Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 84)
Por: Caribe Investigación
1. Dura advertencia
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, en una visita realizada la semana pasada a Magdalena advirtió que “el riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”.
En las declaraciones, replicadas ampliamente en medios regionales y nacionales, Campbell condenó enérgicamente las acciones violentas de grupos armados no estatales en la Sierra Nevada de Santa Marta, exigiendo el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estas acciones afectan gravemente a comunidades indígenas, quienes enfrentan riesgos constantes debido al conflicto armado y la disputa territorial entre las AGC y las ACSN.
Instó al Estado colombiano a reforzar medidas de protección para los pueblos indígenas, no solo en la Sierra Nevada, sino en otras zonas vulnerables del país. La advertencia de Scott Campbell subraya que, aunque la situación es crítica, aún es posible contener la violencia y prevenir mayores tragedias. Esto implica garantizar derechos colectivos, como autonomía territorial y seguridad, en coordinación con las comunidades afectadas.
El llamado también destaca la necesidad de una acción articulada entre el Estado, la sociedad civil y los pueblos indígenas. La Oficina se ofreció como apoyo en estos esfuerzos, reconociendo que la solución no depende únicamente de medidas militares, sino de políticas integrales que aborden las causas estructurales del conflicto, esto último demandado ampliamente por dirigentes y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Esta advertencia refleja una crisis humanitaria recurrente en zonas indígenas de la Sierra Nevada, donde la ausencia estatal y la presencia de actores armados agravan la vulnerabilidad. La insistencia en prevenir más violencia sugiere que las respuestas hasta ahora han sido insuficientes o tardías. Además, se enfatiza el rol del Estado como principal garante de derechos, aunque se reconoce que su acción debe ser complementada con esfuerzos locales e internacionales.
- Diálogo Kankuamo-Arhuaco
Los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta lograron un acuerdo para resolver la disputa territorial en Monte Sión, un conflicto que había afectado la movilidad y la educación en la región, y que semanas atrás reportó un grave conflicto en el que arhuacos vulneraron los derechos de la comunidad kankuama.
La mediación de la Alcaldía de Valledupar fue clave para facilitar el diálogo entre ambas comunidades, lo que se tradujo en la firma de un Acta de Acuerdo que estableció compromisos fundamentales para la convivencia pacífica.
Entre los acuerdos alcanzados se pactó el cese de señalamientos entre los pueblos indígenas y el retorno integral de 35 familias a la población de Los Laureles. Además, se acordó despejar Monte Sión, respetando los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad, y garantizar la libre movilidad y locomoción en la zona. También se estableció que el pueblo Arhuaco ejercerá control territorial en el portón de la Mala Bajada, asegurando el respeto a la movilidad del pueblo Kankuamo.
Otro punto clave del acuerdo fue la decisión de dejar libre el espacio del predio Monte Sión de toda presencia de miembros de ambos pueblos hasta que se surtan los acuerdos en el marco del Consejo Territorial de Cabildos (CTC). Asimismo, se definieron nuevas rutas de convivencia y se programó una reunión futura para establecer mecanismos que aseguren una paz duradera entre ambas comunidades.
Toca decirlo: este acuerdo representa un paso significativo hacia la armonización de las relaciones entre los pueblos indígenas y la protección de sus territorios ancestrales. Contó con el respaldo de varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cesar y otras instituciones.
- Auge pesquero
Muchos se burlaron cuando el presidente Petro destacó un crecimiento económico de 2,7 % durante 2025 en áreas productivas no fósiles. “Estamos ante un cambio de modelo de desarrollo exitoso que la sociedad debe sostener para los siguientes años”.
Ciertamente, la actividad que más creció es la agricultura con 7,1 % y la industria de los textiles y confecciones en 7 %. Este crecimiento significa la creación de más de 600 mil empleos en las actividades de la agricultura e industria.
Un auge mucho más profundo lo experimentó el sector pesquero en el Caribe colombiano, donde se produjeron más de 28 mil toneladas de alimentos (camarón, tilapia, bocachico) en un año (2024). La pesca y la acuicultura crecieron 18,2 % los últimos cuatro meses, lo que destaca la importancia estratégica de la región para producir alimentos e impactar en la economía fuera del circuito de la industria fósil.
Departamentos como Atlántico, Magdalena, Sucre y Bolívar fueron clave para este repunte, sobre todo por inversiones en el sector que apuntan al desarrollo de varios proyectos, pero también a la exportación de estos productos hacia Estados Unidos y Europa.
