ActualidadEdición 172 – Noviembre 2022Reportajes Especiales

Recuperaciones de tierras en el Cesar: de guaridas de cuatreros a despensas agrícolas*

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Mapas: Mariam Vergel
Texto: Juan Alejandro Echeverri

“El   nesis”

A veces, cuando uno ve estas vejigas que le salen en las manos, dan ganas de tirar la toalla. “El Lobo” Villalobos llegó con la barba negrita, y mire como la tiene de blanca. Será de tanto pensar, tanto estrés; esto es duro, esto es para pobres, hay días que no alcanza ni para el café. Pero gracias a Dios esto está empezando a producir. Las vainas han cambiado.

A La Oficina entramos en mayo del 2021. Todo esto era monte, rastrojo, olvido, terreno improductivo. Hay quienes llevan aquí más de 10 años. Después de que abandonaran la finca en 2010, el supuesto administrador contrató como 28 personas para que le cuidaran un ganado y multiplicaran el pasto. La gente solo podía cultivar yuca o maíz, nada de plátano, cítricos o mango. La mata de guineo retoña sola y el palo de naranjo vuelve a parir frutos cada tanto, mientras que la mata de maíz y yuca se arrancaban en la cosecha, ahí le quedaba el pedazo libre para volverlo pasto. Los peones tampoco podían dormir en las tierras. Levantaron unos ranchos, fueron al pueblo, y cuando volvieron los encontraron quemados.

Los más antiguos se cansaron de enriquecer a otro con su trabajo. Y de manera discreta, la idea de entrar al baldío ganó partidarios entre la gente del pueblo y las veredas cercanas. El 26 de mayo más de 300 familias nos tomamos la hacienda. Sin mucha organización, cada cual lo hizo por su cuenta.

En Santa María, la otra finca que está a una hora y algo de La Oficina, llevamos más tiempo. El predio también estaba abandonado. Era utilizado para esconder ganado robado. Guarida de grupos armados. A medida que íbamos abriendo monte, encontramos cambuches y prendas militares. El 19 de febrero de 2020 entramos 220 personas. Del primer grupo solo quedamos unos 70. Muchos sintieron miedo porque decían que esto era de paramilitares, que nos iban a sacar.

Entramos con lo que teníamos puesto, una macheta, una candela, un caldero, una hamaca, un plástico y algunos con toldillo. Antes de ingresar al proceso nos daban una hoja con los mandatos: no podíamos vender ni arrendar la tierra, debíamos proteger el medio ambiente, permanecer en el territorio, aportar a los trabajos colectivos, entre otros requisitos. Nos daban dos días para armar nuestro cambuche, al tercer día nos integrábamos al trabajo colectivo. Sembramos yuca y maíz en sociedad. Los hombres nos dedicamos a los cultivos y las mujeres a preparar la alimentación y prestar guardia. Salíamos por turnos a trabajar 3 o 4 días en el pueblo, a conseguir con qué aportar algo de comida.

Al principio fue templado, duro. Algunos no contaron con el apoyo de sus familias. Llegamos sin semillas. Fuimos hasta El Paso, Guamal y Curumaní por colinos de plátano y yuca. Parecíamos hormigas arriando y arriando. Sufrimos mucho por el agua. Teníamos que buscarla en un nacimiento que estaba a 3 kilómetros. A veces nos bañábamos allá. El caño de El 19, el sector donde nos instalamos al principio, corría cuando llovía, pero en el verano tocaba bañarse con el agua empozada, a muchos les dio rasquiña. Padecimos la mosquitera. Por las noches algunos preferían salir a caminar porque la plaga no los dejaba dormir. A los 8 meses dividimos las parcelas, de 10 hectáreas cada una.

Aquí no hay un sueldo, sino lo poco que uno produce. Al campesino le toca difícil, hemos dormido parados, como las gallinas, porque la brisa se llevaba el plástico de los ranchos. Esto estuviera más adelantado si no hubieran matado a “Teo” y a Tafur, dos líderes que nos ayudaron tanto. Fue como un árbol cuando lo estremecen. El proceso quedó huérfano. Pero si desistíamos, los compañeros allá iban a estar tristes.

“Jesús carga con la Cruz”

La Ley 1801 es clara: si pasan más de 120 días desde la ocupación de un bien, los inspectores de policía, los alcaldes municipales, y los personeros pierden potestad para resolver el conflicto. Cumplidos los 4 meses, el pleito ha de ser resuelto por un juez. Las autoridades de Chimichagua, municipio del Cesar donde está ubicada La Oficina, conocen sus límites legales, sin embargo, desde que entramos al territorio han obrado en favor del que dice ser dueño del predio, ordenan desalojos que la norma prohíbe. 

