Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 70)
Por Caribe Investigación
- Alianzas criminales
Preocupación mostraron analistas y medios de comunicación por la posible liberación de Digno Palomino, jefe de la organización criminal Los Pepes, que tiene incidencia en el Atlántico, a razón de una supuesta alianza pactada entre estos y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) para disputarle el control de Barranquilla a Los Costeños (aliados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
En el Atlántico, la violencia criminal y el crecimiento de bandas y combos del delito crece en espiral desde hace por lo menos una década. Comparable la situación actual con el ingreso de las AUC al departamento a inicios de la década del 2000, con ello lograron desplazar a jefes delincuenciales locales para erigirse como autoridad de facto, como lo hemos señalado en otras ocasiones.
La comparación entre el clima que se vivió en el Atlántico con la entrada de las AUC y el desenfreno criminal de hoy, con alianzas de todo tipo, fue explicado magistralmente por el portal de investigación La Liga Contra el Silencio el pasado 12 de septiembre.
Peligroso el devenir de la confrontación armada por el control territorial que las AGC mantienen con las ACSN desde hace más de diez años, porque ya no se limita a la Sierra Nevada y sus estribaciones, y el corredor Troncal del Caribe desde Santa Marta hasta la capital de La Guajira, Riohacha.
El ajedrez
Hace apenas un mes se reportó una denuncia anónima sobre la presencia de los Conquistadores en zonas rurales de Valledupar, Cesar, donde las AGC operan desde por lo menos 2020. Citamos textualmente:
“El 20 de septiembre de 2024, en la vía que de la cabecera municipal de Valledupar comunica con la cabecera corregimental de La Mesa, en lugares estratégicos, fueron pintados por sujetos desconocidos varios grafitis alusivos al Frente Leonardo Vergel de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), constituyendo, de hecho, una situación que reviste una enorme gravedad, habida cuenta que el corregimiento de La Mesa-Azucarbuena, desde mediados de 2020, se ha configurado en uno de los epicentros de la presencia y accionar del Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo cual podría traducirse, como ha ocurrido recientemente en otros lugares de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los vecinos departamentos de Magdalena y La Guajira, en confrontaciones y disputas entre estos adversarios armados, que, de llevarse a cabo, no cabe duda que impactarían negativamente en los derechos humanos de las poblaciones locales”.
Desde 2020 también es creciente la conflictividad social, el incremento del delito, la disputa entre bandas asociadas a una u otra organización paramilitar en la Comuna 10 de Riohacha (sur de la ciudad), localidad que limita con corregimientos de la zona rural de la capital guajira y donde ambas organizaciones se han enfrentado desde hace por lo menos un año. Esta zona también es vecina igualmente de los municipios San Juan, Distracción y Fonseca (sur del departamento), donde se ha denunciado en varias ocasiones patrullajes de las AGC y amenazas a líderes sociales, como explicamos en esta nota.
Como se puede entender, la disputa entre ambas organizaciones se está extendiendo en el ámbito regional con implicaciones gravísimas, tomando en cuenta que para sus operaciones establecen alianzas de todo tipo para incursionar en un territorio o para preservar su presencia.
Esto pone en tela de juicio las intenciones de paz expresadas por ambos actores, con quienes el Gobierno inició -por aparte y casi en paralelo- mesas de diálogos socio jurídicas a mediados de agosto pasado. Y es solo por los enfrentamientos que mantienen en el terreno, sino por la guerra de comunicados que ambos cursan, acusándose mutuamente de entorpecer el proceso con el Gobierno, o señalándose por la responsabilidad de varios casos de violación de derechos humanos en el territorio.
Dan vergüenza ambos actores, porque en el terreno se comportan como sus antecesoras las AUC, y públicamente intentan presentarse como organizaciones que defienden los territorios y su gente. El ajedrez se mueve con graves implicaciones para la paz, la ciudadanía, el ejercicio de liderazgos, y para la consolidación de un proceso de diálogo.
- Tasa de seguridad
Salvo la cobertura hecha por medios como Radio Guatapurí, El Pilón u otros de carácter local, poco interés ha despertado en el Caribe la posible creación de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Cesar.
“El proyecto, presentado por la Gobernación del Cesar ante la Asamblea, describe que los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 tendrían que pagar un 9 % más en el recibo de la energía eléctrica, mientras que los usuarios comerciales e industriales un 10 %”, reseña El Pilón.
La implementación de una tasa de seguridad en el recibo de energía fracasó en Barranquilla por impopular, inconstitucional y porque no frenó las condiciones de zozobra en la que viven los barranquilleros, asediados por el crimen. Como han manifestado diversas voces cesarenses, el cobro de una tasa de seguridad no se traducirá en la mejora de los índices de seguridad en el departamento, por el contrario, afectará el bolsillo de un sector comercial y residencial del departamento afectado ya por una tarifa de energía exorbitante.
Un criterio bastante errado y cuestionado para “mejorar” la seguridad del departamento. Esto ratifica que tanto los dirigentes del Atlántico como los dirigentes del Cesar están desconectados de la realidad de las calles de sus ciudades, o más bien abogan por intereses ajenos a la ciudadanía en general; también, que carecen de estrategia y política en materia de seguridad y paz ciudadana.
