Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 55)
Por Caribe Investigación
- ¿Qué está en juego en el Caribe?
Una cuarta parte de las masacres cometidas durante 2024 se registraron en el Caribe colombiano. De las 22 contabilizadas por Indepaz, cinco fueron cometidas en la región, dos de las cuales sucedieron en Magdalena (primer lugar).
Esta cifra, sin embargo, contrasta con la presentada por el defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, quien en su red social X aseguró que la masacre de San Zenón, registrada la madrugada de este 14 de mayo, es la tercera ejecutada durante 2024 en Magdalena.
Lo cierto es que Magdalena se ha convertido en el centro de una disputa territorial protagonizada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), tanto en los municipios del sur del departamento y de la Troncal del Caribe, como en áreas rurales limítofres con La Guajira.
“Un departamento que vuelve a ser paramilitarizado”, alertó Dimas. Cabría preguntarse: ¿cuándo se acabó el paramilitarismo en esta región? En todo caso, en el país lo que hubo fue un proceso de reconfiguración paramilitar desde la era Uribe bajo la estratagema del proceso de Justicia y Paz.
La Sierra Nevada no fue ajena a ello. Sus zonas y municipios adyacentes, así como sus poblaciones, han estado en el medio de la confrontación paramilitar de las AGC y los Conquistadores por lo menos los últimos 10 años.
Volviendo a las masacres, si revisamos las cifras de Indepaz de 2023, encontramos un panorama similar al de 2024. El año pasado se cometieron 93 masacres en todo el país, más de una cuarta parte (27 %) se registraron en el Caribe (25 casos). Después del Atlántico con 9 casos le siguió el departamento de Magdalena con siete.
No es casual entonces la crisis humanitaria que se viene registrando en el Sierra Nevada y sus estribaciones, los desplazamientos por incursión de las AGC en el sur de Bolívar o el control territorial que estos ejercen en los Montes de María y parte de Córdoba; la violencia e inseguridad asaltó las principales ciudades del Caribe colombiano: Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Barranquilla, Soledad, Malambo, Sincelejo, Cartagena, entre otras.
Política contrasocial
Los estallidos sociales de 2019 y 2021 conmocionaron al país. Nuevas expresiones sociales, nuevos actores se volcaron a las calles de las principales ciudades del país para protestar por una reforma tributaria que cercenaban los derechos fundamentales.
Si bien el Caribe no fue una región de grandes movilizaciones, junto con el Pacífico se convirtió en uno de los bastiones más importantes para que el Pacto Histórico, en las parlamentarias y presidenciales de 2022, recibiera un apoyo importante de las poblaciones más vulnerables de ambas regiones. Fue el Pacto, en ese entonces, el catalizador del descontento social acumulado durante décadas.
Pero como sucedió en los años de mayor atrocidad de las AUC, el paramilitarismo de hoy es funcional a los intereses de las clases dominantes y de los poderes fácticos del país, un arma que lesiona el tejido social caribeño y pretende doblegar su capacidad de resistencia y organización. Esto va mucho más allá de la esperanza que despertó Petro durante su campaña o de lo que alcance su Gobierno en materia social y de derechos.
Lo que se está asomando hoy es una nueva etapa de asedio y persecución contra una posibilidad de cambio revolucionario en el país, encarnado por luchas y movimientos de todo tipo que en el pasado fueron casi aniquilados. Porque la política contrainsurgente que se diseñó desde la década de 1960 y ha persistido hasta hoy, también fue y es una política contrasocial.
- El significado de Narciso
El asesinato de Narciso Beleño provocó el rechazo e indignación de más de 20 organizaciones sociales regionales, nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos. El pasado 7 de mayo, publicaron un comunicado de rechazo al asesinato de Beleño, en el que además exigían garantizar el derecho a la vida de las comunidades del sur de Bolívar.