Las 2.200 hectáreas que abarca La Oficina y nos dan sustento a 250 familias, son reclamadas por un fideicomiso llamado Inmuebles Ganaderos I, administrado desde 2011 por la firma Acción Sociedad Fiduciaria S.A. El fideicomiso es un mecanismo jurídico que permite entregarle a una persona o una empresa la titularidad de un bien, con el fin de que lo administre y le genere ganancias al dueño o a un tercero. El medio Verdad Abierta reveló que Acción Sociedad Fiduciaria S.A fue denunciada por incumplir el retorno de utilidades cuando administró las fiducias del proyecto BD Bacatá. A Inmuebles Ganaderos I le descubrieron además una relación con Factor Group, empresa que ofrecía servicios financieros hasta que fue desmontada por la Superintendencia de Sociedades, y denunciada ante la Fiscalía por estafa y abuso de confianza. El fideicomiso que nos intenta desalojar de La Oficina también dice ser dueño de Machín Berlín y Matarredonda, dos predios recuperados en Tamalameque. Procesos con los que nos articulamos y convergemos en la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios.

Afortunadamente el acoso judicial y los intentos de desalojo han sido menos intensos contra Santa María, donde vivimos más de 160 familias, también integradas a la comisión. La familia Arredondo Daza es la que se autodenomina propietaria del predio, localizado en Chimichagua, y con una porción en jurisdicción de Astrea. Sustentados en las investigaciones que hemos hecho, tenemos fuertes indicios de que los supuestos dueños son testaferros de intereses oscuros.

Las autoridades han querido sacarnos violando el debido proceso, especialmente los jueces promiscuos de los municipios. La jueza de Chimichagua guardó durante cuatro meses una documentación que debió enviarle a un juez de Chiriguaná en un plazo de 20 días. La funcionaria trató de excusarse asegurando que en el municipio no había luz ni internet. Pese a que el juez nos dio la razón y ordenó suspender los desalojos por medio de la vía administrativa, han apelado a ese mecanismo puesto que exige poco acerbo probatorio a la hora de evidenciar la propiedad real de un bien.

A veces tener una escritura no significa tener derecho de dominio sobre una propiedad, las autoridades lo saben. Muchas de esas escrituras tienen falsa tradición. El entrampamiento de la justicia es sistemático en esta zona del departamento. Todo resulta manipulado para que se falle a favor del poder económico, o los litigios terminen en el Consejo de Estado, instancia en la que pueden dilatarse por años. El año entrante hay elecciones de alcaldías y gobernaciones, aunque tengamos una presidencia favorable a nuestros intereses, si los poderes locales se mantienen, vamos a seguir sufriendo lo mismo.

“Dar buen consejo al que lo necesita”

Aquí en el muelle se le pierde la vista a uno. Hace 10 años, uno se embarcaba por la mañana en una canoa. Íbamos hasta el fondo, a cazar allá donde se ven esas islas. Durábamos tres, cuatro días sin saltar a tierra. Dormíamos entre las canoas. La vaina era maluca. Si la mamá y los hermanos dependían de uno, con el jornal no le alcanzaba. Un día de trabajo en el campo lo pagaban a 5.000 pesos, y uno al día se comía 7.000. Nos veíamos obligados a cazar, si le iba bien con eso conseguía la comida de una semana. En su momento Chimichagua vivió de la pesca y la piel de babilla. Los poquitos que tenían modo recurrían a la ganadería. Si ese tiempo volviera, yo no mataría una babilla, esos animales ayudan a conservar el agua de esta ciénaga, la segunda más grande de Latinoamérica, y la más extensa de las 1.900 que tiene Colombia.

En épocas de invierno, el complejo cenagoso de Zapatosa se extiende a los 500 kilómetros cuadrados y puede almacenar 1.000 millones de metros cúbicos de agua dulce. El enorme pozo es formado por la desembocadura del río Magdalena, cuya cuenca media-baja pasa por El Banco, Magdalena; y la desembocadura del río Cesar, que penetra por los municipios de Chimichagua y Chiriguaná. La Ciénaga regula el caudal de los afluentes. En invierno almacena agua y previene inundaciones, en verano la descarga y evita la sequía absoluta. Además decanta y recicla los sedimentos, devuelve el agua depurada. Su abundante vegetación le permite capturar carbono y filtrarnos oxígeno.

