No deja de causar cierta extrañeza el optimismo exacerbado de algunos sectores políticos del país frente al pronunciamiento de la Corte Constitucional que niega la posibilidad de una segunda reelección de Uribe Vélez. En contra de toda evidencia histórica, de espaldas a un continum de genocidio político, captura de las instituciones del Estado a manos de las fuerzas paraestatales, de fraude y votaciones aseguradas con el poder de masacrar y amedrentar a la población, con el fallo de la Corte, ha germinado una inusitada fe en las instituciones del Estado; inclusive, hay quienes auguran un nuevo momento de la historia del país para la refundación de la política en los cauces institucionales vigentes. Como un espectro, el fetichismo legal deambula en la escena política para insistir en su eterna ficción de que las decisiones tomadas en el escenario legal y judicial tienen la facultad de cambiar por sí mismas la realidad política del país.
Es claro, en un contexto político que durante los últimos ocho años se caracterizó por el unanimismo en torno a la figura presidencial, y más recientemente por los embates hacia las instituciones judiciales, no se pueden minimizar la postura y los argumentos que escudriña la corte para sepultar las pretensiones reeleccionistas de Uribe. El pronunciamiento de la corte constituye un argumento fuerte ratificando que el gobierno de la seguridad democrática ha estado sustentado en el copamiento de un Congreso que, antes que salvaguardar la legalidad, la viola y la modifica al servicio de interés particulares; que se vale de grandes masas de capital para asegurar el dominio electoral; y que se ha soportado en la ruptura de las condiciones mínimas de igualdad y transparencia que son necesarias en cualquier modelo institucional que se reclame democrático-liberal. Sin embargo, la existencia de fallos judiciales que limiten el ejercicio del poder no significa de ninguna manera que la arbitrariedad haya sido desterrada de las instituciones políticas en Colombia.
No puede pensarse que el país cuenta con una institucionalidad democrática, porque precisamente en un caso como el del estudio de constitucionalidad de la ley del referendo, la Corte se vuelve protagonista por una ostensible e insostenible ruptura de la legalidad, que es ideada desde los círculos más cercanos al gobierno. La importancia del pronunciamiento de la Corte, en el actual momento del país, radica en que permite cuestionar hasta qué punto las victorias y causas electorales del uribismo han sido evidentemente fruto de la libre voluntad popular convocada en las urnas y del respeto a las reglas del juego democrático. En el caso del proyecto del referendo, la Corte pone de presente que los amigos del gobierno constituyeron una instancia – La Asociación Primero Colombia- desde la cual se centralizó la iniciativa y se violaron los topes de financiación que reglan la contienda electoral.
Con estas realidades, resulta incomprensible la renovada fe en los procedimientos y las reglas “democráticas” en Colombia, pues ni siquiera en las visiones más liberales el problema de la democracia es un asunto meramente judicial. En virtud del fetichismo jurídico y de las ilusiones de la democracia liberal, las pretensiones depositadas en las elecciones desplazan el problema a la ilegitimidad del Estado, que se expresa, paradójicamente, en aspectos tan elementales como la vulneración de las reglas electorales.
Autoritarismo y contienda electoral
Contrario a quienes sugieren la apertura de una nueva fase para la refundación de la política institucional, no hay señales muy claras para pensar que la no reelección de Uribe signifique salir de los tiempos de autoritarismo. Pronunciamientos de organismos tan disímiles como la Misión de Observación Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil coinciden en que existe una alta posibilidad de fraude electoral en amplias zonas de la geografía nacional, lo que, a todas luces, conduciría a que las fuerzas que hoy militan en el uribismo conserven su presencia y protagonismo en las instituciones públicas estatales. La consecuencia es clara: un nuevo periodo con un congreso que no ejerce control político, tomado por las familias tradicionales que han legislado al servicio de las élites económicas regionales, nacionales y transnacionales; en el caso presidencial, un ejecutivo profundizando la política militarista y mediática consolidada en los últimos cuatrienios.
Los gobiernos autoritarios no pasan sin dejar huella, y por ello no se puede pensar en el futuro de la democracia en Colombia dando por sentado que la seguridad democrática es un asunto del pasado. El escenario electoral ofrece muestras reveladoras, pues se observa un consenso cerrado alrededor de la continuidad de las políticas del gobierno de Uribe. El espectro político se debate entre quienes se disputan la calidad de herederos legítimos del monarca y quienes, silentes, proponen una recuperación democrática de los avances de la política uribista. El autoritarismo en boga logra fenómenos contradictorios investidos de ropaje democrático: Colombia se enfrenta a una nueva contienda electoral carente de pluralidad política en lo fundamental, y, lo peor, perdida como tribuna para evidenciar la gravosa situación de violación de las libertades democráticas, de impunidad y de persistencia del paramilitarismo como factor real de poder económico, político y militar en las regiones de Colombia.
Esa es la contextura de la democracia colombiana. Como lo señalaba el maestro Fals Borda, lo que ha vivido el país durante la última década ha sido el clímax de una violencia acumulada, que ha significado no solo la profundización de las prácticas políticas del pasado, sino la consolidación de un pensamiento único que demoniza la crítica a los modelos políticos e institucionales dominantes. Sin un balance histórico, persistir acríticamente en el juego desigual que propone la democracia de papel que gobierna en Colombia significa postergar una tarea necesaria para que la izquierda no pierda su capacidad subversora, mientras reduce su capacidad política a un parlamentarismo cortoplacista en estructuras políticas que han estado cerradas a las fuerzas populares del país por medio de artificios legales e ilegales.