“Observamos con preocupación cómo la situación en la subregión del sur de Bolívar, en la última semana y media, ha sufrido la violenta incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El asesinato a Narciso se suma a múltiples agresiones, entre ellas las retenciones arbitrarias de pobladores y asesinatos en los municipios de Morales y Arenal”, expresa el comunicado, disponible en la página web de la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia.
“Las comunidades de esta región tienen derecho a permanecer en sus territorios, a llevar una vida libre de todas las formas de violencia, tienen el derecho a la protección del Estado, a la acción de las autoridades de la fuerza pública, mandatarios locales, la fiscalía y los jueces, para garantizar que en este territorio no actúen de manera criminal y con plena impunidad, las organizaciones armadas ilegales”.
Adicionalmente, llaman la atención tres elementos sobre el asesinato de este importante líder. Narciso era quizá el único líder actual con capacidad organizativa y visión política para continuar un proyecto unitario de defensa de la vida encabezado por la Federación Agrominera del sur de Bolívar, un proyecto no solo de impacto regional sino de alcance nacional.
En pocas palabras, intentaron descabezar el movimiento social de esta región. El paramilitarismo está claro sobre cuál es su rol en los territorios con fuertes raíces organizativas y de resistencia social y ambiental.
Lo segundo, y es parte de la lógica del impacto por terror psicológico, dejar un mensaje a las poblaciones en los territorios donde confluyen u operan las guerrillas. O están con los paramilitares o son declarados objetivo militar “por ser aliados de la guerrilla” (estigmatización y criminalización del liderazgo social).
Beleño instaló días antes de su muerte el encuentro del Comité Nacional de Participación (CNP), instancia surgida de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Sobre esto último no queremos emitir ningún juicio porque los hechos son claros.
“En su corta intervención, Narciso denunció la avanzada paramilitar que días más tarde lo asesinó. Este nuevo copamiento paramilitar y sus consecuencias sociales y humanitarias ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos desde el 2022”, escribió Juan Alejandro Echeverri el pasado 23 de abril en una columna titulada Llorar a Narciso.
- La corrupción en La Guajira
No sorprende el ensañamiento contra Petro por el caso de la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. Las primeras semanas toda la prensa se volcó inclemente en cada detalle sobre el caso. Casi que pidieron su renuncia.
¿Serán tan pertinaces con el nuevo giro que tomó el caso, donde el oportunista Partido Verde resultó involucrado? Lo que debería estar en debate es la lesividad del viejo régimen corrupto, que aún opera en todos los resquicios de la burocracia y controla el erario —en las sombras o a plena luz—.
Este caso debe convocarnos para discutir un nuevo modelo de sociedad, de transformación política y ética que destierre las viejas prácticas de cooptación clientelar y captación de las rentas del Estado para el beneficio personal de individualidades, grupos o partidos políticos que, sin ningún desparpajo, son capaces de robarse el dinero destinado para garantizar el agua potable de un pueblo entero.
Bien lo dijo Petro en una alocución reciente: “La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema de principios, también de vida o muerte”.
- La orden de Petro
En la reciente gira realizada por Petro por las ciudades del país, la costa Caribe fue el punto de partida.
Durante los últimos meses todos los departamentos caribeños vienen reclamando con vehemencia una solución a las altas tarifas de energía, que golpea el bolsillo de los más pobres, hace estragos en pequeñas y medianas empresas, e impacta en los índices de inflación de ciudades como Valledupar.
Petro ordenó al ministro de Minas, Andrés Camacho, encontrar en menos de un mes una fórmula para disminuir las tarifas de energía y responder a las demandas de todo el Caribe. No faltó quien lo señalara de populista, a estos especialmente queremos recordarles que el acceso a la energía es un derecho fundamental para una vida digna, y el hecho que el Consejo de Estado haya anulado el decreto de Petro que permitiría enderezar el entuerto que dejó Duque no es un golpe al Gobierno, es una burla a los más golpeados por las altas tarifas de energía.
Lo mismo sucedió con la declaración de emergencia económica en La Guajira. La Corte Constitucional tumbó los decretos por medio de los cuales el Gobierno buscaba resolver la crisis humanitaria estructural que atraviesan especialmente las comunidades wayuu.