Las aguas de la ciénaga se expanden por El Banco y otros cuatro municipios del Cesar: Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque y Chimichagua, a quien le corresponde casi el 50% del ecosistema. 29 centros poblados sacan provecho económico de ella: una porción minoritaria encuentra allí la materia prima de sus artesanías, y más de 8.000 pescadores sacaron 3.576 toneladas de pescado entre 2007 y 2010, según cálculos de la consultora internacional ONF Andina. En 2017, las Corporaciones Autónomas Regionales del Cesar y el Magdalena, autoridades ambientales responsables de salvaguardar el complejo cenagoso, encontraron 39 especies de mamíferos en la Zapatosa, 51 especies de reptiles, 25 especies de anfibios, 52 especies de aves, y 669 especies de plantas vasculares, 15 de ellas endémicas, es decir que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

La sobreexplotación y la industria tienen en riesgo a la Zapatosa. En la parte alta del río Cesar, los palmeros y bananeros canalizan el afluente y lo desvían, en los tramos donde el sistema de gravedad no se los permite, utilizan bombas y motores que lleve el agua a sus canales. Ojalá puedan visitarnos en marzo, en tiempo de verano, se darán cuenta que podemos caminar hasta un kilómetro por el cauce del río sin encontrar un pozo de agua. Nosotros que estamos en la parte baja sufrimos las consecuencias. ¿Si se seca el río que pescado vamos a pescar? El cultivo de banano y palma no son el problema, pero la Biblia dice que todo en exceso es malo. Estamos alarmados porque en una finca aledaña a La Oficina van a sembrar 1.600 hectáreas de palma aceitera. Con pozos profundos no van a satisfacer la demanda de agua. Necesitan reservorios, taponar la quebrada que nos abastece. Al final vamos a consumir los venenos que tiren a la corriente. ¿De dónde va sacar plata el campesino para comprar agua potable traída en camiones?

La minería es otra industria que nos afecta. Los químicos, los desengrasantes y los aceites son vertidos a las fuentes hídricas. Todo eso viene a dar a la ciénaga, pero como los cuerpos de agua son tan grandes la contaminación real no se ve. En el primer trimestre del 2019, del Cesar sacaron 13.363.415 toneladas de carbón. Las minas de Agustín Codazzi, El Paso, Becerril y la Jagua de Ibirico aportaron el 64% de la producción nacional.

El expresidente Juan Manuel Santos vino a Chimichagua en abril de 2018. Ese sábado anunció la declaratoria de la Zapatosa como un humedal categoría Ramsar, término que surgió de una convención internacional que aspira conservar los humedales en el mundo. El país se adhirió a este acuerdo en 1997. Según la cartografía del Instituto Humboldt, los humedales representan el 26% de toda Colombia. En teoría, la decisión enaltecía la importancia ecosistema de nuestro complejo cenagoso. Poco han hecho hasta ahora las entidades municipales, departamentales o nacionales por mitigar o fiscalizar las afectaciones a un hábitat de características irremplazables, capaz de amortiguar los posibles efectos del cambio climático.

Las lagunas de oxidación no están funcionando, las aguas negras de los municipios siguen cayendo a la ciénaga sin ningún control. La deforestación y la ganadería está acabando con los playones, esas sabanas que la ciénaga inunda en invierno cuando los caños y los ríos crecen; en las que Alejo Duran, el juglar campesino, se inspiró para componer varios vallenatos. La ley dice que los playones son terrenos baldíos, tierra de nadie, zonas de uso compartido. Los ganaderos han ido comprando las tierras aledañas y cercando con alambre lo que fueron terrenos comunales. Los estudios calculan que en época de verano es posible encontrar más de 300.000 cabezas de ganado en los playones de la Zapatosa. Las reses terraplenan los humedales, sellan los caños, y con sus toneladas de boñiga contaminan las aguas. Incluso en invierno, con el agua al cuello, usted las puede encontrar orinando y cagando en las charcas. Los más preocupante es que están trayendo búfalos, un animal capaz de acabar con lo que encuentra.

Son muchos los daños ambientales, una parte del playón cercano a La Oficina huele hediondo. Aun así tenemos manglares vivos, frondosos, reverdecidos. La sinfónica animal del playón conserva su variedad de tonos: el croar hueco de las ranas, el lamento agudo de las aves, y el bramido gutural del mono aullador. Todavía entendemos su temperamento, su emocionalidad climática. Sellamos la canoa con barro para que no se inunde, movemos la vara con una mezcla de decisión y dulzura, y navegamos sus aguas aunque a veces nos sea esquivo el pescado.

