Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 97)
Por: Caribe Investigación
La paz en el Atlántico
El Departamento del Atlántico, con su epicentro en el área metropolitana de Barranquilla, representa uno de los desafíos más profundos que enfrenta Colombia en materia de seguridad ciudadana y paz. Lejos de la imagen de prosperidad y desarrollo económico que proyecta a través de medios locales, regionales y nacionales, la región ha sido escenario de una transformación violenta de su criminalidad y del paramilitarismo durante la última década.
Dos elementos se deben tomar en cuenta a la hora de abordar el tema. La evolución del conflicto local los últimos diez años, parecido al ascenso de las AUC en el departamento a principios de la década de 2000, y en segundo término los tropiezos en general de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante los últimos diez años, el Atlántico ha transitado de la influencia de grandes carteles de la droga a un panorama dominado por grupos vinculados al crimen en general (extorsión, narcotráfico y microtráfico), aderezado con la incursión de organizaciones paramilitares en alianza con estos grupos y, más recientemente, por una alarmante microfragmentación delincuencial. La desmovilización de las AUC dejó un vacío que fue llenado por estructuras de todo tipo, las cuales establecieron un férreo control sobre rutas de narcotráfico, movilidad, seguridad, los puntos de venta de drogas al menudeo y las economías ilícitas locales, como la extorsión.
Esto demuestra, en primer término, que la aplicación del Plan Colombia y de la política antidrogas estadounidense, acompañada por un fuerte componente de despliegue militar en las principales ciudades del país, no fue más que una excusa para seguir perpetuando la persecución y criminalización de otros sujetos sociales que nada tenían que ver con los actores armados ilegales en disputa. Por lo tanto, demuestra también el fracaso de las propuestas y decisiones en materia de seguridad que gobiernos locales han tomado la última década.
Sin embargo, en los últimos cinco años, este panorama se ha complejizado. La guerra entre los dos principales grupos criminales (Los Pepes y Los Costeños), que combina violencia de todo tipo (sicariatos, masacres y amenazas para lograr el pago de extorsiones), ha mutado a una proliferación de bandas más pequeñas, hiperlocales y extremadamente violentas. Bandas compuestas sobre todo por jóvenes.
Combos barriales que libran una guerra territorial por el control del microtráfico, extorsión a comerciantes y la administración de rentas ilícitas en sectores como el transporte. Esta micro fragmentación ha hecho que la violencia sea más impredecible y difícil de contener, ya que los acuerdos o treguas como la que acaban de hacer Los Pepes y Los Costeños sean casi imposibles de mantenerse en el corto plazo.
Para el ciudadano común, esta evolución del conflicto se traduce en una inseguridad cotidiana en todos los órdenes. Los homicidios se han mantenido en niveles alarmantes. Pero más allá de las cifras, la población sufre el flagelo de la extorsión, que se ha convertido en un impuesto perverso sobre la actividad económica formal e informal: pequeños comerciantes, transportistas, mototaxistas y hasta vendedores ambulantes son obligados a pagar bajo amenaza de muerte.
Este entorno de criminalidad ha dejado un profundo sentimiento de desprotección entre la ciudadanía, lo que incide en la percepción en materia de seguridad, pero también en la confianza que la gente tiene en las instituciones encargadas por velar por la seguridad. La percepción de que el Estado está ausente en los barrios más afectados alimenta un ciclo de desesperanza.
Por otro lado, queda más que claro que son los jóvenes las principales víctimas de este ciclo de violencia. Víctimas de un Estado ausente, que no garantiza ni educación, ni salud, ni recreación, ni oportunidades de trabajo digno. Y no solo los jóvenes del Atlántico, los jóvenes del Caribe sufren hoy un problema de identidad, de desapego a la vida ante una sociedad indiferente. ¿Qué esperanza pueden albergar? Ninguna.
Las autoridades lo saben y lo sobre diagnostican el asunto, aunque no brinda ninguna solución. Son los jóvenes la mano de obra barata de las bandas criminales. Una especie de cultura criminal, de la violencia y de desapego a la vida es lo que enamora a nuestros jóvenes hoy.
Por otro lado, la política de paz total del gobierno Petro ha encontrado en el Atlántico un escenario particularmente difícil. La iniciativa, aunque loable en su objetivo macro, ha topado con tres obstáculos fundamentales en la región:
La naturaleza de los actores armados. Mientras el gobierno ha centrado sus esfuerzos de diálogo con actores de alcance nacional, la violencia en el Atlántico es orquestada principalmente por grupos armados y combos locales con una agenda criminal puramente económica y sin un proyecto político, pero con alianzas con actores como las AGC y las ACSN.
