El sindicalismo en Colombia se ha desenvuelto históricamente entre dos dinámicas adversas que están profundamente entrelazadas: su demonización simbólica y su exterminio físico mediante diversas modalidades de violencia. Así lo sustenta el informe recientemente publicado por la Comisión de la Verdad titulado “Verdades Inaplazables: Violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano”. Este conjunto de prácticas antisindicales, anteriores al conflicto armado pero reforzadas durante la guerra, nos ayuda a comprender no solo el bajo nivel de sindicalización de la fuerza laboral en el país, sino también el retroceso en materia de derechos laborales en la sociedad colombiana.
La ecuación es simple: sindicatos débiles y culturalmente aislados ofrecen un amplio margen de acción a patrones, empresarios, medios de comunicación y políticos de derechas para imponer las condiciones de trabajo más severas.
Esto ha sido especialmente visible en el reciente trámite de la reforma laboral presentada por el gobierno de Petro y Márquez. Hemos visto en acción el aspecto cultural de esta guerra contra el sindicalismo. Los gremios empresariales han tildado de privilegiados a los trabajadores que, con sus luchas, han logrado conquistar mejores condiciones laborales. Los medios de comunicación han puesto todos sus micrófonos y páginas al servicio de la intelectualidad conservadora para que sustente por qué mejorar los derechos de la clase trabajadora nos llevaría al apocalipsis. Asimismo, hemos visto día y noche a parlamentarios del bloque de derechas argumentando que las garantías laborales son un discurso desfasado que inhibe la competitividad y la creación de empleo.
Resulta paradójico que estas invitaciones a la mayor liberalización del mercado laboral provengan de aquellos que disfrutan de contratos de trabajo formales, devengan sueldos millonarios mes a mes, y que nunca en su vida han experimentado el peso insoportable de la precariedad laboral. Warren Buffet, el multimillonario, tenía razón al decir: “Claro que hay lucha de clases y la estamos ganando los ricos”.
Según el informe, en el marco del conflicto armado, un total de 700 organizaciones sindicales han sido víctimas de alguna o varias de las múltiples modalidades de violencia antisindical. Además, aproximadamente 15.481 personas han sufrido violencia debido a su pertenencia a organizaciones sindicales. Sin embargo, la propia comisión reconoce la alta posibilidad de que exista un subregistro debido al temor de las víctimas a denunciar, su desconfianza en las instituciones estatales y la pérdida o robo de gran parte de la documentación que se encuentra en los archivos sindicales.
La Comisión de la Verdad revela que la amenaza ha sido la forma más frecuente de victimización, lo que ha llevado a normalizarla como parte inherente de la actividad sindical. Aprender a convivir con exilios, panfletos amenazantes, chalecos antibalas y esquemas de seguridad ha sido el trágico destino de muchas personas afiliadas a sindicatos en nuestro país. Estas amenazas constantes contra el sindicalismo también han contribuido a inculcar en la clase trabajadora la idea de que es mejor no involucrarse en esas cuestiones, y con ello inhibir de facto la organización sindical.
Antioquia, considerado el epicentro actual de las ideas conservadoras y un claro precursor del proyecto paramilitar, ha sido el departamento con el mayor porcentaje de víctimas sindicales, representando el 30,4% del total. Esto es más del doble que el Valle del Cauca, que registra un 13,0% del total. Santander y Cesar ocupan la tercera y cuarta posición, con el 9% y el 7% respectivamente.
El informe destaca que las estructuras paramilitares han sido las principales responsables de la violencia antisindical. Sin embargo, es crucial comprender que el fenómeno paramilitar no debe verse como un fenómeno aislado y autónomo, sino como un brazo armado del poder que ejecuta la voluntad de un sector de las élites compuesto por políticos de derecha, empresarios, medios de comunicación conservadores y agentes del Estado. Estos actores perciben al sindicalismo como una amenaza y, en la mayoría de los casos, han financiado, apoyado, permitido y encubierto las acciones paramilitares contra las organizaciones sindicales.
Dice el informe que las dirigencias sindicales fueron el principal objetivo de la violencia, representando el 43% de los casos. Matar, herir, desplazar o desaparecer a los líderes sindicales tenía un propósito claro: amedrentar e inmovilizar a las bases sindicales, castigando a sus referentes que, en muchas ocasiones, desempeñaban un papel tanto en la dirección sindical como en la dirigencia política de opciones transformadoras, o el impulso de iniciativas de movilización y organización social que trascendían las meras reivindicaciones laborales. Este compromiso con los cambios sociales y políticos en el país fue duramente castigado por la violencia, y ampliamente estigmatizado por los medios de comunicación dominantes, que hasta el día de hoy promueven la narrativa de “oscuros intereses políticos” que se esconden detrás de la acción sindical. Curiosamente, rara vez se mencionan los intereses políticos subyacentes en los grupos mediáticos o los gremios empresariales; a esos representantes de la clase dominante siempre se les presenta como imparciales, técnicos y sin culpa alguna.
Las balas han matado impunemente al sindicalismo en Colombia. En parte, porque un conjunto de argumentos y estigmatizaciones repetidas en todas partes y convertidas en sentido común han creado un ambiente de demonización de la clase trabajadora organizada. Como se mencionó anteriormente, esta tendencia precede al conflicto armado colombiano y se remonta a los orígenes mismos del movimiento sindical a principios del siglo XX. La élite temía y teme la infiltración de ideas revolucionarias y comunistas en el sindicalismo; de manera arbitraria se responsabiliza a las conquistas laborales de la bancarrota de las empresas, en realidad quebradas por la aplicación del modelo neoliberal; y se retrata al sindicalismo como una minoría privilegiada y ambiciosa. Todo esto ha construido un esquema que primero mata simbólicamente al sindicalismo y luego lo remata con disparos.
El sindicalismo en Colombia no está exento de errores y vicios, algunos de ellos muy graves. Sin embargo, sería injusto no reconocer la valentía de miles de hombres y mujeres que, a lo largo de décadas, han estado vinculados al movimiento sindical y han arriesgado su vida para reivindicar los derechos colectivos y defender las libertades comunes. Me sorprendió cómo, en medio de las manifestaciones del 28 de abril, muchos jóvenes que se sumaban a la lucha popular preguntaban con arrogancia y la gran arrogancia de la posteridad: “¿Qué han hecho los sindicalistas por el país?” Eso me convenció de lo arraigada que está la cultura antisindical aún en nuestro entorno más próximo. Este es un factor crucial a enfrentar, por ejemplo, en el proceso de la reforma laboral que se presentará nuevamente el próximo 20 de julio.
El informe de la Comisión de la Verdad, que contó con la activa participación del movimiento sindical colombiano para su elaboración, es una contribución valiosa en esa dirección y hace justicia a la idea de Walter Benjamin de salvar a los muertos, porque ellos tampoco están a salvo cuando el enemigo triunfa, y ese enemigo no ha dejado de vencer.
Si bien hay un gobierno de cambio al frente del Estado, la lucha cultural por desmantelar los mecanismos de persuasión que el bloque de poder ha utilizado históricamente, junto con la violencia más brutal contra los disidentes, sigue siendo un desafío pendiente para quienes entendemos que porque fueron, somos.