Ya no es como antes. Hay épocas en las que lo traen de otras partes. Cuando estábamos pequeños regalaban el moncholo, el zapatero, la burra, y el cocoro en las orillas, hoy eso no se encuentra. Se están acabando los campanales, los robles, los orejeros, árboles que tres personas no abrazaban, que atraían barraquetes, coyongos, aves que migraban desde Canadá. Usted ya no ve un chavarrí, la garza morena, el pato yuyo o el pato real. Antes abundaban los tenderetes de pato salado. Así fueron desapareciendo las especies. No podemos negar que el campesino siempre ha sido cazador, y que la caza descontrolada acaba todo. En nuestro proceso tratamos de regular esa práctica. Que una vez la especie vuelva a ser numerosa, nos podamos comer un ponche. No como antes que la gente cazaba diario, mataba tres, cuatro animalitos.

Queremos que el humedal de La Oficina sea una zona de reserva. Antes lo utilizaban para pastoreo de ganado, nosotros pensamos reforestarlo en los alrededores con caucho, guarcero, arboles nativos. Cultivar las especies animales que el mal uso nos ha quitado: la guartinaja, el ñeque, el ponche, el armadillo, el pisingo, la galapa, porque en este momento encontrar una es un milagro, es como encontrarse con la Virgen. La ciénaga, los humedales y los playones están sin doliente, nosotros queremos recuperarlos, aportar un grano de arena, practicar una economía para la vida.

“La lujuria”

La ONG Oxfam calcula que el 1% de la población colombiana es dueña del 81% del territorio, uno de los índices de concentración más altos del mundo. La configuración del Estado ha favorecido la acumulación de la tierra en pocas manos desde que fue entregada a militares como premio por participar en la guerra de independencia y posteriores confrontaciones. De esa tradición nacieron figuras de tenencia y explotación feudales como la mita y la encomienda. La tierra como manifestación del poder económico, político y social de una élite.

Los intentos de modernizar el país en 1920 y 1930 fueron incapaces de trastocar la élite terrateniente configurada a partir del siglo 19, por el contrario, la favorecieron. Hasta nuestros días, la estructura política y electoral del país funcionó en favor de la concentración de la propiedad agraria. Aparte de contar con una representación importante en el Congreso, las gobernaciones y las alcaldías, los beneficiarios de esa configuración del Estado tranzan alianzas con sectores dominantes de la economía, circunstancia que dificulta transformar la naturaleza actual de las cosas.

Nuestra concepción económica tampoco ayudó a contener el deseo acaparador. Las tecnologías y los créditos que pretendían desarrollar el campo, quedaron en manos de los grandes productores, pues nos han hecho creer que únicamente las multinacionales y sus filiales pueden lograr altos índices de productividad. A los pequeños productores les destinaron migajas, proyectos pequeñitos. Si tenemos la tierra, pero no tenemos cómo ponerla a producir, cómo pagar los créditos, vamos a tener que vendérsela a los más grandes; que además son beneficiados con bajas tasas de impuestos.

A diferencia de nuestros vecinos, el rol de la tierra es preponderante en el conflicto armado interno. Sigue siendo motivo de disputa, pero fue más notorio desde la década del 80 hasta la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Álvaro Uribe. En dicho periodo las lógicas de concentración y despojo se exacerbaron: entre 4 y 8 millones de hectáreas fueron usurpadas. El Centro Nacional de Memoria Histórica calcula que de 1985 a 2015, 300.000 personas se desplazaron del Cesar, 40.000 fueron asesinadas, 1.936 desaparecidas forzosamente, y 2.760 víctimas de secuestro.

La relación directa entre concentración de la propiedad agraria y conflicto armado resulta notoria en el departamento. En esta zona del país usted puede encontrar posesiones de hasta 12.000 hectáreas, como la Hacienda Bella Cruz, o cultivos de palma de más de 10.000 hectáreas, como los que hay en el municipio de San Alberto. En 1970, el 70,3% de los predios en el Cesar eran menores a 50 hectáreas; de las 1’692.772 hectáreas explotadas, el 49,5% estaban dedicadas a pastos y ganadería. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria estimó que en 2014 el índice Gini de distribución rural de la tierra en el departamento se ubicaba en 0.69, siendo 1 indicador de concentración total. Los censos realizados indicaron que las unidades de producción aumentaron a las 2´093’622 hectáreas, un 63,7% de ellas destinadas al ganado y solo 0,9% a la producción agrícola. Colombia destina 39 millones de hectáreas a la ganadería. Sin embargo, producimos una tercera parte de lo que produce Argentina. Las vacas, como le dijo un académico a un medio internacional, no son aprovechadas para vender carne o cuero, sino para ser celadoras de los dueños de la tierra. Pese a ser el quinto país del mundo con mayor potencialidad agrícola, perdimos la capacidad de ser autosuficientes en materia alimentaria.

A la élite no solo le interesó la cantidad, en Colombia es difícil encontrar campesinos dueños de tierras planas, con buenos niveles de fertilidad y agua, dotadas de vías e infraestructura. Ese tipo de terrenos está en manos de los terratenientes.

