Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 93)
Por: Caribe Investigación
- Un aporte al debate
Que más de la mitad de las masacres registradas durante 2025 se hayan dado en centros urbanos no debe sorprender a nadie. Sin embargo, no deja de ser preocupante.
En un reportaje publicado el pasado 2 de septiembre en El Tiempo encontramos los pormenores de este látigo violento y, aunque asoma varias lecturas, pasa por alto otras realidades. Mencionaremos tres de los planteamientos centrales:
El primero indica que “muchas de estas masacres se han trasladado de zonas rurales a centros poblados. Lo que se traduce, según expertos, en una falta de control efectivo por parte del Estado”. El académico Luis Fernando Trejos señala por su parte que la situación “refleja parte de la improvisación de la paz total en torno a las mesas de diálogo y negociación”.
La investigadora Juana Cabezas asomó que “donde más se cometen las masacres es en las zonas urbanizadas de los departamentos, principalmente por el control del microtráfico”.
En cuanto a la falta de presencia o control efectivo del Estado, se sigue aludiendo a la visión y lógica que se impuso durante la implementación del Plan Colombia a finales de la década de 1990; es decir, si el Estado no está presente en los territorios, estos son objeto de intervención para lograr “integrar” estas zonas de conflicto al proyecto país. Ya conocemos los resultados dos décadas después: liderazgos y tejido social igualmente golpeados, perseguidos y criminalizados.
El planteamiento anterior es contradictorio, además, porque en centros urbanos como Cartagena, Sincelejo, Valledupar o Santa Marta, incluso Montes de María, la presencia militar y policial es más que visible. Por lo tanto, que bandas, actores armados u otras organizaciones hayan desplazado su fuerza a centros urbanos no necesariamente tiene que ver con la presencia o no presencia del Estado.
Es cierto que la política de la paz total es un vaivén de contradicciones, imposiciones e improvisaciones, pero lo que ha hecho es agravar una situación que viene acumulándose los últimos diez años. Tampoco es el microtráfico la única causa —ni la principal— de la disputa intestina entre bandas y actores armados en los principales centros urbanos donde se cometen las masacres.
Esbozaremos, por lo tanto, algunas ideas para enriquecer el debate:
- El conflicto social y armado, sobre todo el paramilitarismo, si bien cambió en sus formas de operar y manifestarse estructuralmente, sigue siendo preponderante en la cotidianidad colombiana. Tampoco ha sido desmontada la política que le dio vida y forma. Aunque algunos investigadores asomen categorías de análisis nuevas y desdeñen hoy la tesis del paramilitarismo, este sigue siendo un actor de incidencia en la violencia que vive el país.
- Todos los actores armados ilegales entendieron desde hace más de diez años que las dinámicas urbanas serían decisivas para la consolidación o fracaso de sus “proyectos”. Y esto no tiene nada que ver con la lucha por las rentas del narcotráfico y microtráfico; esta visión limitante deja al margen el impacto que siguen teniendo sobre el tejido social, los liderazgos alternativos y, por lo tanto, por la disputa política y de legitimidad en el territorio.
- Lo anterior deja otra reflexión. La parapolítica no ha sido superada. Primero, por la impunidad en torno a los casos que se destaparon durante la década de 2000 y 2010; segundo, porque actores armados como las AGC siguen teniendo incidencia en la Fuerza Pública, buscan impactar e inciden en las dinámicas sociales y políticas de los territorios donde mantienen control (Juntas de Acción Comunal, contrataciones públicas, entre otros).
- Con respecto al cambio de dinámica geográfica en torno al conflicto social y armado, el caso del Atlántico lo refleja muy bien. Un reportaje publicado en septiembre de 2024 en el portal de investigación La Liga Contra El Silencio da luces al respecto: “Un cálculo propio a partir de las cifras de homicidios de Medicina Legal entre los años 2000 y 2011 (periodo de consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, desmovilización y posterior accionar de las llamadas bacrim o bandas criminales) arroja un saldo de 7.402 homicidios, la mayoría en Barranquilla y su área metropolitana. En otro lapso de doce años, entre 2012 y 2023, la cifra llega a 7.248”.