- Crisis del sector eléctrico
Durante la semana del 19 al 25 de mayo, el Caribe colombiano estuvo marcado por el tema de la crisis energética y el debate sobre los subsidios al sector eléctrico. El Gobierno Nacional anunció el giro de $2,5 billones en subsidios para empresas de energía y gas, con el objetivo de aliviar la difícil situación financiera de las comercializadoras, especialmente Air-e y Afinia. Sin embargo, aunque este pago representa un alivio parcial (correspondiente a 2024), el gremio energético siguió quejándose y exigiendo el pago total, mientras que otros voceros “expertos” advirtieron que el pago de los subsidios no soluciona los problemas estructurales del sistema eléctrico en la región.
Las empresas del sector han expresado su preocupación por la acumulación de deudas y la falta de inversión en infraestructura, algo que el hoy ministro de Energía, Edwin Palma admite y corrobora en público. Aunque a la historia le falta un pedazo: legalmente el Gobierno debe responder con el pago oportuno de los subsidios, así como sacar a flote AIR-e; pero en la práctica, la intervención de esta operadora fue una pésima idea porque exprimieron el bolsillo a la gente amparados en el régimen tarifario de Duque, aunque no invirtieron ni un peso en infraestructura.
Desde la intervención de AIR-e, que atiende a millones de usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena, la crisis financiera y técnica ha ido empeorando. Afinia, filial del Grupo EPM, enfrenta también dificultades económicas que ponen en riesgo la prestación del servicio en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Ambas compañías han advertido que, sin un plan de inversión adecuado, el Caribe colombiano podría enfrentar “racionamientos y apagones” en el futuro.
Volvemos al mismo tema. Si ellos asumieron la operación del servicio eléctrico en la región es porque lo vieron como una oportunidad de negocio, no porque sean las casas de la caridad ¿No advirtieron que la antigua Electricaribe tenía graves problemas financieros y logísticos acumulados? Se aprovecharon del papayazo tarifario de Duque y ahora se hacen las víctimas.
Mientras el Estado siga estando relegado a temas de control —en teoría porque en la práctica mandan las operadoras—, y la empresa privada siga dedicada al negocio (producción, comercialización, distribución), el servicio eléctrico seguirá empeorando y las tarifas aumentando, en el capitalismo las deudas las pagan los pobres.
- De derrotados a la contraofensiva
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado sobre la expansión del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el sur del Cesar, lo que está ocasionando un aumento en la violencia y la inseguridad en la región. Según el informe, la ACSN ha extendido su presencia más allá de su territorio tradicional en la Sierra Nevada de Santa Marta, y se enfrenta con otras estructuras armadas como las AGC (EGC).
Esta confrontación ha provocado muertes violentas y un incremento en delitos como la extorsión y el secuestro en la región.
La Defensoría señaló que las ACSN establecieron alianzas con grupos locales que buscan resistir el avance de las AGC, lo que ha intensificado los enfrentamientos armados. En particular, se reportó un choque entre el Frente Ferney Antonio López Polo del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC y el Frente Resistencia Campesina de la ACSN en el corregimiento de Montecitos, jurisdicción de Río de Oro.
La expansión de estos dos grupos armados representa un grave riesgo para la población, que queda atrapada en medio de la disputa territorial. Se debe tomar en cuenta el ya delicado escenario en la región colindante del Catatumbo, donde el ELN y la disidencia Frente 33 mantienen una confrontación armada desde principios de año.
Hace apenas unos meses, las ACSN daban la impresión de estar debilitados. La fuerza pública le propinó varios golpes con captura de importantes mandos, a la vez se mantenían a la defensiva para evitar el avance de las AGC en la Sierra Nevada. Los acontecimientos actuales indican que nada es previsible en cuanto a poder y expansión del paramilitarismo, lo que sí se prevé es el continuo deterioro de la seguridad en amplias regiones del Caribe.
- Mujeres desaparecidas
Desesperadas y sin esperanzas se encuentran familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en el departamento Atlántico, una de las entidades donde más se ejerce la violencia contra la mujer.
El jueves realizaron un plantón frente al edificio Manzur, sede de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, en el centro de Barranquilla para denunciar la lentitud en los procesos judiciales y la falta de respuestas por parte de las autoridades en casos de asesinatos o desaparición de mujeres.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran el de Jennifer Ortega Vega, hallada muerta en octubre de 2023, y el de Isamar Algarín Torres, desaparecida hace más de un año. También se mencionó el caso de la patrullera María Alejandra Guerrero Montiel, cuya muerte inicialmente fue catalogada como suicidio, pero su familia insiste en que se trató de un feminicidio. Los manifestantes exigieron que la Fiscalía central en Bogotá intervenga para garantizar una investigación adecuada.
En el Atlántico, organizaciones de mujeres vienen denunciado un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios, falta de medidas efectivas para evitar la impunidad de los agresores, o política integral y rutas de prevención y atención a las víctimas.