“Tomad y bebed todos de él”

El campesinado nunca ha sido amparado por el gobierno. Nos discriminan, nos hacen cosas que no se deben hacer. La ciudad para uno no sirve, se va uno de aquí y va a pasar calamidad allá. Por eso hoy en día el campesino trata de valerse por sí mismo. Siempre soñamos ser dueños de un pedazo de tierra. Las recuperaciones fueron el único medio posible que encontramos para cultivar, dejarles un futuro a los hijos, no pasarnos la vida arrendando tierra ajena y volver a comenzar cada vez que les dé por sacarnos.

Los años van arrimándose. Después de trabajar tantos años, uno siente que los dueños de las tierras se aprovechan de uno. En los alrededores de Chimichagua y Astrea una hectárea cuesta entre 10 y 20 millones de pesos. El campesino no tiene con qué juntar eso. Y la ganadería sigue acaparando las tierras aptas para la agricultura. 

No entramos aquí con la intención de robar, enriquecernos, o hacerle daño a alguien. En los pueblos no hay empleo, tampoco podemos dedicarnos todos a la pesca, quién va sembrar la comida. Si tuviera otra manera de darle sustento a mi familia, no me enfrentaría a la muerte como lo estamos haciendo ahora. Lo hacemos por necesidad, porque únicamente sabemos cultivar y vender lo que producimos.

En cualquiera de nuestras parcelas usted va encontrar auyama, plátano, maracuyá, mafufo, papaya, ají, habichuelas, pepinillo, patatas, palos de mango, de naranjo. Hoy La Oficina surte de yuca a Chimichagua, y Santa María provee de maíz los depósitos de Astrea. Antes se abastecían de El Banco y el sur de Bolívar. De una hectárea hemos sacado hasta 24 toneladas de yuca, y una tonelada de maíz. En el momento tenemos más de 150 hectáreas sembradas con el tubérculo y más de 200 sembradas con el grano.

Los grandes terratenientes ven al pobre peor que todas las cosas, quieren ser solo ellos. Necesitamos un gobierno que nos apoye, que cumpla lo que prometió. No estamos pidiendo que nos regale nada; que compre las tierras y nos pida luego un dinero moderado. Que nos dé facilidades de pago, arregle las vías y aporte asistencia tecnológica.

La mayoría queremos sembrar vida. Unos cuantos, debemos reconocerlo, pensaron que a las semanas de estar aquí les iban a legalizar las tierras. Hay algunos asalariados, trabajadores del Estado o del Ejercito a punto de recibir una pensión. Gente que tiene la posibilidad económica de comprar una tierra y después venderla. Seguro pensaron que no íbamos aguantar en estas condiciones, que íbamos a recibirles dinero por el pedazo. Como entramos desorganizados nos percatamos tarde. Personas que sean dueñas de una ferretería en el pueblo, o que su finalidad sea engrandecer sus arcas, no deberían hacer parte de una recuperación de tierras.

“No mentiras, ni darás falso testimonio”

El 30 de agosto, muy temprano, el gobierno dio un ultimátum de 48 horas a los “invasores de tierras”. “La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez.

Antes y después de las declaraciones del gabinete presidencial, se posicionó en la opinión publica un relato según el cual las invasiones de tierras incrementaron tras la elección de Petro, estaban financiadas por grupos armados, ponían en riesgo la democracia y el concepto de propiedad privada. Nos preocupamos mucho al ver que el gobierno caía en el juego de los medios. Bastaba con las cifras para desmentir esas afirmaciones. Investigadores del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana hallaron que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) contabilizó un total 2.730 predios rurales “ocupados irregularmente”, solo 16 invadidos desde la victoria del actual Gobierno, todos los demás antes del 2022. Al cruzar las cifras de la SAE, la Agencia Nacional de Tierras, y bases de datos de organizaciones de derechos humanos, el equipo investigador determinó que en los últimos 12 años, las invasiones crecieron de manera sostenida entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2020 el fenómeno alcanzó la cifra más alta reportada desde el año 2000. De 2020 a 2022 la practica decreció.

Las tomas de tierras comenzaron mucho antes de la asunción de Gustavo Petro. En los 70’s y 80’s el campesinado se valió de ellas para obligar al Gobierno a implementar una reforma agraria que, entre otras cosas, distribuyera equitativamente la tierra. Un académico extranjero de apellido Zamosc aseguró que en 1971 se registraron alrededor de 645 invasiones.