- Santa Marta-Troncal del Caribe-Riohacha-Maicao lleva más de diez años experimentando esta violencia desmesurada, en la que las AGC y las ACSN violan constante y sistemáticamente los derechos humanos en la lucha por controlar el territorio; lo mismo sucede en Sincelejo o Montes de María.
- Hasta hoy, ninguna institución tiene a su alcance un estudio detallado que se acerque a la realidad que viven los jóvenes de las principales ciudades del país. En el Caribe colombiano, por ejemplo, cada día es más notoria una cultura de la violencia en jóvenes de Barranquilla, Cartagena o Valledupar, donde pequeños grupos en barrios marginales se enfrentan entre sí con armas blancas o a punta de pistola.
Cuando mucho, las autoridades alcanzan a registrar datos fríos como la cantidad de jóvenes reclutados por bandas y actores armados. Pero ninguna atina a formular una política pública de atención integral a los jóvenes, donde medie, sobre todo, la atención a las principales conflictividades que atraviesan las comunidades vulnerables donde viven o sobreviven: desempleo, informalidad, acceso a la salud, educación y recreación, violencia intrafamiliar. ¿Qué esperanza puede albergar un joven viviendo en condiciones de extrema miseria y violencia? Son los actores paramilitares, las bandas del crimen y del narcotráfico los principales oferentes en esta donde el Estado “no hace presencia”.
Por último, que el conflicto social y armado haya migrado a las principales ciudades del país no tiene que ver principalmente con la disputa entre bandas u actores armados ilegales, por una razón inherente al comportamiento de la sociedad capitalista en la que vivimos: los grandes conflictos se dirimen hoy en las grandes ciudades o centros urbanos. Quien no entienda esto queda al margen de todos los procesos que se desarrollen en esta dinámica.
- Barranquilla en su laberinto
Agosto cerró con 91 muertes violentas en el departamento del Atlántico, mientras Barranquilla concentra más de la mitad de los casos y registra 336 durante 2025. Este es el triste titular que los últimos meses se ha ganado el departamento y su área metropolitana. Estamos “a otro nivel”, como dirían los Char. De nada han servido los anuncios rimbombantes del alcalde Char o del gobernador Verano, ni la reciente inversión hecha por el Gobierno nacional.
El acumulado de 2025 es de 611 homicidios, de los cuales 543 casos se concentran en el área metropolitana de Barranquilla (incluye Soledad, Galapa y Puerto Colombia). Según el analista de seguridad Arturo García, durante agosto, 68 asesinatos fueron perpetrados por sicarios (7 de cada 10 muertes). Esto ratifica una tendencia en el departamento, donde dos actores principales controlan la ciudad: Los Pepes y Los Costeños.
A pesar del anuncio del Gobierno de entablar mesas de negociación con ambos actores armados, como en el caso de las AGC, las ACSN o el ELN, todo queda en anuncios para calmar los temores de la ciudadanía. No hay una carta de navegación clara para sacar al departamento de este infierno de violencia que vive durante los últimos doce años.
- Santa Marta: las otras víctimas
El gremio hotelero de la Troncal del Caribe, especialmente de Santa Marta, el Parque Tayrona, Buritaca y Palomino, a través de una carta hicieron un angustioso llamado al Gobierno por la “ola creciente de extorsiones, amenazas y restricciones impuestas por grupos armados ilegales que ejercen un control indebido en la zona”.
Denunciaron además que no solo son blanco de extorsiones, sino que reciben represalias si denuncian ante organismos como el Gaula, lo que supone un entramado de complicidad en la cual las víctimas son revictimizadas.
Según la carta, prohíben libremente contratar a sus proveedores de servicios y suministros. Los actores armados también mantienen el monopolio sobre el transporte público: deciden qué cuota pagar, quién trabaja y quién no, según denunciaron los defensores de derechos humanos Norma Vera y Lerber Dimas.
