Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 65)
Por Caribe Investigación
- Barranquilla y la inseguridad
Con alarma y preocupación se pronunciaron ciudadanos, políticos, dirigentes y medios cuando aparecieron colgados en Barranquilla pasacalles de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) la semana pasada.
Otros más perspicaces recordaron que la presencia de las AGC en el Atlántico no es nueva. Por ejemplo, el ex secretario del Interior Guillermo Polo Carbonell aseguró recientemente que la figura de las AGC en el territorio no es de ayer “ni antes de ayer, sino desde hace bastante tiempo”.
A propósito del tema, recomendamos un reportaje publicado este domingo por la revista Cambio, titulado “Barranquilla, bajo el asedio de la mafia”. En el que se rescatan varios antecedentes y elementos que nos permiten visualizar la magnitud del problema.
Cambio se remite a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2013 “y, de manera sucesiva, y cada vez con mayor gravedad en 2015, 2018, 2020 y 2022”; cita las recientes cifras de inseguridad, alarmantes y desalentadoras; y hace una radiografía de la conformación de distintos grupos criminales, alianzas entre bandas y organizaciones y/o combos, uso y explotación de la población joven, zonas de operaciones e intereses.
Esto deja al descubierto el discurso negacionista de la dirigencia local y de las autoridades, quienes no asumen su cuota de responsabilidad por lo que viene sucediendo en el Atlántico y, de paso, pretenden responsabilizar al Gobierno de Petro de tan delicada situación.
Más allá del crimen
Con respecto a la tesis sobre la criminalidad y los intereses varios del crimen en el territorio, queremos agregar tres elementos que no aborda la revista. Primero, el ambiente de terror que viven hoy los ciudadanos en el Atlántico es bastante similar a la víspera de la entrada de las AUC en el departamento en la década de 2000; lograron desplazar a bandas locales, controlar absolutamente todo, y lo más atroz es que se presentaron como la solución al crimen en general. Es decir, nos vendieron el problema y la solución.
Lo segundo es que la violencia actual se concentra en Barranquilla, su área metropolitana y la zona costera coincide con las grandes obras de infraestructura que se llevan a cabo en el territorio o que están en fase de proyección: Ruta Caribe II, metro ligero, la APP del Río Magdalena, Vía Barranquilla-Ciénaga, Puerto de Aguas Profundas, entre otros.
Desde hace años, en las principales ciudades del Caribe se viene aplicando una política de gentrificación o desplazamiento de grupos poblacionales de los espacios de interés para la entrada de proyectos turísticos, de infraestructura y urbanísticos.
En Barranquilla sucede por lo menos desde la década de 1990. Con la construcción de tres edificaciones que conforman el Complejo Cultural de la Aduana, el barrio Barlovento, que debió ser beneficiado con este plan de “regeneración urbana”, quedó al margen y poco a poco su población desplazada del circuito cultural y social construido.
Solo que el desplazamiento de hoy tiene un componente violento que no ha sido analizado. La imposición del crimen y el estado de sitio en Barranquilla y su área metropolitana afecta a los más vulnerables, al ciudadano de a pie, al tendero, al transportador, al taxista, al pequeño comerciante, quienes terminan cerrando sus negocios, rematándolos o simplemente abandonando sus espacios de vida.
¿Acaso el gran capital, las cadenas de tiendas, los grandes negocios, se han quejado por los niveles de violencia en el Atlántico? Para nada, sus negocios y planes siguen intactos.
El tercer elemento se asoma en algunos análisis, pero poca relevancia se le da. Está relacionado con el cambio o reconfiguración del conflicto en Colombia, o al menos es lo que se ha podido percibir en los últimos años en el Caribe. Es imposible visualizarlo hoy o entenderlo como una guerra netamente rural o rural urbana, porque se ha ido desplazando hacia las grandes ciudades del Caribe.
Y esto significa que los niveles de violencia de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Riohacha o Valledupar, responden no solo a los intereses de los grupos armados ilegales (paramilitares o guerrillas) por el dominio de los circuitos económicos legales o ilegales; en las principales ciudades del Caribe y Colombia se tejen nuevas dinámicas sociales y urbanas de interés para estos actores… y para el gran capital.
- Un Gobierno que dialoga
Nadie puede negar que el crimen y la violencia en general se ha mantenido en algunas regiones, y en otras se ha incrementado. Sin embargo, se deben destacar dos elementos positivos y esperanzadores.
El primero tiene que ver con la valoración positiva que hace de la gestión del gobierno de Petro, un sector social clave para las transformaciones que demanda el país. En los tres sondeos de opinión que ha llevado a cabo durante 2024 el programa Pulso de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 68 % de los líderes consultados valoraron positivamente la gestión del presidente.
“Buena parte de esa aprobación radica en que perciben que su gobierno ha aumentado los espacios de participación, que los diálogos con grupos armados, en especial el del ELN, tienen buen pronóstico a pesar de la crisis, y que se ha avanzado en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), claves para los municipios más afectados por la violencia”, precisa la FIP.
A pesar de que la percepción de seguridad es negativa mayoritariamente, una lectura interesante ofrece el informe de la FIP. Los líderes perciben que las condiciones de seguridad del Gobierno de Petro son peores que las del Gobierno de Santos, pero mucho mejores que las de la administración Duque.
Pudiera entenderse por el carácter dialogante, sus esfuerzos en materia social y económica, y la apuesta decidida para construir un camino de paz con diversos actores armados con la puesta en escena de la política de paz total.
