Una crónica sobre los recientes hallazgos de estructuras óseas en La Escombrera de la Comuna 13, Medellín.
Por: Katherin Julieth Monsalve
La del miércoles 18 de diciembre de 2024 era una mañana como todas las anteriores de un día como todos los anteriores: equipo forense y buscadoras por igual hacían el mismo recorrido hasta La Escombrera desde el 26 de julio de 2024 cuando reiniciaron las excavaciones pausadas en el 2015. Ni el cielo, ni la tierra llena de residuos de construcciones de la ciudad tenían algo peculiar, ningún presentimiento atravesó el corazón de las buscadoras, solo las movilizaba la constancia de 22 años en los que pasó de todo, pero pasó poco. ¿Qué puede indicar cuando el momento vivido no se parece al pasado? ¿Cómo se puede intuir que ese día el tiempo se va a romper y a replegar sobre sí mismo?
Ese 18 de diciembre el teléfono Andrea Gómez Vásquez, la antropóloga líder de la búsqueda de los desaparecidos de la comuna 13 de Medellín, sonó en repetidas ocasiones mientras asistía a un encuentro de antropólogos nacional en la sede central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Lo que escuchó del otro lado de la línea solo le permitió decir:
— ¡No lo puedo creer!
— Sí, Andre —le contestó una de sus compañeras antropólogas.
— Andre, estoy temblando —dijo la otra compañera.
— Tranquilas, todo va a estar bien, ustedes saben manejar las cosas, ustedes son muy buenas, son capaces.
“Entonces como que también fue incluso un protocolo para nosotros, como: bueno, vamos a calmarnos”, recuerda Andrea el sábado 28 de diciembre de 2024. “Con las señoras, avisarles fue muy bonito. Hemos tratado de ser muy juiciosas con el protocolo psicosocial, porque fue un legado que nos entregó la misma Corporación Jurídica Libertad y las peticionarias. En ese componente psicosocial dice que las peticionarias deben acompañarnos, así sea una, a entregar los cuerpos a Medicina Legal”.
Una retroexcavadora más. Ya habían visto pasar varias, el proceso era repetitivo: 2.300 volquetadas de tierra, y ninguna novedad. Las antropólogas y el resto del equipo estaban en los lugares que siempre ocupaban, las Mujeres Caminando por la Verdad en el punto de encuentro asignado, a cierta distancia del sitio de excavación. De repente, el equipo forense parecía un enjambre de abejas que paulatinamente se movía con más frenetismo, corrían, llevaban una cinta larga, bajaban cosas indistinguibles, encerraron una zona.
“Fue como el pálpito de, bueno, para lo que estuvimos esperando ya fue, ya apareció, ya empezamos; entonces sí fue emocionante”, recuerda el topógrafo de la UBPD Agustín García, mostrando un asomo de alegría, él estuvo ahí, en el espacio-tiempo esperado y temido durante 22 años. En la parte nororiental del polígono priorizado para la búsqueda en La Escombrera, la retroexcavadora sacó tierra con escombros y, cuando la soltó, aparecieron varios huesos, algunos largos. Las antropólogas Daniela López y Clara Betancourt inmediatamente los revisaron para corroborar que fueran humanos. En efecto, lo eran.
La antropóloga líder Andrea Gómez Vásquez continúa: “Lo que dice el protocolo es que nosotros debemos acercarnos inmediatamente a la parte psicosocial e informar a los psicólogos para que sean ellos los que se encargan de avisar a las peticionarias directamente”.
Así se cumplió la petición constante de Luz Elena Galeano, la buscadora de su esposo, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, y sobre todo un sujeto político sumamente construido: “El día que haya un hallazgo que yo esté ahí. Estábamos allá desde el 6 de mayo”. Después de asimilar la noticia, las buscadoras “se pusieron sus botas, su casco, bajaron a mirar, y ya fue la compañía hasta ese día 11:30 de la noche”, cuenta Agustín García.
¿Cuántas acciones políticas, simbólicas y de desobediencia civil tuvieron que suceder para que ese momento fuese posible? La respuesta parece obvia: son incalculables y hasta inabarcables; pero es preciso desandar el camino. En esta primera parte solo iremos al 2018.
“El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios, dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos, le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales se presume existen personas dadas por desaparecidas”, anunció en su momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los lugares son mencionados en un comunicado de la JEP en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: “Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre)”.
