Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 61)
Por Caribe Investigación
- De eso tan bueno no dan tanto
No es la primera vez que se conoce un plan de desestabilización contra Venezuela tomando como centro de operaciones nuestro país. En marzo pasado, el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) les propusieron hace años participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez.
Hace apenas cuatro años, y con el consentimiento del entonces presidente Iván Duque, Colombia fue escenario de la planificación del plan militar denominado Operación Gedeón, cuyo objetivo principal apuntaba a derrocar a Maduro, operación desarticulada en tiempo record por el gobierno venezolano. Y es que fue el gobierno Duque el principal ejecutor de la política de intervención y asfixia contra Venezuela liderada por el gobierno de Donald Trump.
Esta vez la denuncia de un plan de desestabilización contra el país hermano provino de las Autodefensas Conquistadores de las Sierra Nevada (ACSN), quienes aseguraron en un comunicado que sectores de la extrema derecha venezolana contactaron sus unidades en el departamento de La Guajira para hurgar un plan de desestabilización contra Maduro.
Para muchos resulta paradójico que la denuncia la hagan los Conquistadores de la Sierra Nevada, una agrupación paramilitar heredera del antiguo Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, ideológicamente contrapuesto al proyecto político bolivariano. El comunicado de las autodefensas del pasado viernes 5 de julio, en todo caso, resulta interesante si se toma en consideración el escenario por el cual vienen transitando los últimos años.
Por un lado, da cuenta de un desgaste militar acumulado por la incursión permanente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el departamento Magdalena, quienes desde hace más de una década han intentado desplazar a las ACSN de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones. Por el otro, militarmente también han sufrido varios golpes por parte del Gobierno durante 2024.
Entonces, esta denuncia de los Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, más allá de los ribetes altruistas, no tiene otro objetivo que impactar en la agenda pública de la paz para consolidar una negociación con el gobierno de Petro, incluso llamar la atención del gobierno venezolano, ya que nuestro país hermano ha sido un actor clave en los procesos de paz de los últimos años —primero con las FARC-EP, luego con el ELN y ahora con la Segunda Marquetalia—.
Como reza el refrán: “De eso tan bueno, no dan tanto”.
- La victoria de Cañaverales
Que no pase de agache la victoria popular del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales en La Guajira, quienes recientemente celebraron la resolución 161 emitida el pasado 20 de junio por el Ministerio de Agricultura, por medio de la cual se declara al sur del departamento como zona de protección para la producción de alimentos.
“Porque en Cañaverales comemos queso, no carbón. Merecemos vivir dignamente de la agricultura”, posteó la cuenta del consejo comunitario en la red social X, en franca alusión al proyecto de carbón que pretendía llevar a cabo en Cañaverales la Best Coal Company, filial en Colombia del conglomerado turco Yildirim Holding.
Con la Declaración de las Áreas de protección para la producción de alimentos (APPA) en ocho municipios del sur de La Guajira, el departamento contará con 79.961 hectáreas protegidas para uso exclusivo del sector agropecuario.
“Creíamos que esto sería lo último que nos podría pasar: que nos protegieran unas áreas, porque estamos amenazados por un proyecto minero que quiere sacar carbón de nuestro territorio”, expresó a la prensa Aimé Zambrano, productora de San Juan del Cesar.
Sin duda es una de las decisiones más importantes y trascendentales del gobierno Petro en material social y ambiental, pues frena las pretensiones mineras en el territorio tomando en cuenta los proyectos de vida de las comunidades, golpeadas durante décadas por una economía extractivista que trastocó la vocación de uso de la tierra en el sur del departamento.
- El “fast track” energético
Con grandilocuencia, la funcionaria Laura Sarabia celebró este fin de semana en su cuenta de la red social X “los mecanismos de fast track (vía rápida) para destrabar y acelerar los proyectos de energías renovables, un camino hacia la transición energética”.
Con el trino, Sarabia reconoció la labor del ministro Andrés Camacho por el avance del proyecto de la línea de Transmisión Colectora en el sector de Los Venados, Cesar, que conectará el potencial de generación de energías renovables de La Guajira con el resto del país.
La investigadora del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), Joanna Barney, quien se ha dedicado al estudio de los parques eólicos en La Guajira y sus impactos socioambientales y culturales, respondió el trino de Sarabia con escepticismo: “Un fast track en La Guajira Wayuu sería lo más arbitrario, absolutamente opuesto a la transición justa”.
Natalia Orduz Salinas, reconocida columnista y defensora de la biodiversidad, también comentó el trino de Sarabia en los siguientes términos: “Uribe ferió el país a las multinacionales mineras. Santos, con su locomotora minero energética y ahora Petro, con el fast track energético. Quizás un poco más verde, pero no por eso más democrático y justo. Aplanadoras sobre territorios y gente”.
Ambas respuestas recogen la indignación de cientos de familias wayuu inconformes con los proyectos de parques eólicos, impuestos con subterfugios y la celebración de consultas previas amañadas desde la administración Duque. Tienen razón Barney y Orduz, no hay nada que celebrar con ese bombo de las comunidades energéticas anunciadas por el Gobierno.
Lo que causó más indignación es que Sarabia hiciera la celebración citando un artículo de Jorge Restrepo, quien ha sido cuestionado los últimos días por la elaboración de dos informes en defensa de Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar paramilitares en Colombia, según reveló la semana pasada el portal Vorágine.
