Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 48)
Por Caribe Investigación
- Crisis humanitaria en Riohacha
Los desplazamientos de las comunidades wiwa y afro registrados la semana pasada en la zona rural de Riohacha, producto de los combates entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSM), han incrementado la crisis humanitaria de La Guajira.
Evidencia la incapacidad del Estado para proteger a las comunidades, puesto que desde el año pasado se ha incrementado la disputa por el control del lado oriental de la Sierra Nevada.
¿Qué se esconde detrás de la confrontación paramilitar en Riohacha? ¿Cuáles son los intereses específicos de ambas organizaciones? El año pasado publicamos en Periferia Prensa una reflexión al respecto.
La disputa paramilitar en la zona rural de Riohacha no se puede ver de forma aislada. Está relacionada con el incremento de la violencia y la confrontación entre ambas organizaciones en la Sierra Nevada y en el corredor Santa Marta-Troncal del Caribe.
Esta guerra está limitando geográficamente con toda la zona sur de La Guajira y puede, en cualquier momento, impactar en las dinámicas de la Serranía del Perijá.
Otras conflictividades se deben tomar en cuenta. Las demandas territoriales de pueblos afro e indígenas no han sido atendidas durante décadas, y la guerra en el territorio lo que hace es garantizar la perpetuidad de la impunidad estatal.
La confrontación armada pone en riesgo la vida de comunidades enteras, también imposibilita o limita la denuncia contra proyectos extractivos como el de carbón en Cañaverales, los desmanes del Cerrejón, o el proyecto de exploración y explotación de cobre en el sur de La Guajira.
Es decir, la conflictividad armada en esta región imposibilita cualquier resistencia social y ambiental en un corredor minero estratégico.
En las zonas de alta confrontación militar los ganadores no son los bandos en disputa sino las transnacionales mineras porque, al final de cuentas, un tejido social diezmado es incapaz de defender cualquier causa.
Un defensor de derechos humanos de la región, consultado por Caribe Investigación, plantea la siguiente interrogante: “Hace falta investigar mucho más acerca de los intereses de las AGC y las ACSN en el sur de La Guajira y norte y centro de Cesar”.
En el contexto actual “se debe tener en cuenta que las AGC, desdoblándose desde la Sierra Nevada de Santa Marta ha empezado a copar, con relativo éxito, lugares estratégicos desde el corredor minero en el Cesar, y avanza hacia la Serranía del Perijá”.
Agrega que en la mira de las AGC está “consolidar una gobernanza criminal en el Corredor Minero del Cesar que le posibilite controlar hegemónicamente las rentas ilegales (y legales) e incursionar en la Serranía del Perijá, lo que generará disputas territoriales con el ELN y las FARC”.
Agregaríamos nosotros otro elemento. Esta región en disputa, así como la Alta Guajira, es el centro de los planes de transición energética del país.
- “Game over los Vega”
Trascendió fronteras la noticia sobre la muerte de Roberto Vega Daza, otrora cabecilla del narcotráfico en Barranquilla. Especulaciones y análisis de todo tipo proliferaron en las redes sociales.
Al respecto citamos un extracto del artículo de Laura Ardilla, titulado “Barranquilla, los narcos y los mudos”: “Las reinas del mutismo son la élite local y la clase dirigente, que con su actitud minimizan el fenómeno y evaden responsabilidades, exactamente como hicieron en los tiempos de la bonanza marimbera (en los años 70), del cartel de la costa (en los 80), de la alianza con el cartel de Cali (en los 90) y de la entrada del paramilitarismo a la Alcaldía (en los 2000)”.
Nada mal como diagnóstico sucinto, aunque superficial. Destacamos, sin embargo, el comentario que la socióloga Estefanía Ciro hiciera sobre este artículo en su cuenta X: el narcotráfico “es el elefante en la habitación porque no sabemos qué hacer con él, no porque la gente se haga la boba. Hay otro elefante más grande, la política antinarcóticos, a los que estos elefantes les es muy funcional porque siempre habrá alguien diciendo: hay que combatir estas estructuras”.