La Escombrera y La Arenera, ambas ubicadas en la Comuna 13 de Medellín, son parte del extenso listado. Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), y vocera del Movimiento Nacional de Víctima de Crímenes de Estado (MOVICE) para las medidas cautelares ante la JEP, contextualiza este episodio remitiéndose al año 2015 cuando se hicieron las primeras excavaciones en La Escombrera, en ese momento la Fiscalía General de la Nación se encargó de la búsqueda, pero es sabido que ese proceso quedó truncado. Adriana es honesta cuando dice que, a pesar de presentar la solicitud de las medidas cautelares, no tenían muchas expectativas al respecto.
Dos años después, el 17 de octubre de 2015 la mesa de negociaciones de La Habana hizo público el comunicado conjunto #62, tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP se comprometían a crear un ambiente de confianza con la puesta en marcha de medidas humanitarias inmediatas para buscar, ubicar, identificar y entregar a los desaparecidos y las desaparecidas, cuyos victimarios fueron las dos partes involucradas. En segundo lugar, la creación de una Unidad especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
Adriana Arboleda precisa que “en el 2016 se logra concretar que en el Acuerdo de Paz iba a quedar la creación de la Unidad de Búsqueda, como efectivamente quedó. En el 2017 se crea la Unidad como una unidad autónoma pero adscrita al Ministerio de Justicia. Empieza a funcionar todo: la JEP, la Comisión de la Verdad, pero la Unidad nada que arranca, le pusieron muchos obstáculos políticos, jurídicos, económicos (…) Le dijimos a la JEP: nosotros tenemos un poco de lugares donde presumiblemente hay víctimas de desaparición forzada, y nosotros queremos que usted proteja esos lugares mientras la Unidad comienza a funcionar. Era como una especie de acción política para presionar que se empezara a desplegar toda la Unidad, porque durante todo el 2017, y parte del 2018, la Unidad tenía como 10 personas; el decreto la había creado con 700 personas, y llevaba año y medio solo con 10 personas”.
La voluntad institucional, resultado del Acuerdo de Paz, significó un antes y un después, lo que fue truncado por tantos años y de tantas maneras, comenzó a movilizarse de forma más estable. Ya en 2019, exactamente el 17 y 18 de julio se hizo en Medellín la primera de las audiencias públicas presididas por la JEP, que si se le analiza fue una rendición de cuentas: todas las instituciones del Estado involucradas en el asunto (Fiscalía General de la Nación, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, entre otras) fueron llamadas a responder qué habían hecho para encontrar a los desaparecidos y a las desaparecidas de la comuna 13. Quizá la intervención de Jhon Freddy Ramírez, antropólogo del Grupo de Identificación Humana del CTI Medellín —encargados de la excavación en 2015— fue la más completa y explicativa, pero sobre todo la que reveló la complejidad de dicha búsqueda, así como la muestra clara de las artimañas utilizadas para frenarla:
“Esto no tenía referentes en el mundo”, hacer un trabajo “a cielo abierto sobre depósitos de escombros”. Se debía “aprender de movimiento de escombros, geotecnia, ingeniería civil”, también implicó la “utilización de maquinaria pesada, allí no íbamos a hablar solo de suelos y tierra, era un material bastante pesado: escombros, fragmentos de postes, basura inclusive, todo lo que venía de las construcciones que derrumbaban y depositaban allí”. Esa era y es la complejidad de buscar en La Escombrera.
Pero Jhon Freddy también resolvió, en parte, la pregunta que rondó alrededor de 4 años: ¿Por qué y cómo se detuvieron las excavaciones?: “El 14 de diciembre [de 2015], a las 4:00 p.m. alcanzamos suelo natural, y los hallazgos para restos humanos fueron negativos; se hallaron unos fragmentos de restos óseos, pares académicos hicieron los estudios, pero no encontraron relación con la especie humana”. El equipo solicitó un techo muy alto para cubrir el lugar, porque el agua que descendía por la montaña y las lluvias impedían el trabajo continuo. Ante la solicitud [la Alcaldía de Medellín era la encargada del recurso económico], le preguntaron: “¿Y si se coloca ese techo hay garantías de que encuentren cuerpos?” Él se tomó unos segundos, no podía dar crédito a lo que escuchaba, entonces respondió: “Es garantía de seguir un buen proceso”. La labor se dio por terminada.