Ambos defensores dejaron claro que el cobro extorsivo no es nuevo, pero de 10 % pasó a 25 %, carga abusiva e ilegal impuesta como si se tratase de un servicio público, y que afecta considerablemente la actividad económica en las zonas turísticas de la Troncal.
- Carbón: ¿sí o no?
Crece la idea en los medios de que el presidente Petro se equivocó con la apuesta por la transición energética, la no proliferación de la actividad carbonera o la prohibición de exportar carbón a Israel. Esto último, amplificado los últimos días por el rifirrafe que intercambiaron el mandatario y su exministro de Comercio Luis Carlos Reyes.
Los tres temas se cruzan y permanecen en la agenda pública de los medios, y en ninguno de los casos es bien valorado el Gobierno nacional. Ahora bien, dos cosas queremos recalcar. En primer lugar, la decisión/orden de no exportar más carbón a Israel, esté refrendada o no por un decreto, deja claro que hay antagonismos que van mucho más allá de la economía del carbón: los que deciden con cálculos (y seguirán defendiendo la acumulación de capital), y los que nos oponemos a que se siga financiando el genocidio israelí en Palestina, así sea de manera retórica.
Y también trasciende el genocidio; nos toca en lo interno. ¿Acaso se nos olvida el impacto ambiental, social, cultural y territorial de más de tres décadas de explotación del carbón en La Guajira y Cesar? Hace más de 20 años la comunidad afro de Tabaco, en La Guajira, fue desplazada por la actividad minera; toda la Alta Guajira quedó partida en dos por el ferrocarril; el impacto sobre el Río Ranchería es devastador; la vocación agrícola del corredor minero quedó diezmada.
Bastantes recursos manejan las mineras. Por ello, lo que prevalece en el debate son los intereses económicos disfrazados de denuncias contra el Gobierno. Por eso se le ha dado tanto eco a la denominada agrupación Voces del Carbón, supuestamente conformada por la sociedad civil, pero abiertamente financiada y apoyada por Prodeco y Drummond; lo cierto es que prendieron las alarmas por las políticas “antimineras” de Petro.
Esta línea también es defendida por el solapado y cómplice sindicato patronal Sintradrummond, que la semana pasada repitió el coro de Voces del Carbón y toda la mafia minera transnacional: “manifestó su preocupación frente a las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro sobre la industria del carbón”. No hay principio ético ni humano que mueva el debate de este sector, es la acumulación de capital lo que importa.
- Fotomultas cuestionadas
El rechazo a la instalación de cámaras de fotomultas en las principales ciudades del país ha aumentado, sobre todo cuando estas no cumplen con el más mínimo requisito de ley. Ya no es solo la ciudadanía. Sorprendió la decisión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien tomó la decisión de prohibir la instalación de cámaras de fotomultas en la ciudad al considerar que este sistema no se ajusta adecuadamente al contexto local.
Según Turbay, las cámaras no garantizan el cumplimiento del debido proceso, lo que pone en duda su legitimidad como herramienta de control vial. Además, ha expresado que la efectividad de este mecanismo resulta cuestionable, lo que refuerza una postura a favor de alternativas más funcionales para la gestión del tránsito en Cartagena.
Es lo que voces expertas y ciudadanos llevan años denunciando: no se puede simplemente imponer un sistema que no solo está por encima de la ley (cuando no se cumplen con los criterios técnicos requeridos), sino que se coloca por encima de las realidades urbanas del país.
Con detalles y una argumentación sólida, el arquitecto y planificador urbano Carlos Paternina, en un artículo de julio pasado, explicó los impactos legales, sociales y económicos de la implementación del sistema de cámaras de fotomultas en Sucre. Una realidad que se repite en otras regiones del país: afán por la recaudación tributaria, y no por la mejora de las condiciones y seguridad vial.