- Paz Total en Barranquilla
Llega tarde el presidente Petro al tema de la paz en Barranquilla. Es un tanto complejo el anuncio que hiciera la semana pasada en torno a diálogos con la juventud involucrada en el crimen y la violencia en el departamento.
No repetiremos lo que medios y analistas ya dijeron al respecto. Agregaremos un dato importante: la negativa del Comisionado de Paz, Otty Patiño, de establecer mecanismos para lograr unas mesas de negociación en el departamento con las principales estructuras criminales.
Medios citaron declaraciones de Patiño de marzo pasado, en las cuales aseguró que no existía negociación alguna con bandas del departamento porque éstas no tenían voluntad política para iniciar un diálogo socio jurídico.
Sin embargo, el rechazo o menosprecio de Patiño data de noviembre pasado, cuando descartó cualquier posibilidad de abrir mesas con estos actores armados. “No tenemos ningún proceso con grupos criminales en Barranquilla”, declaró el funcionario durante la celebración del Congreso Nacional de Ganaderos. En esta ocasión precisó que el país enfrentaba una limitación en cuanto a capacidad de abrir nuevos procesos de negociación por una “limitación de espacios”.
Ahora bien, el anuncio del presidente Petro tomó por sorpresa a más de uno precisamente porque no existía en el escenario ninguna posibilidad de entablar mecanismos de negociación con actores criminales del Atlántico por parte del Gobierno Nacional. Autoridades del departamento aseguraron que se le había consultado al Gobierno si existían planes para dinamizar un proceso de paz y que, ante la negativa, iniciaron ellos mismos un acercamiento con las bandas con el compromiso de que éstas redujeran la violencia mientras se consolidaban mecanismos de negociación.
Y entonces, surge la interrogante: ¿cuáles serán los criterios para entablar negociaciones? ¿Estaba al tanto el alto comisionado o fue una iniciativa espontánea de Petro al calor de un acto político? ¿Estos procesos caminarán tomando en cuenta las limitaciones del Gobierno en cuanto a la paz total y varios procesos estancados? ¿Darán los tiempos?
- Contrabando de cigarrillos
El contrabando de cigarrillos en el Caribe colombiano sigue siendo una de las principales amenazas para las finanzas públicas en la región. Según el estudio “Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2024”, el 69 % de los cigarrillos consumidos en el Caribe son ilegales, cifra que supera la media nacional de 36 %.
Los departamentos más afectados son La Guajira (87 %), Cesar (81 %), Magdalena (79 %) y Bolívar (74 %), lo que representa pérdidas fiscales superiores a $343.000 millones en lo que va del año.
Autoridades han advertido que esta actividad ilícita se ha convertido en una fuente de financiamiento para estructuras criminales, que han adoptado modelos de operación similares a los del narcotráfico, incluyendo rutas, corrupción local y red de corrupción en puertos y puestos de control.
El aumento del consumo de cigarrillo de contrabando incide en las finanzas y la salud porque el recaudo legal queda al margen del circuito económico, y esto sin duda afecta los ingresos tributaros sobre este rubro, por lo tanto, la inversión que de estos se hace al sector salud.
- “Peajes humanos”
La prensa colombiana nunca oculta su desprecio hacia los pobres. Cada cierto tiempo se encarga de re etiquetar a comunidades vulnerables que viven en la miseria. El diario El Tiempo tituló la semana pasada: “Peligro en la vía Barranquilla-Ciénaga por peajes humanos: delincuentes cobraban hasta 20 mil pesos a conductores”.
Para estos medios es rentable este tipo de titulares porque cumplen un doble propósito: ganan like en su narrativa seudo moralista y entretienen a la gente con amarillismo puro. Lo más importante: mantienen al margen del debate público temas trascendentales como la administración de los peajes o concesiones viales, una beca de la que gozan desde la década de 1990 y por la cual hicieron millonarias fortunas, incluyendo a la familia Sarmiento Angulo, dueña de El Tiempo.
Es más importante para las comunidades pobres y excluidas del Caribe discutir sobre los impactos sociales y ambientales que se han advertido sobre el proyecto Barranquilla-Ciénaga, esta vialidad impactará en la ya deteriorada Ciénaga Grande de Santa Marta, con problemas de erosión y salinización porque el paso de agua hacia la ciénaga queda truncado por la construcción de la obra. Los bosques de manglar se han ido extinguiendo y todo ello afecta la biodiversidad, pero también la actividad pesquera de las comunidades.
Sigue latente el temor por un ecocidio como el ocurrido en las décadas 1950 y 1990, con la construcción y ampliación de la Troncal del Caribe. Dañaron la Ciénaga y desplazaron y condenaros sus comunidades. Estos son los temas trascendentales, no los peajes humanos.