- Masacre de Bahía Portete.
Han pasado casi veinte años desde la masacre de Bahía Portete, en la Alta Guajira, ejecutada por el Frente de Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las AUC, y esta comunidad aún no ha sido reparada.
En un reportaje publicado por El Espectador la semana pasada rememora los hechos y la lucha que la comunidad ha mantenido para lograr que el Estado cumpla con la reparación integral.
Este proceso, como apunta El Espectador, quedó truncado hace cuatro años por un recurso de revisión que interpuso el Ministerio de Defensa durante la administración Duque.
Representados por la Comisión Colombiana de Juristas, precisa El Espectador, “lograron que el despacho declarara, en 2017, la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad, tras demostrar que el Ejército Nacional estaba plenamente enterado sobre la amenaza concreta”.
El Estado sigue manteniendo una deuda histórica con las comunidades wayuu de la Alta Guajira, no solo con Bahía Portete.
Es justo mencionar que la masacre de abril de 2004 trascendió gracias a la denuncia pública que hiciera el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. El gobierno de Chávez también brindó ayuda humanitaria y de seguridad a las familias desplazadas hacia Venezuela.
Para desviar la atención, el gobierno de Uribe Vélez se encargó de difundir la mentira según la cual se trataba de una disputa entre clanes wayuu, y no una incursión armada de 50 hombres de las AUC.
La impunidad sigue campante.
- Guerra por el viento.
La transición energética en La Guajira colombiana ha presentado más trabas que aciertos.
En este sentido se hace obligatoria la consulta del reportaje “Guerra del viento en La Guajira colombiana”, publicado el portal español publico.es.
Resume la lucha del pueblo wayuu por el derecho a la consulta previa no manipulada por las transnacionales, el incremento de la violencia en el territorio, los incumplimientos por parte de las transnacionales, manipulaciones, engaños y afectaciones socio culturales y ambientales que no son debatidas públicamente.
Este reportaje deja un sin sabor. La administración Duque ferió el territorio wayuu antes de hacer cualquier tipo de consulta, pero hoy se presentan con un disfraz de transición energética (hoy lo llaman extractivismo verde).
Con la entrada de la explotación del carbón de la década de 1980, también le prometieron el cielo a las comunidades wayuu y afros. Hoy se encuentran desparramadas por el departamento, viviendo de la caridad, sin un lugar donde sembrar o vivir.
La salida de Celsia
Alharaca armaron los medios por la posible venta de los proyectos eólicos de Celsia en La Guajira. La misma alarma mostraron el año pasado con la salida de Enel.
Olvidan mencionar que la inestabilidad en la región fue provocada, en parte, por la irresponsabilidad del Gobierno de Duque y por la avaricia de las empresas que, pretendiendo pasar por encima del pueblo wayuu, quisieron desarrollar sus parques sin licenciamiento ambiental o adecuada celebración de consultas previas.
- La Drummond
Enhorabuena la Fiscalía General de la Nación declaró que el asesinato de Gustavo Soler Mora, dirigente sindical de Sintramienergetica, es un crimen de lesa humanidad. El Estado debe investigar su crimen porque el delito es imprescriptible. Recordemos que Soler Mora denunció la vinculación de la multinacional Drummond con el paramilitarismo, y el asesinato de otros compañeros sindicales en marzo de 2001
La resolución es clara: el asesinato de Soler Mora no se trató de un hecho aislado sino de un plan sistemático de aniquilamiento de la dirigencia sindical de Sintramienergetica.
- La violencia en el Caribe
Cartagena, Sincelejo, Santa Marta y Barranquilla entraron el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo durante 2023, según la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Esto sin mencionar los graves problemas de seguridad en otras ciudades capitales del Caribe: Valledupar y Riohacha.