Numero de invasiones por año según la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (2000 – 2022)
Elaborado por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Tomado de: lasillavacia.com

 

Invasiones de predios a nivel nacional según la ANT y CINEP (1975 – 2022)
Elaborado por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Tomado de: lasillavacia.com

Sucre, Cesar, Magdalena, el Sur de Bolívar, y algunas zonas de Antioquia como el Urabá, donde se hace más evidente la distribución inequitativa de la tierra, son precisamente las regiones en las que el campesinado promovió ocupaciones y recuperaciones en aquellas décadas. Las del siglo pasado estaban organizadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, movimiento fustigado casi hasta su exterminio por la contrarreforma armada, y surgido de los intentos reformistas del presidente Carlos Lleras Restrepo.

Las recuperaciones de antes eran procesos mucho más grandes, más politizados. Las de los últimos años mezclan algo de ambas cosas. Lo que prima a lo largo de la historia es la necesidad de las comunidades campesinas por tener un sitio donde vivir; de escaparle al hambre de las ciudades. Los campesinos que en estos últimos 15 años hemos recuperado tierras, sufrimos las consecuencias del paramilitarismo y de la apertura comercial, perdimos nuestras parcelas, algunas condiciones mínimas de vida; deambulamos por este país, sufrimos la miseria, la humillación.

Nadie puede negar que hay invasiones organizadas por una mafia urbana y rural, que se aprovecha del mercado de la tierra. Ellos lo hacen en el marco legal, a través de los planes de ordenamiento territorial, y toda esa normatividad que permite cambiar el uso de la tierra y generar plusvalía. Los tierreros aprovechan la pobreza de la gente para hacer sus negocios.  No es gente desplazada y pobre como nosotros, que quiere la tierra para sembrarla, permanecer en ella; son negociantes que la ven como una mercancía, esa es la gran diferencia.

Al gobierno le pedimos que nos aclare la situación de los predios que estamos ocupando, que nos diga si es un baldío, o si carece de un dueño legítimo que se hizo a él de manera legal. Luego de eso pedimos la titulación. En el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena y Norte de Santander pueden existir más de 200 procesos organizados, y no organizados, que urgen por una solución. El Gobierno nos ha dicho que aplicando la Ley 160 y el decreto 902 de 2017 puede resolvernos el problema. Nosotros hemos respondido que ese marco normativo tiene algunas bondades, pero sigue siendo restringido y limitado.

Si encontramos voluntad política de solucionar este conflicto nos daremos por bien servidos. Si la respuesta no es satisfactoria, junto al Coordinador Nacional Agrario, movimiento conformado por 51 organizaciones de 22 departamentos, y del cual hacemos parte, construiremos en los territorios la reforma agraria que este país necesita

“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”

Las primeras semanas en el pueblo decían que éramos ladrones, invasores, eso no es de ustedes, por eso es que los matan, salgan de ahí. Hoy la mayoría de personas en el pueblo nos dan la mano, se dieron cuenta que también los estamos favoreciendo a ellos. Todavía se oye decir que los grupos paramilitares se están rearmando. Nosotros sabemos que mermó la intensidad de sus acciones pero nunca se fueron, ni estuvieron desarmados. Pese a que el Cesar está libre de cultivos de uso ilícito, es confluencia de las rutas que conectan el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Catatumbo, enclaves fundamentales del narcotráfico.

Hace tres meses asesinaron a José Luis Quiñones, hace ocho meses a Teófilo Acuña y Jorge Tafur, el año pasado a Albert Mejía. Ninguno vivía en nuestros territorios, aun así sentimos el dolor como propio, porque pertenecían a procesos hermanos de la región, eran recuperadores de tierras como nosotros. El 28 de septiembre del año pasado trataron de amedrentarnos con un panfleto. A las vocerías les ordenaron abandonar la zona en máximo 48 horas. Tú ves las cosas tranquilas aquí, cuando salen al pueblo se sienten inseguros, procuramos que nunca salgan solos.

Nadie nos financia. No estamos armados, controlamos el ingreso al territorio, prestamos guardia, nos cuidamos entre nosotros. Nadie quiere perder la vida. Pero para ganar esto, tenemos que permanecer aquí adentro; a veces aguantando hambre o viviendo de la solidaridad de los familiares. Somos conscientes que de comer yuca y maíz no vive un ser humano. Hace falta el arroz, el aceite, la sal, el dulce. Mientras se cumplen los nueves meses que demora la yuca o los tres meses que tarda el maíz, solucionamos criando gallinas, piscos o marranos, trabajando un par de semanas por fuera, o recurriendo al ganado.