¿Populismo? Es la derecha haciendo uso de su poder en el Estado para imposibilitar cualquier reforma, por tibia o ligera que esta parezca.
- Ciénaga de Mallorquín
Tardíamente la Procuraduría evaluará una “intervención judicial” por daños ambientales de Ciudad Mallorquín en la ciénaga más importante del departamento Atlántico, la Ciénaga de Mallorquín.
Tardía la reacción porque el anuncio de construcción del proyecto Ciudad Mallorquín se dio en 2021, y desde entonces distintas voces de académicos, ambientalistas y comunidades alertaron sobre los impactos ambientales que traería esta mole de cemento liderada por el poderoso grupo Argos.
“Destruyeron bosque tropical, médanos y la fauna existente. Pretenden construir 18.000 apartamentos, en bloques de 12 pisos, para una población aproximada de 67.000 habitantes, superior a la registrada por el Dane para el municipio de Puerto Colombia en el año 2023, cuya población era de 54.983 personas. El problema de movilidad que ocasionará este proyecto tanto a Puerto Colombia como a Barranquilla es grande, son alrededor de 15.000 vehículos de los residentes en ese proyecto que se movilizarán diariamente, más los vehículos de los visitantes y residentes en esa zona del municipio de Puerto Colombia”, advirtió un columnista de El Heraldo hace poco más de un mes.
Todo ese despliegue mediático de la Procuraduría para no decidir nada. ¿Qué evaluará? Ya veremos si el omnipoder del grupo Argos será tan siquiera trastocado.
El grupo Argos, como otros consorcios de poder en Colombia, ha sido favorecido en el Atlántico durante décadas con planes de ordenamiento y ambientales favorables a sus proyectos y ambiciones, como resalta La Silla Vacía en un reciente reportaje: “La Silla Vacía encontró que el grupo antioqueño ha tenido desde hace décadas una relación cercana con los funcionarios y entidades para desarrollar más de 840 hectáreas del norte de Barranquilla y su área metropolitana, hoy en día la zona más valorizada y apetecida. Argos lo hizo en condiciones favorables para su negocio, otorgadas en varios planes de ordenamiento y ambientales en Barranquilla y Puerto Colombia, que dejaron por fuera una apropiada planeación del espacio público y del medio ambiente”.
Que Christian Daes haya armado un alboroto con la complicidad de medios locales porque su antiguo socio afecta sus intereses, no quiere decir que hoy levante las banderas del ambientalismo y de la defensa de la Ciénaga de Mallorquín. Mucha hipocresía detrás de este caso, y muchos intereses también.
- Los embargos de Air-e
Las operadoras de servicio de energía del Caribe, además de saquear el bolsillo de los usuarios durante los últimos años a pesar del descontento generalizado de la ciudadanía, anunció que comenzará a embargar las billeteras digitales de los usuarios para saldar las deudas vencidas de los departamentos Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Todo ello bajo el amparo de la legislación del país, que permite embargos sobre bienes y activos de deudores. ¿Quién ampara las familias más pobres, a aquellos que se debaten entre comer o pagar el recibo? Son criminales amparados por el Estado.
- Inflación
Se conocen las recientes cifras de inflación del Dane para el mes de abril. Tres ciudades del Caribe colombiano encabezaron la lista de las más costosas del país: Cartagena (0,87 %), Barranquilla (0,86 %) y Sincelejo (0,86 %).
En cuanto al índice inflacionario anual, siete ciudades del Caribe reportaron las cifras más altas del país. Valledupar quedó como la ciudad más costosa (9,35 %), le siguen Sincelejo (8,69 %), Riohacha (8,69 %), Barranquilla (8,36 %), Montería (8, 27 %), Cartagena (7,99 %) y Santa Marta (7,72 %).
Un dato final. Según el Dane, el transporte (22,3 %) sigue siendo la división de gasto que más impacta los bolsillos de los ciudadanos por la subida continua de los precios del combustible.