- Reclutamiento
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales es un grave atentado contra la integridad de familias enteras y el Caribe colombiano no está exento de esta tragedia. Aunque autoridades regionales no tienen registros de reclutamientos, existen denuncias de organizaciones sociales que prenden las alarmas.
“Ha sido cada vez más común que se capturen a menores de edad participando en actividades delictivas, vinculados a grupos delincuenciales organizados. No tanto cumpliendo funciones de sicariato, pero sí cobrando extorsión y sirviendo de ‘puntos’ en algunos lugares”, explicó la semana pasada el analista Luis Fernando Trejos al diario El Tiempo.
Solo basta con mirar cómo se comporta parte de nuestra juventud en varias ciudades del Caribe. En Atlántico se han registrado este año varios enfrentamientos entre adolescentes y jóvenes con machete, cuchilla o piedras; lo mismo sucede en Valledupar desde hace dos años. En Riohacha, por ejemplo, las principales víctimas de sicariato no superan los 30 años de edad, y es la edad promedio de las personas dedicadas al delito en general.
Una lectura desesperanzadora. Nuestros adolescentes y jóvenes están a merced del crimen, de las bandas criminales, combos y grupos armados ilegales de todo pelambre. El Estado colombiano solo ofrece indiferencia y/o castigo; el Gobierno de Petro ha apostado por dialogar con varias bandas urbanas en el país, pero tras de ello debe extenderse una oportunidad de trabajo, estudio, un modelo económico popular que le de sustento y sentido a los jóvenes más vulnerables del país.
- Valledupar en declive
La economía del Cesar ha tenido resultados pobres los últimos meses. La inflación no da tregua, el trabajo formal no crece y la informalidad supera 60 %, la inseguridad reina y el abigeato campea. El más reciente informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y de la Universidad del Rosario, denominado Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2024, señala que la ciudad de Valledupar ocupa el lugar 20 de la medición, con un puntaje de 4,67 sobre 10.
Fue superada por ciudades de la costa como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. En el eje de innovación registra uno de sus puntajes más bajos (1,8 sobre 10). “Esto como resultado de su bajo desempeño en los indicadores de revistas indexadas en publindex y modelos de utilidad donde se posicionan en el último lugar del ranking”, destaca Radio Guatapurí citando el informe.
En el pilar Educación básica y media, la ciudad obtiene malos resultados “por falencias en el número de docentes de colegios oficiales con posgrado, calidad en educación, cobertura neta en preescolar y secundaria”, destaca El Pilón al referirse al informe. “En el caso del pilar Sistema financiero, para ser una ciudad competitiva, Valledupar deberá mejorar la cobertura de establecimientos financieros, la inclusión financiera y la cobertura de seguros”.
La capital del Cesar también obtuvo resultados pobres por el bajo número de hogares que cuentan con computador, portátil o tablet, pocas capacidades TIC y programas y graduados en este sector. Otras limitaciones y déficit, adicional a las ya mencionadas, dejan a Valledupar como una ciudad con graves problemas para crecer económica y socialmente.
- Peajes
El rechazo a la reubicación o reactivación de peajes en las ciudades del Caribe es generalizado. Hace unos meses Turbaco estalló de indignación por la reactivación de su peaje, lo mismo sucedió con el peaje de Papiros.
La semana pasada los pobladores de Tolú y Coveñas (Sucre) rechazaron la reubicación del peaje La Caimanera con una caravana que partió a las 7:00 de la mañana de Tolú hacia Coveñas y finalizó a las 2:00 de la tarde.
Junto con el tema de las altas tarifas de energía y la inseguridad, la reubicación o reactivación de cobros en los peajes se presenta como uno de los principales problemas-reto del Gobierno de Petro en la región. Cualquiera de los tres temas es sensible: las altas tarifas de energía casi hacen estallar varias ciudades del Caribe, mientras que Papiros paralizó la economía local con un paro-protesta en el que participaron distintos sectores de los municipios aledaños.
Sin duda, el modelo de administración vial por parte de privados aprobados con la ola neoliberal de los noventa afectó la movilidad urbana, el derecho a la planificación colectiva y pública de las ciudades, la autonomía de pueblos indígenas, la salud medioambiental y el bolsillo de la gente en general; mientras que pocas familias hicieron fortunas inconmensurables concentrando las concesiones viales.
- Moto y movilidad
Nadie puede sorprenderse por los resultados de una encuesta en cuanto a modos de transporte realizada por el programa Valledupar Cómo Vamos, que registra una preferencia por el uso de motocicletas con 54,9 %, y deja al Sistema Estratégico de Transporte Público en el último lugar con 10 % de preferencia.
El sistema de transporte público de Valledupar, en primer lugar, ha estado plagado de denuncias por graves hechos de corrupción y un pésimo desempeño. Lo segundo es que la motocicleta no solo es preferida por Valledupar sino por la mayoría de las ciudades del Caribe por su bajo costo de mantenimiento.
