Por: Juan Alejandro Echeverri
Hay un corto documental. Hay un corto documental que hizo una joven. Hay un corto documental que hizo una joven en el que se difumina ese innombrable límite gris entre la vida y la muerte, que las convierte en lo mismo, en la misma nada. A Granada le pasó de todo, pero a veces parece como si no le hubiera pasado nada, dice una voz celestial de ultratumba en el corto que hizo una joven en el que se difumina ese innombrable límite gris entre el pasado y el presente, que los convierte en lo mismo, en la misma nada.
La memoria es el último frente de batalla contra los sobrevivientes, igual de cruento y doloroso. Antioquia es el departamento donde se han identificado más víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional: 1.613 casos, el 25% del total nacional. De todas las montañas antioqueñas, ninguna otra subregión tiene tantos casos identificados como el Oriente antioqueño: 130, superando incluso al Meta, departamento que le sigue a Antioquia. En Granada y otros municipios de la región —como San Luis, San Francisco y Santuario, por donde pasó la Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia del Territorio— los sobrevivientes todavía se preguntan por qué los mataron los militares que debían protegerlos.
Investigaciones académicas encontraron que entre 2002 y 2006 batallones adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, cuyo centro de operaciones está localizado en Medellín, cometieron 47 ejecuciones extrajudiciales en las veredas y municipios que integran la Cuenca del río Calderas, afluente que marca los límites administrativos y determinaba la vocación económica y cultural de San Luis, San Carlos y Granada; en el mismo periodo, otros 22 crímenes tuvieron lugar en áreas aledañas a la cuenca. Según uno de los abogados de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), quien conoce en profundidad varios casos, no existen elementos suficientes para asegurar que el extractivismo se aprovechó de estos crímenes, sin embargo, los lugares y las veredas donde fueron ultimadas las víctimas se traslapan con los proyectos hidroeléctricos que existen hoy en la zona.
A veces, no hay manera alguna de reparar a los que quedan vivos. Y las entidades de Estado encargadas de, al menos, intentarlo, revictimizan y dilatan el dolor. En una de las paradas de la Caravana Humanitaria, el abogado de la CJL señaló que la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), “creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación”, está confundiendo la reparación con la reconciliación. Agregó también que en las audiencias ante la JEP, la retórica de los victimarios pretende convertir las víctimas en culpables, pues han reducido su culpabilidad a la forma en la que materializaron los asesinatos, y sostienen que las personas asesinadas hacían parte de grupos guerrilleros y por lo tanto eran enemigos del Ejército, justificación que ha sido desmentida con pruebas por organizaciones como la CJL. Además de eso, la acción reparadora para la Cuenca del río Calderas no ha tenido en cuenta la opinión de las personas victimizadas y su implementación estará a cargo de una firma de abogados que presta asesoría y servicios penales a militares.
Pero lo más grave de ese laberinto revictimizante es que la información personal de las familias se filtró a integrantes del Batallón de Artillería N°4 Jorge Eduardo Sánchez, conocido como (BAJES), uno de los 15 batallones adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército y uno de los que más crímenes de Estado cometió en el Oriente antioqueño. Algunas personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia porque llegaron a amenazarlas con que si seguían denunciando los hechos las iban a quemar vivas.
La subregión, golpeada por igual de sur a norte y de oriente a occidente, no tuvo el tiempo ni el acompañamiento para transitar a un estado de postconflicto. Los tiempos de la violencia no son los mismos que los de la verdad y la memoria. El Oriente antioqueño no ha encontrado todas las piezas de su rompecabezas, y parece haber esfuerzos por qué eso nunca suceda. Una de las personas que participó en la Caravana Humanitaria, que se ha empeñado en encontrar los puntos ciegos del conflicto que azotó la región, aseguró que es prácticamente imposible encontrar actas, registros o reportes sobre la huella del Bloque Metro, uno de los frentes paramilitares que sembró el terror entre 1998 y 2004.
Los testimonios recogidos por 20 internacionalistas vascos que recorrieron parte del Oriente antioqueño con la Caravana, dan cuenta de que saldar la deuda con las víctimas y mejorar los índices de necesidades básicas insatisfechas no es una prioridad para quienes hoy deciden el rumbo de la región, que parece condenada a ser abastecedora de servicios ecosistémicos, industriales y agroindustriales para Medellín y su Valle de Aburrá.
Tal vez eso explica, en parte, porque las autoridades minimizan y naturalizan la crisis humanitaria que desde hace varios años han denunciado organizaciones sociales y de derechos humanos. Quienes han participado en ellos, aseguran que en los Consejos de Seguridad los balances son favorables y positivos, pese a que hasta el 23 de julio se habían registrado 108 asesinatos en su mayoría de personas jóvenes —75 vidas faltan para superar los 182 homicidios que se habían cometido entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de 2023—; pese a registrar la tasa más alta de intentos de suicidios con 79 casos por cada 100.000 habitantes, superando al Valle de Aburrá que la cuadruplica en cantidad de población; pese a que es la subregión con mayor cantidad de líderes sociales asesinados en el departamento; pese a que ha sido sobre diagnosticado y sobre alertada la expansión y presencia de las Autodefensas Gaitanistas, quienes se alimentan de exmiembros de grupos armados y utilizan antiguas formas, rutas y cadenas logísticas para sus intereses ilícitos.
El Oriente teme que se haga realidad el déjà vu, que otros den el paso final para volver a lo que ya vivió: la delegación estatal del poder, el control, la seguridad y el castigo en grupos paramilitares, bandas delincuenciales y frentes de seguridad. Autoridades que compartieron con la Caravana manifestaron que las personas temen hablar sobre lo que ven en el día a día, por eso las denuncias no llegan a las personerías. Nuevamente, tal como sucedió décadas atrás, hay sitios por los que las personas no quieren asomar. Hay vestimentas y cortes de cabellos prohibidos; civiles que disciplinan y castigan conductas indebidas; desfile de pistolas, camuflados y fusiles. “Estamos desgastados. El Gobierno sabe lo que está pasando. Necesitamos que se tomen acciones y se implemente, por ejemplo, la política pública de desmantelamiento del paramilitarismo”, concluyó otro integrante de la Corporación Jurídica Libertad.
No es cierto que el Oriente antioqueño sea un remanso de paz y ejemplo de resiliencia. La peor mentira —dice la sabiduría campesina— es la que se dice uno mismo. La Caravana también pudo comprobar que perviven en la región voces que se atreven a denunciar la anormalidad de lo que se quiere normalizar. “Hemos recibido más apoyo de afuera, que de la misma gente del territorio”, dijo una de ellas. Otra lo resumió de manera magistral: “No hay nada nuevo, salvo aquello que se ha olvidado”.
*Los nombres de las personas y algunos lugares fueron omitidos por su seguridad y solicitud de la organización de la actividad.