- El desmonte de los peajes
A finales de mayo pasado advertimos que las protestas y trancones protagonizados por comunidades, transportadores y comerciantes de Turbaco, quienes exigen el desmonte definitivo de un peaje que divide el territorio y saquea el bolsillo de la gente, demanda un debate nacional porque está de por medio el derecho a la movilidad urbana, la planificación territorial, la autodeterminación de los pueblos étnicos y el derecho medioambiental.
Decíamos que el complejo panorama de los peajes y la desmedida acumulación de capital por parte de un puñado de familias “deja al descubierto que el modelo político y económico dominante es excluyente, pone en duda los alcances de la Constitución de 1991, una carta constitucional con concepciones conservadoras y liberales, con un abanico de derechos que no son cumplidos por las ambigüedades mismas de la carta y por la prevalencia del modelo económico neoliberal, que suplantó las responsabilidades del Estado en materia de servicios públicos”.
El tema recobró vigencia la semana pasada por cuenta de una decisión del Ministerio de Transporte, que emitió la resolución en la que anuncia que a partir del 1 de agosto de 2024 “se cobrará una tarifa diferencial para los vehículos de las categorías C1 y C2 que transiten por la caseta del peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, entre el municipio de Puerto Colombia y la ciudad de Barranquilla”.
A la par, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió una acción presentada por la Procuraduría General de la Nación por la vulneración de derechos debido al funcionamiento del peaje Papiros. “En el auto, el tribunal entregó un plazo de 10 días a las entidades demandadas para que “contesten y soliciten las pruebas que consideren pertinentes”, reseñó El Heraldo.
En este proceso se encuentran demandados el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Concesión Ruta Costera y la firma MAB Ingeniería de Valor (en su calidad de interventor).
Así como sucede con el tema del servicio eléctrico en el Caribe, con respecto a los peajes, el Gobierno se encuentra de manos atadas. ¿Seguirá subsidiando el cobro de algunos peajes del país? Esto último, sin duda, seguirá engrosando las cuentas del gran capital, pero no solucionará el conflicto de raíz, en un país donde existen más peajes que carreteras.
- Transporte de Valledupar en jaque
Los transportadores de Valledupar (Cesar) están pasando por su peor momento. Tanquear con Gas Natural Vehicular (GNV) “es un viacrucis para un alto porcentaje de transportadores que utilizan este combustible de bajo costo”, reseñó el diario El Pilón el pasado 4 de julio.
“Solo hay dos estaciones de servicio que suministran GNV y cuando una se daña obviamente la otra colapsa al ser la única que queda en funcionamiento. Eso nos genera muchas pérdidas porque tenemos que hacer filas de hasta 4 horas para poder tanquear y eso nos dificulta cumplir con la tarifa. Es más económico utilizar el gas natural porque al día tanqueo $60.000 y si utilizara gasolina serían $120.000”, manifestó un conductor al diario.
Este escenario, producto del aumento paulatino del costo de la gasolina para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (FEPC), en este mismo medio lo habíamos asomado en septiembre pasado en un análisis titulado “¿Incidirá el aumento del precio del combustible en las dinámicas del corredor fronterizo Cesar-La Guajira-Venezuela?”.
“¿Se reactivará el contrabando transnacionalizado del carburante venezolano hacia el Caribe colombiano con la misma fuerza de hace diez años? ¿Qué importancia juegan Cesar y La Guajira en este escenario? ¿Tendrá algún impacto en materia de seguridad y Derechos Humanos?”, fueron algunas de las interrogantes planteadas.
Aunque de manera muy fugaz, en el corredor que va desde Paraguachón hasta Maicao se comienza a comercializar de nuevo el combustible venezolano, considerablemente más económico que el colombiano, como advertíamos el año pasado.
Una solución posible a la alta demanda de combustible económico, sin que afecte el plan del gobierno de reducción del déficit del Fondo de Estabilización, sería aumentar la reconversión a GNV principalmente en los departamentos fronterizos Cesar-La Guajira.
La situación de Valledupar contrasta con la realidad nacional, como reseña El Pilón. “De acuerdo con un informe de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), las conversiones de vehículos de gasolina a gas natural aumentaron en un 63 % en 2023, comparado con las conversiones en 2022. Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Villavicencio han sido las ciudades con más vehículos convertidos durante el trimestre” de 2024.
- La nómina de Air-e y Afinia
Tiene razón el presidente Gustavo Petro al cuestionar a los alcaldes y gobernadores del Caribe por no hacer absolutamente nada por cambiar la situación de las altas tarifas de energía en la región. ¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución? Es simple”, aseveró desde Sabanalarga, Atlántico.
Las principales casas políticas de la región, hoy al mando de las principales ciudades del Caribe, fueron cómplices por acción u omisión de la decisión de Iván Duque en torno a las operadoras de servicio eléctrico y la nefasta opción tarifaria.
Sin embargo, y a pesar de los intentos, el Gobierno no ha logrado una solución estructural, salvo la de pagar la deuda a las operadoras valorada en 7 billones de pesos, eso sí, sin tocar el espurio esquema de cobro.
Aquello de crear una empresa pública regional con financiamiento del Estado para administrar y operar el servicio de energía quedará en las demandas de la ciudadanía, así como las posibilidades reales del Gobierno para revertir la situación, ya que sus decisiones han sido frenadas por fallos judiciales y políticas que seguirán beneficiando a las grandes compañías del sector.
El Gobierno enfrenta un monstruo que tal vez no llegó a dimensionar jamás: el control del Estado sigue en manos de la mafia política colombiana.