Todos esos cultivos que usted ve donde empiezan, pero no alcanza a saber dónde terminan, toca levantarlos a mano limpia; lo que usted aquí se come es orgánico. Carecemos de sistemas de riego. Teniendo el reservorio de agua más grande del país, en verano padecemos la sequía. Tenemos que recoger agua lluvia, caminar kilómetros, o valernos del pozo del vecino. Cocinamos los alimentos con leña. Los ranchos son prácticos y humildes. Formamos un rectángulo en madera. Lo techamos con palma, latas de zinc, plástico, o lo que tengamos. Dejamos un tercio del espacio para acomodar la cama, el toldillo, y otras cosas personales. Lo demás queda como una sala al aire libre, para que tengamos donde poner las sillas plásticas, y sentarnos a conversar cuando usted nos visite. No tenemos luz. Funcionamos al ritmo del sol y la luna. Cargamos los celulares con la batería de la moto o con el panel solar que traen algunos radios. Vivimos contentos con poco, aunque parezca que nos falta todo; menos un poncho al hombro.

Aprendimos que los mejores meses para sembrar son marzo y abril, o septiembre y octubre. Somos burleteros, tomadores de pelo. Nuestra dieta básica es yuca con queso, y no nos quejamos. El tema de conversación favorito son nuestros cultivos: la extraña mata de plátano que echó dos racimos, los 15 palos de papaya que están pariendo, el maíz ahogado por el invierno, la yuca pendiente de guadañar, los palos de mango que tapó el rastrojo, el limón Tahití que está a buen precio en el mercado.

Así como los cultivos, este sueño se saca adelante con una dosis de trabajo y otra de paciencia. Pensar en grande no es pecado, y el campesino lo que se propone lo consigue. Poco a poco hemos avanzado. Cada día uno se enamora más de sus animales, de sus arados. Algunos ya están pensando en arriesgarse a sembrar arroz. Escuché otro que quiere hacer un jagüey para criar pescados. Gracias a Dios ya se está viendo el fruto, estamos lucrándonos de lo que sembramos. Es Él el que nos ayuda, este proceso está en sus manos.

“Dar de comer al hambriento”

El primer intento del Frente Nacional por reformar el sector agrario, se limitó a habilitar tierras de colonización para que los campesinos las ocuparan y ampliaran la frontera agrícola. La labor del Estado se redujo a la titulación de baldíos. Los poseedores de grandes extensiones mantuvieron su patrimonio, por lo tanto la redistribución fue de alcance moderado.

Carlos Lleras Restrepo intentó que su reforma avanzara induciendo a la movilización campesina. El Estado, a través de sus oficinas de organización campesina, alfabetizó a los labriegos, brindó capacitaciones de liderazgo, los incluyó en las juntas directivas de las instituciones agrarias, a las que solo tenían acceso los gremios. El último presidente liberal del Frente Nacional no reemplazó a unos por otros, intentó balancear la representatividad. Aquellos años de consenso bipartidista se caracterizaron por repartir los cargos públicos de manera paritaria y procurar que primaran las capacidades técnicas. Los funcionarios tenían filiación partidista, mas no llegaban al cargo por imposición de un político.

La meritocracia se acabó después del Pacto de Chicoral, nombre con el que se bautizó el acuerdo entre la élite terrateniente y Misael Pastrana, presidente conservador que le siguió a Lleras. Consumado el trato que hizo más difícil el acceso del campesinado a la tierra, la institucionalidad agraria adquirió dinámicas clientelares. Las prácticas corruptas perduraron y se normalizaron con los años. Varios directores del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), creado en 2003 y eliminado en 2015, terminaron encarcelados por sus vínculos con grupos paramilitares. Otro escándalo famoso fue el de Agro Ingreso Seguro, un programa de créditos anunciado en 2009, cuyo propósito era darle una mano a los pequeños y medianos productores agrarios, pero que a la hora de la verdad terminó en las cuentas de grandes empresas cercanas al partido de gobierno.

El nuevo gobierno llegó al poder con una retórica reformista. Tiene dos opciones: apostarle a una economía verde, cuyo motor sea la agroindustria, el relacionamiento con la SAC (la Sociedad de Agricultores de Colombia,) Fedepalma, Fedecafé, Fedepalma, Asocolflores, Fedegan; o dialogar con las organizaciones campesinas. El Ministerio de Agricultura, especialmente la ministra, se inclina más hacia los gremios y la industria.

Deberíamos aprender de las lecciones del siglo pasado. Volver a darle voz y voto al campesino en las instituciones, recuperar el nexo con los principales involucrados de cualquier iniciativa agraria. Entender que su participación en los escenarios de diagnóstico y de planeación son importantes, siempre y cuando se mantenga al momento de la implementación. Participación que debe blindarse con una seguridad real. Pasó hace 40 años y nos sigue pasando: presidentes de junta de acción comunal asesinados, voceros del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito masacrados, líderes víctimas de desplazamiento.

