Una de las principales características que ha tenido este gobierno es que ha sido mentiroso de principio a fin. Desde sus inicios en la vida pública Alvaro Uribe se ha valido de la mentira para cubrir sus faltas; siempre ha negado haber sido amigo de Pablo Escobar Gaviria, el jefe narcotraficante del Cartel de Medellín, pero cuando Uribe fue Director de Aeronáutica Civil, autorizaba los vuelos de las aeronaves de Pablo desde los distintos aeropuertos, y autorizó la construcción de pistas privadas para el Cartel de Medellín. Esta fue una de las razones por las cuales el Gobierno de los Estados Unidos en 1991 lo señaló como el Narcotraficante número 82.
Siempre ha negado nexos con los paramilitares, pero cuando fue Gobernador de Antioquia creó las Convivir, que reforzaron las Fuerzas Paramilitares; además son bien conocidos sus nexos con Salvatore Mancuso y con Carlos Castaño, vecinos suyos en sus haciendas del Departamento de Córdoba y jefes del paramilitarismo en Colombia.
Durante la Campaña Presidencial de 2002, en un “Manifiesto Democrático”, señaló 100 propuestas para realizar durante su mandato; pero estas, en el ejercicio de su gobierno, han quedado como enormes mentiras con las que engañó a la Opinión Pública. Veamos algunas: en el punto número 2 dice: “sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz, resolver nuestras diferencias pacifica y creativamente”. Pero lo que ha caracterizado a este gobierno son las masacres, abusos, asesinatos, desplazamientos, usurpación de propiedades en el campo colombiano; además los señalamientos del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que han causado asesinatos de sindicalistas, periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, y finalmente los mal llamados “falsos positivos”, que no han sido otra cosa que el asesinato de ciudadanos indefensos para engrosar el número de supuestos guerrilleros muertos, etc.
En el punto número 4 dice: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería”. Pero ¿qué ha pasado? Para reformar la Constitución y conseguir la reelección, corruptamente se compraron los votos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño; y en procura de la segunda reelección fue tan grosera la politiquería y la corrupción que se hizo a través del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, moviéndose de curul en curul en el Congreso, sugiriendo y ofreciendo dádivas, que la Corte Constitucional tuvo que declararlo inexequible.
En el punto número 6 dice: “El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción”. Pero, qué ironía, es exactamente lo que ha ocurrido en este gobierno, que ha entregado cargos diplomáticos y notarías a un gran número de congresistas y amigos para conseguir su complicidad.
En el punto número 18 dice: “No podemos seguir con un Congreso que cuesta 600.000 millones de pesos al año cuando para vivienda social solo hay 150.000 millones. El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150. Sin privilegios pensionales, ni salarios exorbitantes”. Sabemos que, por el contrario, el Congreso no se ha modificado en número y que nunca los salarios de los congresistas han logrado mayores aumentos como en esta administración. Actualmente la pensión de los congresistas está alrededor de 16 millones de pesos, más los gastos de representación y los viáticos; mientras que el salario mínimo está en alrededor de medio millón de pesos. O sea que lo que recibe un congresista en 1 mes, para ganárselo un obrero colombiano tiene que trabajar durante 36 meses.
En el punto número 25 dice: “Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato”. Pero en este gobierno a los corruptos no sólo se les ha dado casa por cárcel, sino que la fiscalía y la procuraduría los ha regresado a la libertad (aquí son necesarios algunos ejemplos); afortunadamente la Corte Suprema de Justicia no ha descuidado estos casos, como ocurrió con el senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República. Pero, por otro lado, a muchos corruptos y delincuentes en altos cargos del Estado, para que evadan la justicia, el Presidente Uribe los ha enviado a cargos diplomáticos, como ha sucedido, entre varios casos, con el Director del DAS, Jorge Noguera, a quien nombró en un cargo diplomático en Italia, y con el Gobernador de Sucre, Salvador Arana, al que nombró Diplomático en Chile y que hoy se encuentran en procesos judiciales.
En el punto número 27 dice: “La seguridad será democrática. Para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Pero la protección ha sido solo para unos cuantos privilegiados, que pueden viajar seguros a sus feudos, mientras el resto del pueblo se ha quedado en la más absoluta inseguridad. Eso explica, por ejemplo, el incremento desmesurado de los asesinatos en las principales ciudades del país.
En el punto 60 dice: “Necesitamos salvar el Seguro Social”. Pero fue precisamente este gobierno el que acabó con el Seguro Social, inicialmente reemplazándolo con las llamadas ESES (empresas sociales de Estado), las cuales luego también cerró. Entre tanto, las Empresas Promotoras de Salud privadas se han enriquecido en forma escandalosa y los decretos de Emergencia Social buscan enriquecerlas mucho más.
En el punto 63 dice: “Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de la tierra, sin feudalismo ni lucha de clases”. Bien sabemos que lo que se ha dado es usurpación de tierras, asesinatos y desplazamiento de millones de campesinos, y, por otra parte, apoyo irrestricto y fortalecimiento del sector terrateniente, generando más lucha de clases. En el año 2.006 la Procuraduría General de la Nación estimó en 6 millones las hectáreas expropiadas por los narco-paramilitares a sus verdaderos dueños, con anuencia y promoción del Estado.
En el punto número 92, en lo que tiene que ver con relaciones internacionales dice: “Apoyamos los procesos de integración pero con cláusulas sociales de equidad para que el mundo no se divida más entre países beneficiarios y víctimas del libre comercio”. Sin embargo, lo que ha hecho el Presidente Uribe es tratar de agotar todas las instancias para conseguir la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, a pesar de lo dañino que resultaría este tratado, especialmente para los obreros y agricultores, comerciantes y pequeños industriales. Y al mismo tiempo este gobierno se ha negado sistemáticamente a ingresar a Colombia al ALBA (Alternativa Bolivariana para Las Américas), que sí garantiza un respetuoso y equitativo comercio entre los países americanos.
Con estas mentiras que acabamos de señalar se sostuvo este Gobierno durante 8 años. Y lo peor es que ha logrado instaurar la mentira como práctica política que pasa inadvertida ante la mayoría de colombianos, y que hoy practican todas las campañas políticas que se disputan el gobierno para el próximo periodo.