Entonces, hablar de un esfuerzo de paz con dos actores, sin siquiera analizar las condiciones de fondo y el contexto que cultivaron semejante panorama de violencia, sería como un salto al vacío. Cierra el ciclo con unos y comienza o continúa con otros. El vacío que dejarán Los Pepes o Los Costeños, lo terminarán disputando otros actores locales y/o las AGC y las ACSN. Además, es poco creíble que los actuales interlocutores busquen una transformación social.
Queda otro elemento en el aire. Si no se comprende que el conflicto político, social y armado se trasladó a los principales centros urbanos del país, y se orientan los procesos de diálogos en función de estas nuevas dinámicas involucrando a actores no armados en el diseño de políticas de transformación, la violencia seguirá empañando la esperanza de los ciudadanos del Caribe.
Como ya dijimos, el vacío que dejen Los Pepes, Los Costeños o algún otro actor será inmediatamente ocupado por otros actores porque las ciudades principales del Caribe no solo representan un fortín para las rentas ilegales, también son oportunidades para negocios legales, para establecer centros de apoyo logístico y para ejercer un poder-presión omnipresente en las ciudades.
Alerta Temprana Electoral
A propósito del tema de la tregua entre bandas en el Atlántico, la Defensoría del Pueblo emitió recientemente una Alerta Temprana Electoral para el ciclo 2025-2026, identificando a todo el departamento en situación de riesgo. La evaluación, basada en 14 variables clasificó a cinco municipios —Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo— en la categoría de máxima gravedad, que demanda “acción urgente”. El resto del departamento, incluida Barranquilla, fue catalogado bajo “acción prioritaria”, destacando que los riesgos, aunque diversos, son generalizados en la región debido a la influencia de actores armados y disputas políticas locales.
El informe establece que el principal sustento de esta alerta es la “combinación de violencia armada y debilidad institucional”. La Defensoría advierte que en numerosos municipios de la macrorregión Caribe, la “ausencia estatal ha permitido que grupos ilegales ocupen el espacio público”, impongan reglas de convivencia y busquen “cooptar los procesos democráticos” mediante amenazas y control territorial. Aunque las capitales como Barranquilla presentan una mayor capacidad institucional, persisten retos críticos en seguridad ciudadana y credibilidad en las instituciones, configurando un escenario propicio para la interferencia en las elecciones.
Para el Caribe, macrorregión que está conformada por 135 municipios, advierte la Defensoría que 7 están en llamado a la acción urgente (5,2 %), 81 llamados a la acción prioritaria (60,0 %) y 47 en observación permanente (34,8 %).
La Guajira y la mafia: Kiko Gómez y Carlos Robles
La reciente vinculación del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Alberto Robles, a una investigación por narcotráfico no es un hecho aislado, sino la manifestación de un patrón estructural de corrupción que permea las instituciones del departamento. Este caso evoca inmediatamente el emblemático antecedente del exgobernador Kiko Gómez, quien fue condenado por tres homicidios de rivales políticos y también investigado por sus vínculos con paramilitarismo y narcotráfico.
La comparación revela una alarmante continuidad: tanto Gómez como Robles, desde posiciones de poder aparentemente legítimas (la Gobernación y la rectoría de la principal universidad pública del departamento), habrían utilizado sus cargos para operar al servicio de estructuras criminales. Esto demuestra que el narcotráfico en La Guajira no solo opera en la sombra, sino que busca y consigue cooptar las más altas esferas del poder político y educativo para lavar activos, reclutar mano de obra y garantizar su impunidad.
La comparación también devela la adaptabilidad de la corrupción. Mientras el caso de “Kiko” Gómez representa la clásica fusión entre el poder político regional y el paramilitarismo, el caso de Robles señala una evolución hacia la infiltración en el sector educativo (aunque las AUC penetraron el sector universitario entre las décadas de 1990 y 2000 aunque de otra manera).
La universidad pública, como centro de formación y de significativos recursos públicos, se convierte en un botín estratégico. Este nuevo escenario es quizás más perverso, pues no solo desvía recursos, sino que corroe el futuro del departamento al capturar la institución llamada a formar a las nuevas generaciones y a generar soluciones para la crisis humanitaria y social que padece La Guajira. La corrupción, por tanto, muta de la violencia política directa a un control más sutil, pero igualmente devastador, sobre el conocimiento y la juventud.