El año siguiente, 11 de agosto de 2020, la JEP hizo una nueva precisión para posibilitar la búsqueda: “Queda prohibida cualquier intervención, bien sea de tipo minero o de paso por los lugares mencionados, salvo autorización expresa de la Sección. En ese sentido, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional deben garantizar el cerramiento de los lugares delimitados. Asimismo, la JEP solicitó a la empresa El Cóndor S.A., dueña de estos terrenos, la preservación de los mismos y su conservación intacta”. Esta medida también cobija La Arenera, de la misma empresa y señalada por la comunidad de ser otro lugar de desaparición forzada.
Las medidas cautelares no cobijan todo el terreno de La Escombrera, se trata de un área específica de 6.900 m², y el polígono priorizado es de 2.700 m² [ubicado a 80 o 100 metros de una base paramilitar que funcionó entre los años 2002 y 2003]. Fue en ese lugar donde se hallaron las estructuras óseas. Encontradas “a 50 cm de altura para llegar a la Cota 2004”, sostiene el topógrafo Agustín García, quien además explica que: “Se calculaba que por año recorrido se subía 1 metro en altura en tierra, o sea, se llenaba 1 metro de tierra toda la zona [la montaña donde está ubicada La Escombrera]. Nosotros llegamos a una cota 2004; los desaparecidos empezaron de antes, pero ya en el 2004 empieza el programa de estabilización, empiezan ya las reparaciones. Nosotros hacemos un cálculo de 2004 hacia atrás, unos 2, 3 años, por eso siempre hemos dicho que cuando lleguemos a la cota de interés llamada Cota 2004 es recalcar el terreno a como estaba en el 2004, con la misma topografía, con las mismas inclinaciones, con la misma cantidad de tierra que estuviera en el 2004; y de ahí hacia abajo ir excavando metro a metro para poder llegar hasta el 2001, 2002 más o menos, que es lo que tenemos proyectado llegar”.
El trabajo de los topógrafos, antropólogas, asistentes forenses, ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros es una misión que ya hicieron las Mujeres Caminando por la Verdad en los terrenos políticos y simbólicos: “Devolver el tiempo de una zona específica”, como señala Agustín García.
Queda en el tintero la pregunta: ¿en las partes que no son polígonos priorizados se siguen arrojando escombros en este momento? Agustín García contesta: “Hay zonas. Hay que tener en cuenta que La Escombrera es una empresa, El Cóndor es una empresa que tiene muchísima extensión de tierra, que en este momento aún siguen explotando y arrojando desechos de escombros, desechos de tierra, lodos, pero no están precisamente en la zona de nosotros, ni cercanos a la zona de nosotros, están en otras zonas de ellos”.
Esta es la paradoja de Medellín: mientras unas resisten, otros arrojan escombros; unas hablan sobre dignidad humana, otros priorizan intereses económicos y políticos sobre esa tierra. De un lado las escaleras eléctricas [un sector comercial y turístico, famoso por contar relatos sobre las operaciones militares en la comuna de forma atractiva para los visitantes], del otro La Escombrera. Una pugna sinfín entre la vida que intenta sobreponerse, y la muerte que la combate, y seguidamente la aplasta.
Matar lo vivo
La Escombrera es una montaña gris, rodeada de árboles verde oscuro, “ya ahorita esa montaña está arrasada, la siguen arrasando, es un daño ambiental muy grande que se está haciendo allí”, sostiene AKA, el sembrador, uno de los fundadores del Colectivo Agroarte, el niño y adolescente que vio a muchos grupos armados imponerse en las montañas de la vereda La Loma, San Cristóbal [el corregimiento que colinda con la comuna 13]. Luego habla del sufrimiento desde una dimensión poco abordada cuando se menciona este lugar: “No solo desaparecieron las personas, sino que también la naturaleza sufrió mucho y ha venido sufriendo allí”.
