Por Andrés Fernando Orozco
La solución de pilares como la seguridad alimentaria, el desplazamiento forzado, el conflicto armado y el narcotráfico, están supeditados a una reforma agraria integral, atendiendo a las realidades sociales de cada territorio en Colombia, que integran factores fundamentales como el abastecimiento, el control territorial por parte del Estado y la transferencia de plantaciones cocaleras por productos alimentarios o industriales.
El problema de la tierra extensiva ha sido la configuración esencial del conflicto armado en Colombia, desde el inicio latifundista empleado por la corona española a través de las tierras realengas otorgadas al mejor postor. “Con un examen sobre la legislación de baldíos desde 1774, el informe de Tierras y conflictos rurales (CNMH, 2016) muestra que la política de tierras de mayor duración en la historia ha sido la ocupación y adjudicación de las tierras baldías, sobre un total de más de 23 millones de hectáreas en el siglo XX, que se suman al 1,9 millones de hectáreas adjudicadas y los 3,2 millones de hectáreas en títulos de concesión durante el siglo XIX.” (CNMH, 2018, p. 18).
Pasando por la ley 61 de 1874, hasta la limitación extensiva de tierra con la ley 48 de 1882. Finalmente la crisis económica global de 1930, la propuesta de renovación ideológica de Alfonso López Pumarejo y los variados conflictos producto de los procesos de expansión y de colonización cafetera, conllevó a la aparición de la ley 200 de 1936. Para los gobiernos conservadores de Mariano Ospina (1947) y Laureano Gómez (1953) se propagó la entrega en propiedad de baldíos. 6 años después, la aprobación de la ley 20 llevó a que “el gobierno de Alberto Lleras [diera] la aprobación de la Ley 20 de 1959, antecedente de la reforma agraria, en la parcelación de haciendas incultas y la colonización de baldíos a cargo de la Caja Agraria” (CNMH, 2016, p. 106), que finalmente llevaría a la creación del Incora en la ley 135 de 1961.
El Incora asumiría el proceso de asignación de baldíos para los años de 1970, “el rezago secular en la tarea de adjudicar los baldíos se puede ver al comparar las adjudicaciones de la primera mitad del siglo, pues entre 1902 y 1953 solo se adjudicó el 6 por ciento del área, mientras el 94 % se adjudicó entre 1954 y 2012, cuando la colonización había comenzado desde mediados del siglo XIX” (CNMH, 2016, p.158). El 1,5 % de la población monopolizó el 1,5 % de la tierra.
La intensificación de la propiedad se da entre los años de 1980 hasta el 2012. Justo en este periodo se da el mayor recrudecimiento del conflicto armado colombiano y, sobre todo, el incremento progresivo de la plantación de hoja de coca para el procesamiento por parte de carteles, paramilitares y organizaciones guerrilleras, esto llevó al amplio desplazamiento forzado para el incremento de la plantación, producción y trasporte de cocaína. Uno de los casos más evidentes de este proceso de expansión y despojo de tierras tiene que ver con Tulapas, que fue uno de los botines de guerra más grande entre paramilitares y guerrilleros en mediados de los años de 1990; para 1998 ya estaría colonizado por los paramilitares.
En 1999, los paramilitares controlaban casi toda la zona desde el golfo de Urabá hasta la zona baja de Córdoba, con un rentable y criminal negocio de expropiar tierras a los campesinos por valores irrisorios y en caso de no cooperar, activaban su actuar criminal. Benito Osorio Villadiego junto a los hermanos Castaño, legalizados bajo el conocido Fondo Ganadero de Córdoba, representado por Sor Teresa Gómez, cuñada de Carlos Castaño, legalizaron el negocio criminal de despojo, tanto por vías legales como ilegales, por medio de la compra bajo presión militar, o a través de la amenaza y muerte de los campesinos. En principio los paramilitares le dieron a los habitante de las zonas 48 horas para desocupar, al ver que no atendían el llamado, sus armas hacían el resto, finalmente este caso terminó con el despojo masivo de más de 4.000 campesinos, sin contar de los que hay registro.
El mismo caso de Tulapas se multiplica por cientos en el territorio nacional colombiano, donde guerrilleros y paramilitares (en ocasiones acompañados de algunos agentes del Estado aliados con la criminalidad) han sido despojados, por ejemplo para el año 2012 campesinos del Tolima estaban reclamando más de 700.000 hectáreas de tierra captadas por las FARC en los procesos de conflicto en la zona.
Esto deja claro que el gobierno nacional está a tiempo de priorizar la reforma agraria como parte integral e inicial de su gobierno, es decir que las principales problemáticas a nivel nacional se encuentran en el campo, así como las mismas estructuras y riquezas de las élites radica en este factor, las tierras con cultivo de hoja de coca, las zonas de trasporte y procesamiento seguirán siendo las principales desplazadoras, al igual que la acumulación improductiva de la tierra.
Es de tener en cuenta que las mesas de negociaciones con los actores armados han sido cruciales en el desarrollo proyectivo para el despeje y la producción, que permitan una reforma agraria integral. El general Gustavo Rojas, por ejemplo, logró desmovilizar las guerrillas de los Llanos Orientales, dando paso a programas de recuperación del campo en las regiones más afectadas, en consecuencia, su administración adjudicó más baldíos que en los anteriores gobiernos, pero uno de los errores claves fue que el acompañamiento del Estado fue parcial, al igual que no hubo un proyecto de objetivación productiva con la tierra.
Una reforma integral de la tierra no se resume solo en restitución (aunque es una parte esencial), o solo comprarle a FEDEGÁN 3 millones de hectáreas de tierra sin garantías de seguridad. Para que no pase lo de Tulapas, en la planeación activa de asignar funcionalidad al sector agrícola a través de proyectos de seguridad alimentaria, comprometiendo la productividad de esas tierras y la garantía de lucro económico para los campesinos, reduciendo el factor de importación de muchos productos que pueden ser procesados y comercializados a nivel nacional, acompañados del pie de fuerza del Estado en las zonas mas aisladas de los centros urbanos, donde se le garantice al pequeño propietario de la tierra la seguridad suficiente para mantenerse productivo a través de la garantía constitucional del derecho a la paz y a la propiedad.
