Por Ivan Dario Rojas Moreno
Tras la masacre cometida por el Estado Mayor Central de las FARC-EP en donde fueron asesinados cuatro jóvenes indígenas, el Gobierno dio por terminado el cese al fuego con este grupo armado, reanudando operaciones militares en la Orinoquía y Amazonía de Colombia.
El 31 de diciembre de 2022, Gustavo Petro firmó el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Estado Mayor Central de las FARC EP, con el fin de adelantar procesos de negociación que aportaran a la construcción de la “Paz total” en el país. Este acuerdo fue duramente criticado al no contar con mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación, dado que entre el 31 diciembre de 2022 hasta el mes de abril no se tenía claridad de las violaciones por parte del Estado Mayor Central al cese al fuego, razón por la cual el 24 de abril se instaló el mecanismo con el fin de dar cumplimiento a lo pactado.
Aun así, es de conocimiento que este cese al fuego bilateral no impidió que el Estado Mayor Central mantuviera el control de las áreas donde tiene presencia, continuara ejerciendo actividades económicas ilegales, de reclutamiento forzado y de guerra contra los otros actores armados con quienes mantiene disputas, en especial contra las AGC, la Segunda Marquetalia y ELN. Estas prácticas hacen que sea compleja la realidad de mantener el monitoreo, máxime cuando este grupo armado denunciara el 6 y 7 mayo, posibles acciones que violaban el cese al fuego por parte de integrantes de las fuerzas militares, quienes tendrían la intención de minar la confianza en el proceso de diálogo.
Ahora bien, después de la masacre cometida contra cuatro jóvenes indígenas del pueblo Murui, en límites entre el departamento del Putumayo y Caquetá, el Gobierno del Pacto Histórico tomó la decisión unilateral de dar por terminado el cese al fuego pactado con este grupo armado, retomando las operaciones militares en las regiones de la Orinoquía y amazonia Colombiana, pero manteniendo el cese con las estructurales que se encuentran en el nororiente y suroccidente del país, especialmente con el Comando Coordinador de Occidente y el Bloque Magdalena Medio.
Estas medidas agregan mayor confusión a la dinámica de la guerra y la paz, en especial por tres elementos: primero, porque el lugar donde sucedió la masacre se encuentra en medio del territorio en disputa entre el Estado Mayor Central y los llamados Comandos de Frontera, zonas que están en guerra dado que son fundamentales para la producción de clorhidrato de cocaína, y permiten a los grupos armados acceder a corredores estratégicos de guerra. Segundo, porque llama la atención que desde la firma del cese al fuego y del mecanismo de monitoreo, esa organización denunciara posibles acciones por parte de las fuerzas militares y de otros grupos armados que buscan actuar con el fin de obstruir los diálogos.
Tercero, porque no es claro como el gobierno mantendrá operaciones contra el Estado Mayor Central en la Orinoquía y amazonia, dejando de lado el suroccidente, centro y nororiente del país, lo cual refuerza la idea de que estos grupos armados siguen siendo federados, más no estructuras centralizadas y jerárquicas como las antiguas FARC-EP. Por ello, son estos tres elementos piezas claves para reflexionar la posibilidad de diálogo con este actor armado, el éxito del proceso que se emprenda y la garantía de paz para las comunidades que viven en esos territorios.
Para abordar estas tres dimensiones es necesario comprender quiénes son el Estado Mayor Central de las FARC-EP, dónde se encuentra ubicados, cuál es su vínculo con las economías ilegales, y cuál es el estado de las guerras libra contra otros grupos armados.
El Estado Mayor Central de las FARC-EP es una organización armada ilegal, la cual está compuesta por ex combatientes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz del año 2016, de ex firmantes del acuerdo de paz que regresaron a las armas y de nuevos combatientes que se vincularon a esta organización. En su dirigencia se encuentra Iván Mordisco, hombre conocedor de la dinámica de la guerra, dado que fue integrante del Frente Primero el cual opera en la Orinoquía y la Amazonía del país, zonas de histórica presencia guerrillera.
Esta organización se encuentra conformada por un Estado Mayor Central, por comandos conjuntos y por frentes guerrilleros, entre los que se destaca el Comando Conjunto de Oriente en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare; el Bloque Magdalena Medio en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Antioquia; el Comando Conjunto de Occidente en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila y Nariño; sumado al Frente Primero que se encuentra en los departamentos del Meta, Caquetá, Vichada, Guainía y Putumayo.
Así mismo se sabe que sus estructuras se encuentran vinculadas con el cobro de cultivos de uso ilícito, entre ellos está el control del llamado triángulo de la marihuana ubicado en el departamento del Cauca, sumado a la explotación de minería de oro en el Cañón del Micay y sur de Bolívar, lo cual se combina con el cobro de extorsiones por la producción de ganado en especial en el piedemonte amazónico y llanero. Estas rentas les ha permitido sostener la guerra que tienen con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Norte de Santander, Antioquia y Santander; con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca y nororiente del Cauca; y con la Segunda Marquetalia en el sur del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y la llanura del Pacifico.
De igual forma, si bien el Estado Mayor Central tiene liderazgos territoriales muy claros en algunas regiones, viene en un proceso de articulación nacional, el cual se encuentra en dos vías, por un lado, enfrentar a sus enemigos, seguido de adelantar una agenda unificada frente al gobierno. Por estas razones, el proceso de paz con este actor armado es complejo, dado que implica pensar en las transformaciones económicas de los territorios donde tiene asiento; está determinado por la volatilidad de la guerra que se expresa en cada parte del país; y finalmente de la balcanización o unificación que realice esa organización, ya sea para la paz o para la guerra.
Mientras tanto, las comunidades sienten temor por lo que les pueda pasar en medio de la confrontación armada, por lo cual piden respeto por sus territorios, los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, para que sus autoridades tradicionales, liderazgos sociales y niños tengan el derecho a vivir en paz. Por este motivo es importante que propuestas como la del Consejo Regional Indigena del Cauca, sean fortalecidas por el movimiento social y por el Gobierno, para que las comunidades no sigan siendo las víctimas de la guerra, sino más bien se encuentren realmente en el centro de los procesos de construcción de la paz en el país.
Como dijo hace años Feliciano Valencia: “cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”.