Esta lectura muestra a La Escombrera como un lugar donde se mata lo vivo, y entonces dice: “Antes de ser escombrera, fuimos bosque. Toda esa zona de influencia de La Escombrera, desde abajo, desde la entrada a Guadarrama [casona familiar que, debido a los usos de grupos ilegales como lugar de secuestro, tortura y desaparición forzada, se le llama La Casa Oscura] hasta arriba, la montaña que linda con Bellavista, que es un sector de La Loma, era un bosque y era un espacio donde había carboneros, donde había distintas especies de árboles nativos y algunas fuentes hídricas. Cuando hicieron La Escombrera dos fuentes hídricas fueron tapadas, la fauna, la flora de allí fue tapada. Hubo un deslizamiento masivo de La Escombrera porque en ese momento no hacían filtros. Los filtros permiten mitigar el riesgo, por las corrientes de agua se vino un barranco y nos tapó un guadual de más de 100 años de historia”.
El relato no oficial tiene como protagonistas a un grupo de seres humanos que sembraron un bosque para evitar la expansión de La Escombrera en los años 2004 y 2005, cuando era sabido por los habitantes de los sectores aledaños, y de la comuna en general, que para allá se llevaban a las personas cuyo rastro se perdía. Alejandra Balvin, quien fue una niña buscadora desde los 13 años cuando un grupo de hombres armados desconocidos se llevaron a su padre, reúne los murmullos y comentarios sigilosos de las personas en ese entonces: “Se veía cómo pasaban la gente hacia allá. Se veían carros que ingresaban en la noche. Testimonios de volqueteros que los obligaban a llevar cadáveres entre los escombros. Se veía que pasaban la gente amarrada y no volvían a pasar. Había unas escalas que las llamaban escalas de la muerte, daban hacia la escombrera, gente que subía y no volvía a bajar”.
Regresemos al tema del bosque, más adelante la historia de los desaparecidos y floresta extinta se volverá a unir. Comenzaron con la Veeduría Guaca Vieja, conformada por 27 familias del sector, las cuales se oponían a la expansión de La Escombrera. Dichos seres humanos, de tradición campesina, conocedores de la tierra y de esas montañas, ejercieron esa resistencia desde sus conocimientos: construyeron “un vivero comunitario que obedecía a la estrategia de Viveros de Medellín con todo el tema de siembra y cultura urbana, donde se reproducían algunos árboles nativos, algunos arbustos, y algunas plantas ornamentales, que se utilizaban para el embellecimiento de la ciudad. Eso nos permitió decir: aquí hay un proceso comunitario, aquí hay un proceso de siembra y de huerta. Yo era el encargado de la huerta y de la producción agroecológica. Con eso hicimos un freno comunitario para que no se ampliara la zona de influencia”, cuenta AKA.
Al resto de la comuna la involucraron con caminatas hacia ese bosque y los charcos. En la veeduría se hablaba de los riesgos para la salud de La Escombrera, los accidentes ocasionados por el paso de las volquetas, la polución, el daño al bosque, y demás; tenían acompañamiento de instituciones de la ciudad. Los actores armados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya instalados en la comuna después de 27 operaciones militares, hacían presencia en los espacios. Las doñas, como les dicen las generaciones más jóvenes a las mujeres sembradoras y buscadoras, desarrollaron esa inteligencia que solo tiene quien sobrevive a tanto: les decían a los chicos, recuerda AKA, “no hablen, muchachos, porque a ustedes sí los matan, no digan nada en estas reuniones”. Ellas se encargaron de preservar la vida constantemente amenazada de los jóvenes. Pero los paramilitares no solo aparecían en las veedurías, también estaban en las vigilias que hacían las Mujeres Caminando por la Verdad en La Escombrera. Alejandra Balvin tiene claro el recuerdo de “una noche que hicimos una vigilia, y en las terrazas había encapuchados con fusiles”, cuenta antes de quedarse en silencio.
Ese pasado se remueve con esa tierra mezclada con escombros. Los huesos pertenecientes a uno o varios humanos, confirman que en ese lugar no solo sepultaron un bosque, también mataron personas. “Para muchos de nosotros era como abrir una herida —dice AKA utilizando sus manos para hacer el gesto de algo que se expande en su pecho— que teníamos como enterrada —y con la punta de los dedos de su mano derecha se hace círculos en el lado donde está el corazón—. Ver y escuchar en las noches cuando pasaban la gente hacia la montaña a desaparecerlos; cuando los paramilitares pusieron una base paramilitar en toda la entrada de Guadarrama, y allí paraban los carros de [la línea de buses] 223, revisaban los nombres de cada persona, si teníamos aretes teníamos siempre problemas, se llevaban a mucha gente para La Escombrera. Para muchos que vimos ese horror, para nosotros es como ufff… —AKA baja la mirada— a todos nosotros nos dolió mucho, nos dolió que después de 22 años… y sabiendo que se podían haber hecho esfuerzos previos para que esto no siguiera…”.