Esto pudiera consolidarse desde lo perceptual tomando en cuenta el inicio reciente de dos mesas de diálogo socio jurídicas con los principales grupos armados ilegales que hacen presencia en el Caribe, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Despertó esperanza en amplios sectores sociales de la región, aunque no faltó escepticismo por parte de líderes y analistas por la falta de gestos de paz de estos dos actores armados que, a través de comunicados mantienen un discurso de voluntad de paz, pero en los hechos siguen controlando vastos territorios violentamente.
Un elemento adicional se debe analizar. La confrontación militar entre ambas organizaciones viene acompañada por una guerra de comunicados (unos apócrifos, otros legítimos), en la que cada cual hace señalamientos con el objetivo de deslegitimar al otro.
La otra cara de la moneda es que este intercambio de señalamientos ha tomado carácter de guerra psicológica, con impacto directo en las comunidades. Anuncios de limpieza social, amenaza a supuestas bases sociales de cada actor, lista de personas “no gratas”, son algunas de las manifestaciones terroríficas de esta confrontación narrativa.
La guerra de comunicados no solo busca deslegitimar al oponente en un contexto de diálogos con el Gobierno, aterroriza aún más a las comunidades inermes y asediadas por todo tipo de violencia.
Falta por conocer la metodología con la cual se desarrollarán estas mesas, y si irán acompañadas de una política para el desmonte definitivo del paramilitarismo tomando en cuenta los siguientes factores:
El fracaso del proceso de Justicia y Paz de Uribe; el arraigo del paramilitarismo en las regiones; su carácter y función dentro del Establecimiento en el marco de la doctrina del enemigo interno; por lo tanto, la vinculación histórica con el Estado y/o con sectores económicos y políticos regionales, como viene sucediendo en las últimas décadas.
- Altas tarifas, alta tensión
La crisis por las altas tarifas de energía en el Caribe va mutando y empeorando mientras un sector, claramente responsable por haber apoyado la opción tarifaria y el régimen transitorio de Duque, pretende convencer a la ciudadanía de que la responsabilidad es exclusiva de Petro, a la vez que presiona a Petro para que desembolse el dinero de una deuda criminal e impagable que solo beneficiará las arcas de Air-e.
Esto no quiere decir que el Gobierno sea ajeno a la situación actual, pues se espera de su gestión una solución inmediata y estructural a este crimen cometido por Air-e. Es generalizada la indignación por el robo sistemático a los bolsillos de los usuarios –hasta el sector comercial y productivo está llevando el bulto-.
Germán Londoño Montalvo, especialista en regulación de energía eléctrica y gas, resumió la situación en su cuenta X de la siguiente manera:
“Presidente Gustavo Petro: 1) Air-e ha podido cobrar el costo de la opción tarifaria a 5 o 10 años, pero lo ha cobrado a un año. De hecho, da entender que nunca le ha importado los usuarios de su mercado y asimismo nunca existió una voluntad real de ayudar a los tres departamentos donde presta servicios. Por ende, lo que está claro es que ellos siempre han sido parte del problema, cobrándonos estas tarifas impagables. Air-e nunca ha querido a la región Caribe, lo que quiere es sacar su dinero lo más pronto posible.
2) El Gobierno nacional no pudo hacer nada frente a las altas tarifas de energía eléctrica en la región Caribe. Presidente, ¿quién asume el costo político?
3) Los senadores y representantes de la bancada Caribe tampoco lograron hacer nada por bajar las altas tarifas de energía. ¿Quién asume el costo político por la aprobación del artículo 318 del PND de Iván Duque?
4) El alcalde de Barranquilla Alejandro Char y el gobernador del Atlántico lideraron el proceso de la entrada de Air-e a la zona norte del país… ¿van asumir el costo político de su error? Incluso, la tarifa del alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana seguirán cobrándosela a los usuarios”.
Difícil predecir el costo político para el Gobierno nacional. Pudiera ser alto tomando en cuenta el respaldo mayoritario que recibió en las presidenciales por representar una opción de cambio que anhelaban los ciudadanos; aunque no sea el responsable directo de las causas de la crisis, mediáticamente está llevando la peor parte, técnica y jurídicamente se encuentra de manos.
Aunque es evidente la responsabilidad de la casa Char, Cambio Radical y otros dirigentes regionales, también es impredecible el costo político para ellos. Tienen más de diez años gobernando el Atlántico, son responsables de hechos de corrupción graves, así como de la inseguridad que azota a los barranquilleros, con todo y esto ganaron la gobernación y la alcaldía sin mover un músculo. El mundo al revés.
- Río Ranchería, sujeto de derechos
El presidente Gustavo Petro acaba de sancionar la ley que declara al río Ranchería sujeto de derechos.
Uno de sus objetivos pretende proteger, conservar, mantener y restaurar la cuenca y sus afluentes, con una responsabilidad “a cargo del Estado y con la efectiva participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que habitan en la zona de influencia del río Ranchería, en el departamento de La Guajira”.
Sin duda una decisión histórica y trascendental porque prevalece el principio de la preservación y defensa de la vida, pilar fundamental de la propuesta y gestión del Gobierno; también porque le tuerce el brazo a la minería en la región, que tanto daño e impacto ambiental ha ocasionado al Río Ranchería, sus afluentes de agua y fuentes subterráneas.
Tras 40 años de explotación del carbón se originó la privatización de las aguas del territorio y la desaparición de fuentes, lo que impactó también en las formas de vida comunitarias y la vocación agrícola de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
