con justeza expresó que Jorge 40 es el que menos aporte ha dado a la justicia en materia de verdad y reparación. Más allá del simbólico gesto de Petro y Mancuso en Montería, el Gobierno debe construir un camino a partir de la confianza, los gestores de paz deben estar comprometidos con la verdad y la reparación.
Coda
En medio de la confrontación sin cuartel entre Los Pepes y Los Costeños por controlar Barranquilla y otros municipios del Atlántico, una noticia resaltó la semana pasada: la banda Los Costeños entregó un lote de armas a la Fiscalía, producto de los acuerdos del líder de esta banda Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, con las autoridades nacionales.
Un avance importante que se verá eclipsado por la guerra a muerte que mantienen ambos actores por el control del departamento, con vinculaciones de actores armados como las AGC y los Conquistadores de la Sierra Nevada, amén de otras bandas y combos de la capital del Atlántico.
- Entrega de tierras
Que no se pierda de vista el acto de entrega de más de 11 mil hectáreas de tierra en el Caribe, en especial en los departamentos de Córdoba y Magdalena. Tierras que antes fueron robadas por medio del crimen y la violencia por los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Macaco y Cuco Vanoy.
Algunos de los predios estuvieron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron adquiridas por el Gobierno nacional para destinarlas a la Reforma Agraria, mediante un convenio suscrito entre el Fondo de Reparación de Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien administraba los bienes incautados. No es la primera ni la última vez que el Gobierno hace una restitución de tierra de este tipo, y esto es lo que diferencia a Petro de sus antecesores.
- Y el gas, ¿de dónde?
Continuará la presión del sector energético, industrial y comercial del país -y también de la prensa- para que el Gobierno nacional presente una hoja de ruta que permita cubrir el déficit de gas proyectado en 120 y 150 millones de pies cúbicos diarios para 2025.
Aunque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, informó la semana pasada que se encuentran evaluando tres opciones provenientes del Pacífico y seis desde el mar Caribe, no dio mayores detalles sobre el origen de estas importaciones.
El portal venezolano de análisis económico y financiero Banca y Negocios, reseñó que Ecopetrol concretaría exportación de gas desde Venezuela si la española Repsol asume el suministro, es decir, si se presenta como intermediaria entre ambas naciones para la exportación del gas de Cardón VI. Y esto se presenta como un palo en la rueda. “Durante una intervención en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Colombia, Roa adelantó que la gestión ante la OFAC [LA Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Tesoro estadounidense] no ha tenido avances, pero estiman contemplar otras alternativas que incluyan la participación de la petrolera española Repsol”, reseñó Banca y Negocios.
Recordemos que, a mediados de noviembre de 2023, Ecopetrol anunció que la OFAC evaluaba levantar las sanciones a Venezuela para que ambas petroleras pudieran iniciar la exportación de gas y negocios relacionados con la explotación petrolera en el Lago de Maracaibo. El presidente de
Ecopetrol aseguró que PDVSA y Cenit ya habían evaluado el oleoducto binacional Antonio Ricaurte y estaban “pendientes de culminar algunos trabajos de restauración, que esperan estén listos en los próximos meses, para poder comenzar con la importación”, según reseñó el portal Petróleos de América en julio pasado.
Sin embargo, aún esperan respuesta de la OFAC. Lo contradictorio es que hoy Roa se desentienda de declaraciones pasadas y exprese hoy que también se debe tomar en cuenta la habilitación del gasoducto, propiedad de PDVSA, y que haya disponibilidad de la molécula por parte de la estatal venezolana. O PDVSA miente acerca de los avances en los trabajos de rehabilitación del gasoducto binacional, o Ecopetrol lo utiliza como excusa para no reconocer un problema mayor: la negativa de la OFAC para otorgar el permiso. Esto último, en todo caso es irresponsable por parte de Ecopetrol, tomando en cuenta el anuncio de noviembre de 2023.
Si petroleras estadounidenses y europeas han recibido permisos para operar en Venezuela, ¿por qué demoran tanto con respecto a Ecopetrol? El Gobierno de Biden presiona al Gobierno colombiano para que éste no reconozca los resultados electorales del 28 de julio en Venezuela, lo que pudiera estar enredando el permiso ante la OFAC. Además, (¡oh, sorpresa!) Estados Unidos es el principal proveedor de gas en Colombia, junto con Reino Unido y Trinidad y Tobago.
Estos intereses truncarían la posibilidad de traer de Venezuela parte del gas que necesita el país para 2025; tampoco animaría mucho al Gobierno colombiano para abandonar la presión diplomática sobre Venezuela, exigiendo que publiquen las actas con los resultados electorales para reconocer el triunfo de Maduro. “Es la economía, estúpido”.
- El negocio del alumbrado
La semana pasada, el agente interventor de la empresa Air-e, Carlos Diago anunció que eliminarán del recibo de energía de Barranquilla el cobro de la tasa de seguridad y alumbrado público aprobado y ejecutado por las administraciones departamental y municipal, con Verano y Char a la cabeza.
En combo salieron los voceros políticos del poder económico en el Atlántico a descalificar a Diago y amenazaron al Gobierno nacional con una demanda para evitar la eliminación del cobro de estas tasas del recibo de energía. Quedan en evidencia, que tanto Verano como Char, y medios locales igualmente serviles, están a favor de los negocios de William Vélez y los hermanos Daes.
Aunque la medida no impacta directamente en el costo del servicio de energía, sí modifica el valor del recibo que llega las casas y negocios, que ya es oxígeno para el bolsillo de los usuarios. El especialista y analista en regulación de energía eléctrica y gas, Germán Londoño Montalvo citó en su cuenta X un extracto del libro El fin del poder de Moisés Naim, que permite entender qué está en juego: “La lucha entre los grandes actores antes dominantes y los nuevos micropoderes que ahora les desafían en todos los ámbitos…”.
La conflictividad social ocasionada por las altas tarifas de energía en el Caribe dejó al descubierto una realidad: un reducido sector económico del poder, amparado y protegido por familias y sectores políticos locales o regionales, incluso por el gobierno de Duque, hará lo posible por desahuciar las finanzas de la gente y de las regiones, entonando los más inverosímiles alegatos para defender sus intereses: entre ellos destacan William Vélez, los Daes, Ríos Velilla.
Quedó en evidencia la parcialización de políticos del Caribe, sobre todo del departamento Atlántico y de la casa Char y Cambio Radical, de medios como Emi Atlántico y El Heraldo, con respecto al tema de las altas tarifas de energía, jugaban al fracaso del Gobierno Petro y al éxito de la trampa de Ríos Velilla.
Situación que se da en medio de una noticia positiva para los usuarios del Caribe: a partir de la factura de septiembre, los usuarios de Air-e verán reflejada una reducción en el precio del kilovatio hora, que pasará de $1.072 a $855, esto significa una disminución del 20% gracias a la suspensión del cobro de la opción tarifaria. ¿Adivinen quiénes se opondrán a esta medida?