La impunidad del capital
A Salvatore Mancuso, el exjefe de AUC, junto a otros dos líderes paramilitares: Ernesto Báez y Ramón Isaza, fue llevado ante el Congreso de la República un 28 de julio en el remoto 2004 para que en un discurso de 45 minutos presentara el proyecto político de las Autodefensas. Ese hecho fue calificado por la Fundación Paz y Reconciliación como “el culmen de la parapolítica”. Recordar tal acontecimiento es darle peso a su significado y permite entender a qué se enfrentaba un grupo de mujeres y jóvenes de una comuna empobrecida y estigmatizada durante años en Medellín.
Los nombres y los cargos de otros presuntos responsables son conocidos por el país entero: Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ministra de defensa (La Silla Vacía en su sección QUIÉN ES QUIÉN del 12 de febrero de 2021, afirmó que “Ramírez escribió el primer documento de la Política de Seguridad de Uribe”, bajo esa filosofía política y militar se ejecutó la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín el 16 de octubre de 2002, uno de los eventos que consolidó la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en el territorio, y con ellos las consecuentes desapariciones forzadas), Luis Pérez, alcalde de Medellín, Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia.
Al igual que el país, en su comparecencia ante la Comisión de la Verdad, y ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el líder paramilitar tampoco era el mismo de 2004, ya no lo respaldaban poderes armados, mucho menos empresariales y políticos, estaba solo. En ambas audiencias develó lo que las comunidades de los territorios azotados por el accionar de este grupo vieron en silencio, rodeados de hombres armados, y con miedo, sin entender absolutamente nada, aprendiendo las dinámicas del nuevo grupo, sin un Congreso para escucharlas. El 10 de mayo de 2023, en la Audiencia única de Aporte a la Verdad de la JEP, Mancuso abordó el tema de las operaciones militares y acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y grupos las AUC. Habló de los consorcios con los hacendados e industriales para obtener tierras más baratas gracias al terror que sembraron y a los desplazamientos forzados; de la llegada de este grupo armado ilegal a territorios donde el Estado tenía intereses minero energéticos. En su declaración ante la Comision de la Verdad, socializada por la entidad el 4 de agosto de 2021, ya había dicho que ellos “jamás podían llegar a una región si no tienen una financiación asegurada (…), el Estado ha sido juez y parte”. Su papel fue clave para que los señalamientos de la comunidad internacional no recayeran sobre los gobiernos de turno, las Autodefensas tenían permitido “utilizar todas las formas de lucha legales e ilegales”.
AKA tiene un recuerdo de la Operación Orión, del enfrentamiento entre la parte alta del barrio El Salado “con la gente de Guadarrama, que era ahí arriba del barrio Eduardo Santos, desde la distancia nosotros vimos cómo ponían como una M60, una Punto 50, era como si fuera una película de Rambo, y luego llegan las tanquetas de la policía, del ejército, a disparar donde había grupos paramilitares —AKA frunce el entrecejo con una expresión de extrañeza y continua—. Era muy raro ver esa doble historia que nos venía sucediendo. Muy pequeños vimos con nuestros propios ojos cómo desaparecían la gente en esa montaña”.
La responsabilidad, modos de financiación y participación de los empresarios en el conflicto armado es uno de los grandes vacíos históricos, tanto de la JEP como de Justicia y Paz, proceso de castigo y verdad al que se sometieron los paramilitares tras su desmovilización. Durante la rueda de prensa posterior a los hallazgos del 18 de diciembre de 2024 en La Escombrera, el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, relator de la JEP para las medidas cautelares de La Escombrera y Comuna 13, dijo que no había denuncias en contra El Condor, empresa dueña de La Escombrera. Segundos después, María Victoria Fallón tomó la palabra y se presentó como la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (CIDH), representante de Luz Enith Franco, esposa de Arlex Edinson Guzmán Medina, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y agregó: “Sí existen denuncias, están EN la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones empezaron desde el año 2002 cuando se hicieron las denuncias y se señaló directamente a quienes manejaban La Escombrera como personas de interés para una investigación, y nunca se avanzó en esa línea de investigación. Lo que tenemos en este momento es una situación muy concreta: una Fiscalía General de la Nación paralizada totalmente en los casos en que la JEP toma la competencia; dentro de la JEP no se está investigando El Cóndor, ni las otras autoridades civiles que tienen responsabilidad en los hechos de desaparición forzada de personas en la comuna 13”.