La institucionalidad agraria debe ser reconstruida. En el 2002, el expresidente Álvaro Uribe desmontó lo existente y lo mezcló todo en el INCODER. Una reforma agraria efectiva requiere de instituciones fuertes. Hemos creído que un Estado pequeño funciona mejor, eso ha resultado dañino para el sector rural. Necesitamos entidades dotadas de recursos, pero, sobre todo, de funcionarios competentes.

Algo que a nosotros nos toca tener claro es que no basta con las leyes, si no están dadas las condiciones para que se puedan aplicar. El problema es de correlación de fuerzas, que hasta el momento han favorecido a los sectores vinculados a las élites terratenientes. Los gremios tienen un peso real, definitivo. Pero esa situación es dinámica. La idea que ganó en las elecciones debe hacer sentir. Debe haber un acompañamiento vital, decidido y permanente a las organizaciones del campo. Un incentivo gubernamental a su fortalecimiento y articulación con otros sectores, que no son necesariamente campesinos, pero que han sido afectados por el modelo de desarrollo.

Necesitamos que exista una inercia democrática capaz de cambiar la estructura política del país, el sistema ideológico predominante. Ese cambio profundo no se logra en un gobierno, es una tarea de años. La tierra tiene que ser un bien para producir alimentos, para que la mayoría del campo viva bien. Mientras prime más su valor de cambio, su incidencia en el poder militar y burocrático, será difícil que retome su función social y ecológica. El día que vuelva a su esencia natural, se notará el cambio.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”

Extenuados, sedientos, todavía irritados por los gases lacrimógenos, bajo el antiguo y colosal palo de mango cerramos los ojos, abrimos nuestras manos, y le damos gracias al Señor. Una vez más logramos impedir el desalojo del ESMAD.

Las tres tanquetas, los camiones y los buses que transportaban a los policías llegaron a El Banco ayer en la tarde. Una parte del pelotón se hospedó en el Hotel Mi Rancho, ubicado sobre la avenida que comunica ese municipio con Chimichagua. Era imposible disimular la angustia. Qué otra opción teníamos aparte de defendernos como pudiéramos, y poner en práctica lo que aprendimos la primera vez que nos quisieron desalojar de La Oficina. Fue el 29 de diciembre de 2021, ese día, gracias a los compañeros de Santa María y de Tamalameque, los superamos en número, los doblegamos. Fue una batalla campal para la que no estábamos preparados. No sabíamos que con vinagre se contrarrestaban los efectos del gas, varias personas quedaron con las marcas de los perdigones. La policía capturó algunas personas, pero no lograron ingresar al territorio.

Esta vez nos ubicamos en los frentes antes de que llegaran al parque de Chimichagua. Para hacerles más difícil la entrada por el sector de El Aluminio, taponamos la vía con árboles. En la trocha que lleva al sector de Los Yuqueros, cavamos una brecha lo suficientemente ancha y profunda que impidiera el paso de las tanquetas. A las 10 de la mañana, el operativo no había iniciado. Nuestras esposas, hermanas y familiares nos mantenían al tanto de cualquier movimiento. Decían que eran 700, más de 1.000 efectivos. Resultaba imposible determinar la cantidad exacta, sin embargo, con los videos que llegaban al celular bastaba para aceptar que nos superaban en número y capacidad de daño.

Atacaron al medio día por El Aluminio. El sol implacable, los obstáculos naturales, y el conocimiento del territorio jugó a nuestro favor. De caucheras, bazucas artesanales de plástico, litros de vinagre, y voladores nos valimos para defender nuestros cultivos. La confrontación, menos feroz que la del año pasado, duró más de 3 horas. Pasadas las cuatro de la tarde, el ESMAD se devolvió por donde llegó.

Le volvimos a ganar al Estado porque trató de imponer su fuerza en un territorio que no entiende, que no conoce. Nuestra arma es la comida. Ojalá papá gobierno entienda que nada soluciona con sus desalojos. Que no nos toque vivir lo mismo de hace unos meses: ver como se mueren los más viejos sin poder decir que son dueños de la tierra que tanto trabajaron.

 

*Aunque no fueron citados textualmente, este reportaje fue elaborado gracias a la generosidad de los recuperadores y recuperadoras de Chimichagua y Astrea; al testimonio de Camilo Acero, estudiante de doctorado en London School of Economics e investigador del Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional; Darío Fajardo, profesor de la Universidad Externado de Colombia; Jorge Niño, abogado del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; y Jairo García, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Robert Daza.

 

 

Editorial 172: Si no es ahora, entonces cuándo

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