- Servicios públicos
Es bastante probable que el debate de control político contra el ministro de Minas, Andrés Camacho, se celebre este martes 05 de marzo.
Es lo que se conoció luego de la reunión que encabezó el mandatario Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a la cual asistieron senadores y representantes de la bancada del Caribe y los gobernadores de Atlántico y La Guajira para discutir el problema de las altas tarifas de energía en la región.
Dicho sea de paso, la bancada consiguió la reunión con Petro luego de amenazar al Gobierno con una “huelga legislativa” hasta no encontrar solución al problema de las tarifas.
“No agendar o votar proyectos del gobierno si no hay compromisos concretos que beneficien a los usuarios”, según reseña de El Espectador.
Hipócritas. No fueron tan enérgicos cuando el Consejo de Estado suspendió en marzo de 2023 un decreto emitido por Petro a través del cual podía definir las tarifas.
Esta amenaza se da en el marco de la discusión sobre el proyecto de reforma a los servicios públicos. De todo ha inventado la oposición acerca de este proyecto. Como apuntaba en Portafolio el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, “un cambio en el modelo de servicios públicos puede afectar a muchos grupos de interés”. Sin embargo, más adelante Quiroga afirma que “los cambios propuestos en el proyecto de ley no afectan las bases del modelo actual de servicios públicos. La reforma no aumentará la participación del Estado en la prestación de los servicios públicos o su nacionalización”.
Tiene razón Quiroga al recordar que las comisiones reguladoras han sido autónomas de la sociedad, pero cercanas a las empresas del sector servicios públicos. “Sus decisiones regulatorias se preocupan más por reglar el negocio y el mercado, que por proteger los derechos de los usuarios”.
Ya imaginamos de qué lado están, verdaderamente, los parlamentarios de la bancada del Caribe y los gobernadores del Atlántico y La Guajira.
- Acabar con el tejido social
La situación de los derechos humanos en el país fue delicada durante 2023, según el informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
El crecimiento de los grupos armados, el control social y territorial que ejercen es una realidad inocultable que pone en riesgo la vida de líderes y defensores, según declaró a El Espectador Juliette Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU en Colombia.
Un tanto ingenua una de las respuestas de Rivero a El Espectador: “Ahora el país cuenta con un gobierno que puede construir un Estado diferente, sobre todo en aquellas regiones que han sido tradicionalmente abandonadas por administraciones pasadas”.
El asunto no se limita a que el gobierno llegue a los territorios para implementar políticas sociales y económicas que contrarresten la violencia o desplacen a las organizaciones armadas como entes gubernamentales paralelos. Tiene que ver con un espectro mucho más amplio que ni siquiera Petro se atreve a mencionar: sin la transformación del Estado, históricamente excluyente, sectario y violento, no es posible un cambio en las dinámicas de los territorios.
Sin el cambio de la doctrina militar y la noción del enemigo interno, las organizaciones sociales y liderazgos de todo tipo seguirán siendo objeto de persecución y estigmatización. Sin el diseño de una política de drogas independiente de la política antidrogas de los Estados Unidos, la política de paz seguirá cojeando y dando pasos erráticos.
Tiene razón Rivero al afirmar que la pérdida del control territorial por parte del Estado y el incremente de la violencia en los territorios están relacionados con factores históricos que trascienden el gobierno de Petro.
El tejido social colombiano sigue siendo la principal víctima del conflicto armado, y esto solo puede ser beneficioso para el Establecimiento.
Al fragmentar las luchas sociales, diezmar los liderazgos y disminuir la capacidad de resistencia en los territorios, dejan el camino allanado para los grandes proyectos extractivos.
Es lo que ha venido ocurriendo desde los Acuerdos de La Habana (2016). De manera silenciosa han venido masacrando líderes y defensores, firmantes de la paz, sin que el Estado se haga responsable de ello porque existe una excusa mayor: los grupos armados.
