Por: Yelitza Osorio Urrea
La población civil del Bajo San Juan en Valle del Cauca y Chocó sigue en medio de la zozobra ante la situación de orden público que se agudiza.
En la madrugada del día 22 de agosto del año 2023, hicieron presencia personas no identificadas en el territorio de paz y área humanitaria de la Comunidad de Cabeceras en el Bajo San Juan, ubicada en zona rural del distrito de Buenaventura, y hurtaron un motor fuera de borda Suzuki 115 cc, el cual, había sido entregado por la Unidad Nacional de Protección como una de las medidas actuales de protección de la vida ante posibles emergencias que se presenten en la comunidad. Lo anterior, dificulta la capacidad de respuesta de las personas de este territorio ante la necesidad de traslado de personas en grave estado de salud, alimentos y víveres, y el transporte de estudiantes en una escuela que alberga hoy a más de 200 entre niños, niñas, jóvenes y adultos.
Hasta ahora, la comunidad no tiene conocimiento del motor hurtado ni se ha logrado identificar a las personas responsables de este hecho. Sin embargo, el Consejo Comunitario de Cabeceras ha llevado a cabo la denuncia, así como la emisión de un comunicado pidiendo garantías para la protección de la vida y de los bienes civiles de su territorio. Este suceso se suma a una serie de acciones efectuadas con patrones similares, que han tenido lugar a lo largo del San Juan en el último mes, siendo una de ellas la ocurrida el día 10 de agosto en la comunidad de García Gómez, ubicada en el municipio de Litoral de San Juan, departamento del Chocó. Donde hombres armados hurtaron la embarcación comunitaria que fue encontrada horas más tarde, pero sin el motor fuera de borda, ambos elementos entregados también por la UNP.
Además, se conoció que el 15 de agosto en la comunidad de Buenavista en jurisdicción del Chocó, hombres armados intentaron llevarse la embarcación propiedad de ese poblado, pero el intento fue frustrado por la comunidad al percatarse de lo que estaba sucediendo de manera inmediata. Asimismo, se ha denunciado recientemente la retención ilegal de una persona perteneciente a la comunidad indígena Wounnan del resguardo indígena de Puerto Pizario y un habitante de la comunidad negra de Palestina Chocó, por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, señalándolos de pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.
Resaltando así, que estos dos grupos son los que mayormente sostienen disputas por el control territorial en la zona del Bajo Calima y el Bajo San Juan, lo que ha con llevado a una agudización de la crisis humanitaria en esta región desde inicios del año 2021. Situación que ha visibilizado diversas violaciones a los derechos humanos de las comunidades negras e indígenas en las zonas rurales de estos dos departamentos. Asimismo, se han visto obligados asumir repertorios de violencia como desplazarse forzadamente de sus lugares y a confinarse, como un mecanismo de protección de la vida, lo cual, es revictimizante para la mayoría de habitantes de una región que históricamente ha sido golpeada por el conflicto armado. Cabe recordar, que uno de los mayores picos de la crisis se vivió en enero del 2022, cuando ante una serie de hechos violentos que enlutaron la vida en comunidad más de mil cien familias del corregimiento de Bajo Calima y poblados aledaños se desplazaron a la zona urbana de Buenaventura y Cali. Aún hoy muchas no han encontrado las garantías para regresar a sus hogares.
De esta manera, la comunidad solicita presencia de las autoridades distritales, municipales y departamentales correspondientes, de la fuerza pública como la policía y el ejército, con el fin de que se atienda la emergencia respecto a la situación de orden público que se vive hoy y que no es desconocida para estas poblaciones. Según información compartida recientemente por la Comisión Interclesial de Justicia y Paz: “Las comunidades indígenas y negras de este territorio han suscrito la propuesta de Acuerdo Humanitario Global y Paz Global Territorial, en el envío de más de 77 cartas abiertas, entregadas a todas las expresiones armadas y al gobierno nacional insistiendo e invitando a desescalar la intensidad y degradación del conflicto armado que continúa impactando mayoritariamente a las comunidades rurales en Colombia”.
A hoy y desde el año 2018, la defensoría del pueblo ha emitido para los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca 68 alertas tempranas, ante los inminentes riesgos que corren los pobladores frente a la violación de derechos humanos por parte de los actores armados y el abandono de distintas instituciones del Estado que no hacen presencia allí de manera permanente. Las comunidades sólo quieren que se les ofrezca y garantice el derecho a vivir en paz, a la libre movilidad y a la tranquilidad que la vida en el río les ha dado en los cortos periodos de calma que han tenido alguna vez.