El hilo conductor que une a ambos casos, y que define el contexto guajiro, es la impunidad estructural. A pesar de la gravedad de los señalamientos, existe una percepción generalizada de que el sistema judicial es lento, ineficaz o susceptible a la cooptación. Esta impunidad envía un mensaje devastador: que los poderosos pueden operar por encima de la ley, tejiendo alianzas entre políticos, empresarios y narcotraficantes. Mientras no se rompa este ciclo de captura institucional y ausencia de justicia efectiva, casos como los de Gómez y Robles no serán más que episodios visibles de una red de corrupción profundamente enraizada, que condena a La Guajira a un círculo vicioso de subdesarrollo, violencia y desesperanza.
Conflictividad en Papiros
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió mantener el peaje Papiros bajo la concesión Costera Cartagena–Barranquilla, condicionando la entrega del tramo vial de 12 kilómetros al pago de una indemnización al concesionario por parte de la Gobernación del Atlántico. Esta postura fue rechazada categóricamente por el gobernador Eduardo Verano, quien calificó la exigencia como “absurda”, argumentando que se trata de un contrato nacional que la administración departamental no estructuró ni conoció, y que por tanto no corresponde asumir dichas obligaciones económicas.
La decisión de la ANI, que implica reactivar el cobro a vehículos particulares desde noviembre, generó una crisis al desconocer lo pactado en mesas de trabajo previas de septiembre de 2024. En estas reuniones, la ANI habría acordado que la Nación lideraría el proceso técnico y jurídico con el concesionario, mientras la Gobernación, con el aval de la Asamblea Departamental, se comprometió a asumir el mantenimiento del tramo vial como parte de un acuerdo para desmontar el peaje. Este giro en la posición nacional provocó la inmediata convocatoria a un plantón de protesta para el 26 de octubre en Puerto Colombia por parte del Comité No Más Peaje.
La situación ha escalado a una seria confrontación institucional. Tanto el Gobernador como el Secretario del Interior se han opuesto una y otra vez al traslado de responsabilidades económicas y el desconocimiento de los acuerdos previos. Por su parte, la comunidad, a través del Comité No Más Peaje, se declaró en asamblea permanente para rechazar el reinicio inminente del cobro.
Esto deja en evidencia la profunda fractura entre las demandas ciudadanas (retiro de peajes), la posición del gobierno departamental y la decisión de la entidad nacional en materia vial (que se ha repetido en otros casos también en ciudades del Caribe).
Corredor de la vida
El Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de su titular Antonio Sanguino Páez, lanzó en Valledupar un plan piloto de reconversión laboral para los departamentos del Cesar y La Guajira. El objetivo principal es transformar el antiguo “corredor minero”, históricamente dependiente de la explotación de carbón térmico, en un “corredor de la vida“, en el marco de la transición energética.
Puntos clave del plan:
- Dos programas piloto:El primero, apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), iniciará con 90 trabajadores y ex trabajadores del carbón. El segundo, a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluirá a 30 personas.
- Inversión y enfoque:La AFD aportará 000 euros (unos $450 millones de pesos) para financiar la formación técnica y certificación de competencias en sectores sostenibles como la agricultura, el turismo y la logística.
- Contexto nacional:El ministro justificó la medida por la desaceleración del mercado mundial del carbón, una decisión “de la humanidad” que obliga a preparar a los trabajadores para nuevas economías. Resaltó los indicadores económicos favorables (crecimiento del PIB, disminución del desempleo) como un escenario propicio para esta transición.
- Iniciativa más amplia:Sanguino aclaró que este piloto se suma a 43 proyectos de inversión en la zona, que suman cerca de medio billón de pesos en educación superior, infraestructura vial y de saneamiento básico.
- Desafío:La noticia reconoce el desafío de si esta transición económica logrará igualar el bienestar y los ingresos que generaba la industria minera para las comunidades locales.
Es un primer paso para reorientar la economía de una región minera hacia sectores productivos sostenibles, con apoyo de cooperación internacional y en el contexto de su política de Transición Energética Justa. La iniciativa, aunque da un paso en la dirección correcta, es claramente insuficiente por sí sola para lograr la transformación estructural del corredor minero.
Es importante tomar en cuenta la infraestructura económica. Para que el turismo o la agricultura comiencen a presentarse como alternativas a la economía minera, se necesita una inversión masiva en infraestructura vial, logística, conectividad y servicios, también la democratización de la tierra y la consecución de la reforma agraria. Hasta hoy, nada de esto está ni pensado ni mucho menos garantizado.
La transición de una economía extractiva a una sostenible es un proceso de largo plazo (10 o 20 años), mientras que la desaceleración del mercado del carbón y las necesidades de las comunidades son inmediatas. La medida tomada por el ministro se hace a finales de período, por lo que es válido preguntar: ¿tendrá continuidad los próximos años en un eventual cambio de gobierno?