En la misma rueda de prensa, Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante del MOVICE, también intervino: “Este hallazgo nos permite insistir en exigencias que nosotras hemos hecho, una de ellas es que se suspenda el contrato a El Cóndor, y que ese lugar sea decretado como un lugar de memoria. (…) Ese no puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa, cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia, ese derecho es mucho más grande, mucho más sagrado que el derecho a la propiedad privada o el derecho a enriquecerse de una empresa. Eso implica que la Gobernación de Antioquia asuma el compromiso con los derechos humanos, y derogue el permiso que le fue otorgado en el 2019 por 20 años más a la empresa El Cóndor. Es importante que las investigaciones se amplíen, aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos ante desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.
El no lugar
“Yo estaba buscando sola, ni sabía siquiera que lo que le había pasado a mi hijo era una desaparición forzada. Yo siempre decía: él fue a fumarse un cigarrillo y no volvió, pero no sabía que lo que le había pasado a él era que lo habían desaparecido”, dice Luz Elena Salas, la poeta tardía que le ha dado palabras a un tipo de violencia carente de nombre en aquel entonces.
La antigua integrante de Mujeres Caminando por la Verdad cuenta que dejó la organización a comienzos de 2024 “porque me estaba enfermando mucho, porque yo soñaba mucho”. Damián David Rojas no volvió a su casa el 15 de enero de 2007, Luz Elena sabe más de la muerte de su hijo a través de sueños que por investigaciones de las instituciones estatales. Primero se aparecía y le decía: “mamá, no llore por mí que yo estoy vivo”. En otra ocasión lo vio en un hueco con unas tablas encima, le dijo: “ma, no deje pasar a Kevin [su hijo] para acá que a mí me van a matar los paracos”. Luego llegó el sueño más difícil: “Eran como las 3 de la mañana, y yo le dije: Kevin, qué estás haciendo en la cocina, mirá que son las 3 de la mañana. Y él me dijo: má, no es Kevin, soy yo. Y yo le dije: ay, Pachito —le decían Pacho porque era muy cariñoso— me voy a levantar y le voy a decir a Jhoan [el hijo mayor de Luz Elena] que usted está vivo. Entonces me dijo: no, ma, acuérdese que a mí me mataron los paracos, a mí me dieron un tiro, y cuando me dieron el tiro me dañaron los dientes”.
El 2 de noviembre de 2007 Luz Elena Salas supo del paradero de Damián, no fue por una llamada del CTI, fue por el jefe de su hijo. Su nombre apareció en un listado, junto a los de otros 104 seres humanos calificados como NN (ningún nombre), en el Jardín Cementerio Universal. “Yo creía que me iban a entregar el cuerpo de mi hijo, y cuando llegué me dijeron que ya estaba enterrado, fuimos a buscar la tumba, estaba marcado con el número 29A38, como si fuera una dirección de una casa. El señor de allá del cementerio me dijo que si la Fiscalía ordenaba sacarlo de ahí, ellos tenían que hacer caso; sino lo que él me recomendaba era que lo dejara allí porque ya era antihigiénico. Él me echó un carretazo que me convenció, y además me dijo que él me lo había enterrado en un cajón de madera. Entonces el sepulturero me dijo: no le crea eso, eso es mentira porque acá tenemos muchos NN ¿Usted sí cree que él iba a enterrar a su hijo en un cajón de madera? Yo me quedé ahí, como con esa duda de si el cuerpo que me habían entregado era de mi hijo o no. Ahora con la Unidad de Búsqueda ellos volvieron a buscar ahí, y pues de los hallazgos que hicieron no había nadie con las características de mi hijo. Entonces se supone que sí me entregaron a mi hijo, pero yo siempre voy a vivir con esa duda”.
Cada parte de la historia de Luz Elena es un choque contra el país que fue, y la prueba de que Colombia ya no es la misma. El proceso de búsqueda de la UBPD se divide en la investigación y la actuación forense, el proceso de identificación y la entrega digna o culturalmente pertinente. Luz Elena y Damián no tuvieron nada de eso, ella y las demás buscadoras de toda Colombia fueron los sujetos políticos movilizadores de un proceso digno.
¿Cómo una niña de 13 años se vuelve buscadora? Alejandra Balvin, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad tiene claro el momento y el modo, así responde: “La historia comienza un 16 de octubre del 2002 [el primer día de la Operación Orión], 6 de la mañana, recuerdo muy bien que él [su padre] se estaba organizando para ir a trabajar, porque era una persona que trabajaba independiente. Estaba vestido para irse a trabajar, y estaba en chanclas, nunca se me va a olvidar. Tocaron la puerta, mi mamá abrió la puerta. Lo que le dijeron fue:
—Necesitamos a Hernando —le dijeron con nombre propio.
Entonces él salió, mi mamá le dijo:
—No salga.
—No, el que nada debe, nada teme —le respondió él.
—Necesitamos que nos acompañe para una reunión, pero ahorita lo devolvemos —le respondieron quienes lo solicitaban cuando salió.
Él entró, se puso los zapatos. Se fue. Eran más o menos por ahí 10 hombres armados, nunca se me va a olvidar. Y se fue con ellos. Me acuerdo cuando ya iba en la esquina de la casa, nos miró y sonrió. Ya. Hasta ahí”.
Eran las 7 de la noche y a Hernando de Jesús Balvin no lo devolvieron. La mamá de Alejandra salió a preguntar, entonces encontró a uno de los hombres armados que estuvo en su casa en la mañana. No le dijo dónde estaba, pero sí la amenazó: le dio 24 horas para irse del barrio si no quería sufrir la misma suerte que su esposo. “Nos tocó salir así como estábamos, con lo que teníamos puesto. Nos fuimos para donde mi abuela, que vivía cerca en otra comuna”, cuenta Alejandra.
Pasaron 4 años, y los 3 integrantes restantes de la familia no regresaron a ese barrio. El 6 de marzo del 2006, el hijo mayor, Adonis de Jesús Balvin, de 26 años, salió en la moto, se fue a reclamar unos papeles para un empleo. Según los retazos de versiones recopiladas por Alejandra “lo abordaron unas personas en una moto, uno de ellos le dijo que se montara en la moto de él, y otro se fue en la moto suya. La moto apareció, pero él no”. Solo tiene esa información “no sé qué pudo haber pasado la verdad”, dice y se queda en silencio.
Luz Elena Galeano es líder del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, ha recorrido Medellín y el país con la foto de su esposo Luis Javier Laverde en el pecho desde que no volvió aquel 9 de diciembre de 2008: “Él no volvió a aparecer. Lo que decían es que a él simplemente lo habían bajado del colectivo en San Juan con la 80, policías y paramilitares, y que lo montaron a un carro gris y se lo llevaron. Hasta ahí sé porque la Fiscalía también ha avanzado poco en la investigación, es paradójico que no investiguen porque había agentes estatales implicados en los diferentes hechos que sucedieron en la comuna 13”. Luz Elena es una mujer cuidadosa y clara para responder, se planta en las reivindicaciones políticas del colectivo y evita quedarse enquistada en la narración de la desaparición de su esposo; tiene el carácter de quien hizo algo con el dolor, y ese algo no es comprensible para el resto, quizá sea porque estuvo “tratando de fortalecerme, pero también de empoderarme sobre lo que son las leyes, cómo exigir nuestros derechos, y todo eso para servir de apoyo a otras compañeras”.
Ante la pregunta: ¿en algún momento perdiste la fe?, contesta sin vacilar: “No. Siempre he tenido la esperanza viva de que algún día esto se iba a dar, e íbamos a encontrar a nuestros familiares desaparecidos; independientemente de la persona que encontremos es muy importante entregárselo a su familia”. Realmente está hecha de algo difícil de captar y definir.
El Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad existe con ese nombre desde el año 2003, sin embargo, esas madres, esposas, hijas, hermanas [también tiene integrantes hombres], llevaban años reuniéndose para intentar entender qué les sucedió, y acompañarse; esa búsqueda de consuelo las llevó a crear el grupo. En la comuna 13 se ejercía resistencia mucho antes de la Operación Orión, por ejemplo “la Ruta de las Mujeres, que se hizo en el 2000 en la cancha del Salado, fue histórica porque fueron mujeres buscadoras de sus desaparecidos haciendo este plantón allí y con la presencia de los paramilitares en medio, estábamos en medio del conflicto, todavía no había sucedido la Operación Orión, pero estaban sucediendo las otras operaciones, que fueron 27. Eso marcó un señalamiento”, rememora AKA.
La resistencia ejercida durante 22 años tiene consecuencias, no se trata solo de personas a quienes un descubrimiento les da la razón, vivieron la incapacidad para darle un nombre, un peso y un lugar a lo sucedido, caminaron la comuna y la ciudad sin saber dónde buscar puntualmente, vivieron y viven la absoluta incertidumbre. “Nos ha costado muertes de compañeras, nos ha costado la indiferencia de la gente, de que nos ignoren, de que nos dejen solas, de que nos traten de locas, de que las compañeras ya no estén. Muchas han muerto esperando la verdad de lo que pasó, nos ha costado mucho, la verdad. Amenazas, señalamientos, muchas, muchas cosas”, dice Alejandra Balvin. Ella sabe de lo que habla, porque su mamá, Amparo Cano, es una de las buscadoras que murió esperando ser una de las que no sabía absolutamente nada, a tener una pista, la noticia amarga y reivindicadora de un hallazgo en La Escombrera. Recientemente, el grupo de Mujeres Caminando por la Verdad tuvo una pérdida, Luz Ángela Velásquez, quien pasó año preguntándose por el paradero de su esposo, a quien le escribía cartas en los talleres de memoria para contarle cómo era su vida sin él. Justo después de encontrar las estructuras óseas, lo supo, murió sabiendo que el tiempo había cambiado.
En el video Las doñas de Orión, AKA hace una invitación: “Ayudemos a curar a esas madres, muchas de esas madres están muy enfermas. ¿Quién las cuida a ellas? Varias de ellas, más de 20, no pudieron encontrar a sus seres queridos, y de alguna manera el poder económico y político de esta ciudad debería también juntarse para que recordemos nuestros muertos y nuestras historias”.
No solo para las mujeres buscadoras hubo un costo, a muchas y muchos les costó sus vidas, el arraigo a sus territorios. “Perdimos liderazgos muy importantes, gente hecha a pulso que trabajaba muy serio por la comunidad, y trabajaba pensando un modelo de territorio ganado a pulso y con muchas capas históricas del territorio, pero fueron asesinando a esa gente. En esa guerra que hubo durante esas 27 operaciones también fueron asesinando, los chicos no podían pasar de un lado al otro, el asesinato de nuestros amigos, el desplazamiento de muchos de los raperos de nuestras casas. A mí fueron a matarme a la casa y desde ese tiempo no puedo volver al lugar que construí, eso es muy doloroso, y es el precio…”, la voz de AKA se adelgaza, parece irse, hace una mueca triste y mira hacia abajo.
El viernes 10 de enero de 2025 el tiempo se volvió a romper y a replegar sobre sí, pero esta vez tenía un hecho en el pasado que se le parecía: La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz halló nuevas estructuras óseas en el polígono priorizado: “Estos resultados se dieron luego de la reactivación de la intervención forense, el pasado 7 de enero, y tras la medida cautelar que ordenó la JEP para proteger La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, bajo la presunción que podrían hallarse cuerpos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado”, informó la UBPD en su portal web.
Según la unidad, de las 5.912 personas dadas por desaparecidas en Medellín en el marco del conflicto armado, 502 corresponden a la Comuna 13. Después de remover 37.077 metros cúbicos de tierra y escombros en La Escombrera, que equivalen a 2.059 volquetas repletas, la UBPD recuperó “estructuras óseas correspondientes a cuatro cuerpos”; uno de ellos de una mujer joven. En su primer balance sobre los recientes hallazgos, el órgano transicional asegura que las víctimas presentan lesiones que serían producto de tiros de gracia.
A La Escombrera, el lugar que mató lo vivo para existir y permanecer, solo queda dedicarle las palabras de la poeta y buscadora Luz Elena Salas:
“Escribirán mucho sobre ti, muchos que no te sufrieron, que no vieron ni acompañaron a sus familias y las vieron llorar, y a veces hasta perder la esperanza, querrán ganar gloria y fama contigo, hasta el genocida querrá hacer campaña política contigo. Yo solo sé que nunca perdí la fé, y aunque a veces quisiera que algunos sueños no se cumplieran, estos sí anhelé que se cumplieran”.
